Adolfo Macías Valencia
Expediente 385/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 27/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Adolfo Macías Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que las partes NO INTERPUSIERON RECURSO DE REVISIÓN, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicho fallo, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. --- Asimismo, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN DE MANZANILLO, COLIMA (ISIS YERANIA GUTIÉRREZ NOVELA) el legajo de copias certificadas de la averiguación previa 8/2017; lo anterior, por ser innecesaria su retención. Sírvase acusar el recibo de estilo correspondiente. Finalmente, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
- Incidental
Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido.
- Principal
Colima, Colima, tres de agosto de dos mil dieciocho. Visto el contenido del acta levantada por la Actuaria Judicial adscrita, en la que hace constar que no le fue posible notificar personalmente al quejoso Adolfo Macías Valencia, la sentencia autorizada el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, por los motivos que en la misma expone. En consecuencia, se ordena notificar al quejoso vía electrónica, a través del usuario que presentó en el escrito de demanda, la sentencia que a continuación se inserta de manera íntegra: "Sentencia relativa al juicio de amparo 385/2018. Antecedentes procesales del juicio de garantías que se resuelve. I. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado de Colima, Adolfo Macías Valencia, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que más adelante se especifican. II. Admisión y trámite. Por auto de quince de mayo de dos mil dieciocho, fue admitida la demanda de amparo, registrándose con el número 385/2018; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, otorgó al Ministerio Público Federal la intervención legal que le corresponde y se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: III. Competencia Genérica. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo vigente; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. IV. Competencia específica. Además este Juzgado es competente, en virtud de que se trata de una demanda de amparo promovida contra ordenes de citación, así como de comparecencia o presentación, emitidas por autoridad en materia penal con residencia en el Estado de Colima; lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, hipótesis cuya verificación tiene lugar donde ejerce jurisdicción territorial este órgano jurisdiccional, conforme a lo previsto en los puntos Primero, fracción XXXII; Segundo, fracción XXXII, Ordinal 3; y Cuarto, fracción XXXII, todos del acuerdo 3/2013, aludido con antelación, en relación con los diversos artículos 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente; y artículo 51, primer párrafo, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. V. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a fijar los actos reclamados a las responsables, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y del juicio, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, de título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la revisión integral practicada a la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables y los actos que se reclaman, son los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES : - Agente del Ministerio Público del orden común, titular de la Mesa Segunda de Manzanillo, Colima. - Director de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima. - Subdirector de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima. - Jefe de Grupo de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, Encargado del Grupo de órdenes de aprehensión. ACTOS RECLAMADOS : - Las cédulas de citación al quejoso emitidas el ocho y once de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la averiguación previa 08/2017, y su ejecución. - La orden de comparecencia o presentación forzosa del quejoso como consecuencia de su inasistencia a dichas citaciones. VI. Actos impugnados inexistentes. No son ciertos los diversos actos reclamados por el quejoso a las autoridades denominadas Director de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima, Subdirector de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima y Jefe de Grupo de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, Encargado del Grupo de órdenes de aprehensión. Como tampoco es cierto la orden de comparecencia o presentación reclamada al Agente del Ministerio Público del orden común, titular de la Mesa Segunda de Manzanillo, Colima. Lo anterior, porque dichas autoridades al rendir sus informes con justificación, negaron la existencia de dichos actos reclamados, en tanto que la parte quejosa no aportó pruebas que demuestren que tales autoridades pretendan ejecutar el acto que se les imputa. En atención a lo razonado, al no haber quedado demostrada la existencia de los indicado actos, en lo que atañe a las responsables aludidas, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en relación con esos actos. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 284, consultable en la página 236, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." VII. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público del orden común, titular de la Mesa Segunda de Manzanillo, Colima, fue omisa en pronunciarse sobre la certeza del acto reclamado relativo a las cédulas de citación emitidas el ocho y once de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la averiguación previa A.P.M2-08/2017, cuya omisión presume cierta su existencia, tomando además en consideración que de las constancias remitidas por la propia responsable relativas a dicha indagatoria, se advierte su certeza; documentos que al ser elaborados por autoridades en el ejercicio de sus funciones, adquieren el carácter de documentales públicas; por tanto, se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o; consecuentemente, se prueba plenamente la existencia del acto que se reclama, en lo que concierne a dicha autoridad. VIII. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. El estudio de las causales de improcedencia del juicio de amparo, debe realizarse de manera preferente al de fondo de la cuestión planteada, ya que es de orden público lo relativo a la procedencia de la acción constitucional, por lo que debe efectuarse su análisis, no obstante que las partes las aleguen o no, ello en acatamiento de la disposición contenida en el artículo 62 de la ley de la materia. En ese orden de ideas, en relación con el acto reclamado indicado en el parágrafo que antecede, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.].". El citado precepto legal, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando aun subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías o derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, se establecieron diversos requisitos de procedencia, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse en dicho juicio, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra aquélla que en el presente caso se analiza, de la cual se desprende que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía o derecho humano que se estime violado; o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, ya porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. Bajo ese contexto, se afirma que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado que nos ocupa, ha dejado de surtir efectos legales y materiales. Ciertamente, en el caso, las constancias de autos demuestran que ante la Agente del Ministerio Público del orden común titular de la Mesa Segunda de Manzanillo, Colima, se tramita la averiguación previa M2-08/2017, en la que dicha fiscal, mediante cedulas de ocho y once de mayo de dos mil dieciocho, citó al aquí quejoso en su calidad de abogado, para que se presentara ante ella los días once y catorce de ese mes y año, respectivamente, al desahogo de una diligencia relacionada con dicha indagatoria, a las que por cierto no asistió. Así, considerando que el quejoso reclama esas órdenes de citación, porque en su parecer contravienen los lineamientos del debido proceso y seguridad jurídica, se estima que esas citaciones no puede surtir efectos legales. En efecto, aun cuando existe esas cédulas en las se ordena la citación del quejoso, las mismas ya no pueden surtir sus efectos, ni los surtirán, ya que dichos requerimientos lo fueron para que se presentara ante la autoridad ministerial en comento y bajo las formalidades de ley, y al haber fenecido las fechas que le fueron fijadas para tal efecto -once y catorce de mayo del año que transcurre-, el objeto o la materia de esos mandamientos de citación si bien no fueron dejados sin efectos por parte de la autoridad investigadora, se actualizó una modificación al entorno en el cual se emitieron, por lo que jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia 2ª./J/ 181/2006, visible en la página ciento ochenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, diciembre de 2006, novena época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad.". En las relacionadas consideraciones, al actualizarse en el caso la mencionada causal de improcedencia, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXII en relación con el diverso 63, fracción V de la ley de la materia vigente. IX. Publicación de sentencia. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto admisorio, se le señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8º del Reglamento antes precisado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Queda exceptuado de lo anterior el nombre de las partes, respecto del cual, sí procede su publicación, dado que en el caso, no se actualiza alguno de los supuestos de datos sensibles que establece el artículo segundo del Acuerdo General 11/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo número 385/2018, promovido por Adolfo Macías Valencia, contra el acto y las autoridades precisadas en el considerando señalado como "Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados", por las razones plasmadas en los apartados denominados "Actos impugnados inexistentes" "Existencia de los actos reclamados" y "Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo". Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado ARTURO LOYA SANCHEZ, Secretario en funciones de Juez adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, en relación con el artículo 40, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión de veinte de marzo de dos mi dieciocho, comunicado mediante oficio CCJ/ST/1352/2018 de la misma fecha; hasta hoy veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, por así permitirlo las labores del juzgado, ante José Antonio Andrade Ahumada, Secretario(a) que autoriza y da fe. DOY FE".
- Principal
Visto el contenido del acta levantada por la Actuaria Judicial adscrita, en la que hace constar que no le fue posible notificar personalmente al quejoso ---, la sentencia autorizada el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, por los motivos que en la misma expone. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso en su escrito inicial de demanda señaló el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, para recibir notificaciones; en consecuencia, las que resulten de carácter personal, hágansele por vía electrónica, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo.
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