Adolfo Gabriel Medina Chavira

Expediente 303/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 92 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
303/2018
Año
2018
Actuaciones
92
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Adolfo Gabriel Medina Chavira

Actuaciones

Las 4 más recientes de 92.

  1. Principal

    Visto el oficio que remite la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, en atención a los requerimientos efectuados en autos de veintiuno de octubre, veintiuno de noviembre y once de diciembre del presente año, con el que remite en disco compacto los tomos del I al VII, que integran la averiguación previa UEIORPIFAM/249/2014; agréguese a los autos para que obre como corresponda, téngase a la autoridad responsable cumpliendo con la aludida recuesta y, déjense sin efectos los apercibimientos decretados en los citado proveídos. Ahora bien, analizado nuevamente el escrito de ampliación de demanda, así como las constancias digitalizadas que integran la indagatoria seguida en contra de la parte quejosa, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de la materia, para conocer de la referida ampliación así como de los actos reclamados en el escrito inicial de demanda de amparo. Lo anterior, puesto que en el escrito de ampliación en estudio se precisa lo siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE MONEDA ENCARGADO DE INTEGRAR LA ********************1.- hago (sic) mención que esta autoridad generó oficios integrando LA AVERIGUACIÓN PREVIA ******************** Luego, en la demanda de amparo inicial precisó como actos reclamados, entre otros, los siguientes: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; La Norma General que se señala como Acto Reclamado es el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, siendo esto extensivo también los artículos 70 A, 71 A, 72 A, de las "DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO". A los cuales solicitamos sea Declarada de Inconstitucional de estos artículos. Esto de conformidad a lo procedente de acuerdo con el artículo 78 de la Ley de Amparo, para lo cual los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propio norma invalidada. Así como las consecuencias jurídicas y legales que se deriven de ellos. Siendo estos a continuación; (Se omite transcripción) De este modo, el artículo 48 de la Ley de Amparo, establece que cuando se presente una demanda de amparo ante Juez de Distrito y estime carecer de competencia, la remitirá de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo los casos que el mismo precepto establece. De igual forma, los diversos numerales 52 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, cabe señalar que si bien es cierto la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando actos de autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la orden y ejecución del embargo, aseguramiento, inmovilización, congelamiento o cualquier mandato similar sobre las cuentas bancarias de las que es titular; sin embargo, con posterioridad, de su escrito de ampliación de demanda, el cual aduce tuvo conocimiento mediante el informe previo rendido por el Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, se desprende que el aseguramiento de cuentas materia de reclamo deriva del acuerdo dictado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República, dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/249/2014, el cual también constituye el acto reclamado por vía ampliación, lo que se confirma de las constancias digitalizadas que remitió la autoridad responsable. En esa medida, al existir elementos de los que se desprende que los actos reclamados derivan directamente de una orden de aseguramiento ministerial que también es reclamada, dictada dentro de una averiguación previa; entonces, es claro que es el Juez de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, el que tiene competencia material para conocer del asunto, al estar vinculados los actos controvertidos con la actividad persecutoria realizada por el ministerio público. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, así como su ampliación, en razón de que los actos reclamados emanan de una averiguación del orden penal. En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio de amparo, así como los cuadernos incidentales y documentos que forman los cuadernos de pruebas al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, que por razón de turno corresponda. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el telegrama que remite la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, en atención al requerimiento efectuado en auto de veintiuno de octubre del presente año, con el que informa que remitió en versión pública los tomos I y II, así como IV al VII, de la averiguación previa señalada; agréguese a los autos para que obre como corresponda e indíquesele a la oficiante que no ha lugar a tenerle cumpliendo parcialmente dicho requerimiento, toda vez que con el telegrama de cuenta no adjunto el archivo digital de las constancias requeridas. Luego, tomando en consideración los motivos que expone para remitir la totalidad de las documentales requeridas, SE CONCEDE UNA PRÓRROGA de cinco días a la citada autoridad, para que remita digitalizadas la totalidad de constancias que integran la averiguación previa referida, seguida en contra del quejoso, de donde emanó el diverso oficio en mención, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa conforme lo disponen los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Se tiene por recibidos el telegrama que remite la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, en atención al requerimiento efectuado en auto de veintiuno de noviembre del presente año, con el que informa la imposibilidad para dar cumplimiento a dicha recuesta, en razón de que se encuentra transcurriendo la prórroga concedida en el diverso proveído de veintiuno de octubre del año en curso; toda vez que este último, le fue notificado hasta el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve; agréguese a los autos para que obre como corresponda y téngasele informando lo anterior. No obstante, indíquesele a la oficiante que continúan vigentes los apercibimientos decretados en el proveído de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, para el caso de ser omisa.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que no obran las constancias solicitadas a la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, en proveído de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, no obstante haberse concedido diversas prórrogas en proveídos de veintitrés de septiembre y veintiuno de octubre del presente año, así como la remisión de las aludidas documentales en forma digital. Por tanto, conforme a lo dispuesto por los ordinales 62 y 75 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a dicha autoridad para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copias certificadas, completas y legibles de la averiguación previa referida, seguida en contra del quejoso, de donde emanó el diverso oficio en mención; en razón de que este Juzgado de Distrito oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si se actualiza una causa de improcedencia; sustenta lo anterior la Jurisprudencia con el rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL". Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa que oscila de treinta a trescientos días de salario conforme lo disponen los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, lo procedente es DIFERIR la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, por así permitirlo la agenda oficial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo.

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