Adolfo Estrada Diaz
Expediente 216/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 216/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Adolfo Estrada Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que las partes no recurrieron la sentencia definitiva dictada en el sumario, mediante la cual se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. En ese contexto, una vez que sea notificado este acuerdo a las partes, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto total y legalmente concluido, previo las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno correspondiente. Destrucción del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo, al que se le deberá agregar copia del presente acuerdo. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que las partes no recurrieron la sentencia definitiva dictada en el sumario, mediante la cual se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. En ese contexto, una vez que sea notificado este acuerdo a las partes, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto total y legalmente concluido, previo las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno correspondiente. Destrucción del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo, al que se le deberá agregar copia del presente acuerdo. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
MESA V-B AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido por el licenciado José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 216/2019, promovido por José Macías Bárcenas, por su propio derecho, contra actos del Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León y de otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. Enseguida, el Secretario del juzgado certifica que en este acto se procedió a dar lectura de las constancias que obran en el sumario, las cuales se tienen por reproducidas. Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias, para los efectos a que haya lugar. No se inadvierten las constancias remitidas por el juzgado homólogo, relativas a los juicios de amparo 366/2019 y 1438/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Nuevo León. Empero, de su contenido se advierte que aun cuando es coincidente la parte quejosa y las autoridades responsables, no hay identidad de los actos reclamados, dado que el predio a que aluden no es coincidente con el relativo al actual asunto, motivo por el cual, atento la particularidad de la contienda, no se advierte obstáculo para continuar con la presente audiencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio sin que las partes ofrecieran medio de convicción alguno. Al no existir más escritos con que dar cuenta al Juez se cierra dicho período. A continuación se abre el período alegatos, los que no fueron formulados por las partes. Acto continuo se cierra el citado periodo. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes de desahogar, el Juez acuerda dar por concluida la presente diligencia y procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 216/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el ocho de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, José Macías Bárcenas, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el expediente 216/2019, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 25/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de noviembre de dos mil diecisiete. Esto, al reclamarse actos de naturaleza administrativa de autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: Del Ayuntamiento y Secretario de Seguridad Pública y Vialidad, ambos de Santa Catarina, Nuevo León, Gobernador del Estado de Nuevo León y Director de Administración del Organismo Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua: - La orden de desalojo y demolición de la finca que está sobre el terreno identificado como lote AN-42, ubicado al margen izquierdo del Arroyo el Obispo, entre el tramo de carretera a García y calle Bosques de la Huasteca, en Santa Catarina, Nuevo León. - El procedimiento administrativo atinente iniciado en su contra. - La realización de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, tales como tortura psicológica, malos tratos y amenazas. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Secretario de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Catarina, Nuevo León, Gobernador del Estado de Nuevo León y Director de Administración del Organismo Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, negaron categóricamente el acto que se les reclama. Por otro lado, aun cuando el Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, indicó que diversas dependencias administrativas del municipio actuaron en auxilio de las diligencias realizadas por la Comisión Nacional del Agua en los márgenes del Arroyo el Obispo, dentro del municipio, tal manifestación no es suficiente para advertir la certeza de los actos reclamados. Lo que se afirma, pues lo así expuesto no revela que contrario a lo indicado por el Director de Administración del Organismo Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, sí se emitieran y ordenaran los actos que se reclaman. Además, la manifestación del Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, no se encuentra robustecida con algún medio de convicción, por lo que en tal virtud, debe tenerse por inexistentes los actos de ejecución que a dicha potestad se atribuyen. Atento lo anterior, debe decirse que uno de los presupuestos de la acción de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, pues no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y en su caso la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso, de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que los actos cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existen. La ley de la materia, establece tres vías para determinar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y la última, aunque más usual, es mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. En el asunto concreto, no existe en autos dato objetivo alguno que confirme la participación que se imputa a las autoridades antes mencionadas en los actos reclamados, de ahí que se considere en sus términos la negativa expresada por las autoridades. Además, debe señalarse que del contenido de la demanda de amparo no se desprende que el quejoso se encuentre privado de su libertad, por lo que no queda de manifiesto que pueda ser objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Lo anterior es así, pues se insiste en que no se proporcionan datos o medios de convicción de los que se advierta que efectivamente que se encuentre privado de la libertad, aspecto que se estima indispensable para ser objeto de los actos relativos a la tortura psicológica, malos tratos y amenazas, pues a juicio de este juzgador, la afectación aducida por el quejoso no podría llevarse a cabo estando en libertad. Luego, sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa apuntada por las responsables, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por José Macías Bárcenas, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
AGRÉGUESE EL OFICIO DE LA RESPONSABLE... SE TIENE POR HECHA DICHA COMUNICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR...
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