Adolfo González Espinosa
Expediente 594/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/07/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Adolfo González Espinosa
Actuaciones
- Principal
Causa Estado Desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de treinta de junio de dos mil veinte, respecto al desechamiento de la demanda, sin que el quejoso lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado por analogía, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Asunto Susceptible De Destrucción. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil viente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, que estableció como susceptibles de destrucción los expedientes de juicios de amparo en los que se haya sobreseido respecto de todos los actos reclamados; por tal motivo este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que se tuvo por desechada la demanda. Se Ordena Archivo. Por tal motivo, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Transferencia al Centro Archivístico Judicial. Asimismo, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto indicado, siguiendo el procedimiento correspondiente, remítase este expediente al Centro de Manejo Documental y Digitalización de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en cuenta que el presente asunto es susceptible de destrucción. Asunto Sin Relevancia. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda en línea promovida aparentemente por Adolfo González Espinosa, contra actos del Congreso de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 594/2020. 2. Precisión del acto reclamado. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Congreso de la Ciudad de México y otras autoridades, lo siguiente: Ahora bien, tomando en cuenta que del contenido de la demanda presentada vía electrónica se desprende que Adolfo González Espinosa, promueve demanda de amparo por propio derecho, sin embargo, se advierte que el titular de la Firma Electrónica es Marco Antonio Martínez Castañeda, autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia; por lo tanto, es claro que el escrito de demanda carece de firma criptográfica por parte del quejoso, en términos del artículo 42 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los artículos 3º de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, tiene los mismos efectos que la autógrafa. En consecuencia, no ha lugar a tener por satisfecha la manifestación de la voluntad de Marco Antonio Martínez Castañeda para promover la demanda de amparo, pues no se tiene certeza de quien promueve la petición formulada de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo; aunado a que la demanda de amparo no se promovió en términos del artículo 15 de la Ley de la materia. Lo anterior se afirma, pues como se advierte de la transcripción, el quejoso señala como actos reclamados: 1) la emision promulgación, expedición y publicación del artículo Trigésimo Transitorio del Decreto por el se reforman, aidcionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7º de la Ley de Justicia Administrativa; y, 2) el Aviso por el que se da a conocer las colonias cuyos usuarios con uso doméstico que, durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superiora a los sesenta mil litros, deberán pagar un treinta y cinco por ciento adicional, respecto a la tarifa que corresponda al artículo 172 del Código Fiscial de la Ciudad de México; ambos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, y el diecisiete de enero de dos mil veinte, respectivamente. En consecuencia, es claro que no se trata de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, por los cuales la agraviada se haya visto imposibilitada para promover el amparo, como lo establece el artículo 15 de la Ley de Amparo, por ende, tampoco es posible que otra persona pudiera hacerlo en su lugar, menos aún sustituir su firma. 3. Desechamiento. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, en el que se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Para justificar lo anterior, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Al tenor de lo expuesto, este órgano jurisdiccional estima que en contra del acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia constitucional y legal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, en el que se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Oficial de la Federación, libro 62, enero de 2019, tomo I, de rubro y contenido siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano" De igual forma, se sostiene lo anterior con la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), aprobada por el Pleno de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Abril de 2019, página 79, cuyo rubro y texto se transcriben enseguida: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Así por los motivos expuestos, la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por Adolfo González Espinosa, pero que en la firma electrónica con la que se presentó, corresponde a Marco Antonio Martínez Castañeda, sin que del contenido de la misma se advierta que este promueve en su nombre o tenga representación para hacerlo, motivo por el cual, no es suficiente para tener por satisfechos los presupuestos legales antes precisados, pues es evidente que no contiene la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere el artículo 46 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte; circunstancia, que se corrobora con la impresión digital fidedigna obtenida del Sistema Integral de Seguimiento a Expediente. Conclusión. Lo anterior conduce a concluir la actualización de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113 de la Ley de Amparo; lo que provoca su desechamiento de plano. Debe precisarse que si bien es verdad la pandemia global generada por el virus Covid-19, ha representado un cambio en los parámetros de "normalidad" que han regido en la vida pública y en el ejercicio de la función jurisdiccional, sin embargo, dicha circunstancia no es suficiente para tener por satisfecho el presupuesto legal de la firma de quien promueve el amparo, pues no existe certeza de que quien dice ser el agraviado efectivamente tenga la intención de promover el juicio, o si es voluntad de la persona quien lo promueve en su aparente calidad de autorizada, incluso en perjuicio de la quejosa; por ello es que, a efecto de no violentar el principio de seguridad jurídica que rige al juicio constitucional, es necesario que quien pretenda acudir al amparo, cumpla con los presupuestos establecidos para su promoción, máxime que, como ya se dijo, los actos reclamados no se encuentran en ningún supuesto de excepción. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque se advierte plenamente de la demanda, pues los antecedentes de los actos reclamados narrados son lo suficientemente claros como para advertir la naturaleza de los mismos, es decir, sin importar lo que se pueda alegar en el juicio o las pruebas que se pudieren aportar, la naturaleza de los actos reclamados no variará, lo que implica que la convicción a la que ha llegado este Juzgador no cambiaría. 4. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 5. Habilitación de horas. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley en cita, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones electrónicas que se lleguen a ordenar en este asunto 6. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados únicamente en términos del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en el escrito inicial de demanda, y en atención a la certificación de cuenta. 7. Solicitud de notificación vía electrónica. Se hace constar que el quejoso NO solicitó las notificaciones de las actuaciones vía electrónica y tampoco proporcionó usuario. 8. Domicilio. En el escrito de cuenta, el quejoso designó como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Coruña 416, interior 407, colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco, código postal 08200, en esta Ciudad de México, en el cual tendría que notificarse de manera personal el presente desechamiento, en términos del artículo 26, fracción I, inciso j, de la Ley de Amparo; sin embargo, debido a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), este juzgado se encuentra impedido para realizarla, en el contexto de las medidas adoptadas para la prevención y sana distancia necesarias para hacer frente a la presente contingencia. Por tanto, se reserva la designación del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, el que se tendrá como tal hasta en tanto se regrese a la normalidad, o bien, se designe un medio de comunicación electrónico. Ahora bien, no pasa inadvertido que el artículo 26, inciso j), establece que las determinaciones que desechen la demanda de amparo se notificaran de manera personal, sin embargo, como el presente asunto se instó mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que la parte promovente haya señalado un usuario a efecto de notificarle personalmente la presente determinación a efecto de no dejarla en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese este proveído por medio de lista electrónica. 9. Uso de Medios Electrónicos. Con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En el entendido de que la referida autorización la podrá hacer valer hasta en tanto se levante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. 10. Integración del expediente físico. Con fundamento en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 3 y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; intégrese el expediente físico. 11. Transparencia. Se hace del conocimiento a la parte quejosa, que en términos de los artículos 1, 2, 6, 7 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como los numerales 6° y 8° del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil catorce, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes o sus representantes, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa, en el entendido de que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por autorizada su publicación...Notifíquese.
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