Adolfo García Martínez
Expediente 789/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Adolfo García Martínez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, treinta de junio de dos mil veintidós. Como está ordenado en el cuaderno principal, con dos copias del escrito de demanda, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1517/2021-V-B, promovido por Marco Antonio García Hernández, contra actos del Presidente del Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira, y otras autoridades. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus respectivos informes previo, mismos que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sean notificadas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se apercibe a las autoridades responsables de que en caso de que no rindan los informes requeridos, se les sancionara con multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a nueve mil seiscientos veintidós pesos ($9,622.00) ; lo anterior con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de las autoridades que el informe que se les requiere deben preferentemente enviarlo al correo electrónico informes13jdo19cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (833) 2-74-17-69; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, las autoridades las remitirán por la mensajería rápida que estimen conveniente a la dirección Boulevard Adolfo López Mateos 117 Sur, colonia Unidad Nacional, entre Álvaro Obregón y Oaxaca, Edificio Premier, Ciudad Madero, Tamaulipas, Código Postal 89410; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tengan la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deban hacerlo por todas. Se señalan las diez horas cuarenta y dos minutos del siete de julio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia incidental. Ahora bien, del escrito de demanda de amparo de donde deriva el presente incidente de suspensión y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la tramitación de las diligencias de información adperpetuam y como consecuencia de ello, la cancelación del contrato de suministro de agua potable ante la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira, en el bien que aduce ser poseedor. Asimismo, se ostenta como tercero extraño (en sentido estricto) al procedimiento natural y solicita la suspensión provisional de los actos reclamados para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y a fin de preservar la materia de fondo del presente juicio; por lo que, el agraviado debe demostrar su interés en forma presuntiva, esto es, le corresponde la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es el titular de un derecho de propiedad o posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Al anterior punto de vista se estima aplicable la Jurisprudencia VI.3o.C. J/63, de rubro siguiente: SUSPENSIÓN. LA PRUEBA DEL INTERÉS JURÍDICO EN QUE SE DECRETE ESTÁ RESERVADA A LOS EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO. Si el quejoso reclama directamente que se le trata de privar de la posesión sobre un inmueble, no es el caso de exigir la prueba del interés jurídico en que se suspenda el acto reclamado, ya que son los extraños a un procedimiento quienes deben probar aun cuando sea de manera presuntiva, el interés en que se decrete la suspensión. En ese contexto, con fundamento en los artículos 128, 131 y 150, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional que solicita la parte quejosa, porque no acredita el interés suspensional para concederla, en razón de que no exhibe prueba eficaz para acreditar indiciariamente el derecho que refiere tener respecto del bien que afirma es poseedor, y por ende, su interés para obtener la medida que solicita. En efecto, si bien la parte quejosa exhibe copia simple de un certificado de gravamen de veinte de abril de dos mil veintiuno, así como copia simple del oficio 2783/2010, de ocho de abril de dos mil diez, relativo a la verificación del número oficial, del que se advierte que al lote 08, manzana 20-A, le corresponde el número 208, por la calle 7 entre la calle 2 y Andador de la Colonia Monte Alto de Altamira, Tamaulipas, en cuyo reverso obra una leyenda de cesión de derechos de dicho lote a favor del aquí quejoso y una rúbrica, al igual que copia simple de un levantamiento físico de terreno urbano en el que se señala que el inmueble descrito en dicho documento es propiedad del aquí quejoso, así como copia simples de diversos recibos de pago; sin embargo, lo cierto es que no se allega a estos autos documental idónea para acreditar la causa generadora de la posesión, esto es, que acredite que la persona que le cedió esos derechos, fuera su titular o bien que pudiera disponer de ese bien inmueble. De que ahí las documentales aludidas no resulten suficientes para acreditar la posesión del bien inmueble que refiere, ni indiciariamente, pues se podría llegar al extremo de que solo por exhibir documentos que aduzcan que una persona es propietaria del inmueble que indica, sin justificar con diverso documento que ello es así, tuviera que concederse la medida suspensional. En efecto, en el juicio de amparo la posesión es susceptible de protegerse, pero será aquella definida por el derecho común y el quejoso que se ostente como poseedor de un inmueble objeto de una controversia debe exhibir un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Ahora, respecto de la suspensión del acto reclamado, existe la posibilidad de que el quejoso reclame el desposeimiento derivado de una orden de lanzamiento o desposeimiento de un inmueble y solicite la medida cautelar. Sin embargo, en este caso es a éste corresponde la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer, indiciaria o presuntivamente, que realmente es titular de esa posesión sustentado en una causa legal que podría afectarse con la ejecución del acto. Lo anterior, es así, porque la posesión de un inmueble es susceptible de protegerse a través del juicio constitucional, pero ello está condicionado a que derive de un título basado en alguna figura jurídica o precepto de la ley común y puede decretarse la suspensión del acto reclamado que pretenda despojar de esa posesión cuando el quejoso acredite, al menos de forma presuntiva o indiciaria, la titularidad de ese derecho posesorio, como se dijo, sustentado en una causa legal que podría afectarse con la ejecución de dicho acto. Mas, si el quejoso sostiene que posee el inmueble basado en la titularidad de un derecho de esa naturaleza y sustenta la acción constitucional en una posesión de hecho, entendida como aquella que se ejerce sobre un inmueble por la circunstancia de que en ese lugar vive, como simple detentador material de éste, sin título jurídico que avale dicha posesión o, en su caso, invoca un derecho del que hace derivar la posesión, pero no la acredita, la suspensión no será procedente, pues en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, el otorgamiento de la referida medida no puede tener como efecto constituir derechos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda de amparo.
- Principal
MESA 7. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se desecha la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, del que se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgados a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tampico, Tamaulipas, mediante proveído dictado el treinta de mayo de dos mil veintidós, a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin que a la fecha haya informado las gestiones correspondientes. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo vigente, requiérase nuevamente a la autoridad responsable de mérito para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a nueve mil seiscientos veintidós pesos ($9,622.00), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, por lo que atañe al diverso el documento de cuenta, a través del cual la autoridad responsable, informa las actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto la diversa potestad responsable que se requiere en este mismo proveído, remita copias certificadas de las constancias en las que acredite haber dado cumplimiento total a los efectos de la sentencia amparo, a fin de proveer lo que en derecho corresponda.
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