Adolfo Iván Serna Palomino
Expediente 293/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Adolfo Iván Serna Palomino
Actuaciones
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 293/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, Adolfo Iván Serna Palomino, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se especifican. AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ejecutoras: Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ambas residentes en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La abstención de la responsable para acordar el escrito de fecha 07 de marzo del año dos mil veintitrés, respecto a que se turnen los autos para proyecto de laudo en el expediente 427/2023." Acto que estimó violatorios del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se recibió la demanda de amparo misma que se registró con el número 293/2023, se admitió a trámite parcialmente la demanda de amparo, es decir, se desechó únicamente por lo que respecta al acto atribuido a la Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, auto que al no haber sido recurrido, quedó firme en esta misma fecha. Es así, se admitió a trámite únicamente por lo que respecta al acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además por reclamarse actos atribuidos a autoridades con residencia en la circunscripción territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la quejosa son los siguientes: * La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en acordar dentro del expediente laboral 427/2013, el escrito de promoción presentado por la parte -aquí quejosa- el siete de marzo de dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia del acto. Por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el caso de ser fundada alguna de estas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, a pesar de encontrarse notificado del auto por el cual se le solicitó (foja 18), por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Causales de improcedencia. Por otra parte, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, esta juzgadora estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el numeral 5° la ley de la materia, que literalmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inciso de su vigencia. .". "Artículo 5º. Son parte en el juicio de amparo: I. El quejoso teniendo el carácter quien aduce ser el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.." La interpretación sistemática de los preceptos transcritos, permite concluir que la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos del impetrante, para que éste pueda acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. También debe precisarse que constituye una carga procesal a cargo de los promoventes del amparo demostrar que son titulares del derecho que dicen transgredido y la afectación que el acto de autoridad produce en su esfera jurídica. Al respecto, orienta la jurisprudencia J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página 35, tomo 60 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." [Énfasis añadido] En esa tesitura, cabe destacar que la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto de autoridad, desde el momento mismo de su materialización, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, a la actualización de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. En el caso, la parte quejosa, omitió ofrecer medio de prueba alguno con el que se pudiera demostrar que forma parte del juicio del que dice deriva el acto reclamado, para estar en condiciones de determinar si cuenta con el derecho público subjetivo que dice se ha vulnerado en su perjuicio. Esto es, la parte quejosa estuvo procesalmente obligada a demostrar lo anterior, debido a que, en el caso, sólo se presumió la certeza del acto reclamado ante la falta de informe justificado, pero no la de los actos o hechos diversos como lo es, el que, la impetrante forme parte del expediente laboral 427/2023, al que hace referencia. Entonces, si no se acreditó que el ahora quejoso se encuentra inmerso en juicio obrero antes referido, ya sea como parte, o bien como apoderado o autorizado del directo quejoso, y que se dicho sumario se tramita ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, dentro del cual existiera la inactividad procesal que refiere le causa agravios, por no acordar la promoción que refiere presentó ante dicha responsable, fechada en siete de marzo del año en curso, y tampoco exhibió ni siquiera en copia simple, documental con la que demuestra la afectación a sus derechos. Consecuentemente, al no acreditar la parte quejosa que forme parte del juicio administrativo en comento, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el 5º, de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, al tenor de lo establecido en la fracción V, del diverso 63, de ese cuerpo jurídico. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Tesis: P./J. 23/2014 (10a.), Página: 206, de la literalidad que sigue: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante de amparo, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, mismo que fue notificado por lista de acuerdos el veintiuno de marzo siguiente. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 63 fracción IV, y 73 y 74 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Adolfo Iván Serna Palomino, por su propio derecho, contra los actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, y por las razones precisadas en el punto considerativo cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés pública y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último considerando del presente fallo.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, a fin de que rinda su informe justificado. En consecuencia, para dar margen a la debida integración del presente asunto, la celebración de la audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan para su desahogo las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable, por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez constituye un acuerdo de mero trámite. Apoya lo anterior, el criterio de jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, con registro digital 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS".
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