Adolfo Mares Gómez
Expediente 176/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 27/06/2018
Partes del expediente
- Adolfo Mares Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
se advierte que transcurrió el plazo de Ley, sin que alguna de las partes impugnara el auto de veintinueve de mayo de dos dieciocho, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en consecuencia, Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido, siendo el mismo susceptible de depuración toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal, sin que haya documentos en original para devolver a las partes, Devuélvanse las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable Acuerdo en incidente.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que, por auto de esta misma data, se ordenó el archivo en el juicio de amparo 176/2018, por estar concluido, en el cual se concedió el amparo solicitado; por tanto, se provee lo relativo al incidente de suspensión en que se actúa, de la manera siguiente: Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente, como asunto concluido siendo susceptible de depuración y destrucción.
- Principal
AVISO. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, para que desahogaran la vista ordenada respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujó dar a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración sólo las constancias que obran en autos. De los autos, se advierte que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que el Juez responsable: Deje insubsistente la resolución reclamada; y, En su lugar, dicte otra en la que con plenitud de jurisdicción y de manera exhaustiva, dé respuesta a las manifestaciones vertidas por el aquí quejoso al contestar la vista del incidente y resuelva conforme a derecho corresponda." De las constancias remitidas por la Juez Séptimo de lo Familiar, por ministerio de ley, del Primer Partido Judicial del Estado Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte: Que dentro de los autos del juicio natural, a saber, expediente 1528/2008 de su índice, mediante determinación de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho , dejó insubsistente la interlocutoria de ocho de enero de dos mil dieciocho y dictó otra, en la que de manera exhaustiva, dio respuesta a las manifestaciones vertidas por el aquí quejoso al contestar la vista del incidente y con plenitud de jurisdicción, resolvió la incidencia de mérito. Ahora, de la interlocutoria reseñada se aprecia que dio respuesta a las manifestaciones vertidas por el quejoso al desahogar la vista del incidente de la siguiente manera: Respecto a las documentales objetadas, dijo que surtían sus efectos probatorios plenos, únicamente en cuanto a su contenido, lo cual en términos de los artículos 337 y 407 del Enjuiciamiento Civil del Estado, generaban presunción que dichas compras fueron adquiridas por la promovente incidental en favor de su hija. Que las objeciones se estimaban injustificadas toda vez que no alegaba su falsedad o alteración, ni solicitaba cotejo o reconocimiento alguno, sino que se limitaba a cuestionar su alcance y valor probatorio; sin embargo, le concedió la razón en el sentido que dichas documentales por sí mismas, no prueban cabalmente el aprovechamiento de su menor hija, por lo que se les concedió valor presuncional. Por cuanto a las manifestaciones en las que reitera el aquí quejoso que su contraria ha sido omisa en informarle los gastos realizados en beneficio de la menor y, por ende, ejecutados de manera unilateral, se le señaló que el convenio de divorcio no se estableció mecanismo o condición alguna conforme a la cual las partes debieran informar a su contraria los gastos erogados por uno u otro en favor de su menor hija, además que regular tales circunstancias resultaba un trámite no previsto por la ley; en ese sentido, la responsable estimó que dicho alegato quedó reducido a una falta de comunicación entre las partes, de ahí que los exhortó a mantener una comunicación prudente y suficiente para atender las necesidades de la menor. En relación a las manifestaciones del aquí quejoso relativas al ejercicio unilateral de gastos de Yadira Ivette Caballero Quezada y con ello una excepción de pago de gastos no consentidos, la responsable refirió que si bien resultaba cierto que en el convenio se estableció que ambas partes cubrirían los gastos por concepto de educación y clases extracurriculares, no menos cierto resultaba que el consentimiento de una u otra parte fuera requisito indispensable para satisfacer las necesidades de la menor, es decir, que el interés superior de la menor no podía quedar supeditado a una "autorización" de alguno de los progenitores, máxime que dicha objeción no se encontraba fundada en un estado de insolvencia o incapacidad. En cuanto a las objeciones planteadas respecto al alcance y valor probatorio de las documentales privadas ofertadas por la promovente, consistentes en una seria de comprobantes, que amparan diversas compras y pago de servicios, sí bien se estableció que éstas no acreditaban por sí mismas que los bienes y servicios amparados en tales documentos haya sido empleados a favor de la menor, no menos cierto resultaba que sí generan presunción al respecto, ya que dichos gastos, se encontraban dentro de los límites de las necesidades normales y acordes a la edad de la infante, sin que se advirtiera gasto alguno que responda a conceptos incongruentes, excesivos o mezquinos. En relación al resto de las manifestaciones del aquí peticionario de amparo, en las que alegaba la poca información respecto a las necesidades de la menor, la responsable refirió que ello se respondía a la falta de comunicación efectiva entre las partes y un aparente desinterés del aquí quejoso para conocer directamente las necesidades la menor. Que además, resultaba importante establecer que los alimentos comprenden recibir los elementos de subsistencia material y educativa; además, los gastos para educación preescolar, primaria, secundaria y media superior y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos. También las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento y, en su caso, gastos funerarios. Asimismo, refirió que más allá del catálogo y la denominación que las partes utilicen como rubros, ello se volvía una cuestión irrelevante y semántica, al existir una definición clara de alimentos, donde sin duda quedaban incluidos los conceptos de "tratamiento psicológico" y "natación", pues por su naturaleza pudieran contribuir positivamente al sano y correcto desarrollo de la menor. III. Manifestaciones de la parte quejosa. Por su parte, el quejoso en su escrito de registro 6509, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento que aduce dar la autoridad responsable al fallo protector, aduciendo que la responsable no tomó en consideración la cantidad de $2,575.90 (dos mil quinientos setenta y cinco pesos 90/100 moneda nacional) como abono a la cantidad reclamada por la tercera interesada. Asimismo, señala que fue omisa en analizar una tabla que contiene diversos pagos efectuados por el quejoso reconocidos por la tercera interesada y los señalados bajo el rubro de artículos escolares. Ahora bien, dígasele al peticionario de amparo que contrario a lo argumentado, la responsable sí tomó en consideración sus manifestaciones por cuanto a las cantidades que erogó a favor de su menor hija, lo cual se advierte de la simple lectura de los párrafos en los que señala que atendiendo a las documentales ofertadas por el aquí quejoso, se apreciaba que erogó por concepto de ropa y calzado la cantidad de $4,072.00 (cuatro mil setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), de la cual el cincuenta por ciento le correspondía pagar a la actora. Asimismo, la responsable consideró que con relación al rubro de gastos escolares, el demandado erogó la cantidad de $1,599.23 (mil quinientos noventa y nueve pesos 23/100), que de igual manera el cincuenta por ciento le correspondía pagar a la actora. De tal forma que la adición de ambas cantidades, hacían apreciable que Yadira Ivette Caballero Quezada, adeudaba la cantidad de $2,835.61 (dos mil ochocientos treinta y cinco pesos 61/100 moneda nacional), cantidad que habrá de descontarse a lo que adeuda el aquí quejoso. En ese sentido, si bien la responsable no abordó las cantidades mediante la tabla propuesta, lo cierto es que sí procedió al estudio de lo ahí reseñado; y, por ende, sí se pronunció al respecto. Máxime que, la concesión del amparo solicitada es para efecto de que la autoridad responsable de manera exhaustiva diera respuesta a las manifestaciones del aquí quejoso vertidas al contestar la incidencia de mérito, lo cual sí realizó; por lo que, las manifestaciones relativas al monto efectivamente efectuado por las partes no resulta ser materia del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues en todo caso, ello deberá ser reclamado en otro sumario constitucional, pues va encaminado a combatir la legalidad de dicha determinación. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 29/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVIII, marzo de 2013, tomo 2, página 952, de la Décima Época (registro 2003056), que a continuación se transcribe: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA DE AMPARO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A CUESTIONAR LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se limita al análisis del cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, los argumentos del inconforme deben constreñirse a impugnar los motivos y fundamentos que sirvieron de sustento a los Tribunales Colegiados de Circuito para determinar que se cumplió con el fallo protector. En ese sentido, son inoperantes los agravios encaminados a cuestionar la legalidad de la nueva sentencia que se hubiera pronunciado en su acatamiento". Así, analizado el acto realizado por la responsable para dar cumplimiento al fallo protector, se advierte que dejó insubsistente la interlocutoria de ocho de enero de dos mil dieciocho, en el expediente 1528/2008, y dictó otra, en la de manera exhaustiva, dio respuesta a las manifestaciones vertidas por el aquí quejoso al contestar la vista del incidente y con plenitud de jurisdicción, resolvió la incidencia de mérito. En ese sentido, de la anterior relación se aprecia que la autoridad responsable atendió a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que, lo procedente es tener por cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto.
- Principal
En ese sentido, de la anterior relación se aprecia que la autoridad responsable atendió a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que, lo procedente es tener por cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto.
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