Adolfo Chavéz Nicolás

Expediente 1429/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 32 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1429/2015
Año
2015
Actuaciones
32
Última actuación
03/10/2016

Partes del expediente

  • Adolfo Chavéz Nicolás
  • Eduardo Hernández Hernández
  • ADOLFO CHAVÉZ NICOLÁS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y como lo solicita, mediante oficio que derive de este proveído, remítansele las copias certificadas a que hace alusión en su ocurso...II

  2. Principal

    Visto; agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por mediante el cual realizan diversas manifestaciones en relación al cumplimiento al fallo realizado por la responsable, mismo que será tomado en consideración en líneas posteriores. Por otro lado, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que la parte tercera interesada no desahogó la vista ordenada en auto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil quince, dictada por este Juzgado se determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a FELIPE NICOLÁS MARTÍNEZ y VICENTE NICOLÁS MARTÍNEZ, para los efectos siguientes: [.] Los efectos de la concesión son para que el Juez Segundo de Primera Instancia Penal de San Juan del Río Querétaro, deje insubsistente la orden de aprehensión de veintiocho de mayo de dos mil quince, dictada en contra de los ahora quejosos Felipe Nicolás Martínez y Vicente Nicolás Martínez, dentro de la causa penal 170/2015 de su índice y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, en la que, exponga los razonamientos lógico jurídicos con los que justifique que con los medios de convicción debidamente valorados, se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito daños dolosos, así como la probable responsabilidad de los inculpados, pudiendo ser en el mismo sentido o en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que han quedado establecidos en la presente resolución. Por auto de veinte de enero de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días. Mediante oficio 137, recibido por este Juzgado el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de Primera Instancia Penal en San Juan del Río, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada de la resolución dictada el mismo día (veintiséis de enero de dos mil dieciséis), en la que dejo insubsistente la orden de aprehensión de veintiocho de mayo de dos mil quince, dictada en contra de los ahora quejosos Felipe Nicolás Martínez y Vicente Nicolás Martínez y, en su lugar emitió nuevamente orden de aprehensión en contra de los citados, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de daños dolosos, previsto y sancionado por el artículo 202 del Código Penal del Estado, cometido en agravio de Rafael Abrego Osornio. Es así, que este Juzgador, estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, por las razones que se vierten a continuación: LINEAMIENTOS SENTENCIA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO Una vez precisado lo anterior, se advierte que el pronunciamiento de la responsable respecto de la acreditación de los elementos del cuerpo del delito resulta genérico, pues respecto del primero si bien tomó en consideración las testimoniales de Gustavo Ugalde Bárcenas, Leonel Nieto Bárcenas, Juan Enrique Ugalde Terrazas y José Julián Nicolás Martínez, también es cierto que les otorgó valor en conjunto sin exponer que se acredita de cada una de ellas, pues englobó su estudio al establecer que son idóneas para afirmar que en la noche del ocho de diciembre de dos mil trece sobre un camino de terracería que va de las Cenizas, Colón una pluralidad de sujetos agredieron a los vigilantes de la empresa Pollos Querétaro de Grupo Abrego, que tripulaban el vehículo Nissan, tipo NP300 pick up, modelo 2014, blanco, con placas de circulación SS-95800 para el Estado de Querétaro, personas que lograron resguardarse en la granja denominada Palo Dulce, dejando la camioneta afuera con las llaves puestas, sin embargo, dichos sujetos les dieron alcance a bordo de una camioneta Lobo color verde, de la que descendió uno de ellos que se subió a la camioneta Nissan blanca del lado del conductor, mientras otro la abordó del lado del copiloto, procediendo a llevársela del lugar; empero, no expuso qué se acredita de cada una de ellas. Lo mismo acontece respecto de las testimoniales de Fausto Díaz Nicolás, Alberto Resendiz Moreno y Israel Reséndiz Terrazas, a las cuales les otorgó valor probatorio de indicio pero pleno en su conjunto, sin embargo, también realizó un estudio conjunto pues refirió que con ellas se acreditaba que en la noche del ocho de diciembre de dos mil trece, sobre un camino de terracería que va a las Cenizas, Colón, Querétaro (dentro de los límites territoriales de Tequisquiapan), iban dos vigilantes de la empresa Pollos Querétaro de Grupo Abrego, a bordo de una camioneta Nissan, tipo NP300 pick up, modelo 2014, blanco, con placas de circulación SS-95800 para el Estado de Querétaro, y que una pluralidad de personas, entre ellos los activos, mencionaron que les darían un escarmiento a los vigilantes para que supieran con quien se estaban metiendo, por lo que les dieron alcance en una camioneta Lobo verde; momentos después, uno de los activos ya traía conduciendo la camioneta Nissan blanca en dirección a la comunidad de Las Cenizas, mientras que el otro, conducía la camioneta Lobo verde, dirigiéndose hacía una zona cerril de donde se escuchaba como si golpearan una lámina con piedras, varias explosiones, y observaron humo en el lugar, empero tampoco sostuvo qué se acredita de cada una de las testimoniales. Por lo que hace al primer elemento del delito, consistente en la destrucción de una cosa, determinó que se encontraba acreditado con la inspección ministerial del lugar de los hechos, diligencia a la que le otorgó valor probatorio pleno de la cual manifestó que es lo que se advertía de ella. Asimismo entrelazó el dictamen en materia de valor de daños, donde se concluyó que por los daños de fuego directo (calcinado) que presenta la unidad en interiores y carrocería, se consideraba la reposición de la unidad, con un valor antes de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional); probanza a la que le otorgó valor probatorio pleno. De igual manera, adminiculó el dictamen pericial en materia de criminalística, donde se describió que el vehículo localizado se trata de un vehículo marca Nissan, tipo pick up, color blanco, sin placas de circulación, número económico 691 y con el texto tenue "Pollos Querétaro"; que tal unidad presenta daños por impacto con cuerpo duro en salpicaderas, defensa delantera y costado izquierdo de la batea, así como zonas con quemaduras y humo color negro; probanza a la cual le otorgó valor probatorio pleno. Asimismo, sostuvo que a fin de conocer el medio de prueba por el cual fue destruido el objeto material del delito y confirmar lo que se obtiene de la inspección ministerial del objeto y peritaje en materia de criminalística de campo, se contaban con los testimonios de Gustavo Ugalde Bárcenas, Leonel Nieto Bárcenas, Juan Enrique Ugalde Terrazas, José Julián Nicolás Martínez, Eduardo Hernández Hernández, Fausto Díaz Nicolás, Alberto Reséndiz Moreno, Israel Reséndiz Terrazas, Gustavo Reséndiz Terrazas y Álvaro Reséndiz Terrazas los cuales valoró en forma individual otorgándoles valor de indicio y señalando que se advertía de cada uno de ellos. Asimismo, al acreditar el segundo elemento tomó en consideración el dictamen pericial en materia de identificación vehicular empero únicamente le dio valor probatorio pleno sin que haya expuesto qué se advierte de la citada probanza. Por cuanto hace al segundo elemento del delito consistente en que la unidad vehicular le era ajena a los sujetos activos lo tuvo por acreditado con la factura VZA3479, expedida por Autocom Nova, S.A.P.I. de C.V. a favor de Rafael Abrego Osornio, instrumento al que le concedió valor probatorio de indicio, la cual sostuvo resultaba suficiente para acreditar la propiedad de la unidad y las especificaciones de la misma. Asimismo, entrelazó el testimonio de J. Adán Nicolás Martínez, al cual le otorgó valor probatorio de indicio y mencionó que se desprende de dicha probanza. Lo cual concatenó con el dictamen pericial I.V.721 al cual le otorgó valor probatorio pleno y mencionó que se desprende de él. Igualmente, al acreditar el tercer elemento del cuerpo del delito, no refirió con qué pruebas lo tuvo por acreditado, únicamente sostuvo que "con los medios de prueba antes citados" los activos actuaron con la intención de dañar la unidad propiedad de Rafael Abrego Osornio. Lo anterior resulta inexacto, pues de acuerdo con la garantía de seguridad jurídica de debida fundamentación y motivación, en principio debe examinar todas las pruebas ofrecidas tanto de cargo como de descargo, otorgarles el valor que conforme a la ley corresponda a cada una de las citadas probanzas y, posteriormente, analizarlas en relación específica con cada uno de los elementos del cuerpo del delito atribuido al quejoso. Lo anterior es así, ya que a efecto de respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en principio, debe exponer debidamente cuáles son cada uno los elementos que integran el delito en estudio y, posteriormente, analizar la existencia o no de cada uno de ellos, con base en las pruebas existentes en autos, expresando en todo momento y de manera clara, las razones particulares, motivos y causas inmediatas que sustenten la conclusión de tal demostración, esto es, sobre cada elemento, señalar cómo se acreditó y con base en qué pruebas específicas. El tercer elemento del delito consistente en que la destrucción de la cosa ajena sea en perjuicio de otra persona, lo tuvo por acreditado con las testimoniales de Gustavo Ugalde Bárcenas, Leonel Nieto Bárcenas, Juan Enrique Ugalde Terrazas, José Julián Nicolás Martínez, Eduardo Hernández Hernández, Fausto Díaz Nicolás, Alberto Reséndiz Moreno, Israel Reséndiz Terrazas, Gustavo Reséndiz Terrazas y Álvaro Reséndiz Terrazas, a las cuales les otorgó valor probatorio de indicio y señaló que se desprendía de cada una de ellas de forma separada. Lo cual concatenó con la factura VZA3479, el dictamen pericial en materia de identificación vehicular, con la inspección ministerial del lugar de los hechos y aseguramiento de objeto y con el dictamen en materia de valor de daños; probanzas que valoró de forma individual y señaló que es lo que se desprende de cada una de ellas. Por otra parte, la autoridad responsable, al momento de proceder al análisis de la probable responsabilidad penal, incurre igualmente en vicios formales, pues omite exponer las razones y motivos de cómo es que, en particular, del material probatorio que reseña se patentiza la probable responsabilidad de los quejosos Felipe Nicolás Martínez y Vicente Nicolás Martínez en el comisión del delito que se les atribuye, ya que señala que los mismos elementos que sirvieron para acreditar los elementos del cuerpo del delito de prueba, son aptos para acreditar el nexo de reproche que se le imputa a los citados activos, esto es, la responsable tuvo por acreditada la probable responsabilidad de los referidos quejosos de la siguiente forma: [.] Lo cierto es que ello de ninguna manera la releva de exponer motivadamente cómo y por qué, en la especie, de acuerdo con el contenido del material probatorio que debe reseñar, se justifica o no la probable responsabilidad de los impetrantes; cómo es que de acuerdo con el estudio que efectúe de las probanzas, se pueden situar en el lugar de los hechos a los quejosos desplegando la conducta que se les imputa, esto es, cómo es que del contenido de las pruebas que obran en el sumario se puede arribar a la determinación de que los aquí impetrantes son las personas que materialmente desplegaron el delito de que se habla, esto es, ocasionaron los daños a la unidad motriz afecta a la causa. El juez responsable sostuvo que se encuentra acreditada la probable responsabilidad de Felipe Nicolás Martínez y Vicente Nicolás Martínez, con los medios de prueba, consistentes en las narrativas de Gustavo Ugalde Bárcenas, Leonel Nieto Bárcenas, J. Adán Nicolás Martínez, Juan Enrique Ugalde Terrazas, José Julián Nicolás Martínez, Eduardo Hernández Hernández, Fausto Díaz Nicolás, Alberto Reséndiz Moreno, Israel Reséndiz Terrazas, Gustavo Reséndiz Terrazas y Álvaro Reséndiz Terrazas, probanzas que valoró y analizó de forma individual concluyendo que se desprendía de cada una de ellas. De las cuales estimó que existen señalamientos directos contra los imputados, como las personas que probablemente destruyeron la camioneta del ofendido, entre ellos que Felipe Nicolás Martínez se subió del lado del piloto de la camioneta propiedad del ofendido y Vicente Nicolás Martínez conducía diversa camioneta Ford Lobo, trasladando el automotor a exceso de velocidad a un lugar donde únicamente se escuchaban golpes y explosiones Esto es, expuso como es que de acuerdo con el contenido del material probatorio se justifica la probable responsabilidad de los impetrantes. Lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa; ya que la concesión del amparo no vinculó a la responsable a resolver en determinado sentido o acatando diversos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, toda vez que solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación. Por tanto, este resolutor considera que la ejecutoria en estudio se encuentra cumplida, no siendo obstáculo para lo anterior, lo alegado por los quejosos al desahogar la vista que le fue otorgada mediante auto de veintisiete de enero del año en curso, por lo que en acatamiento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO, EN SU CASO, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMEN EN CUENTA LO ALEGADO POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA, LE CAUSA UN AGRAVIO QUE DEBE REPARARSE EN AQUÉLLA.", al respecto es oportuno precisar lo siguiente. Esencialmente los quejosos aducen que no se encuentra cumplida la ejecutoria que se analiza, argumentado que no se precisa cual fue su participación dentro del hecho delictivo; asimismo arguyen que no se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad ya que Nicanor Abrego Osornio compareció a denunciar los hechos delictivos como apoderado de Rafael Abrego Osornio, empero de la lectura de dicho poder no se advierte que cumpla con lo previsto en el artículo 222 del Código Procesal Penal del Estado de Querétaro, esto es, no se le otorgó poder especial para formular querella. Son inoperantes las alegaciones del quejoso respecto de que la ejecutoria dictada en el presente asunto no se encuentra cumplida, ya que como se ha dicho en líneas anteriores, el fallo protector sólo vinculó a la autoridad responsable a dejar sin efectos el acto reclamado por carecer de fundamentación y motivación, constriñendo a la responsable a emitir otro acto en el que subsanara tales vicios formales, por lo cual la responsable sí estableció como es que se acredita probablemente la participación de los quejosos en la comisión del delito, asimismo, no es técnico que este resolutor estudie sobre si se encuentra acreditado el requisito de procedibilidad, pues ello no fue materia de la sentencia de amparo, pues se insiste ésta únicamente constriño a la autoridad a subsanar vicios de forma, lo cual sí realizó pues así se advierte del cuadro reseñado con anterioridad. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dése vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal e incidentes), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente agréguese a los presentes autos sin mayor proveer el oficio de cuenta signado por el Encargado de la OSD Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que las piezas postales que refiere en su oficio ya obran en el presente juicio...II

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 12/02/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 11/02/2016, QUE EN LO CONDECENTE DICE:Visto; agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por mediante el cual realizan diversas manifestaciones en relación al cumplimiento al fallo realizado por la responsable, mismo que será tomado en consideración en líneas posteriores. Por otro lado, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que la parte tercera interesada no desahogó la vista ordenada en auto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil quince, dictada por este Juzgado se determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a FELIPE NICOLÁS MARTÍNEZ y VICENTE NICOLÁS MARTÍNEZ, para los efectos siguientes: [.] Los efectos de la concesión son para que el Juez Segundo de Primera Instancia Penal de San Juan del Río Querétaro, deje insubsistente la orden de aprehensión de veintiocho de mayo de dos mil quince, dictada en contra de los ahora quejosos Felipe Nicolás Martínez y Vicente Nicolás Martínez, dentro de la causa penal 170/2015 de su índice y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, en la que, exponga los razonamientos lógico jurídicos con los que justifique que con los medios de convicción debidamente valorados, se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito daños dolosos, así como la probable responsabilidad de los inculpados, pudiendo ser en el mismo sentido o en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que han quedado establecidos en la presente resolución. Por auto de veinte de enero de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días. Mediante oficio 137, recibido por este Juzgado el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de Primera Instancia Penal en San Juan del Río, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada de la resolución dictada el mismo día (veintiséis de enero de dos mil dieciséis), en la que dejo insubsistente la orden de aprehensión de veintiocho de mayo de dos mil quince, dictada en contra de los ahora quejosos Felipe Nicolás Martínez y Vicente Nicolás Martínez y, en su lugar emitió nuevamente orden de aprehensión en contra de los citados, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de daños dolosos, previsto y sancionado por el artículo 202 del Código Penal del Estado, cometido en agravio de Rafael Abrego Osornio. Es así, que este Juzgador, estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, por las razones que se vierten a continuación: LINEAMIENTOS SENTENCIA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO Una vez precisado lo anterior, se advierte que el pronunciamiento de la responsable respecto de la acreditación de los elementos del cuerpo del delito resulta genérico, pues respecto del primero si bien tomó en consideración las testimoniales de Gustavo Ugalde Bárcenas, Leonel Nieto Bárcenas, Juan Enrique Ugalde Terrazas y José Julián Nicolás Martínez, también es cierto que les otorgó valor en conjunto sin exponer que se acredita de cada una de ellas, pues englobó su estudio al establecer que son idóneas para afirmar que en la noche del ocho de diciembre de dos mil trece sobre un camino de terracería que va de las Cenizas, Colón una pluralidad de sujetos agredieron a los vigilantes de la empresa Pollos Querétaro de Grupo Abrego, que tripulaban el vehículo Nissan, tipo NP300 pick up, modelo 2014, blanco, con placas de circulación SS-95800 para el Estado de Querétaro, personas que lograron resguardarse en la granja denominada Palo Dulce, dejando la camioneta afuera con las llaves puestas, sin embargo, dichos sujetos les dieron alcance a bordo de una camioneta Lobo color verde, de la que descendió uno de ellos que se subió a la camioneta Nissan blanca del lado del conductor, mientras otro la abordó del lado del copiloto, procediendo a llevársela del lugar; empero, no expuso qué se acredita de cada una de ellas. Lo mismo acontece respecto de las testimoniales de Fausto Díaz Nicolás, Alberto Resendiz Moreno y Israel Reséndiz Terrazas, a las cuales les otorgó valor probatorio de indicio pero pleno en su conjunto, sin embargo, también realizó un estudio conjunto pues refirió que con ellas se acreditaba que en la noche del ocho de diciembre de dos mil trece, sobre un camino de terracería que va a las Cenizas, Colón, Querétaro (dentro de los límites territoriales de Tequisquiapan), iban dos vigilantes de la empresa Pollos Querétaro de Grupo Abrego, a bordo de una camioneta Nissan, tipo NP300 pick up, modelo 2014, blanco, con placas de circulación SS-95800 para el Estado de Querétaro, y que una pluralidad de personas, entre ellos los activos, mencionaron que les darían un escarmiento a los vigilantes para que supieran con quien se estaban metiendo, por lo que les dieron alcance en una camioneta Lobo verde; momentos después, uno de los activos ya traía conduciendo la camioneta Nissan blanca en dirección a la comunidad de Las Cenizas, mientras que el otro, conducía la camioneta Lobo verde, dirigiéndose hacía una zona cerril de donde se escuchaba como si golpearan una lámina con piedras, varias explosiones, y observaron humo en el lugar, empero tampoco sostuvo qué se acredita de cada una de las testimoniales. Por lo que hace al primer elemento del delito, consistente en la destrucción de una cosa, determinó que se encontraba acreditado con la inspección ministerial del lugar de los hechos, diligencia a la que le otorgó valor probatorio pleno de la cual manifestó que es lo que se advertía de ella. Asimismo entrelazó el dictamen en materia de valor de daños, donde se concluyó que por los daños de fuego directo (calcinado) que presenta la unidad en interiores y carrocería, se consideraba la reposición de la unidad, con un valor antes de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional); probanza a la que le otorgó valor probatorio pleno. De igual manera, adminiculó el dictamen pericial en materia de criminalística, donde se describió que el vehículo localizado se trata de un vehículo marca Nissan, tipo pick up, color blanco, sin placas de circulación, número económico 691 y con el texto tenue "Pollos Querétaro"; que tal unidad presenta daños por impacto con cuerpo duro en salpicaderas, defensa delantera y costado izquierdo de la batea, así como zonas con quemaduras y humo color negro; probanza a la cual le otorgó valor probatorio pleno. Asimismo, sostuvo que a fin de conocer el medio de prueba por el cual fue destruido el objeto material del delito y confirmar lo que se obtiene de la inspección ministerial del objeto y peritaje en materia de criminalística de campo, se contaban con los testimonios de Gustavo Ugalde Bárcenas, Leonel Nieto Bárcenas, Juan Enrique Ugalde Terrazas, José Julián Nicolás Martínez, Eduardo Hernández Hernández, Fausto Díaz Nicolás, Alberto Reséndiz Moreno, Israel Reséndiz Terrazas, Gustavo Reséndiz Terrazas y Álvaro Reséndiz Terrazas los cuales valoró en forma individual otorgándoles valor de indicio y señalando que se advertía de cada uno de ellos. Asimismo, al acreditar el segundo elemento tomó en consideración el dictamen pericial en materia de identificación vehicular empero únicamente le dio valor probatorio pleno sin que haya expuesto qué se advierte de la citada probanza. Por cuanto hace al segundo elemento del delito consistente en que la unidad vehicular le era ajena a los sujetos activos lo tuvo por acreditado con la factura VZA3479, expedida por Autocom Nova, S.A.P.I. de C.V. a favor de Rafael Abrego Osornio, instrumento al que le concedió valor probatorio de indicio, la cual sostuvo resultaba suficiente para acreditar la propiedad de la unidad y las especificaciones de la misma. Asimismo, entrelazó el testimonio de J. Adán Nicolás Martínez, al cual le otorgó valor probatorio de indicio y mencionó que se desprende de dicha probanza. Lo cual concatenó con el dictamen pericial I.V.721 al cual le otorgó valor probatorio pleno y mencionó que se desprende de él. Igualmente, al acreditar el tercer elemento del cuerpo del delito, no refirió con qué pruebas lo tuvo por acreditado, únicamente sostuvo que "con los medios de prueba antes citados" los activos actuaron con la intención de dañar la unidad propiedad de Rafael Abrego Osornio. Lo anterior resulta inexacto, pues de acuerdo con la garantía de seguridad jurídica de debida fundamentación y motivación, en principio debe examinar todas las pruebas ofrecidas tanto de cargo como de descargo, otorgarles el valor que conforme a la ley corresponda a cada una de las citadas probanzas y, posteriormente, analizarlas en relación específica con cada uno de los elementos del cuerpo del delito atribuido al quejoso. Lo anterior es así, ya que a efecto de respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en principio, debe exponer debidamente cuáles son cada uno los elementos que integran el delito en estudio y, posteriormente, analizar la existencia o no de cada uno de ellos, con base en las pruebas existentes en autos, expresando en todo momento y de manera clara, las razones particulares, motivos y causas inmediatas que sustenten la conclusión de tal demostración, esto es, sobre cada elemento, señalar cómo se acreditó y con base en qué pruebas específicas. El tercer elemento del delito consistente en que la destrucción de la cosa ajena sea en perjuicio de otra persona, lo tuvo por acreditado con las testimoniales de Gustavo Ugalde Bárcenas, Leonel Nieto Bárcenas, Juan Enrique Ugalde Terrazas, José Julián Nicolás Martínez, Eduardo Hernández Hernández, Fausto Díaz Nicolás, Alberto Reséndiz Moreno, Israel Reséndiz Terrazas, Gustavo Reséndiz Terrazas y Álvaro Reséndiz Terrazas, a las cuales les otorgó valor probatorio de indicio y señaló que se desprendía de cada una de ellas de forma separada. Lo cual concatenó con la factura VZA3479, el dictamen pericial en materia de identificación vehicular, con la inspección ministerial del lugar de los hechos y aseguramiento de objeto y con el dictamen en materia de valor de daños; probanzas que valoró de forma individual y señaló que es lo que se desprende de cada una de ellas. Por otra parte, la autoridad responsable, al momento de proceder al análisis de la probable responsabilidad penal, incurre igualmente en vicios formales, pues omite exponer las razones y motivos de cómo es que, en particular, del material probatorio que reseña se patentiza la probable responsabilidad de los quejosos Felipe Nicolás Martínez y Vicente Nicolás Martínez en el comisión del delito que se les atribuye, ya que señala que los mismos elementos que sirvieron para acreditar los elementos del cuerpo del delito de prueba, son aptos para acreditar el nexo de reproche que se le imputa a los citados activos, esto es, la responsable tuvo por acreditada la probable responsabilidad de los referidos quejosos de la siguiente forma: [.] Lo cierto es que ello de ninguna manera la releva de exponer motivadamente cómo y por qué, en la especie, de acuerdo con el contenido del material probatorio que debe reseñar, se justifica o no la probable responsabilidad de los impetrantes; cómo es que de acuerdo con el estudio que efectúe de las probanzas, se pueden situar en el lugar de los hechos a los quejosos desplegando la conducta que se les imputa, esto es, cómo es que del contenido de las pruebas que obran en el sumario se puede arribar a la determinación de que los aquí impetrantes son las personas que materialmente desplegaron el delito de que se habla, esto es, ocasionaron los daños a la unidad motriz afecta a la causa. El juez responsable sostuvo que se encuentra acreditada la probable responsabilidad de Felipe Nicolás Martínez y Vicente Nicolás Martínez, con los medios de prueba, consistentes en las narrativas de Gustavo Ugalde Bárcenas, Leonel Nieto Bárcenas, J. Adán Nicolás Martínez, Juan Enrique Ugalde Terrazas, José Julián Nicolás Martínez, Eduardo Hernández Hernández, Fausto Díaz Nicolás, Alberto Reséndiz Moreno, Israel Reséndiz Terrazas, Gustavo Reséndiz Terrazas y Álvaro Reséndiz Terrazas, probanzas que valoró y analizó de forma individual concluyendo que se desprendía de cada una de ellas. De las cuales estimó que existen señalamientos directos contra los imputados, como las personas que probablemente destruyeron la camioneta del ofendido, entre ellos que Felipe Nicolás Martínez se subió del lado del piloto de la camioneta propiedad del ofendido y Vicente Nicolás Martínez conducía diversa camioneta Ford Lobo, trasladando el automotor a exceso de velocidad a un lugar donde únicamente se escuchaban golpes y explosiones Esto es, expuso como es que de acuerdo con el contenido del material probatorio se justifica la probable responsabilidad de los impetrantes. Lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa; ya que la concesión del amparo no vinculó a la responsable a resolver en determinado sentido o acatando diversos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, toda vez que solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación. Por tanto, este resolutor considera que la ejecutoria en estudio se encuentra cumplida, no siendo obstáculo para lo anterior, lo alegado por los quejosos al desahogar la vista que le fue otorgada mediante auto de veintisiete de enero del año en curso, por lo que en acatamiento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO, EN SU CASO, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMEN EN CUENTA LO ALEGADO POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA, LE CAUSA UN AGRAVIO QUE DEBE REPARARSE EN AQUÉLLA.", al respecto es oportuno precisar lo siguiente. Esencialmente los quejosos aducen que no se encuentra cumplida la ejecutoria que se analiza, argumentado que no se precisa cual fue su participación dentro del hecho delictivo; asimismo arguyen que no se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad ya que Nicanor Abrego Osornio compareció a denunciar los hechos delictivos como apoderado de Rafael Abrego Osornio, empero de la lectura de dicho poder no se advierte que cumpla con lo previsto en el artículo 222 del Código Procesal Penal del Estado de Querétaro, esto es, no se le otorgó poder especial para formular querella. Son inoperantes las alegaciones del quejoso respecto de que la ejecutoria dictada en el presente asunto no se encuentra cumplida, ya que como se ha dicho en líneas anteriores, el fallo protector sólo vinculó a la autoridad responsable a dejar sin efectos el acto reclamado por carecer de fundamentación y motivación, constriñendo a la responsable a emitir otro acto en el que subsanara tales vicios formales, por lo cual la responsable sí estableció como es que se acredita probablemente la participación de los quejosos en la comisión del delito, asimismo, no es técnico que este resolutor estudie sobre si se encuentra acreditado el requisito de procedibilidad, pues ello no fue materia de la sentencia de amparo, pues se insiste ésta únicamente constriño a la autoridad a subsanar vicios de forma, lo cual sí realizó pues así se advierte del cuadro reseñado con anterioridad. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dése vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal e incidentes), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente agréguese a los presentes autos sin mayor proveer el oficio de cuenta signado por el Encargado de la OSD Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que las piezas postales que refiere en su oficio ya obran en el presente juicio...II

  4. Principal

    . . .Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de veintiséis de enero de dos mil quince dictada en la causa penal 170/2015 con la que acredita dar cumplimiento al fallo; en consecuencia con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio que se provee y una copia certificada de su anexo y al tercero interesado Rafael Ábrego Osorio, por el término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. . .(NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA AL TERCERO INTERESADO) II

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