Adolfo López Ruíz

Expediente 801/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 32 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
801/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Adolfo López Ruíz
  • Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán
  • Carlos Duarte Londaiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguense los sobres devueltos por el Servicio Postal de Correos de México, relativos a los oficios número 15875/2022 y 15876/2022, dirigidos al "JUEZ MENOR MIXTO EN ZITACUARO, MICHOACÁN" Y "ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO MENOR MIXTO EN ZITACUARO, MICHOACÁN", en los que aparecen las leyendas: "Cerrado por periodo vacacional"; en consecuencia, tomando en consideración que no se advierte la inexistencia de las mismas, reenvíense los oficios de que se tratan para su debida notificación. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintidós. Visto el estado el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Luego, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y la definitiva, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, en términos de los artículos 20, fracción I, del referido Acuerdo General. Por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo cual, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Finalmente, virtud a que resulta innecesaria su conservación, mediante atento oficio, remítase a los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, ambos, del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, las copias certificadas de las constancias que integran los juicios ordinarios orales familiares de origen, con las cuales se ordenó formar dos tomos de pruebas. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 207/2022 signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, mediante el cual en cumplimiento con el requerimiento que se le formulo en proveído de treinta y uno de enero del año en curso, informa el trámite dado al despacho 811/2021 (447/2021-D), del índice de este juzgado, el cual ya obra agregado en autos, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 113/2022, signados por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, por medio del cual remite copias certificadas del convenio y del Acta que impone el imperativo legal 957 del Código Familiar del Estado, celebrada el dieciséis de febrero del año en curso, dentro del juicio 179/2021 y su acumulado 186/2021, del índice del Juzgado responsable, mediante el cual se aprobó y sancionó el convenio celebrado por las partes en el juicio de origen, elevándose a categoría de sentencia ejecutoriada. Atento a lo anterior, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta capital, y turnado ese mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, Adolfo López Ruiz, promovió juicio de amparo indirecto en contra del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán y otras autoridades, consistente en: "EN CUANTO ORDENADORA, DEL JUEZ PRIMERO FAMILIAR DEL DSITRITO JUDICIAL DE ZITÁCUARO: Reclamo el auto de admisión que da entrada al expediente número 186/2021, y en el cual dicta una medida precautoria sobre separación de personas en mi contra, toda vez que el mismo juzgador, ya tenía conocimiento previos por los mismos hechos y partes involucradas en distintos números de expediente anteriormente, y de los cuales no los admitió como quedo de manifiesto en mi escrito principal de demanda de amparo. EN CUANTO ORDENADORA Y EJECUTORA DEL JUEZ SEGUNDO FAMILIAR al avocarse al conocimiento del expediente número 186/2021, proveniente del Juzgado Primero Familiar, del mismo distrito de Zitácuaro, Michoacán, y en cual dicta un auto de conocimiento y acumulación en el expediente número 179/2021, pero dándole seguimiento, a la medida precautoria ya dictada por el Juez primero de lo Familiar en el expediente 186/2021, ordenando mediante, requisitoria enviada al Juez Menor del Distrito Judicial de Zitácuaro, lleve a cabo la ejecución de dicha medida. DEL JUEZ MENOR EN CUANTO EJECUTORA: Al encontrar ajustada a derecho la requisitoria enviada por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, en donde encontrarla ajustada a derecho, que ordene al notificador adscrito a dicho juzgado con funciones en Benito Juárez Michoacán, ejecutar dicha medida reclamada. DE LA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO MENOR: DEL DISTRITO DE ZITACUARO, MICHOACAN, CON FUNCIONES EN BENITO JUAREZ MICHOACAN: El ordenamiento que le hace el Juez Menor del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, en donde le pide se constituya en mi domicilio y lleve a cabo lo requerido por el Juez Segundo de lo Familiar del ya mencionado distrito Judicial, y ejecute la medida cautelar.". Demanda que previo desahogo de la pretensión formulada en acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, por auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite. Ahora bien, el quejoso en esencia reclama el auto de diez de agosto de dos mil veintiuno por el que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, conoce del juicio 186/2021 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, al acumularse al diverso 179/2021, del índice del Juzgado Segundo responsable y le da seguimiento a la medida precautoria sobre separación de personas, por posible violencia familiar, así como la orden dada al Juez Menor de Zitácuaro de su Ejecución a través de requisitoria; y de este a su vez la orden dado al Actuario de su adscripción, de que se constituyera en el domicilio del aquí quejoso y llevara a cabo lo requerido por el Juez Segundo Familiar y del citado Actuario la ejecución de la medida cautelar. Sin embargo, en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de las Ley de Amparo en vigor, ello así, en razón a que de las constancias remitidas por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, se desprende que en el procedimiento del que emana el acto reclamado en este asunto, ha operado un cambio de situación jurídica. Así, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" El precepto transcrito establece la causa de improcedencia del juicio de amparo respecto de los actos que, por haber operado un cambio de situación jurídica, se consuman de modo irreparable; lo que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a su emisión. Sobre esa base, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. CXI/96 determinó que los requisitos que deben reunirse para que se actualice el cambio de situación jurídica, son los siguientes: a. Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado. c. Que no se pueda estudiar sobre la constitucionalidad de la actuación impugnada sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentra el quejoso, debiendo considerarse con ello irreparablemente consumadas. d. Que exista autonomía entre el acto de que se duele el quejoso y la nueva resolución, por lo que la situación jurídica que la última generó, pueda subsistir aun cuando desaparezca el primero. Así, se concluye que existe cambio de situación jurídica y, por ende, el juicio constitucional resulta improcedente, cuando la resolución que constituye el acto reclamado sea substituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación de derecho existente, independientemente de que se conserve o no sub-judice el negocio. En efecto si bien es cierto el quejoso reclama el auto de diez de agosto de dos mil veintiuno por el que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, conoce del juicio 186/2021 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, al acumularse al diverso 179/2021, del índice del Juzgado Segundo responsable y le da seguimiento a la medida precautoria sobre separación de personas, por posible violencia familiar, así como la orden dada al Juez Menor de Zitácuaro de su Ejecución a través de requisitoria; y de este a su vez la orden dado al Actuario de su adscripción, de que se constituyera en el domicilio del aquí quejoso y llevara a cabo lo requerido por el Juez Segundo Familiar y del citado Actuario la ejecución de la medida cautelar; no menos cierto es, que el quejoso Adolfo López Ruiz y la tercera interesada Anareydi Garfias Jordán, partes contendientes dentro del Juicio Ordinario Familiar Oral número 179/2021 y su acumulado 186/2021, sobre divorcio sin expresión de causa, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zitácuaro, Michoacán celebraron convenio y en audiencia de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, el habiéndose analizado la propuesta para determinar si existe posibilidad de resolver en definitiva las pretensiones de las partes en el controvertido de origen; audiencia en la que se llevó la enunciación de la Litis, la fase de mediación y/o conciliación en la que se hizo contar que las partes dialogaron entre sí para llegar a un convenio para dar por terminado el contradictorio de origen, de manera pacífica, en beneficio de ambas partes y de sus menores hijos, convenio que se regirá en los términos de la videograbación de la citada audiencia y del convenio por escrito que presentaron las partes -el cual acompaña la responsable al escrito de cuenta-, el cual una vez ratificado ante la potestad Judicial -Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zitácuaro, Michoacán-, el cual fue ratificado por las partes, procediéndose a aprobar y sancionar el convenio en todas y cada una de sus partes y se elevó a categoría de sentencia ejecutoriada; además, se resolvió lo relativo a la disolución del vínculo matrimonial, así como de la sociedad conyugal, y se ordenó enviar el oficio al Oficial del Registro Civil donde contrajeron matrimonio las partes para que levante el acta de divorcio y haga las anotaciones marginales en el acta de matrimonio, quedando notificadas las partes dentro de la audiencia de referencia. Así, en el Juicio Ordinario Familiar Oral número 179/2021 y su acumulado 186/2021, sobre divorcio sin expresión de causa, la parte aquí quejosa y tercero interesada, formularon convenio, el cual ratificaron ante el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, el cual al no controvertir disposiciones de orden público, el citado Juez aprobó el convenio y el mismo adquirió carácter de sentencia ejecutoriada, por lo que la constitucionalidad de los actos reclamados, ya no pueden examinarse en la medida que existe un cambio de situación jurídica, dado que la suerte de los involucrados se regirá ahora por lo determinado en la resolución que aprobó el convenio, por lo que las violaciones de las que pudiera adolecer el acto reclamado, ya quedaron irreparablemente consumadas, precisamente con ese cambio de situación jurídica. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia número 1a./J. 9/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Judicial de la Nación, publicada en la página 265, Tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 172714, que dice: "PERSONALIDAD EN MATERIA CIVIL. EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ANTES QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UNA CUESTIÓN DE ESA NATURALEZA, LO HACE IMPROCEDENTE, AL ACTUALIZARSE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las consideraciones de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 28/2003-PL, que dieron origen a la tesis P./J. 83/2003, sostuvo que la irreparabilidad del perjuicio al quejoso cuando reclama una determinación en la que se resolvió sobre la personalidad, se materializa sólo si se dicta la sentencia definitiva en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, pues en ese caso opera un cambio de situación jurídica que vuelve improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción X, primer párrafo del artículo 73 de la Ley de la materia. Por otra parte, el propio Tribunal en Pleno en la P./J. 110/2004 estableció que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución que dirime una cuestión de personalidad en el incidente respectivo, si antes del dictado de la resolución correspondiente en el juicio de amparo se emite el laudo, por actualizarse la hipótesis prevista en el referido artículo. En congruencia con dichos criterios y aplicándolos concretamente a la materia civil, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la interlocutoria que resuelve el incidente relativo a la falta de personalidad en el procedimiento civil de donde emana tal interlocutoria se dicta sentencia de primer grado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo indicado, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo indirecto, ya que no podría decidirse dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica." Así como la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, Tomo XVII Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En consecuencia, siendo esto así, es indudable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por lo que, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las TRECE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, el sobreseimiento decretado fuera de audiencia se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las autoridades señalada como ejecutoras, toda vez que no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia, por tanto, al haberse sobreseído respecto de los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, es indiscutible que no pueda examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Encuentra sustento lo anterior, la tesis publicada en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Notifíquese personalmente.

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