Adolfo Gonzalez López

Expediente 1686/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1686/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Adolfo Gonzalez López
  • MARTIN EULALlO DOMINGUEZ CASARRUBIAS

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1686/2019 del índice de este juzgado, y remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 153/2021, con motivo del recurso de revisión interpuesto por Adolfo González López, por su propio derecho y en su calidad de Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, ejecutoria que concluyó: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por ********, por su propio derecho y en su carácter de Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la sentencia recurrida". Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas, glósense únicamente las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes, pues el mismo fue formado con copia fotostática de las actuaciones que integran este asunto. Se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, sin que sea necesario refoliar el mismo, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 21, inciso a) y penúltimo párrafo, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Destruible y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Destino de cuaderno incidental. Respecto al original del incidente de suspensión, conforme lo establece el artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General, procédase a la correspondiente destrucción, una vez transcurridos los TRES AÑOS posteriores a este acuerdo, dado el sentido de la suspensión definitiva. En la inteligencia que el duplicado del incidente de suspensión, según lo establece la fracción II, inciso a) del artículo 20 de tal Acuerdo, será destruido una vez transcurridos seis meses posteriores a la emisión del presente proveído que ordena el archivo del expediente. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; ocho de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con transcripción del proveído de dos de junio del año en curso, por el que admitió el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, el cual quedó registrado con el número de toca 153/2021; lo que se tiene por comunicado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de ****, autorizado de la parte quejosa en términos amplios, por el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el catorce de diciembre de dos mil veinte, por este juzgado. Trámite recurso de revisión. Atento a lo anterior, téngase por interpuesto el recurso aludido, y para los efectos de su tramitación, con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, remítase, en su oportunidad, el expediente original, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, residente en esta ciudad. Agréguese una copia del escrito de expresión de agravios a los autos y las demás distribúyanse como corresponda; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se instruye a la Secretaria y Oficial Por tanto, se instruye a la Secretaria, para el efecto de que una vez que se encuentre debidamente integrado este expediente, dé cuenta a la Titular de este órgano jurisdiccional, con la finalidad de que el mismo sea remitido a la Superioridad, en los términos antes apuntados; consecuentemente, también se hace notar al oficial encargado de la tramitación de este asunto, que deberá vigilar oportunamente la integración del expediente, pues es responsabilidad de ambos su correcta tramitación. Se instruye al personal de actuaria. Se instruye al personal de la actuaría de la adscripción, se cerciore que al entregar los oficios correspondientes se asiente la recepción del escrito de agravios por quien lo reciba. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento. Reanudación del procedimiento. De esa forma, conforme a esta última Circular y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Estado de autos. En otro contexto, visto el estado procesal de autos, en específico la razón asentada por la actuaria adscrita a este juzgado, en la que hace constar los motivos por los que no le fue posible notificar al quejoso ****, la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veinte, por las consideraciones que expone en la misma. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquese la notificación de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este tribunal; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. SENTENCIA DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. VISTOS, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 1686/2019, promovido Adolfo González López, por propio derecho y en su carácter de Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos contra actos que reclama de los Magistrados, Integrantes de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otras autoridades, por estimarlo violatorio del artículo 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado el seis de diciembre de dos mil diecinueve, ************, por propio derecho y en su carácter de Jueces de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y las autoridades precisadas en su escrito de demanda (foja 1 a 8). Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de nueve de enero de dos mil veinte, se tuvo por no presentada la demanda de amparo del quejoso **********, asimismo, mediante dicho auto se admitió la demanda de amparo únicamente por **********, por propio derecho y en su carácter de Jueces de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. Tercero. Vista ampliación de demanda. Mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto de la autoridad responsable Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. Previos diferimientos, la audiencia constitucional se verificó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto que tiene ejecución material dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, analizando en forma integral la demanda de amparo, de la ampliación de la misma y de las constancias que obran en autos, de donde se advierte que la parte quejosa reclama: La última parte de la resolución dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el expediente **********, a través de la cual entre otras cosas se determinó dar vista al Magistrado Visitador, en razón de que los jueces primarios dejaron de cumplir con la obligación que tienen de juzgar de acuerdo a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 68). Igual consideración, debe hacerse respecto al acto reclamado a las autoridades responsables Actuaria adscrita a la Visitaduría General, Magistrado Visitador General, ambos del Poder Judicial del Estado y Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, toda vez que aún y cuando negaron el acto reclamado que se les atribuye, al tener el carácter de autoridades ejecutoras en cualquier momento podrían cumplimentar el acto reclamado. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 56, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 227890 que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." Cuarto. Análisis de la causa de improcedencia que se advierte de oficio. Previamente al estudio del fondo, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta Juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia señalada en la fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6° de la misma legislación, estos últimos aplicados en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Los preceptos jurídicos transcritos en los párrafos precedentes, disponen que sólo puede ocurrir en vía de amparo aquel particular a quien perjudique la norma general o el acto que reclame. Esto es así, porque el artículo 6° de la Ley de Amparo, transcrito, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman, de esa norma legal se deriva el concepto de perjuicio, que es un elemento esencial para la procedencia del juicio constitucional, el cual debe entenderse como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLVIII, Quinta Época, visible en la página 2291, con número de registro 358665 que establece: "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona." Una vez establecido lo anterior, y toda vez que la parte quejosa pretende combatir la última parte de la resolución dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el toca penal ********** a través de la cual, entre otras cosas, se determinó dar vista al Magistrado Visitador, al estimar que los jueces primarios dejaron de cumplir con la obligación que tienen de juzgar de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De ahí que se estime que el referido acto reclamado no le causa agravio, en virtud que su sola emisión no incide en la esfera jurídica de la parte quejosa ni le ocasiona una afectación inmediata y directa a sus intereses. Lo anterior es así, ya que es preciso señalar que de los artículos 109, fracción III, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 segundo párrafo y 92-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 117 fracciones X y XI, 189 y 193 de la Ley Orgánica del Poder del Estado de Morelos, se advierte la facultad constitucional de iniciar e instruir el procedimiento de investigación contra los servidores públicos, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, como la diversa facultad exclusiva para la investigación administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial, hasta antes del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, a cargo del Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos; en razón de que la vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de los Magistrados del Tribunal Laboral y el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, así como ordenar el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa le corresponde a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, autoridades aquí señaladas como responsables. Bajo esa óptica, las actuaciones que en su caso se hayan generado en la fase previa al inicio de procedimiento de responsabilidad gozan de un carácter distinto del de aquellas que acontecen en éste, son estas últimas las que efectivamente generan perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, pues a través de su trámite y resolución se dilucidarán cuestiones relativas a la responsabilidad administrativa imputada, y su sanción. Además, es dable colegir que las actuaciones generadas de manera previa al procedimiento seguido en forma de juicio, no generan agravio personal ni directo a los servidores públicos, ya que el inicio y conclusión del procedimiento de responsabilidad administrativa es lo que, en todo caso, les afectaría. Así, toda vez que en su caso las actuaciones verificadas previo al inicio del procedimiento de responsabilidad, como es la vista al Magistrado Visitador no generaron afectaciones a derechos sustantivos en perjuicio del quejoso, en el entendido de que no ha habido una repercusión en su esfera jurídica. Orienta a lo anterior, por analogía la tesis XV.4o.5 A (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III visible en la página 2240, con número de registro 2016626, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. QUIEN ES SUJETO DE ÉSTA, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DECRETE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE SUS LABORES. De los artículos 109, fracción III, primer párrafo y 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 144, 151 y 152 de la Ley de Seguridad Pública, así como 77, fracciones IV, VII, VIII, IX, X y 78, fracciones I, II y IV, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, se advierte tanto la facultad constitucional de iniciar e instruir el procedimiento de investigación contra los servidores públicos, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, como la diversa facultad exclusiva para la investigación administrativa de los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad mencionada, la cual corresponde a la Contraloría Interna, esto es, a la Dirección de Asuntos Internos, quien tiene a su cargo, por mandato legal y reglamentario, el inicio de la investigación previa, con la finalidad de allegarse de elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia de la conducta imputada. En estas condiciones, las actuaciones generadas en esa fase de investigación son distintas del inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva o de responsabilidad administrativa de aquéllos, el cual puede generar perjuicio en su esfera jurídica. Asimismo, el director de Asuntos Internos de la Secretaría señalada, al iniciar una investigación administrativa relacionada con un miembro de esa dependencia, cumple con una función a su cargo, esto es, vigilar que el desempeño de los elementos que integran la seguridad pública corresponda a los intereses de la colectividad. Por tanto, dado el interés social que subyace en la investigación administrativa, como parte de la obligación constitucional y legal del órgano de control interno, se concluye que quien es sujeto de ésta, carece de interés jurídico para promover el amparo indirecto en su contra, debido a que no existe derecho particular alguno que emane de la Constitución ni de las leyes secundarias, oponible al interés general de que se investiguen los hechos o conductas de los miembros de las instituciones policiales del Estado. Estimar lo contrario, sería anteponer el interés particular al de la sociedad, así como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al órgano de control interno de los cuerpos policiacos, respecto de lo cual, la colectividad está interesada en que se lleve a cabo. Además, las actuaciones generadas en la fase de investigación constituyen actos previos a un procedimiento seguido en forma de juicio, las cuales no generan agravio personal ni directo al servidor público objeto de éstas, ya que el inicio y conclusión del procedimiento administrativo de separación del cargo es lo que, en todo caso, le afecta; sin perjuicio de que pueda actualizarse una excepción que justifique la procedencia del amparo, cuando la violación vulnere directamente los derechos sustantivos del quejoso, como podría ser que la autoridad responsable decrete la suspensión preventiva de sus labores, mientras se lleva a cabo la investigación." Así las cosas, como se estableció en párrafos precedentes el acto reclamado en cita no afecta de manera directa la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, puesto que como se hizo patente en los párrafos anteriores, la vista ordenada por la Sala responsable constituye una comunicación que se dirige al Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos, del que no se vislumbra afectación alguna a sus derechos fundamentales, en virtud de que únicamente se traduce en una comunicación entre autoridades del Poder Judicial del Estado, circunstancia que no presupone por sí, la existencia de una afectación a un derecho legítimamente tutelado del solicitante del amparo. En efecto, el acto reclamado que se analiza no implica una cuestión de fondo, ni de alguna resolución administrativa que lleve implícita una coerción, sino que únicamente se trata de actos declarativos, sin otro efecto que el de comunicar entre autoridades pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Morelos, la existencia de hechos que la Sala responsable consideró que debía hacer del conocimiento del órgano de vigilancia del propio ente de gobierno, que, eventualmente, pudieran llegar a ser materia de un procedimiento de responsabilidad administrativa, es decir, dicha comunicación no entraña una orden ni determinación alguna por parte de la responsable que se materialice con su sola emisión, sino que debe existir un acto posterior, emitido por autoridad competente, en que se determine someter a la parte quejosa a un procedimiento que trascienda en los derechos sustantivos de aquélla, para considerar que se afectó su esfera jurídica. Lo anterior es así, por el simple hecho de que la sentencia que ordena dar la vista apuntada no favorece ni perjudica de manera personal y directa, en la medida que no trasciende de manera alguna a la esfera jurídica de la quejosa y, por ende, no le causa perjuicio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues, en todo caso, dicho perjuicio se actualizaría una vez que la autoridad competente determinara iniciar el procedimiento administrativo disciplinario que correspondiera en contra del justiciable, bajo ciertas condiciones. Por consiguiente, para analizar el acto que se controvierte en la presente instancia constitucional debe existir como presupuesto que, a la presentación de la demanda de amparo, el mismo haya irrumpido en la esfera jurídica de la parte quejosa, ocasionándole un agravio, lo que en la especie no aconteció, pues como se vio el acto reclamado en estudio no genera un perjuicio al peticionario de amparo, traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6° de la misma legislación, estos últimos aplicados en sentido contrario, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, impide analizar las cuestiones que atañen al fondo del asunto, en razón de la improcedencia que se actualiza. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1° fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio promovido por **********, por propio derecho y en su carácter de Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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