Adolfo Jonathan Solís Gómez
Expediente 1631/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 30 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1631/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 29/05/2018
Partes del expediente
- Adolfo Jonathan Solís Gómez
- Karla Corral Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
VII.- Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, acusa recibo del oficio 15312/2018 (foja 229), a través del cual se le remitieron las constancias que exhibió al presente juicio. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º agréguese a los presentes autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, teniendo por cumplido el requerimiento de acuse, dejando insubsistente el apercibimiento con que fuera conminado.
- Principal
VII.- La certificación de cuenta evidencia que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiocho de febrero del presente año (fojas 207 a 212), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este sumario constitucional; en consecuencia, el proveído de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas, del estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El expediente es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito (punto vigésimo primero, inciso IV), al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo), al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). En ese sentido, intégrese copia autógrafa del presente auto al duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales conducentes. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo en mención. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Igualmente, devuélvanse a la autoridad responsable Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado, y requiérasele para que dentro del término de tres días computados legalmente acuse recibo de las documentales referidas. Con el apercibimiento que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
Un acuerdo. Notificación personal
- Principal
Toluca, México; once de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el juicio en el que se actúa, del cual se aprecia que no obra la constancia de notificación personal al quejoso Adolfo Jonathan Solís Gómez, del proveído de veintiocho de febrero del presente año Por tanto, para evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado federal, a fin de que notifique personalmente al citado peticionario del amparo el auto de referencia en el domicilio señalado en autos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa la presente determinación, así como la diversa de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Toluca, México; veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en proveído de once de enero de dos mil dieciocho (foja 179), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: *****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el auto de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 813/2015, por la Primera Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, mediante el cual se impone al quejoso en su carácter de Presidente Municipal de Almoloya de Juárez, una multa por la cantidad equivalente a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, por no cumplir con la sentencia dictada en el juicio de origen; así como su ejecución. Mediante sentencia firmada el doce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 81 a 94), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "Único. La justicia de la Unión ampara y protege a *****, por propio derecho, respecto del acto y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo." Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que Primera Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, realizará lo siguiente: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la Sala responsable deje sin efectos el proveído de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, emitido en el juicio administrativo 813/2015 y; En su lugar, con libertad de jurisdicción y purgando los vicios formales que se destacaron en la presente sentencia, dicte otro acuerdo en el que de forma fundada y motivada exponga las razones atinentes al cumplimiento de la sentencia administrativa de que se trata y valore las manifestaciones hechas por la autoridad demandada, con anterioridad a la fecha en que se emitió el acuerdo reclamado, con las que pretendió acreditar las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia administrativa de que se trata. Concesión de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución, atribuido al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, por no haberse reclamado por vicios. En ese tenor, mediante auto de nueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 103 a 106) causó ejecutoria y se requirió a la responsable para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, remitió el oficio, recibido el once de enero del año en curso (fojas 177 y 178), en este Juzgado de Distrito, en el que se advierte que transcribe el auto de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Juicio Administrativo 813/2015, con el cual se le dio vista a las partes a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera con el cumplimiento dado por la responsable a la sentencia amparante. Ahora, de la certificación de cuenta evidencia que venció el plazo de tres días otorgado a las partes en relación con la forma en que la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, en virtud de que la ejecución de sentencias es de orden público, con los elementos de convicción que obran en autos, se procede a hacer el análisis correspondiente respecto a si la sentencia se encuentra cumplida o no, si incurrió con exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para su cumplimiento. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2000, Materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, la autoridad responsable en el acuerdo dictado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete , determinó lo siguiente: "Ciudad de Toluca, Estado de México; a veinte de diciembre del año dos mil diecisiete. VISTA la razón de cuenta con fundamento en lo establecido en los preceptos 3, 4, 5, 26 y 28 de la Ley Orgánica de este Tribunal; 3, 4, 39 y 45 del Reglamento Interior de este Órgano Impartidor de Justicia Administrativa; esta Magistrada ACUERDA: I. Se tiene por recibido el oficio 39526/2017, procedente del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por virtud del cual remite copia del auto dictado el catorce de noviembre del año en curso, en el juicio de amparo 1631/2017-VII. II. Ahora bien, tomando en cuenta que en la ejecutoria a cumplimentar la autoridad oficiante tuvo a bien conceder el Amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto que se enuncia a continuación: ". Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la Sala responsable deje sin efectos el proveído de fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio administrativo 813/2015; y en su lugar, con libertad de jurisdicción y purgando los vicios formales que se destacaron en la presente sentencia, dicte otro acuerdo en el que se (sic) manera fundada y motivada exponga las razones atinentes al cumplimiento de la sentencia administrativa de que se trata." III. En ese entendido y EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA QUE RECAYÓ AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NÚMERO 1631/2017-VII, a efecto de colmar a cabalidad dicha determinación federal, esta Sala Regional provee lo siguiente: Bajo este contexto, SE DEJA SIN EFECTOS el precitado acto reclamado ES DECIR EL ACUERDO DE FECHA OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, únicamente respecto al apartado donde se impuso la multa por la cantidad de trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, apartado A, fracción VI, párrafo Primero, así como Segundo y Tercero transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitido en el juicio administrativo 813/2015. Por otra parte, resulta dable INFORMAR a la autoridad federal en comento que SE ORDENA girar oficio al aludido Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, a efecto de hacer de su conocimiento la presente determinación y dejar INSUBSISTENTE LAS MULTAS DERIVADAS DEL ACUERDO DE FECHA OCHO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en consecuencia se instruye para que no se continúe con la fase de ejecución en la misma. IV. Ahora bien, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR, se determina: Atendiendo a las constancias que integran el juicio, resulta evidente la renuencia por parte de la autoridad demandada a dar cumplimiento a la sentencia definitiva que recayó al presente asunto, máximo lo anterior si se toman en consideración los siguientes argumentos: Mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, se inició la fase de cumplimiento de la sentencia definitiva que recayó al presente asunto, es decir, han transcurrido más de seis meses, sin que la autoridad demandada haya dado cumplimiento a dicha ejecutoria, sin embargo, ha hecho caso omiso a dichos requerimientos. Cabe señalar que mediante la promoción con número de folio 4733, la autoridad demandada preciso mediante un cálculo que la cantidad que s ele debe cubrir a la parte actora que es por la suma de $ 1,575.276.00 (un millón quinientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N), ello por concepto de indemnización Constitucional. Por otra parte, la autoridad demandada, no ha negado la existencia de su responsabilidad, pues incluso a través de la promoción con número de folio 5958, presenta una propuesta a la parte actora, es por ello que en atención a dicha propuesta, con fundamento en los artículos 3 y 265 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en relación con los diversos 100 y 108 del Reglamento Interior de este Tribunal y 3 de la Ley de Mediación, Conciliación y promoción de la Paz Social para el Estado de México, se le dio vista a la Mediadora, Conciliadora, adscrita a esta Sala regional para que en el ámbito de su competencia y de acuerdo a sus atribuciones se impusiera de los autos que integran el presente juicio y en su caso tuviera la intervención que en derecho correspondiera; a efecto de formalizar la propuesta que expuso bajo la promoción antes señalada la autoridad demandada. En abundancia a la viñeta que antecede, se subraya que mediante acuerdo de fecha quince de junio del año en curso, se precisó que no pasaba inadvertido para esta Sala Regional que había transcurrido en exceso el término que le fue otorgado a la autoridad demandada a efecto de acreditara ante esta Sala Regional el pleno y cabal cumplimiento al a sentencia definitiva que recayó al presente asunto, es por ello que se apercibió a la autoridad demandada para que en caso de que no compareciera el día y hora que se le citaron (sic), en el área de Mediación y Conciliación de este Tribunal, a efecto de celebrar un posible convenio con la parte actora, o en su defecto no respetara la propuesta que menciona en la promoción con número de folio 5958, esta Sala Regional, haría uso de las medidas de apremio que contempla el numeral 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; sin embargo la autoridad demandada no respeto su propuesta, rehusándose a cumplirla sin causa justificada. Precisado lo anterior, mediante acuerdo de fecha siete de julio del año en curso, y ante el evidente desacato por parte de la autoridad demandada para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por este Órgano de Legalidad, pues como ya se ha adelantado ha estado incumpliendo los requerimientos de esta sala Juzgadora, en términos de lo dispuesto por el numeral 280 del Código en cita, se le impuso una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y en consecuencia se le requirió de nueva cuenta el pleno cumplimiento a la sentencia en comento. En conclusión, resulta evidente que en una nueva reflexión por esta Magistratura resulta procedente determinar que la autoridad demandada acredita estar realizando las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la condena impuesta, y que no existe renuencia o desacato por si misma. Ahora bien tomando en consideración que es obligación de las Salas Regionales de éste Tribunal vigilar el respeto a los derechos humanos del gobernado y el cumplimiento dado a esta Instancia Jurisdiccional; con apoyo en lo estatuido por los preceptos 226, 227 y 280 del Código Adjetivo de la Materia de la Entidad Federativa, SE REQUIERE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, acredite con documental fehaciente a esta Primera sala Regional el debido cumplimiento a la sentencia definitiva que recayó al presente asunto, o en su caso rinda un informe precisando lo conducente al cumplimiento; CON EL APERCIBIMIENTO LEGAL que para el caso de no hacerlo dentro del citado plazo, se le impondrá a la persona física que ostenta el cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, una multa equivalente a DOSCIENTASCIETAS (sic) VECES el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, apartado A, fracción IV, párrafo Primero, así como el segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de persistir en la actitud de incumplimiento, Y SERÁN REMITIDOS los autos del juicio administrativo en que se actúa a la Primera Sección de la Sala Superior de este Órgano Impartidor de Justicia Administrativa, para que sea ésta instancia la que continúe con el procedimiento de cumplimiento de sentencia, el cual puede concluir incluso con la destitución del servidor público responsable del incumplimiento, como lo establece el dispositivo 281, de la Codificación en consulta." Por ende, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y el cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ha quedado cumplida en sus términos, habida cuenta que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, pues dejó insubsistente el auto de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se le impuso al quejoso una multa por no dar cumplimiento a la sentencia y en su lugar emitió un diverso proveído en el que consideró que no había renuencia o desacato en el cumplimiento de la sentencia al acreditarse que se están realizando gestiones para su cumplimiento. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
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