Adolfo Fraga Parra

Expediente 915/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
915/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán
  • Adolfo Fraga Parra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO: ARMANDO PEÑA CORTÉS, la siguiente resolución: VISTOS, los autos del juicio de amparo número II-915/2019, para resolver el incidente de repetición del acto reclamado que planteó el quejoso Adolfo Fraga Parra; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veinte, ante este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del portal de servicios en línea, con la firma electrónica de Francisco Samuel Rodríguez Valdés, apoderado jurídico del quejoso Adolfo Fraga Parra, promovió denuncia por repetición del acto reclamado en el juicio constitucional en que se actúa, en contra del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. SEGUNDO. En proveído de siete de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la incidencia planteada y se ordenó correr traslado a la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo con copia del escrito correspondiente; asimismo, se le hizo saber que debía rendir informe en relación con la denuncia hecha valer por el referido quejoso, dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento en el que recibiera la notificación de éste. TERCERO. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable rindiendo informe sobre la repetición del acto reclamado, por la vía incidental, que promovió la parte quejosa; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, es competente para conocer y resolver el presente incidente de repetición de acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley de Amparo, en virtud de conocer del juicio constitucional del que deriva dicho incidente. SEGUNDO. Antecedentes. 2.1. Antecedentes del juicio natural. 2.1.1. Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil diecisiete (foja 1 del tomo de pruebas), Armando Peña Cortés, por su propio derecho, promovió juicio ordinario civil sobre prescripción positiva frente a Adolfo Fraga Parra, respecto al bien inmueble que se describe a continuación: ".lote número 6 seis, de la manzana XI once del fraccionamiento popular denominado 'tanque del pastor' perteneciente a la tenencia o localidad de Santa María de Guido, en la ciudad de Morelia, Michoacán, mismo que se encuentra registrado con el número 65 sesenta y cinco del tomo 2034 dos mil treinta y dos del libro de Propiedad del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, perteneciente al Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. [.] . mismo que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 16 dieciséis metros con SARA REYES MENERA. AL SUR: 16 dieciséis metros con MA. DEL CARMEN PARRA CORREA. AL ESTE: 7 siete metros con ALMA LINDA HERRERA ZAMUDIO. AL OESTE: 7 siete metros con calle Madagascar". 2.1.2. La demanda de referencia se turnó al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán, en donde se registró bajo el número 631/2017, y en proveído de siete de agosto de dos mil diecisiete (foja 5 del tomo de pruebas), se admitió a trámite, para lo cual se ordenó el emplazamiento del Adolfo Fraga Parra. 2.1.3. El quince y el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (fojas 6 y 9 del cuaderno probatorio), se recibieron sendos escritos firmados por una persona de nombre Adolfo Fraga Parra, mediante los cuales, en el primero de ellos, se daba por emplazado al juicio de origen; y, en el segundo, se allanaba a las prestaciones de la demanda. 2.1.4. Con motivo de tales peticiones, en proveídos de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 8 y 10 del tomo en consulta), se ordenó ratificar los escritos presentados por la parte demandada, con la finalidad de que pudiese ser emitida la determinación correspondiente. 2.1.5. Así, el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (fojas 11 y 14 del cuaderno de pruebas), a las nueve horas con quince minutos y a las nueve horas con veinte minutos, el ciudadano Adolfo Fraga Parra ratificó los ocursos presentados por él ante el juzgado responsable los días quince y diecisiete de ese mismo mes y año, respectivamente, informando al juzgador que reconocía el contenido y firma contenidos en tales ocursos; tal persona se identificó con copia certificada de la credencial para votar con fotografía expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, de la que se adjuntó una copia simple a cada diligencia de ratificación, para los efectos legales correspondientes. 2.1.6. Virtud de las ratificaciones en comento, el juez de los autos emitió dos proveídos de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 13 y 16 del tomo de pruebas), en los cuales, en el primero, tuvo al accionado dándose por emplazado al juicio; y, en el segundo, por contestando la demanda en el sentido de allanarse a las prestaciones del actor, para todos los efectos legales del caso. 2.1.7. En continuación con la secuela procesal, el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (foja 20 del cuaderno probatorio), citó a las partes a oír sentencia definitiva, la que emitió el doce de septiembre del año en comento (foja 21 del tomo de pruebas), en el sentido de declarar procedentes las prestaciones reclamadas. 2.1.8. De manera congruente con el sentido del fallo, en auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve (foja 38 del tomo probatorio), se pusieron los autos del juicio de origen en estado de ejecución; por ende, se ordenó girar oficio a los directores del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado y de Catastro, a fin de que realizaran las anotaciones pertinentes en las dependencias a su cargo, para que se asentara la propiedad del inmueble objeto de la controversia de origen a favor del promovente de dicho juicio de primera instancia. 2.2. Antecedentes del trámite del presente juicio de amparo. 2.2.1. Francisco Samuel Rodríguez Valdés, en cuanto apoderado legal de Adolfo Fraga Parra, presentó demanda de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "AUTORIDAD RESPONSABLE: JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL EN MORELIA, MICHOACÁN. ACTO RECLAMADO: INEXISTENCIA DEL EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO AL JUICIO DE MI PODERDANTE Y PARTE QUEJOSA ADOLFO FRAGA PARRA, ORIGINARIO DE YACAPISTLA MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, CON FECHA DE NACIMIENTO 14 DE MAYO DE 1964 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO Y CON DOMICILIO EN CALLE ÓPALO, MANZANA 2 LOTE 28 DE CIUDAD CUAHUTEMOC, ECATEPEC DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO Y EN CONSECUENCIA LA NULIDAD ABSOLUTA DE TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO 631/2017 SEGUIDO ANTE EL JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL EN MORELIA, MICHOACÁN, ASÍ COMO DE SUS CONSECUENCIAS LEGALES". 2.2.2. Dicha demanda de amparo fue admitida por auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve. 2.2.3. Mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado. 2.2.4. Seguidos los trámites procesales, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve se terminó de engrosar la sentencia definitiva, conforme a los puntos resolutivos y que, a lo que interesa, son los siguientes: ".PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Adolfo Fraga Parra, contra el acto que reclama al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, para los efectos establecidos en el penúltimo considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el considerando Décimo de este fallo; [...]" La cual se notificó a la responsable el tres de diciembre de dos mil diecinueve. 2.2.5. Dicha resolución causó ejecutoria el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de las obligaciones siguientes: "Dejar insubsistente lo actuado en el juicio ordinario civil 631/2017 de su índice, después de la admisión de la demanda que le dio origen, así como todas las consecuencias legales de las determinaciones que ahí se emitieron, quedando a su cargo el vigilar que los efectos de las mismas se retrotraigan a como se encontraban antes de su dictado; y Debe ordenar de nueva cuenta el emplazamiento de la parte demandada, a fin de que se respete su derecho a ser oído y vencido en el controvertido de origen, quedando en libertad de jurisdicción respecto a la prosecución del controvertido de origen, pero respetando los derechos humanos de los contendientes en el mismo". 2.2.6. Requerimiento que se notificó a la autoridad responsable, el ocho de enero de dos mil veinte. 2.2.7. El quince de enero del año en curso, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, se recibió el oficio 91/2020, signado por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, mediante el cual dicha autoridad informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para acreditarlo, remitió copia certificada del auto de quince de enero de dos mil veinte, así como de diversas constancias derivadas del juicio subyacente; asimismo, mediante oficio 295/2020, presentado en la oficialía de partes de este juzgado el siete de febrero del año en curso, remitió diversas constancias con las que informaba respecto de las actuaciones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector. 2.2.8. En auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cumplida en su totalidad por lo siguiente: ".el efecto identificado en el inciso B) de la sentencia concesoria, se indicó a la autoridad responsable que debía ordenar de nueva cuenta el emplazamiento de la parte demandada, a fin de que se respetara su derecho a ser oído y vencido en el controvertido de origen; en la inteligencia de que se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable respecto a la prosecución del controvertido de origen. En otras palabras, para cumplir con tal efecto, la autoridad responsable tenía el deber de ordenar un nuevo llamamiento a juicio en el que el demandado fuera emplazado debidamente. (.) Lo anterior permite que la parte demandada se vincule a la relación jurídica procesal sin que necesariamente tengan que desahogarse las formalidades establecidas para la notificación. Supuesto en el cual, la autoridad responsable deberá verificar si la persona que acude a emplazarse efectivamente cuenta con la calidad de demandado; hecho lo anterior podrá continuar con la secuela procesal en la que ya se vinculó -por sí misma- la parte demandada en el controvertido. En el caso, el demandado, aquí quejoso, Adolfo Fraga Parra, compareció por medio de su representante legal al juicio ordinario civil 631/2017, a fin de oponer defensas y excepciones y formular reconvención; lo cual ocurrió una vez que acudió al juicio de derechos humanos a combatir las actuaciones que se realizaron previamente en dicho juicio ordinario. Esto es, una vez que se le otorgó el amparo y la protección constitucional, se acogió a lo dispuesto por el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, a saber, acudió al órgano jurisdiccional a darse por emplazado y vincularse a la relación jurídico procesal, con la finalidad de deducir sus derechos. Dicha actitud procesal asumida debió ser valorada por el juzgado responsable a fin de tener por emplazado al demandado y, de este modo, cumplir con el efecto identificado con el inciso B) del presente auto, consistente en que se realizara de nueva cuenta el emplazamiento a la parte demandada a fin de que se respetara su derecho a ser oído y vencido en el controvertido de origen. Ello, habida cuenta de que se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable respecto a la prosecución del controvertido de origen, lo cual implica que válidamente podía proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, y tener a la parte demanda por emplazada al juicio ordinario civil 631/2017, con lo cual, se garantiza que su derecho de audiencia se encuentra asegurado y, a partir de ello, continuar con la secuela procesal correspondiente. En tales circunstancias, con la decisión asumida en auto de quince de enero de dos mil veinte, en la que la autoridad responsable determinó que no había lugar a tener por apersonado al quejoso en el juicio de origen por conducto de su representante legal, se incumple con el punto B del efecto concesorio en la ejecutoria de amparo. (. ) Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, para que, dentro del plazo de tres días, siguiente al en que reciba el oficio que contenga la transcripción del presente proveído, proceda a cumplir en su totalidad con el fallo protector, es decir: PRIMERO. Deberá satisfacer el efecto indicado en el inciso B), por lo que deberá dejar insubsistente el auto de quince de enero de dos mil veinte, en el que le dijo a Francisco Samuel Rodríguez Valdés que no había lugar a acordar sus peticiones. SEGUNDO. En su lugar, a la luz del contenido del presente auto, y de manera particular, observando lo dispuesto por el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, deberá resolver lo conducente en torno a la solicitud de Adolfo Fraga Parra de darse por emplazado al juicio subyacente, así como del resto de las pretensiones hechas valer en dicho ocurso. No se soslaya que en el juicio subyacente la autoridad responsable, en un primer momento, tuvo por emplazada a una persona de nombre Adolfo Fraga Parra, quien había acudido al juicio natural a apersonarse a nombre del demandado -aquí quejoso-; persona que con motivo del juicio de amparo que nos ocupa, se llegó a la conclusión de que no era la misma que el solicitante del amparo. Sin embargo, para dar cumplimiento al requerimiento dictado, puede tomar en cuenta que en el presente juicio de amparo el quejoso Adolfo Fraga Parra compareció a presentar demanda de amparo por conducto de Francisco Samuel Rodríguez Valdés, misma persona que se apersonó en el juicio subyacente a través del multicitado escrito de catorce de enero del año en curso y que, del mismo modo, ha gestionado en el presente juicio de derechos humanos. Cuestión que puede dar certeza en torno a la identidad de la persona que compareció a pretender apersonarse al juicio natural mediante el escrito de catorce de enero del año en curso y la que acudió al presente juicio de amparo." 2.2.10. En cumplimiento al requerimiento de auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable remitió los autos de quince de enero, seis y dieciocho de agosto, todos de dos mil veinte 2.2.11. Finalmente, en resolución de trece de octubre de dos mil veinte, este órgano de control constitucional declaró cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia. 2.3. Antecedentes del trámite del incidente de repetición del acto reclamado. 2.3.1. Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veinte, ante este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del portal de servicios en línea, con la firma electrónica de Francisco Samuel Rodríguez Valdés, apoderado jurídico del quejoso Adolfo Fraga Parra, promovió denuncia por repetición del acto reclamado en el juicio constitucional en que se actúa, en contra del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. 2.3.2. En proveído de siete de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la incidencia planteada y se ordenó correr traslado a la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo con copia del escrito correspondiente; asimismo, se le hizo saber que debía rendir informe en relación con la denuncia hecha valer por el referido quejoso, dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento en el que recibiera la notificación de éste. 2.2.3. Una vez rendido el informe con relación a la repetición del acto, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que se verificó conforme al acta que antecede. TERCERO. Análisis de procedencia. Previo a realizar algún pronunciamiento respeto al fondo de la petición formulada por el incidentista, conviene verificar la procedencia del incidente de repetición planteado, por lo que, en forma inicial, debe mencionarse que el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en lo que aquí interesa, indica: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria. Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional". De la anterior transcripción, se colige que existen tres supuestos regulados en la fracción XVII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, a saber: a) El incumplimiento injustificado de la sentencia de amparo; b) La repetición del acto reclamado; y, c) El cumplimiento sustituto. Al respecto, las hipótesis precisadas con antelación se refieren a cuestiones diversas, ya que la primera presupone una actitud contumaz en la que incurre la autoridad responsable para acatar en sus términos las obligaciones impuestas en el fallo protector; la segunda, radica en la intención de burlar la calidad de cosa juzgada; y, la tercera constituye una imposibilidad en cumplir el fallo en sus términos, al establecer que su cumplimiento implica una afectación mayor a la sociedad con respecto a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, motivo por el cual, el cumplimiento podría sustituirse por el pago de daños y perjuicios. Pues bien, es importante señalar que en el juicio de amparo la concesión tiene por objeto restituir al gobernado en el pleno goce de los derechos humanos que le fueron vulneradas por el acto de autoridad que se ha declarado inconstitucional; bien sea restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, si el acto reclamado es de carácter positivo; si es de carácter negativo, obligando a la autoridad a actuar en el sentido de respetar lo que el derecho humano exija y, cuando se declara inconstitucional una norma, la imposición a la autoridad de excluir al quejoso del ámbito de aplicación del precepto legal teñido de inconstitucionalidad; por lo que cuando es concedida la protección constitucional, los tribunales de amparo se encuentran constreñidos a vigilar el debido cumplimiento que las responsables deben dar al fallo protector. Por su parte, el artículo 199 de la Ley de Amparo establece las reglas para el trámite del incidente citado, por lo que respecta al órgano de control constitucional que sustanció el juicio de derechos humanos, en los términos siguientes: "Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal." Dicho precepto regula el trámite correspondiente a la denuncia de repetición de acto reclamado, en los términos siguientes: La parte interesada podrá denunciar la repetición del acto reclamado dentro del plazo de quince días ante el órgano constitucional que tramitó el amparo; El órgano de control constitucional correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y se le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días; Una vez fenecido, el órgano judicial dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Además, si el sentido de la determinación es que existe la repetición del acto reclamado, el juzgador remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 193 del cuerpo normativo invocado. Asentado lo anterior, no es inadvertido que en la etapa de ejecución del presente juicio, este órgano de control constitucional declaró que la sentencia ejecutoria ya fue cumplida por la autoridad responsable, pues el trámite correspondiente a la ejecución guarda independencia con relación a la secuela procedimental del incidente de repetición de acto reclamado, ello de conformidad con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/2017, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito. De lo anterior, derivó la jurisprudencia P./J. 10/2018, de rubro y texto siguientes: "DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE PREVIAMENTE EL ÓRGANO DE AMPARO TENGA POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Conforme a los artículos 199 y 200, en relación con los diversos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días; denuncia que puede ser presentada independientemente de que exista un pronunciamiento por parte del órgano de amparo respecto del cumplimiento del fallo protector, porque la regulación de ambos procedimientos resulta autónoma entre sí, por lo que su resolución no guarda prelación alguna, ya que el cumplimiento del fallo protector debe analizarse de oficio por el tribunal de amparo, estudiando si la autoridad responsable acató lo ordenado en la sentencia federal y verificando que no haya exceso o defecto en el cumplimiento mencionado, mientras que la denuncia de repetición del acto reclamado no procede de oficio, pues debe hacerla valer la parte que considere que el nuevo acto o resolución es reiterativo del declarado inconstitucional, dentro del plazo de 15 días, y su tramitación es diversa y autónoma del procedimiento para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, el justiciable tiene legalmente el derecho de denunciar la repetición del acto reclamado independientemente de que exista la resolución que tenga por cumplido el fallo protector, por lo que podrá hacerla valer considerando como acto repetitivo la resolución o acto con el cual la autoridad dio cumplimiento a la sentencia de amparo o un nuevo acto o resolución distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo." Lo resaltado es propio. En el contexto que antecede, se obtiene que el promovente acude a denunciar la repetición del acto reclamado con base en los hechos que formuló como antecedentes de la repetición del acto incidido, en lo que importa, lo siguiente: "PRIMERO. En fecha 15 de enero de 2020, el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, emitió el siguiente auto: ".Se le dice al apoderado jurídico de la actora que no ha lugar a acordar de conformidad sus peticiones, toda vez que en el auto admisorio no se ordenó el emplazamiento del demandado a través de su apoderado jurídico, ni lo solicitó así el actor, ello atendiendo a que el emplazamiento debe ser realizado de manera personal y directa a la parte reo, y siguiendo las formalidades legales previstas. . Atendiendo a que no se le puede reconocer el carácter con el que se ostenta no es posible acordar de conformidad sus peticiones, en especial a la recusación sin expresión de causa que pretende."; virtud a ello se originó el incidente de incumplimiento de ejecutoria de amparo, el cual se resolvió ordenando se ordenara a la autoridad responsable dejar sin efectos el auto de fecha 15 de enero de 2020, lo cual el juez quinto de Primera Instancia Civil en Morelia, Michoacán, se negó a realizar hasta el día 12 de agosto de 2020, mediante auto en el que manifestó: ".Amparo directo civil 915/2019 Por recibido oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, mediante el cual requiere a este juzgado para que en el término de 3 días de cumplimiento a la resolución de 28 de febrero de 2020, se ordena cumplir con la totalidad del fallo protector, se deja insubsistente el auto de 15 de enero de 2020, y resolver lo conducente en torno a la solicitud de AFP de darse por emplazado a juicio así como las demás pretensiones hechas valer. . Este Juzgado se encuentra imposibilitado a dar cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, por las razones expuestas el 6 de los corrientes. Una vez que transcurra el término, se le informará del trámite que se realice a fin de dar cumplimiento cabalmente con la ejecutoria de amparo. Remítase las copias certificadas respectivas. SEGUNDO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR EL JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL OMITE PRECISAR QUE: entre la fecha en que se negó a tener al suscrito emplazándose por Adolfo fraga parra y la fecha en la cual en acatamiento al fallo protector, formalmente le da intervención al suscrito, EMITIÓ AUTOS EN LOS CUALES AÚN CUANDO YA ERA ILEGAL, PERMITIÓ A LA PARTE ACTORA LA AMPLIACIÓN DE SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, AMPLIACIÓN QUE NO DEJÓ SIN EFECTOS Y QUE POR ENDE EXISTE UNA INEXISTENCIA DE EMPLAZAMIENTO AL QUEJOSO QUE REPRESENTO, DEJANDOLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN, ELLO PUES DEL SISTEMA ELECTRONICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN SE APRECIAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 1.- 12 DE FEBRERO DE 2020.- ".Se le tiene a los apoderados jurídicos de la parte actora, otorgando poder general para pleitos y cobranzas, carácter que le queda reconocido. Se le tiene señalando domicilio para recibir notificaciones personales y autorizando a las personas que indica. Se manda reservar la ampliación de demanda para ser acordada en cuanto al fondo toda vez que obre en autos el exhorto 3/2020, deducido del juicio, para estar en condiciones de saber si a la fecha el demandado ha sido debidamente emplazado. Se le dice que respecto al oficio que refiere, previamente deberá exhibir la escritura que solicita que sea cancelada, para los fines legales indicados; 2.- 26 DE FEBRERO DE 2020.- ".Se le tiene al actor dando cumplimiento con la prevención que se le hizo por auto de 17 de los corrientes, señala código postal del demandado. Por lo que el domicilio correcto del demandado es el indicado en autos, se ordena girar nuevamente exhorto. Se ordena girar oficio al Registro Público en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dicha cancelación se deberá hacer exenta del pago de los derechos fiscales respectivos. Tal como se desprende de la página https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/supremo/listaAcuerdosExpediente.aspx?op=ju zgados&distrito=morelia TERCERO. En este orden de ideas cabe señalar que la omisión del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil en Morelia, Michoacán, de tener a ADOLFO FRAGA PARRA, dándose por emplazado, generó consecuencias jurídicas, CONSISTENTES EN QUE PERMITIÓ LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE ORIGEN, EN CONTRA DE ADOLFO FRAGA PARRA. ASÍ MISMO AL DEJAR SIN EFECTOS EL AUTO DE DATA 15 DE ENERO DE 2020, NO TÉRMINA CON LOS EFECTOS JURIDICOS QUE DICHA OMISIÓN PRODUJO, ES DECIR, EL REVOCAR LOS AUTOS VIRTUD A LOS CUALES PERMITIÓ LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE ORIGEN EN CONTRA DE ADOLFO FRAGA PARRA, GENERANDO NUEVAMENTE REPETICIÓN EN EL ACTO RECLAMADO, AL PERMITIR LA SUBSISTENCIA DE EL EJERCICIO DE ACCIONES DIVERSAS Y HECHOS DIVERSOS, DESCONOCIDOS PARA ADOLFO FRAGA PARRA, SIN LLAMARLO A JUICIO, LO CUAL FUE EL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO PRINCIPAL DE GARANTÍAS. CUARTO.- SOLICITO SE DE CURSO A LA PRESENTE DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y PARA EL CASO DE RESULTAR FUNDADA SE PROCEDA A REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE SIN EFECTOS LOS AUTOS DE FECHAS 12 Y 26 DE FEBRERO DE 2020 Y ACTUAR CONTRA LA AUTORIDAD RESPONSABLE CONFORME AL ARTÍCULO 200 DE LA LEY DE AMPARO." De la narrativa que antecede, se obtiene que el quejoso señala que la autoridad responsable incurre en repetición del acto reclamado virtud a que, al tenor de lo transcrito, previo a tenerlo por apersonándose al juicio natural, aquélla dictó dos proveídos, de los que se obtiene lo siguiente: Doce de febrero de dos mil veinte, en que ordenó reservar el escrito de ampliación presentado por la parte actora en el juicio natural; y, Veintiséis del mismo mes y año, en el cual, tuvo al actor proporcionando la información correcta, relativa al domicilio donde podría ser emplazada la parte demandada (aquí quejosa). Ahora, para que pueda actualizarse una repetición de acto, previamente debe atenderse al cumplimiento dado por la autoridad responsable en atención a los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, en donde, invariablemente, primero debe haberse dejado sin efectos la determinación u omisión reclamada por la parte quejosa, pues no podría existir la repetición de un acto que antes no se ha dejado sin efectos. Posteriormente, debe analizarse si la nueva determinación tildada de repetitiva guarda estrecha identidad con la declarada preliminarmente inconstitucional. Aquí, es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la repetición del acto únicamente procederá contra actos de naturaleza positiva, pues la actuación a analizar implica el imponer a la autoridad responsable una obligación de actuar, que envuelve, a su vez, una diversa de no hacer, esto es, de emitir una posterior determinación en la que no repita las mismas violaciones contenidas en el acto primitivo, por las cuales ya se otorgó la protección constitucional al quejoso. Lo anterior es así, si se toma en consideración que la institución de repetición de acto reclamado no se creó para evitar que la autoridad responsable dicte otros actos con efectos a los que tuvo el diverso decretado inconstitucional, ni para analizar si el nuevo es violatorio o no de derechos fundamentales, pues su finalidad última, es que la responsable no eluda el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculante de la sentencia dictada en un amparo. Bajo ese principio, el incidentista señala que la autoridad responsable incurre en repetición de acto reclamado al haber dictado las determinaciones de doce y veintiséis de febrero de dos mil veinte, por consiguiente, debe asentarse que a éstas les reviste naturaleza positiva, pues la autoridad responsable se pronunció respecto a diversos aspectos que el quejoso señala le causan agravio virtud a su repetición. Empero, este órgano de control constitucional no advierte que la autoridad responsable haya incurrido en una repetición de acto reclamado, por lo siguiente: En principio, los autos revelan lo siguiente: El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve se terminó de engrosar la sentencia definitiva, conforme a los puntos resolutivos y que, a lo que interesa, son: ".PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Adolfo Fraga Parra, contra el acto que reclama al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, para los efectos establecidos en el penúltimo considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el considerando Décimo de este fallo; [...]" Dicha resolución causó ejecutoria el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de las obligaciones siguientes: "Dejar insubsistente lo actuado en el juicio ordinario civil 631/2017 de su índice, después de la admisión de la demanda que le dio origen, así como todas las consecuencias legales de las determinaciones que ahí se emitieron, quedando a su cargo el vigilar que los efectos de las mismas se retrotraigan a como se encontraban antes de su dictado; y Debe ordenar de nueva cuenta el emplazamiento de la parte demandada, a fin de que se respete su derecho a ser oído y vencido en el controvertido de origen, quedando en libertad de jurisdicción respecto a la prosecución del controvertido de origen, pero respetando los derechos humanos de los contendientes en el mismo" Mediante escrito presentado el catorce de enero de dos mil veinte, el aquí quejoso, por conducto de sus apoderados jurídicos, acudió a apersonarse al juicio natural. El quince de enero de dos mil veinte, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable dejó sin efectos todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 631/2017. Asimismo, en dicho proveído ordenó emplazar al juicio al tercero interesado (aquí quejoso) vía exhorto, y determinó que no había lugar a tener por apersonado al quejoso en el juicio de origen por conducto de su representante legal. El doce de febrero de dos mil veinte, la responsable, entre otras cosas, ordenó reservar el escrito de ampliación presentado por la parte actora en el juicio natural, hasta que fuera devuelto el exhorto que giró a fin de llamar a juicio a la parte demandada. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, la responsable tuvo por devuelto sin diligenciar la comunicación oficial 3/2020, ya que no se señaló código postal del domicilio proporcionado en autos a fin de lograr el emplazamiento del demandado, motivo por el cual requirió al actor para que proporcionara los datos correctos, además, asumió a la parte actora por ampliando su demanda. En auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, la responsable tuvo al apoderado del actor cumpliendo con el requerimiento anotado en el punto inmediato anterior y, en consecuencia ordenó girar exhorto a fin de emplazar a la parte demandada (aquí quejoso) Finalmente, el dieciocho de agosto de dos mil veinte, la autoridad responsable, dejó sin efectos el proveído de quince de enero de dos mil veinte, dio cuenta nuevamente con el escrito presentado por el aquí quejoso el catorce de enero de dos mil veinte y lo tuvo por apersonándose dentro del juicio natural. Ahora, la repetición del acto reclamado el quejoso a hace depender de la particularidad de que la autoridad responsable emitió dos acuerdos (de doce y veintiséis de febrero de dos mil veinte), no obstante que se había decretado como efectos de la concesión del amparo la insubsistencia de todo lo actuado y la orden de emplazamiento al quejoso, por un lado; y, por otro, que la autoridad responsable -en aquellos autos- permitió una ampliación de demanda a la parte actora antes de que tuviera al quejoso por emplazado al juicio del cual derivan los actos reclamados. Al respecto, es infundado lo esgrimido por el ahora incidentista, toda vez que el acto reclamado en el presente juicio de amparo fue todo lo actuado en el juicio 631/2017, concluido con sentencia, sin haber emplazado legalmente al quejoso del presente juicio de amparo; acto que se estimó violatorio de los derechos fundamentales del promovente Adolfo Fraga Parra, pues se acreditó que éste -ostentándose como tercero extraño al referido juicio civil- no había sido emplazado al precitado juicio civil, no obstante haber concluido con sentencia definitiva. En esas condiciones, no puede existir una repetición del acto reclamado, porque las actuaciones a que alude el ahora incidentista (autos de doce y veintiséis de febrero de dos mil veinte) no revelan que la autoridad responsable, una vez ordenado la reposición del procedimiento del juicio civil, hubiera continuado su sustanciación hasta el dictado de la sentencia sin haber emplazado al ahora quejoso; por lo contrario, se aprecia que, virtud a los efectos de la concesión del presente juicio de amparo, la autoridad responsable -en auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte tuvo por apersonado y emplazado al quejoso, a través de su apoderado jurídico, esto es, en fecha en que el juicio civil se encontraba en la etapa postulatoria con motivo de la reposición del procedimiento civil. De ahí que no puede estimarse que exista una repetición de actos reclamados. Además, lo anterior se sustenta si se tiene en cuenta los efectos específicos de la concesión del amparo, en relación al actuar de la autoridad responsable, específicamente a la luz de los dos autos emitidos por ésta y que alude el ahora incidentista en su pretensión, Veamos: En principio, respecto al primero de los efectos de la sentencia de amparo emitida el veintinueve de septiembre de dos mil diecinueve, cabe precisar que la autoridad responsable, en auto de quince de enero de dos mil veinte dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 631/2017, con posterioridad al auto admisorio, como así se determinó en la resolución de este juzgado federal de veintiocho de febrero de dos mil veinte. Por tanto, si bien con posterioridad al quince de enero de dos mil veinte, la autoridad emitió los dos autos a los que alude el ahora incidentista, lo cierto es que en ninguno de ellos hizo alusión a que pervivieran las actuaciones cuya insubsistencia se le había trazado en los lineamientos de la sentencia de amparo emitida el veintinueve de setiembre de dos mil diecinueve. Además, en los dos autos a que alude el quejoso en su incidencia (de doce y veintiséis de febrero de dos mil veinte), en el primero de ellos, la autoridad responsable se reservó proveer una ampliación de demanda realizada por la parte actora hasta en tanto se contara con el resultado del exhorto que se había girado con la finalidad de emplazar a la parte aquí quejosa, en tanto en el segundo de los acuerdos, la autoridad responsable proveyó de conformidad un requerimiento que había formulado a la parte actora inherente a la localización del quejoso para efectos de girar un nuevo exhorto con la finalidad de emplazarlo. Esto es, en uno y otro acuerdo surgieron a la vida jurídica con posterioridad al auto de quince de enero de dos mil veinte (en el que la responsable había dejado insubsistente lo actuado en el juicio ordinario civil 631/2017, a partir del auto admisorio); incluso la emisión de aquellos dos acuerdos derivan, precisamente, por el estado procesal prevaleciente por virtud de la insubsistencia de actuaciones en acatamiento a la sentencia de amparo. De donde se sigue con la emisión de aquellos acuerdos a que alude el quejoso (de doce y veintiséis de febrero de dos mil veinte), no se haya repetido los actos reclamados que fueron materia de la ejecutoria del amparo. Ahora, en relación al segundo de los efectos de la ejecutoria dictada en el presente amparo, la autoridad responsable tuvo al quejoso -ahora incidentista- por apersonado y emplazado en auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte, según se determinó por este juzgado federal en la resolución de cumplimiento de trece de octubre de dos mil veinte. Luego, si bien la responsable emitió los dos autos a los que alude el quejoso (de doce y veintiséis de febrero de dos mil veinte), esto es, que emitió dichos proveídos con antelación al diverso de dieciocho de agosto de dos mil veinte, en que tuvo al aquí quejoso-incidentista como emplazado y apersonado al juicio ordinario civil, ello tampoco revela que existiera una repetición del acto reclamado. Se concluye de esa manera: En primera, porque -como ya se apuntó- los dos acuerdos a que alude el quejoso (de doce y veintiséis de febrero de dos mil veinte) como sustento de la repetición hecha valer, derivaron, precisamente, virtud al estado procesal derivado de la insubsistencia de actuaciones en acatamiento a la sentencia de amparo. En segunda, porque la emisión del acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte (invocado por el ahora incidentista), sólo tenía como objetivo la localización del quejoso para lograr su emplazamiento, el que, al final, se tuvo por realizado en el auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte (emitido por la responsable). Esto es, el acuerdo citado al inicio de este apartado habría quedado sin eficacia y trascendencia jurídica en razón del ulterior (de dieciocho de agosto pasado) En tercera, porque en el diverso acuerdo de doce de febrero de dos mil veinte (invocado por el ahora incidentista), la autoridad responsable sólo reservó acordar el fondo de la ampliación de la demanda hecha valer por la parte actora del juicio ordinario civil (ampliación que la actora pretendió hacer valer, precisamente, con motivo de que la responsable, en auto de quince de enero de dos mil veinte, había dejado insubsistente las actuaciones de ese juicio civil, en acatamiento a la ejecutoria del presente amparo); mas no proveyó -en dicho acuerdo- favorablemente la ampliación de demanda civil. En cuarta, porque aun cuando se demostrara que con antelación al auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte (en que se tuvo por emplazado al quejoso al juicio ordinario civil), la autoridad hubiere proveído de conformidad la ampliación de la demanda realizada por la parte actora del juicio, tal circunstancia tampoco revelaría una repetición del acto reclamado, porque el efecto segundo de la ejecutoria de amparo se materializó, precisamente, en el auto de dieciocho de agosto del año pasado. Y en quinta, porque aun cuando la responsable hubiese proveído de conformidad la ampliación de demanda civil realizada por la parte actora, sin haber emplazado con la misma al quejoso en el presente juicio de amparo, lo cierto es que sí lo tuvo por emplazado y apersonado al juicio civil respecto de la demanda inicial; de suerte que si el ahora incidentista estimara que la autoridad responsable no hubiese actuado correctamente al proveer respecto de la ampliación de la demanda civil o, bien, de que no lo emplazó con la apuntada ampliación de demanda, ello escapa a la litis del presente incidente, porque la referida ampliación de demanda civil, por un lado, no fue materia de la ejecutoria de amparo; por otro lado, la pretensión de la ampliación de demanda civil surgió como cuestión derivada de la insubsistencia de actuaciones con motivo de la ejecutoria del presente amparo; y, en uno más, porque al estar el quejoso emplazado al juicio civil tiene la oportunidad de hacer valer en el mismo las infracciones procedimentales que estime conducentes en relación tanto con la admisión de la ampliación de la demanda civil como de su no emplazamiento con ella. En relación a esto último, tiene aplicación por analogía la tesis 1a. XCV/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido refiere: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE CONFIGURA CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DICTA UN ACTO DE EFECTOS SIMILARES AL QUE SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efecto y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional; luego, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de garantías, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo, para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo." Por todas las consideraciones precedentes, deviene infundado el incidente de petición promovido por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se declara infundado la denuncia de repetición del acto reclamado formulada por Francisco Samuel Rodríguez Valdés, apoderado jurídico del quejoso Adolfo Fraga Parra.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por Francisco Samuel Rodríguez Valdés, apoderado jurídico del quejoso Adolfo Fraga Parra, mediante el cual solicita el dictado de la interlocutoria correspondiente al incidente de repetición del acto reclamado hecho valer en el presente juicio; atento a su contenido, dígasele que se esté a lo determinado en la interlocutoria de esta misma data, para los efectos legales pertinentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  3. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se declara infundado la denuncia de repetición del acto reclamado formulada por Francisco Samuel Rodríguez Valdés, apoderado jurídico del quejoso Adolfo Fraga Parra.

  4. Principal

    AUDIENCIA DE ALEGATOS. En Morelia, Michoacán, a las diecisiete horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia de alegatos relativa a la denuncia de repetición del acto reclamado formulada en el presente asunto, el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la licenciada Cristina García Maya, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental relativa al juicio de amparo II915/2019, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Acto seguido, la secretaria hace relación de las constancias de autos consistentes en: El escrito de cuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual la parte quejosa realizó la denuncia por repetición del acto reclamado Auto de siete de septiembre del año en curso mediante el cual se admitió a trámite la citada incidencia. El informe rendido por la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial. A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede y por rendido el informe de la autoridad respon Se declara abierto el período probatorio: La secretaria hace constar que ninguna de las partes exhibió medios de convicción. A lo que el Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecerlas; en consecuencia, se cierra este período. Se abre el período de alegatos: La secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el Juez acuerda: En consideración que ninguna de las partes formuló alegatos se cierra esta fase. Al no existir escrito pendiente por acordar ni diligencia que practicar, se da por terminada la presente audiencia y cuando las labores del juzgado lo permitan, se pronunciará la interlocutoria respectiva. Doy LIC. REYNALDO PIÑÓN RANGEL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN LIC. CRISTINA GARCÍA MAYA SECRETARIA DEL JUZGADO.

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