Adolfo Hernandez Ramírez
Expediente 494/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Adolfo Hernandez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, doce de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte promovente lo haya hecho valer; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en libro de gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto del referido acuerdo, habida cuenta que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, que no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa y que no tiene relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, se publica el acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: "Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Secretario de Educación Pública con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio ********** que le corresponde. DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. HIPÓTESIS NORMATIVA En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1º, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones. Esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo, son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. Sirve de apoyo la siguiente tesis aislada: Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Aunado a lo anterior, resulta conveniente precisar que el máximo Tribunal del País ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad, son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia de rubro y texto: Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." HECHOS Previa lectura integral a la demanda en estudio, se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: La omisión por parte de las autoridades responsables de realizar los trámites necesarios y pertinentes para llevar a cabo la aclaración de su clave/plaza **********. La negativa absoluta por parte de las autoridades responsables de realizar el pago de sus salarios retenidos. La negativa por parte del Banco BBVA Bancomer, de realizar la entrega de dinero de las cantidades que se depositaron a la cuenta número **********, vinculada con la Secretaría de Educación. La negativa por parte del Banco Santander sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, de realizar la entrega de dinero de las cantidades que se depositaron a la cuenta número **********, vinculada con la Secretaría de Educación. La negativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de proporcionarle datos sobre los depósitos y retiros de las cuentas mencionadas. Asimismo, señala como autoridades responsables a diversas pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, a la Secretaría de Educación Pública con sede en la Ciudad de México, al Titular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 32 (SNTE), al Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al representante de la Institución Bancaria BBVA Bancomer y al representante de Banco Santander sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple. Al respecto, en los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad, manifiesta que se incorporó a la Secretaría de Educación de Veracruz, donde se le asignó la plaza con clave de trabajo **********, realizándole algunos pagos a la cuenta número **********, de la Institución Bancaria Banco BBVA Bancomer, así como a la diversa **********, del Banco Santander sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple; no obstante, toda vez que hubo un conflicto con dicha clave, se le retuvieron el pago de salarios y prestaciones, informándole que tenía que realizar aclaraciones en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, toda vez que su plaza era federal, sin embargo, una vez hecho lo anterior, las autoridades responsables no le han dado una respuesta, así como tampoco le han pagado sus percepciones. Aduce que ha realizado diversas gestiones y que con motivo de ellas se le notificó un oficio de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, con el número **********, firmado por el Director General Adjunto a la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada de la Secretaría de Educación Pública, el cual contiene su estatus actual "activo" como trabajador de la referida Secretaría de Educación Pública, con clave de plaza ********** y tipo de nombramiento "01-10 ALTA DEFINITIVA", con fecha de inicio dieciséis de agosto de dos mil nueve, así como las fechas de sus últimas quincenas pagadas, siendo éstas 24/2018 y 03/2019, en el que se menciona también como forma de pago "deposito", argumentando que los mismos no le han sido depositados, mucho menos los ha cobrado y que desconoce la razón por la cual estén retenidos y por quién hayan sido cobrados en su nombre. Además, indica que el tres de mayo del presente año, cuando se encontraba en su centro de trabajo dando seguimiento a las gestiones que venía realizado para la aclaración de su clave magisterial, le informaron que sus depósitos estaban realizados en sus cuentas **********, de la Institución Bancaria Banco BBVA Bancomer, así como en la diversa **********, del Banco Santander sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, por lo que se había regularizado su situación y que habían concluido los conflictos respecto a su persona; sin embargo, refiere que al acudir a los bancos mencionados para realizar el cobro respectivo, le comunicaron que no había ningún deposito a su nombre y que ellos no podían hacer nada, acudiendo con el titular de la Secretaría, quien le otorgó una respuesta negativa, lo que considera una omisión de dar respuesta a su situación y de resolverla. CONCLUSIÓN Lo anterior permite establecer que, en el caso, los actos que reclama la parte quejosa no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues de lo expuesto en el escrito de demanda se advierte que entre el ahora quejoso y la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, así como con la Secretaría de Educación Pública, existe una relación laboral, en tanto que presta sus servicios adscrito a dichas Secretarías como trabajador, en términos del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con estatus actual "activo". En ese sentido, las omisiones y negativas que reclama el quejoso a las autoridades responsables no son en su carácter de gobernado, pues ello no cambia la naturaleza de los actos ni la relación jurídica de la que derivan sus argumentos, ya que ésta no nace de las atribuciones de las autoridades responsables como parte de la administración pública en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública, sino que su origen deriva del carácter de patrón que tienen las Secretarías de Educación Estatal y Federal, así como las restantes autoridades señaladas como responsables, respecto del trabajador, aquí quejoso. En tal virtud, las omisiones y negativas reclamadas se sustentan en la relación laboral que existe entre el promovente en su carácter de trabajador y las Secretarías en su calidad de patrones, pues los trámites que refiere ha realizado ante las autoridades responsables, según lo manifiesta en su demanda, son tendentes a obtener el pago del salario que le corresponde por los servicios prestados y que aduce le fue retenido, lo cual se reitera deriva de la relación laboral que tiene con las Secretarías en comento. Atento a ello, se estima que el quejoso y las autoridades que señala como responsables se encuentran en un plano de igualdad, por lo que los actos que les atribuye no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, ya que éste tiene entre otros fines, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que puedan considerarse actos de autoridad las omisiones o negativas de los funcionarios públicos señalados como autoridades responsables, de gestionar lo conducente para el pago del salario que dice el quejoso le corresponde por los servicios prestados y de realizar la aclaración de la clave del impetrante. Resultan ilustrativas al caso las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2010538 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: VII.2o.T.9 L (10a.) Página: 3436 "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. La omisión de un funcionario de una dependencia como la Secretaría de Educación de Veracruz, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre el pago de diferencias de aguinaldo, no puede ser violatoria del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a la autoridad educativa no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su aguinaldo completo, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales, es decir, el reclamo surge con base en las fracciones IV y VI del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el diverso 87 de la Ley Federal del Trabajo (el derecho al aguinaldo), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo." Época: Décima Época Registro: 2011298 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: III.4o.T. J/3 (10a.) Página: 1639 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." En consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la ley en cita, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo origen de este juicio, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2011343 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.) Página: 1956 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa donde oír y recibir notificaciones el que precisa, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se autorizan en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********** y **********, en virtud que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio, previa constancia que al respecto se deje en autos, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. Notifíquese."
- Principal
...Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · 5,349 expedientes
- Adelina Lagunes Herrera1395/2017
- Adelina Sangabriel Espinoza596/2020
- Adeyanira Sosa Pérez870/2018
- ADLE STEPHANY PORTILLA GARCÍA y Otros.408/2023
- Adolfo Heredia López659/2023
- Adolfo Hernández Ramírez252/2021
- Adolfo Illescas Barradas241/2019
- Adolfo Illescas Barradas59/2019
- Adolfo Illescas Barradas375/2019
- Adolfo Pérez García386/2020
- Adolfo Plandiura Sandria807/2023
- Adolfo Robles Pérez322/2014