Adolfo González Fernández

Expediente 1820/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1820/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
03/01/2020

Partes del expediente

  • Adolfo González Fernández

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 02/enero/2019, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: " Ciudad de México, dos de enero de dos mil veinte. Vistas las constancias que integran los presentes autos, y la certificación de cuenta, en la que se hace constar que del veinticuatro al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del acuerdo de trece de diciembre pasado, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Adolfo González Fernández, por propio derecho, en contra de actos atribuidos al Comisionado Federal de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la COFREPRIS y otra autoridad. Con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por tal motivo, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, además, este Juzgado estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Ahora, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obran agregados documentos originales exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero último párrafo y vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recoja los mismos, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Por último, a fin de que se proceda a realizar la notificación del presente proveído en el domicilio señalado, con fundamento en lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilita al actuario adscrito a este Juzgado Federal, para practicar la diligencia que se encomienda, en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma Rosalba Balderas Álvarez, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargada del despacho, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme al oficio número CCJ/ST/7417/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistida de Guadalupe Carmen Bonilla García, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.".

  2. Principal

    * Se declara que el acuerdo que se indica ha causado estado. Archívese el presente asunto. Se dejan a disposición de la quejosa las documentales. Se aperciben.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 13/diciembre/2019, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el AVISO que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: Vista la demanda de cuenta, la demanda de amparo promovida por Adolfo González Fernández, por propio derecho, contra actos del Comisionado Federal de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la COFEPRIS y otra autoridad. Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y regístrese bajo el número 1820/2019. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda, y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. En el caso, la parte quejosa señala en síntesis como actos reclamados los siguientes: De lo anterior, se colige que en el caso es procedente desechar la demanda de garantías interpuesta por la parte quejosa, toda vez que respecto de dicho acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.]. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.". En efecto, cabe señalar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes y en tal virtud, antes de acudir a él, es menester agotar en primer término la jurisdicción ordinaria, por lo que en el caso, la parte quejosa debió haber promovido en contra del oficio 193300EL352716, a través del cual, fue contestado su escrito de petición y se le negó la autorización para el consumo individual del estupefaciente cannabis sativa, que refiere en el escrito inicial de demanda, el medio ordinario de defensa, esto es, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 3, fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal en cita, que a continuación se transcribe: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; [.]" Por lo que, como se precisó, la parte quejosa antes de instar la vía constitucional, debió agotar el juicio de nulidad. Atento a ello, este juzgado estima que el referido acto de autoridad, previamente a impugnarlo en la presente instancia constitucional, debió combatirse a través del juicio de nulidad en términos del citado artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para considerar satisfecho el principio de definitividad. Lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional, haya advertido de la lectura del escrito de demanda, alguna causa de excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y de los criterios que sobre tal aspecto se han pronunciado, que pudieran eximir a la parte quejosa de promover el medio ordinario de defensa, previo a acudir al juicio constitucional, el cual prevé. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Del criterio transcrito, así como del contenido de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se colige que el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, implica que para acudir al juicio constitucional, el gobernado debe agotar previamente las instancias que pudieran modificar, revocar o anular el acto de autoridad que estime violenta su esfera de derechos, el que opera siempre y cuando se dé el siguiente requisito: V Que no se trate de una persona extraña al procedimiento: extremo que se advierte colmado en el caso que nos ocupa ya que el propio quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que las autoridades señaladas como responsables, le notificaron el oficio193300EL352716 el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, respecto de la petición realizada por el propio quejoso, razón por la que válidamente se puede afirmar que no se está en presencia de una persona extraña al procedimiento. Por ende, es claro que el acto que por esta vía reclama, se encuentra comprendida en la hipótesis prevista en el artículo 3, fracción XII la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en razón de que, el acto reclamado se trata del oficio 193300EL352716, el cual, la parte quejosa debió impugnarlo a través del juicio de nulidad a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Máxime, que de los antecedentes del escrito inicial de demanda, el quejoso manifiesta que el dos de julio de dos mil diecinueve, solicitó ante el Centro Integral de Servicios de Ventanilla de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, la autorización sanitaria para el uso de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas; en tales consideraciones, se advierte que los actos reclamados por el ahora quejoso, pone fin a una instancia y resuelve un expediente. Asimismo, robustece lo anterior, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 87, tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." También, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Ahora, respecto de los restantes argumentos de excepción al principio de definitividad en estudio, se aprecia lo siguiente: V Que no se trate de una resolución que importe una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal: requisito que se advierte colmado en tanto que la resolución impugnada es de naturaleza administrativa. V No se está ante la presencia de un amparo contra leyes; circunstancia que se corrobora a través del capítulo de autoridades responsables y actos reclamados de la demanda de amparo, de donde se sigue que únicamente se trata de un juicio de amparo en el que se controvierte un acto emitido por la autoridad administrativa. V Por otro lado, el requisito de encontrarse previsto en la ley el recurso o medio ordinario de defensa, se aprecia acreditado, en tanto el juicio de nulidad de que se trata se encuentra establecido en una ley formal y materialmente legislativa como lo es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. V No se advierte colmada la causa de excepción consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación, para estimar que éste colma los requisitos de fundamentación y motivación. Bajo tales condiciones, este órgano de control constitucional concluye que si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho Tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Por consiguiente, y al actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Adolfo González Fernández, contra actos del Comisionado Federal de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la COFEPRIS y otra autoridad, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otra parte, tomando en consideración el contenido del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las manifestaciones que formula la parte quejosa en el escrito de demanda de que se trata, este juzgador considera que no es el caso de proveer respecto de la suspensión de oficio, toda vez que sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, en el caso, se considera que no se está en presencia de un acto que pudiera ubicarse en los supuestos que prevé el citado artículo 22 o en alguno de los previstos por el artículo 126 de la Ley de Amparo vigente. Cobra aplicación a lo anterior, por el criterio que sostiene, la tesis VII.1o.A.T.7 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 978, tomo XI, mes de mayo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice lo siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE AMPARO. CUÁNDO PROCEDE. De una correcta interpretación del artículo 123, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual dispone que procede la suspensión de oficio "Cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. ...", en relación con lo que en lo conducente estatuye el diverso 80 ibídem, en el sentido de que "La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación ...", se colige que los actos a que alude esa fracción, son aquellos que de ejecutarse se consumarían materialmente, haciendo físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada, dejando sin materia el juicio de garantías, como sucedería, verbigracia, tratándose de la orden de demolición de un inmueble arqueológico o la orden de destruir una pintura artística, pero no cuando se reclamen actos que, aunque se realicen materialmente, sí es posible al través de la concesión del amparo, conforme al citado artículo 80, devolverle al peticionario de la acción constitucional el disfrute de la garantía violada, como ocurre en la especie, en que se reclama una orden de visita y presentación de documentos para su revisión con efectos fiscales, actos que desde luego no pueden considerarse de imposible reparación o que dejen sin materia el juicio de garantías, que son las razones de ser de la procedencia de la precitada medida cautelar oficiosa, porque es evidente que de otorgarse la protección constitucional se retrotraerían las cosas al estado que tenían antes de su emisión y ejecución.". Asimismo, es aplicable, por identidad de razón, la tesis VI.1o.A.19 K, visible en la página 1458, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época, que establece lo siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que señala en el proemio del ocurso que se provee. Ahora, como lo solicita la parte quejosa, y tomando en consideración la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en amplios términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, al Licenciado en Derecho Rafael Alberto Rosado Ortega y se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, así como recoger documentos a Mario Rubén Rosado Ortega; hasta en tanto registre su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en los mismos términos restringidos esto es únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a la diversa persona que menciona para tales efectos en el escrito que se provee.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, agréguese al presente expediente sin mayor proveído en virtud de que en auto de seis de diciembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con dichas constancias a efecto de que manifieste lo que a su derecho legal convenga.

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