Adolfo Jáuregui Ramos

Expediente 725/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
725/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
09/09/2015

Partes del expediente

  • Adolfo Jáuregui Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio que remite el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 16612 del índice de este juzgado, por el que se le remitió la demanda de amparo presentada por *******, e informa que se avocó al conocimiento de la citada demanda. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente cuaderno, será susceptible de destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado su archivo.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo presentada por Adolfo Jáuregui Ramos, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador II, con sede en Irapuato, Guanajuato y de otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 725/2015-II. Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de mérito. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Una vez establecido lo anterior, el suscrito considera conveniente precisar que para determinar la competencia en el conocimiento del juicio de amparo entre Jueces de Distrito, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, a sus consecuencias y, también, a su análisis íntegro; esto, desde luego, con el objeto de determinar si se está en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se haya ejecutado o se esté ejecutando el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la ley de la materia. Del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: "El acuerdo de aseguramiento que se traduce en la desposesión del vehículo de mi propiedad consistente en la camioneta importada marca FORD, año 2008, tipo EDGE SEL, color crema, serie 2FMDK38C68BA96086, repuve 070CME47, con placas actuales de circulación GHT 5857 para el estado -antes placas de circulación GPP 9934 para el estado- de fecha 12 de Agosto del año cursante, dictado dentro de la carpeta de investigación número 31676 por el C. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Investigadora número dos en el municipio de Irapuato." Bajo dicha guisa: 1. Este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que el acto reclamado tuvo inmersa una ejecución, que se traduce en el desposeimiento y aseguramiento del bien mueble que aduce es de su propiedad. Por tales motivos, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda, pues su ejecución material tuvo lugar en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, habida cuenta que el automotor que refiere es de su propiedad fue asegurado en dicha municipalidad. Además, debe destacarse que según el relato realizado por el impetrante en la demanda de amparo, se advierte que la indagatoria respectiva también se tramita en aquélla ciudad; elemento que de igual manera, resulta determinante para fijar la competencia a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en tal municipio. Sin que sea obstáculo a lo anterior la manifestación del quejoso en el sentido de que fue informado por el Agente del Ministerio Público II de Irapuato, Guanajuato, que la indagatoria iniciada con motivo del aseguramiento del automotor que reclama, sería remitida a esta localidad vía incompetencia, pues también refiere que hasta la fecha de la presentación de su demanda de amparo no lo había hecho, e incluso manifiesta que el vehículo automotor será entregado a un tercero en dicha localidad. 2. Conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en Irapuato, Guanajuato, ejercen jurisdicción territorial en dicho distrito judicial. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: I. Remitir el escrito original de demanda y copias respectivas, al Juez de Distrito en el Estado en turno, con sede en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a quien se considera competente para conocer del presente juicio; sin que sea el caso proveer en este momento lo relativo al incidente de suspensión, dado que el acto reclamado no se ubica dentro del catálogo previsto en el artículo 15 de la legislación en consulta. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente; y II. Formar, con copia de la aludida demanda, el cuaderno de antecedentes respectivo. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Javier Ramírez Hernández y Alfredo Montes Bravo, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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