Adolfo Macías Valencia

Expediente 510/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
510/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Adolfo Macías Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    Colima, Colima, siete de junio de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que, que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, conforme al artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Colima, Colima, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito suscrito por el quejoso *** a través del cual cumple con la prevención efectuada en auto de radicación, al respecto, manifiesta que la demanda de amparo la promueve por propio derecho y como autorizado de Ramón Santos García, en términos del artículo 112 bis del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Colima. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda y escrito aclaratorio, se obtiene que Adolfo Macías Valencia, comparece en carácter de quejoso y simultáneamente como autorizado de Ramón Santos García, en términos del artículo 112 bis del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Colima, en el juicio mercantil ejecutivo 15-0820-122M señalando como acto reclamado el auto de doce de mayo del dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero de lo Familiar y Civil del Tercer Partido Judicial en el Estado de Colima, que desechó o no admitió el recurso de apelación promovido contra la resolución interlocutoria que negó el pago de gastos y costas. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En ese entendido, este juzgador advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que le impide conocerla y que está previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5° y 6°, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo. Los referidos artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5° y 6°, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley En términos del artículo 5° antes transcrito, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; esto es, la legitimación a que se refiere dicho precepto para iniciar y seguir el juicio de amparo debe fundarse en el agravio causado por un acto u omisión de autoridad, o por la ley, al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. De ahí que, el principio de instancia de parte agraviada establecido en el artículo 5° de la Ley de Amparo, por mandato constitucional de la fracción I artículo 107, Constitucional, dada su vinculación con el tema de la legitimación, revela que ésta sólo existirá si se interpone válidamente por quien reúna la condición de agraviado, es decir, el particular que se haya visto afectado en sus derechos con motivo de la emisión u omisión, de un acto de autoridad. Por su parte, el artículo 6°, primer párrafo de la legislación en consulta, prevé que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado y podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. De la interpretación conjunta de estos dos últimos preceptos, se concluye que la demanda de amparo debe ser formulada por el directo quejoso o bien, por quien acredite ser su representante legal o su apoderado. Por lo que, en sentido contrario, el juicio de amparo no puede promoverlo quien no acredite ser representante legal o apoderado de la persona moral o física, sobre la que recaiga directamente la afectación reclamada. Establecido lo anterior, en el caso, la causa de improcedencia deriva de que quien pretende ejercerla Adolfo Macías Valencia, es únicamente autorizado en amplios términos del artículo 112 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, de ***** dentro juicio mercantil ejecutivo 15-0820-122M del índice del Juzgado Primero de lo Familiar y Civil del Tercer Partido Judicial en el Estado de Colima; por tanto, no tiene facultades para ello, pues, como se anticipó, la demanda de amparo debe formularse por la quejosa o su representante legal o apoderado (en el caso por Ramón Santos García), sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, además de que dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio de origen, ya que el alcance de las facultades de "defensa de los derechos del autorizante", no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del juicio de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal; y, por otro, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo. Así pues, en el juicio de amparo en esta materia -mercantil-, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado de las partes en el juicio mercantil ejecutivo 15-0820-122M Asimismo, sirve de apoyo al caso, la tesis que dice: LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria En tales condiciones, dado que la presente demanda de amparo, no fue instada por Ramón Santos García, o de su representante legal o apoderado, es evidente que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5° y 6°, todos de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo que procede es desechar de plano la demanda de que se trata, promovida por Adolfo Macías Valencia, en su carácter de autorizado de Ramón Santos García, en términos del artículo 112 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, con apoyo en el artículo 113 de la ley en cita. Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito al resolver la queja 80/2019 en sesión de seis de junio de dos mil diecinueve. Por otra parte, con relación a la demanda de amparo promovida por Adolfo Macías Valencia, por su propio derecho, se actualiza de igual forma la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación a la fracción I, del artículo 5 y 6°, de dicho ordenamiento legal, y 107, fracción I, de la Constitución, por las razones siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Los artículos 5°, fracción I, 6° y 107° fracción I, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. De esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí o por su representante legal o su apoderado, o de cualquier persona en los casos previstos pen esa ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que esta Ley lo permita." Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Del contenido de los preceptos legales en cita, se evidencia que se establece una regla general, conforme a la cual es dable establecer que el quejoso es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, como en el caso acontece, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Expuesto lo anterior, debe precisarse que por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum, y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio o instancia es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo valer, bien porque se ostenta como titular de ese derecho o porque cuente con la representación legal de dicho titular, a diferencia de la legitimación ad causam, que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. Por consiguiente, la legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable. Resulta aplicable, la tesis que establece lo siguiente: "LEGITIMACIÓN PARA LA ACCIÓN DE AMPARO Y RECURSOS Y ACCIONES INCIDENTALES. La legitimación, para iniciar y seguir el recurso de garantías, debe fundarse en la ofensa, lesión o agravio, causado por acto de autoridad o por la ley, al interés del particular, moral o físico, sea de naturaleza jurídica o patrimonial; y esa legitimación para lo principal, lógicamente se requiere para todas las incidencias o recursos que puedan ser propuestos, durante el curso del juicio o terminado éste, así sean, por razón de legitimación y de igualdad, partes principales en la controversia constitucional, terceros perjudicados o terceros extraños; y de no llenarse esos requisitos básicos, surge ineludiblemente la improcedencia, sea también de la acción principal, recursos y acciones incidentales, en los términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, ya que puede ocurrir que no se compruebe la afectación de los intereses jurídicos del quejoso; que el acto reclamado haya sido consentido, tácita o expresamente; que haya cambiado la situación jurídica del acto impugnado o dejado este de surtir efectos por extemporaneidad de la demandada y otras causas. La legitimación, por consecuencia, que requieren la acción de amparo, y los recursos o incidentes que surjan en la controversia o terminada ésta, no es otra, fundamentalmente que la lesión u ofensa de un derecho constitutivo del agravio que deba ser reparado por anticonstitucional o ilegítimo." En el caso concreto, la parte quejosa presentó demanda de amparo contra el auto de doce de mayo del dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero de lo Familiar y Civil del Tercer Partido Judicial en el Estado de Colima, que desechó o no admitió el recurso de apelación promovido contra la resolución interlocutoria que negó el pago de gastos y costas, en el juicio mercantil ejecutivo 15-0820-122M, expediente de origen que fuese promovido por Enrique Darío García Medina, en calidad de endosatario en propiedad, en contra de Ramón Santos García, y cuyo autorizado en amplios términos del artículo 112 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, lo constituye Adolfo Macías Valencia. Para determinar si este acto incide en su ámbito de derechos, se analiza el artículo 112 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 112 Bis. Las partes podrán autorizar para oír y recibir notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante; sin embargo estará imposibilitado para sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a lo anterior deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Las personas autorizadas en los términos del párrafo anterior, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil en el Estado, relativas al mandato. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia e informar el domicilio donde pueda notificarse de lo anterior a la persona que lo autorizó para que no quede en estado de indefensión. Los profesionistas autorizados deberán registrarse en el sistema de registro único de cédulas profesionales de abogados o licenciados en derecho del Poder Judicial del Estado. Las partes podrán designar personas con capacidad legal, solamente como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos, quiénes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el primer párrafo. El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada. El depositario, perito o tercero que haya sido designado dentro del procedimiento con algún cargo, una vez aceptado y protestado el mismo en su caso, deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, conforme al párrafo segundo del artículo anterior, en caso de no hacerlo, se les practicaran por medio de lista, conforme lo señalado en el artículo 126 de este código." De acuerdo con este dispositivo jurídico, las partes, en este caso Ramón Santos García, podrá autorizar para oír y recibir notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, como en la especie aconteció al designar como su autorizado a Adolfo Macías Valencia, en el juicio mercantil ejecutivo 15-0820-122M. En esta tesitura, el auto de doce de mayo del dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero de lo Familiar y Civil del Tercer Partido Judicial en el Estado de Colima, es un acto que no le perjudica en lo individual a Adolfo Macías Valencia, por no ser parte en el juicio mercantil ejecutivo 15-0820-122M, de modo que el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, pues bien, la parte quejosa no se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo en lo individual en contra del auto de doce de mayo del dos mil veintiuno, ya que no existe una afectación en forma directa a la aquí quejosa en lo particular, por tanto, quien se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo en contra del desechamiento o no admisión del recurso de apelación promovido contra la resolución interlocutoria que negó el pago de gastos y costas, es el propio Ramón Santos García. Por esta razón resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 24/96 del Pleno del Alto Tribunal, donde se establece que los juzgadores de amparo pueden corregir el error del promovente que señala comparecer por derecho propio cuando en realidad lo representación de otro, pues tal circunstancia está sujeta que de la apreciación integral de la demanda así se desprenda, lo que no acontece en el caso por las razones apuntadas. En consecuencia, debe concluirse, que la parte quejosa, carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, y en consecuencia se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Adolfo Macías Valencia, por su propio derecho. No es óbice a lo anterior el hecho de se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente Notifíquese en términos de ley

  3. Principal

    Colima, Colima, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** contra actos del Juez Primero de lo Familiar y Civil del Tercer Partido Judicial del Estado de Colima, con sede en Manzanillo, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 510/2021-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. De la lectura de la demanda se desprende, por una parte, que *** comparece a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez Primero de lo Familiar y Civil del Tercer Partido Judicial del Estado de Colima, con sede en Manzanillo; y, en otra, que el antes nombrado tiene el carácter de autorizado de Ramón Santos García, en términos del primer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio, en el juicio mercantil ejecutivo 15-0820-122M, radicado inicialmente ante el Juzgado Tercero Mercantil del Tercer Partido Judicial en el Estado de Colima, actualmente ante el juzgado señalado como responsable; pues así lo refiere el promovente, bajo protesta de decir verdad, en los puntos uno y dos de los hechos de su demanda de amparo. En ese sentido, existe incertidumbre del carácter con el que comparece el promovente a demandar el amparo y protección de la justicia de la unión. Prevención. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se debe requerir al promovente para que, dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste el carácter con el que comparece a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, esto es, por su propio derecho o en su carácter de autorizado de Ramón Santos García, en términos del primer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio, en el juicio mercantil ejecutivo de origen -15-0820-122M-. Lo anterior, en razón de que el promovente refiere que Enrique Darío García Medina, a quien señala como tercero interesado, ejercitó acción cambiaria directa en contra de su representado Ramón Santos García, motivo por el cual se aperturó el juicio mercantil ejecutivo 15-0820-122M, ante el Juzgado Mercantil de Manzanillo, Colima. En ese tenor, dígasele al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia. Al respecto, se invoca la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión." El presente requerimiento se formula, sin prejuicio de que una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional, analice la competencia y procedencia del juicio. De igual manera, se hace el apercibimiento al promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza notificación y acceso del expediente vía electrónica, en virtud de que el usuario que proporciona para tal efecto se encuentra registrado. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como sus autorizados en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **** toda vez que no señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dichas personas únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhorto a las partes. Finalmente, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo.

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