Adolfo Cruz López

Expediente 292/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
292/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
22/05/2019

Partes del expediente

  • Adolfo Cruz López
  • Junta Especial número Cuarenta y Seis de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que hayan transcurrido más de seis meses de haberse archivado este asunto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en acatamiento a lo previsto en el punto quinto del Acuerdo General 10/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y del oficio STCCNO/835/2015 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; dictó sentencia en el amparo directo laboral número 292/2018, en la que concedió a Adolfo Cruz López, la protección constitucional para los siguientes efectos: "1. Que la autoridad responsable deje "insubsistente el laudo reclamado, y, 2. Emita una nueva "en la que reitere las cuestiones que no son materia de la "presente concesión, se pronuncie nuevamente respecto "de la reclamación consistente en el otorgamiento de una "pensión de invalidez y teniendo en consideración los "padecimiento diagnosticados en la totalidad de los "dictámenes periciales rendidos en el juicio, determine si, "por sus particularidades, impiden al actor procurarse un "ingreso mayor al cincuenta por ciento de su "remuneración habitual percibida durante el último año "de trabajo y en libertad de jurisdicción resuelva lo que "en derecho proceda.". (foja 70 vuelta). El aspecto que debía reiterar la responsable por no haber sido materia de la concesión (punto 2 de los efectos del fallo constitucional), es el siguiente: La absolución del instituto demandado al otorgamiento y pago de la pensión de incapacidad permanente parcial. Este órgano colegiado, por auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio 2642/2018, de veintisiete de noviembre anterior, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que remitió el amparo directo 292/2018, con la sentencia dictada en el mismo, así como el expediente 199/2011; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento al fallo constitucional e informara del mismo (foja 130). De autos se advierte que la autoridad informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 149), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 156). En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el laudo de siete de diciembre de dos mil diecisiete, y ordenó turnar los autos al auxiliar de su adscripción para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente (foja 136). El siete de enero de dos mil diecinueve, dictó un nuevo laudo, en el que: 1) Reiteró la absolución respecto del reclamo consistente en el otorgamiento y pago de la pensión de incapacidad permanente parcial (fojas 143 y 144). 2) Se pronunció nuevamente respecto de la reclamación relativa al otorgamiento de la pensión de invalidez, para lo cual siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, analizó las periciales médicas desahogadas en el juicio. Así, determinó lo siguiente: a) Tanto el perito del actor con el tercero en discordia, señalaron que el asegurado presenta afectaciones en su columna, audición y visión; circunstancias que le impiden continuar con las actividades que realizaba durante su vida laboral, de manera que si continúa trabajando, empeoraría su salud debido a la severidad de los padecimientos. b) El dictamen rendido por el experto del instituto no tiene valor probatorio, ya que es dogmático, carente de sustento legal, aunado a que sus conclusiones se oponen a los pronósticos clínicos que se deprenden de las notas médicas que se adjuntaron al mismo; por lo que tal dictamen no genera certeza demostrativa. 4) Por lo anterior, concluyó que el accionante se encuentra en un estado de invalidez, ya que dadas las enfermedades generales que le fueron diagnosticadas, el asegurado se encuentra imposibilitado para procurarse una remuneración superior al cincuenta por ciento de la que percibió durante su último año de servicios. 5) En consecuencia, condenó al instituto al otorgamiento y pago de la pensión relativa, así como a cubrir las prestaciones inherentes a tal beneficio, esto es, incrementos a la misma, aguinaldo y asistencia médica. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo acordó y firma el Magistrado Octavio Chávez López, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanís, secretaria de acuerdos que da fe.- Doy fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso c) DE LA LEY DE AMPARO.Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en acatamiento a lo previsto en el punto quinto del Acuerdo General 10/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y del oficio STCCNO/835/2015 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; dictó sentencia en el amparo directo laboral número 292/2018, en la que concedió a Adolfo Cruz López, la protección constitucional para los siguientes efectos: "1. Que la autoridad responsable deje "insubsistente el laudo reclamado, y, 2. Emita una nueva "en la que reitere las cuestiones que no son materia de la "presente concesión, se pronuncie nuevamente respecto "de la reclamación consistente en el otorgamiento de una "pensión de invalidez y teniendo en consideración los "padecimiento diagnosticados en la totalidad de los "dictámenes periciales rendidos en el juicio, determine si, "por sus particularidades, impiden al actor procurarse un "ingreso mayor al cincuenta por ciento de su "remuneración habitual percibida durante el último año "de trabajo y en libertad de jurisdicción resuelva lo que "en derecho proceda.". (foja 70 vuelta). El aspecto que debía reiterar la responsable por no haber sido materia de la concesión (punto 2 de los efectos del fallo constitucional), es el siguiente: La absolución del instituto demandado al otorgamiento y pago de la pensión de incapacidad permanente parcial. Este órgano colegiado, por auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio 2642/2018, de veintisiete de noviembre anterior, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que remitió el amparo directo 292/2018, con la sentencia dictada en el mismo, así como el expediente 199/2011; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento al fallo constitucional e informara del mismo (foja 130). De autos se advierte que la autoridad informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 149), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 156). En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el laudo de siete de diciembre de dos mil diecisiete, y ordenó turnar los autos al auxiliar de su adscripción para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente (foja 136). El siete de enero de dos mil diecinueve, dictó un nuevo laudo, en el que: 1) Reiteró la absolución respecto del reclamo consistente en el otorgamiento y pago de la pensión de incapacidad permanente parcial (fojas 143 y 144). 2) Se pronunció nuevamente respecto de la reclamación relativa al otorgamiento de la pensión de invalidez, para lo cual siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, analizó las periciales médicas desahogadas en el juicio. Así, determinó lo siguiente: a) Tanto el perito del actor con el tercero en discordia, señalaron que el asegurado presenta afectaciones en su columna, audición y visión; circunstancias que le impiden continuar con las actividades que realizaba durante su vida laboral, de manera que si continúa trabajando, empeoraría su salud debido a la severidad de los padecimientos. b) El dictamen rendido por el experto del instituto no tiene valor probatorio, ya que es dogmático, carente de sustento legal, aunado a que sus conclusiones se oponen a los pronósticos clínicos que se deprenden de las notas médicas que se adjuntaron al mismo; por lo que tal dictamen no genera certeza demostrativa. 4) Por lo anterior, concluyó que el accionante se encuentra en un estado de invalidez, ya que dadas las enfermedades generales que le fueron diagnosticadas, el asegurado se encuentra imposibilitado para procurarse una remuneración superior al cincuenta por ciento de la que percibió durante su último año de servicios. 5) En consecuencia, condenó al instituto al otorgamiento y pago de la pensión relativa, así como a cubrir las prestaciones inherentes a tal beneficio, esto es, incrementos a la misma, aguinaldo y asistencia médica. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo acordó y firma el Magistrado Octavio Chávez López, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanís, secretaria de acuerdos que da fe.- Doy fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veinticinco de enero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.

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