Adolfo Goytortua Barragán

Expediente 701/2016 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
701/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
30/10/2019

Partes del expediente

  • Adolfo Goytortua Barragán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Juicio de Amparo Directo

    {...} SE ORDENA SU ARCHIVO {...}

  2. Juicio de Amparo Directo

    {...} SE INTERPONE RECURSO DE INCONFORMIDAD {...}

  3. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación y cuenta que anteceden, la presidencia de este Órgano de Control Constitucional procede al examen de los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, para resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Al respecto, resulta conveniente destacar el contenido del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece: [.] Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla [.]. 1. Sentencia de amparo Entonces, para atender lo dispuesto en la hipótesis legal antes citada, es necesario tener en cuenta que este Tribunal Colegiado por ejecutoria pronunciada en sesión de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos, siguientes: ".para el efecto de que la responsable considere que la actora sí acreditó que se tratara de mercancía de difícil identificación y, con base en ello, resuelva lo que a derecho corresponda." 2. Actuaciones tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a dicha ejecutoria, mediante oficio 11-2-1-4860/19 de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, la responsable informó que por auto de la misma fecha dejó insubsistente la sentencia definitiva dictada el doce de octubre de dos mil dieciséis. Asimismo, mediante oficio 11-2-1-8681/19 de doce de febrero dos mil diecinueve, la responsable remitió copia certificada de la sentencia dictada en la misma data, de la que se advierte que determinó, entre otros aspectos, lo siguiente: "A juicio de los suscritos Magistrados, los argumentos de la actora son fundados y suficientes, para declarar la nulidad de la resolución combatida, en razón de lo siguiente: En primer término, dado que la actora sostiene que se contraviene en perjuicio el artículo 152 de la Ley Aduanera, puesto que no se siguió el procedimiento ahí previsto, esta Juzgadora estima pertinente transcribir el citado precepto, el cual en su parte conducente establece: "ARTÍCULO 152. (Se transcribe)" Del precepto en cita se pueden advertir entre otras cuestiones que únicamente se tomaran muestras de las mercancías que se pretenden revisar para su respectivo análisis cuando se trate de mercancías de difícil identificación que requieran toma de muestras. Así, tratándose de mercancías de difícil identificación, que requiera la toma de muestras a fin de identificar su composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención o características física, se realizará dicha toma de acuerdo con el procedimiento que al efecto prevé el reglamento para su análisis y dictamen conducentes y que, una vez obtenido el dictamen correspondiente, resultado del análisis practicado a las muestras de mercancías de difícil identificación, se notificarán al interesado mediante escrito o acta circunstanciada, los hechos u omisiones advertidos, dentro del plazo de seis meses contados a partir del acta de toma de muestras correspondientes, y se continuará el procedimiento respectivo.(.) En esas condiciones, al no ser clara en la propia ley la definición de "mercancías de difícil identificación", y debido a que la actora en su demanda aseguró que la mercancía que se le embargó y por la cual se le determinó un crédito fiscal era de esa clase, entonces le correspondía a ella probar esa circunstancia en el juicio, y a la autoridad demandada lo incorrecto de esa afirmación. .para establecer si la mercancía sujeta a revisión era o no de difícil identificación, este órgano colegiado procede al análisis de los dictámenes emitidos por los peritos. De modo que, atento a que los tres peritos fueron contestes en señalar que los textiles en general son mercancía de difícil identificación arancelaria y, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de mérito, esta Juzgadora determina que el caso a revisión se ubica en el supuesto previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera, toda vez que las mercancías que fueron materia del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera son de difícil identificación y, por tanto, la autoridad aduanera debió cumplir con lo ahí previsto, esto es, proceder a la toma de muestras y esperar el resultado del análisis de laboratorio correspondiente, y cumplir con las disposiciones legales aplicables. Lo anterior, en resguardo del derecho de seguridad jurídica que debe regir a todas las decisiones jurisdiccionales; pues, aun cuando no era necesario llevar a cabo la toma de muestras y correspondiente exámenes de laboratorio, debido a que la autoridad demandada había tomado en cuenta la información contenida en las propias etiquetas y empaques de los productos de procedencia extranjera revisados; lo cierto es que, con esa afirmación no se otorga certeza acerca de que la mercancía embargada realmente sea la descrita. Máxime que, cuando no se cuenta con un pedimento para comparar lo reportado o descrito por el importador en relación con la mercancía existente, de la cual, para realizar la clasificación arancelaria, se tomó únicamente la referencia que la autoridad observó de las etiquetas y empaques, pero de la que no se tiene certeza que realmente coincida. De manera que la actora cumplió con la carga procesal de demostrar que la mercancía era de difícil identificación y, por tanto, la autoridad debió tomar muestras y realizar exámenes de laboratorio, ya que de la prueba pericial en materia de clasificación arancelaria ofrecida por la demandante, se arriba a la conclusión que sí se trata de mercancía de difícil identificación; por lo que, resulta fundado el argumento de la actora, cuando asevera que la autoridad demandada debió seguir el procedimiento previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera, dado que las mercancías que fueron materia del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera eran de difícil identificación. En las relatadas condiciones, al resultar fundados los argumentos relativos en análisis: con fundamentos en los artículos 51, fracción III y 52, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo precedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada subsane el vicio de forma antes precisado, dentro del plazo de cuatro meses con el que cuenta para cumplir con este fallo en términos del precepto citado en último orden, y resuelva lo que en derecho corresponda. (.)" 3. Vista a la parte quejosa con lo actuado por la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento. Con la resolución precedente, mediante proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera; sin embargo, únicamente el quejoso hizo manifestaciones, no obstante encontrarse ambos debidamente notificados, razón por la cual, procede oficiosamente verificar si la autoridad responsable acató el fallo protector, y en su caso, si existe exceso o defecto en su cumplimiento, acorde con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. 4. Análisis del cumplimiento. De las actuaciones de la autoridad responsable anteriormente transcritas, la presidencia de este Tribunal Colegiado advierte que se cumplió debidamente con lo establecido en la ejecutoria de amparo, pues dicha autoridad, dejó insubsistente la sentencia reclamada, y dictó otra, en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada en virtud de que la actora acreditó que la mercancía embargada es de difícil identificación, por lo que, para su clasificación arancelaria la autoridad demandada debió seguir el procedimiento previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera; esto es, tomar las muestras para su análisis en el laboratorio, esperar el resultado y cumplir las disposiciones legales aplicables. En esas condiciones, al haber dejado insubsistente la sentencia reclamada, y dictado otra, siguiendo los lineamientos establecidos por este Tribunal, debe estimarse que la autoridad responsable restituyó a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por otra parte, cabe precisar que el cercioramiento del exceso o defecto en el acatamiento del fallo amparador tiene por objeto determinar la materia del cumplimiento y el alcance del efecto restitutorio; en esa tesitura, se estima que existe defecto en la ejecución del fallo protector siempre que la autoridad responsable se abstiene de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; en cambio, hay exceso en la ejecución de la resolución amparadora cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida, ejecuta u ordena actos distintos o ajenos a la sentencia de amparo, los cuales tampoco son efecto inmediato de lo decidido en la mencionada resolución. Partiendo de tales hipótesis, la presidencia de este Tribunal Colegiado considera que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto alguno, por proceder en el sentido en que lo hizo, pues únicamente llevó a cabo los actos conducentes y necesarios para lograr que las cosas quedaran restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida. 5. Manifestaciones respecto al cumplimiento. Para que sea declarado que existe exceso o defecto en el cumplimiento, el quejoso propone los siguientes argumentos: Que, en la sentencia de amparo se estableció que "la toma de muestras y exámenes de laboratorio" deben ejecutarse en una etapa previa al levantamiento del acta de hechos y omisiones; por lo que, si en el caso ya se levantó el acta de hechos y omisiones, resulta incorrecto que la autoridad responsable haya declarado la nulidad para el efecto de que demandada subsane el vicio de forma (incumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera), dentro del plazo de cuatro meses, pues debió declarar nulidad lisa y llana. Añade que el acto reclamado es derivado de facultades discrecionales de la autoridad aduanera, por lo que, es indebido que la sala la conmine y obligue a subsanarlo en el plazo de cuatro meses, pues, de hacerlo, sería ilegal porque ya no seguiría el orden del procedimiento previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera. Argumentos que resultan infundados, porque, como se estableció en acápites anteriores, los efectos para los que se concedió el amparo fueron para que la sala responsable considerara que la parte actora sí acreditó que la mercancía embargada era de difícil identificación y, con base en ello, resolviera lo que en derecho correspondiera. Es decir, el único lineamiento al que se vinculó a la autoridad fue a que tuviera por acreditado, por el actor, aquí quejoso, que la mercancía embargada debía clasificarse como de difícil identificación, por lo que, el tipo de nulidad, o bien, el desarrollo del procedimiento previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera no son materia de análisis en esta resolución de cumplimiento, dado que se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad para resolver en el sentido que considerara conforme a derecho. 6. Decisión Con base en lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO para los efectos legales a que haya lugar. 7. Medio de impugnación en contra de la presente resolución. Infórmese a las partes, quejosa y tercera interesada que, conforme a los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo, cuentan con el plazo de quince días para interponer, si lo estiman pertinente, recurso de inconformidad en contra de la presente resolución. De igual manera, hágase de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Una vez que transcurra el término para la interposición del recurso de inconformidad, acuérdese lo conducente en relación al archivo del expediente acorde con lo previsto en el numeral 214 de la ley en cita. 8. Notificaciones. Para los fines antes indicados, notifíquese personalmente la presente resolución al quejoso, y mediante oficio a la parte tercero interesada. Finalmente, hágase del conocimiento de esta determinación a la autoridad responsable, por medio de oficio, para los efectos legales procedentes. Notifíquese, en los términos indicados. Lo acordó y firma el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Magistrado Guillermo Núñez Loyo, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos que da Fe, licenciada María Elena Vargas Burgos.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el escrito de Adolfo Goytortúa Barragán, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Samuel Raúl Camacho Martínez, mediante el cual, da cumplimiento al auto de once de marzo del presente año, dictado por la presidencia de este tribunal colegiado; y señala domicilio para oír y recibir notificaciones. Atento a lo anterior, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar que indica en su escrito de cuenta, esto es, el ubicado en Fray Juan de Zumárraga número 22, Colonia Ciudad Satélite, C.P. 53100, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Notifíquese. Lo acordó y firma el, Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Magistrado Guillermo Núñez Loyo, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos que da fe, licenciada María Elena Vargas Burgos.

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