Adolfo Hernandez Vergara

Expediente 811/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
811/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Adolfo Hernandez Vergara

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 811/2022. Puebla, Puebla, dos de agosto de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo promovida por Adolfo Hernández Vergara, por derecho propio, contra actos del Juez Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al promovente a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias, en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. Así, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Al respecto, es necesario indicar que en la demanda, el quejoso señaló como acto reclamado lo siguiente: "El proveído de fecha ocho de julio del año dos mil veintidós mediante el cual la autoridad responsable, desechó sin motivar y fundamentar debidamente el incidente de modificación de medida cautelar planteado por el suscrito ++++++ dentro del proceso penal número ++++++ de los del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, mismo que me fue notificado el día quince del mismo mes y año". Luego, el quejoso expone que el veintinueve de marzo del año en curso, unas personas se presentaron a su domicilio y entraron a su negocio, intentando jalarlo con la intención de sacarlo del interior del local donde estableció su fuente de trabajo. Pensó que se trataba de un secuestro, pero una de ellas le indicó que traían consigo una orden de aprehensión en su contra. Situación que motivó la presentación de una demanda de amparo, en donde al rendir informe la ahora autoridad señalada como responsable, informó sobre la existencia de una orden de aprehensión girada contra el quejoso, con motivo de los hechos que dieron origen a la causa penal +++++++. De ahí que, al conocer la existencia de dicha orden, el quejoso manifiesta haberse puesto a disposición del Juez Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, por escrito, y promovió incidente de modificación de la medida cautelar que probablemente se le impondrá (prisión preventiva). Sin embargo, el juez responsable desechó la incidencia, porque, de acuerdo con lo narrado por el quejoso, su solicitud se enderezaba a una cuestión accesoria; por ende, primero debía (materializarse), la cuestión principal y para ello debía comparecer físicamente a fin de que se materializara la orden de aprehensión. Bajo ese contexto, debe imponerse desde este momento una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la falta de legitimación que deriva del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso, si bien es cierto que tiene interés jurídico en la causa penal de origen porque en su contra y de otra se libró una orden de aprehensión; cierto es también que carece de legitimación para plantear, en este momento el juicio de amparo. Se explica: Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de tutela constitucional sólo puede promoverlo el gobernado a quien le afecte el acto, omisión o ley que se reclama. Ello, porque el objetivo del juicio de amparo se traduce en reparar las violaciones que determinado acto, omisión o ley de autoridad, hubiera generado sobre los derechos del quejoso. De modo que el acto que el quejoso pretende reclamar en esta instancia, deviene improcedente, pues se observa que el quejoso promovió un incidente de modificación a la medida cautelar (en términos del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el diario oficial de la federación el 17 de junio de 2016). Sin embargo, para que el quejoso adquiera legitimidad para instar el cambio de medida cautelar, es indispensable que primero inicie el proceso penal; en el caso, como la causa penal se sigue en el sistema tradicional o mixto, es necesario que el juez responsable resuelva su situación jurídica y, para ello, resulta indispensable que el quejoso se ponga a su disposición material. ++++++++++ Eso significa que, ante todo, debe acudir ante su potestad personalmente, para que se defina su situación jurídica. Esto es así, ya que la posible medida cautelar, en caso de imponerse, es de carácter provisional e instrumental, esto es tienen una duración limitada y no constituyen un fin en sí mismas, sino que están preordenadas al dictado de una ulterior providencia principal o definitiva. En el caso, esa providencia principal será, en su caso, un eventual auto de formal prisión; lo cual, es incierto, pues el quejoso, bajo protesta de decir verdad sostiene en su demanda que la propia agraviada ha manifestado ante el juez señalado como responsable que su hermano (aquí quejoso), nada tuvo que ver, incluso llevan una relación de cordialidad, ya que con quien se suscitó el problema (lesiones en riña) fue con la exesposa del quejoso (no es claro en mencionar si le otorgó el perdón). En ese sentido, para que el juez señalado como responsable pueda pronunciarse sobre el eventual cambio de medida cautelar, es necesario que primero resuelva la situación jurídica del quejoso (providencia principal); para luego, decretar la medida cautelar que proceda, cuya finalidad debe ser la protección del propio proceso (evitar que se sustraiga o generar un peligro para la víctima o testigos, así como para evitar que se oculte, destriya o falsifique evidencia). En otras palabras, las medidas cautelares se conciben como un instrumento idóneo para contrarrestar el riesgo que durante el transcurso del proceso el inculpado (sistema mixto) pueda realizar actos o adoptar conductas que impidan o dificulten gravemente la ejecución de la sentencia. En ese sentido las medidas cautelares constituyen medidas de aseguramiento que persiguen garantizar la eficacia de una eventual sentencia que acoja la pretensión. Es aplicable al caso la tesis I.9o.P.272 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, la cual es de la literalidad siguiente: +++++++ "MEDIDAS CAUTELARES. REGLAS A SEGUIR PARA SU IMPOSICIÓN Y REVISIÓN (SUSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN O CESE) DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que las medidas cautelares tienen diversas finalidades, como son: 1) asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, 2) garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o testigo, o bien, 3) evitar la obstaculización del proceso. Sobre ello, el diverso numeral 155 del ordenamiento adjetivo de referencia, incorpora un catálogo de medidas cuya materialización debe atender las reglas previstas en los preceptos 166 a 170 del mismo código, aplicables tanto para la imposición, como para la revisión, sustitución, modificación o cese de medidas cautelares. En ese sentido, el análisis relativo debe girar en torno a dos ejes, que preferentemente serán desahogados en diversos contradictorios, a saber: 1) que se compruebe la necesidad de cautela; y acreditado lo anterior, 2) analizar la proporcionalidad e idoneidad de la medida. Ahora, en relación con la necesidad de cautela, el debate debe estar encaminado a establecer la existencia de peligro procesal susceptible de poner en riesgo concreto y real alguna de las finalidades indicadas; en tanto, el examen de proporcionalidad e idoneidad conlleva verificar que la medida cautelar sea la menos lesiva para los derechos fundamentales del sujeto destinatario. Por tanto, en el trámite de imposición y revisión (sustitución, modificación o cese) de medidas cautelares, una vez acreditada la necesidad de cautela -requisito sine qua non será factible examinar la proporcionalidad e idoneidad, a efecto de optar por la medida más adecuada al asunto." (Época: Décima Época, Registro: 2021988, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, agosto de 2020, Tomo VI, Materia(s): Penal, Tesis: I.9o.P.272 P (10a.), Página: 6103). Bajo este orden de ideas, la medida cautelar solo podrá imponerse por el juzgador, por el tiempo indispensable y para asegurar la presencia del inculpado aquí quejoso, la seguridad de la víctima o evitar la obstaculización del proceso. Con base a lo anterior, se obtiene que si en el referido proceso penal aún no se ha resuelto la situación jurídica del quejoso, y por ende, no existe un acto que deba protegerse con una medida cautelar, como lo sería por ejemplo un auto de formal prisión; entonces, el quejoso aún carece de legitimación pueda acudir a la presente instancia. Sin embargo, en el presente asunto el quejoso no ha acudido en forma personal ante la autoridad responsable, por lo +++++++++ que no se ha determinado su situación jurídica y mucho menos se le dictó una medida cautelar cuya modificación pueda ser solicitada. Al hilo de lo apuntado, debe considerarse la actualización de la causal de improcedencia que descansa en la falta de legitimación, derivada del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 5 fracción I, de la Ley de Amparo, que impacta el acto reclamado en la demanda y que en realidad se traduce en: ".el proveído de fecha ocho de julio del año dos mil veintidós mediante el cual la autoridad responsable, desechó sin motivar y fundamentar debidamente el incidente de modificación de medida cautelar.". En otras palabras, debe estimarse que la invocada causal de improcedencia, se materializa desde este momento con las características de indudable y manifiesta, porque el promovente no acreditó una afectación real a su esfera jurídica, sobre todo porque no podría existir el acto que reclama, sin antes haberse resuelto su situación jurídica en la causa penal 17/2015. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 61 fracción XXIII, y 5 fracción I, de la misma legislación, se desecha la demanda de protección presentada por Adolfo Hernández Vergara. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis3 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". 3 Tesis XVI.1º A.T.2 K del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, página 1167. +++++++ Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Consulta física del expediente. Se hace saber al promovente, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 9/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que podrá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al promovente que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). +++++++ Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al promovente el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Domicilio procesal y autorizada del promovente. Queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Aurelio Martínez Rosales, por así haberlo solicitado en forma expresa y porque su cédula profesional se encuentra registrada en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Mientras que a la diversa persona nombrada se le tiene autoriza en términos restringidos, es decir, sólo para oír y recibir notificaciones, pues carece del referido registro. En relación con el domicilio procesal (las listas) se descarta tenerlo para efectos de oír y recibir notificaciones; pues al mismo tiempo, el quejoso solicitó las notificaciones electrónicas. Entonces, con la finalidad de dotar de certeza jurídica al impetrante de amparo y, a su vez, evitar la duplicidad de ++++++ notificaciones, únicamente será considerado como tal el usuario señalado para tal efecto. Usuario para acceso electrónico y notificación por ese medio. Luego, como lo solicita el quejoso, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al usuario J++++++++, lo cual le permitirá dicha consulta y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). En relación a la solicitud para poder acceder y ser notificado por medio del expediente electrónico, con fundamento en el artículo 355 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es procedente su pretensión porque proporciona el "nombre de usuario" utilizado al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por ello, se insiste, en que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E. Firma). Comunicación con el promovente. Asimismo, para establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del invocado Acuerdo General 21/2020, queda ofrecido el correo electrónico que indicó el promovente, al principio de su demanda. Se hace la precisión que el referido medio electrónico de comunicación, sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. ++++++ Pero las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Indicación a la actuaria. Pero deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el Kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la situación actual de contingencia sanitaria. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que revise las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese en forma personal al quejoso (de forma electrónica)

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