Adolfo Cordova Chacon

Expediente 1024/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1024/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Adolfo Cordova Chacon

Actuaciones

  1. Principal

    "MESA 1" Ciudad de México, catorce de enero del dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del proveído de fecha treinta de diciembre de la pasada anualidad, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo dentro del presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. De conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En consecuencia, una vez transcurrida dicha temporalidad, y destruido el expediente, dentro de los treinta días siguientes se deberá remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.****

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Ciudad de México, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días otorgado a la parte quejosa a efecto de que desahogara la prevención realizada en autos, sin que a la fecha realizara manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de catorce de diciembre del año en curso y por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Lo anterior, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA"4" SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO Y/O AUTORIZADOS EL PROVEÍDO DE FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS M<IL VIENTUNO. Ciudad de México, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ---------------------------, regístrese con el número 1024/2021-4;Genérese el expediente electrónico e impreso. Improcedencia de la suspensión de plano y oficio No se soslaya, que la parte quejosa en su escrito de demanda, en el capítulo de suspensión del acto reclamado, solicitó la medida cautelar con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo que a la letra contempla: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En tanto que el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Sin embargo, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura íntegra de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o por el 126 de la Ley de amparo, en perjuicio de la parte quejosa. Por lo anterior, no procede decretar la suspensión de plano en el presente asunto. Consideración Previa Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis se advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, mandará prevenir al promovente para que subsane los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que los quejosos puedan subsanarlas en tiempo. Prevención En ese sentido, de conformidad con el artículo 112, 114, fracciones I y II; y, 108 fracción III de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente en que surta efectos su legal notificación, realice lo siguiente: 1. Precise de manera concreta el acto que pretende combatir en esta vía, así como la autoridad a quien atribuye el acto reclamado que pretende combatir en esta vía indirecta. Ello es así, pues de la forma en que se encuentra redactada la demanda de amparo que nos ocupa, genera incertidumbre respecto de la o las autoridades que el promovente del amparo pretende señalar como responsables en esta instancia. En efecto, una vez analizado el escrito inicial que nos atañe, se desprende que en el apartado correspondiente la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: - La orden de aprehensión y detención; así como su ejecución. Sin embargo, dada la naturaleza de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y/o detención, no pueden atribuirse de manera genérica a las autoridades que señala como responsables, en tanto que las potestades facultadas para dictar los mismos, son de índole judicial y otras administrativas. Al respecto, los numerales 141 y 142, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén el marco normativo relacionado con las formas de conducción del imputado a proceso, al establecer textualmente lo que sigue: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. ." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." En ese sentido, la orden de aprehensión constituye una medida excepcional para que el imputado, sin previa cita, sea conducido a la presencia del juez de control; sin embargo, el Ministerio Público deberá demostrar ante dicha autoridad jurisdiccional la existencia de la necesidad de cautela. El objetivo de dicho mandato de captura se traduce en poner al detenido a disposición del juez de control a través de la fuerza pública, a fin de lograr la celebración de la audiencia inicial; en la cual, el Ministerio Público pueda formularle imputación y expresar los datos de prueba correspondientes, y a su vez, permitir a dicha autoridad jurisdiccional que dicte el auto de vinculación a proceso y formalice la investigación. Es decir, en el marco del sistema procesal penal de corte acusatorio, la orden de aprehensión constituye un acto que emite la autoridad jurisdiccional correspondiente, mediante el cual, sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado para los fines antes apuntados. Por tanto, dicho mandato de captura debe entenderse como una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial en la que el Ministerio Público obligatoriamente deberá acreditar la necesidad de cautela. Bajo dicha premisa, vista la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que el promovente del amparo, únicamente señaló como autoridad responsable ordenadora a la siguiente: "2.- Se señala como autoridad responsable de ORDENAR, al poder judicial de la ciudad de México jueces de control en materia penal" Énfasis propia Autoridad que cabe destacar, de la forma en la que se encuentra plasmada, genera confusión en este juzgado a efecto de establecer de manera concreta la potestad a la cual habrá de emplazarse a juicio. Ello es así, pues de la manera en que se encuentra plasmada dicha autoridad, se colige que probablemente, el promovente del amparo pretende señalar a los jueces de control en materia penal de la Ciudad de México. Sin embargo, no se advierte a qué se refiere el justiciable al momento de señalar como tal al poder judicial de la Ciudad de México, pues las facultades de dicha institución no son propiamente las de emitir una orden de aprehensión, ni mucho menos una detención. Atento a lo anterior, para el caso de pretender señalar como autoridad responsable a algún juez de control de la Ciudad de México, deberá considerar el contenido del Acuerdo General Plenario 04-14/2015 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión de diecisiete de marzo de dos mil quince, a través del cual se creó la figura del Juez de Trámite otorgándoseles, entre otras facultades, la de proveer lo conducente a juicios de amparo indirecto respecto de los actos atribuidos a Jueces de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Así como la diversa 41-25/2016 que indica que dicha figura (Juez de Trámite), tendrá la temporalidad de un mes, lapso en el que rendirá los informes solicitados por autoridad federal a nombre de los Jueces de Control adscritos a las Unidades de Gestión Judicial respectiva. Suma a lo expuesto, que en el apartado de autoridades responsables, el promovente del amparo señaló con dicho carácter a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; sin embargo, clasificó a dicha potestad con el carácter de INVESTIGADORA, sin que para ello indique si le atribuye los actos que pretende reclamar en su carácter de autoridad ordenadora o ejecutora. En esa guisa, se reitera, el peticionario deberá señalar de manera específica y concreta a qué autoridad atribuye el acto reclamado que por esta vía pretende combatir, puesto que, de la forma en que se encuentra redactado su escrito inicial de demanda, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado de fijar con claridad la litis constitucional, así como la relación jurídico procesal en esta vía. Estas precisiones se estiman indispensables, pues traerán como consecuencia que las partes comparezcan a defender sus derechos, de modo tal, que se logren los postulados previstos en el artículo 17 Constitucional, relativos a la administración de justicia pronta y expedita, pues de lo contrario se atentaría contra la naturaleza del juicio de amparo al analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sin antes haber oído a las autoridades de quien emanan los actos que se combaten. Se considera que esta situación debe ser superada por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuya el acto reclamado estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para determinar lo que en derecho corresponda en el cuaderno principal, así como en el incidente de suspensión, al momento de proveer respecto los efectos de la suspensión provisional. En el entendido que es obligatorio de la parte quejosa señalar con precisión quien en la autoridad responsable ordenadora y ejecutora; en virtud de que en términos de los dispuesto en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja no tiene el alcance para cambiar a las autoridades responsables que señala ni modificar el acto que pretende reclamar. Máxime que un presupuesto fundamental del juicio de amparo lo constituye el señalamiento de la autoridad que ordena o emite el acto reclamado; en consecuencia, es evidente que sería contrario a la naturaleza del amparo entrar al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sin oír previamente a las autoridades de quienes emana el acto reclamado, dato que se estima necesario para integrar la relación jurídico procesal, en la hipótesis de admitir la demanda de amparo y de esa manera estar en aptitud legal de cumplir con las exigencias previstas en la Ley de Amparo. 2.- Superados los puntos anteriores, y una vez precisado el acto que pretende combatir en esta vía, así como la autoridad a quien se lo atribuye. Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto que por esta vía pretende combatir; lo anterior, en el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima. En el entendido que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todos aquellos hechos o abstenciones que constan al quejoso en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos hechos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; es todo aquello de lo que tengan conocimiento, mismo que debe expresarse en el cuerpo de la demanda. Estas precisiones se estiman relevantes y trascendentales, pues traerán como consecuencia que se resuelva realmente la litis que se pretenda plantear y de esa manera las otras partes en el juicio contaran con elementos para defender sus derechos e integrar la relación jurídico procesal, de modo tal, que se determine realmente sobre la legalidad del acto reclamado y se logren los postulados previstos en el artículo 17 constitucional, relativos a la administración de justicia pronta y expedita. Apercibimientos Se apercibe al promovente que, transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención antes indicada en los términos expuestos, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Atento a lo anterior, se hace del conocimiento al justiciable que, para el caso del faltar a la verdad en el desahogo de la prevención que nos ocupa, o en el escrito inicial de demanda, el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo contempla una pena privativa de libertad de dos a seis años, a quienes incurran en la referida conducta. Copias Ahora, con el original de su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del mismo, así como de la demanda de amparo que nos ocupa, con el fin de que se esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio, una para cada autoridad responsable, una para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos en el caso de solicitar incidente de suspensión. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en el escrito que se provee. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tienen por autorizadas a las personas que designa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización del Ministerio Público Desde este momento se autoriza la consulta electrónica del presente asunto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales... Notifíquese personalmente.

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