Adolfo Cervantes Victoria
Expediente 617/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Adolfo Cervantes Victoria
Actuaciones
- Principal
Agréguese únicamente para que obre como corresponda, la constancia de notificación de veintiocho de abril del año en curso, mediante la cual se notificó personalmente a la parte quejosa el proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós. Por otra parte, vista el acta de comparecencia de cuenta por la que ***, parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa, ratifica el escrito registrado con el folio 9844, mediante el cual expresa su deseo de desistirse de la demanda de amparo promovida; por tanto, con fundamento en los artículos 63, fracción I y 65 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia por desistimiento expreso. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y la hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables y de la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la demanda que promueve ***, contra los actos del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano "Correos de México" por considerarlos violatorios de los artículos 1, 8 y 133 de la Constitución Federal. Regístrese en el libro de gobierno con el número *** y fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. De ahí que a continuación se proceda a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 899 del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". La tesis en cuestión sostiene que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Sobre esa base, el suscrito juzgador considera necesario señalar que los artículos 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5, fracción II, párrafo primero, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos desplegados por particulares u órganos del Estado que no tienen el carácter de autoridad para efectos del amparo. El artículo 5 de la ley de la materia prevé que es autoridad para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o en su caso, omita un acto que de realizarse producirías estas situaciones. Como se advierte de este precepto, el legislador enumeró descriptivamente los actos que puede realizar una autoridad, pero no precisó las características que deben reunir para que sean susceptibles de un control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo. Esta situación que data desde la Ley de Amparo abrogada, originó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación delimitara el concepto de autoridad. En un principio y hasta la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, el alto tribunal del país sostuvo que los actos de autoridad para efectos del amparo son aquellos que provienen de entidades de la administración pública y que les revisten las características de imperatividad, unilateralidad, coercitividad y el uso de la fuerza pública. A partir de la Novena Época, nuestro Máximo Tribunal consideró que es autoridad para efectos del juicio de amparo es el ente de hecho o de derecho, que con apoyo en una norma jurídica emite actos unilaterales que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular, dentro de una relación de supra a subordinación. En atención a este concepto, una de las notas distintivas y determinantes que permite identificar a una autoridad para efectos del amparo es que exista una relación de supra a subordinación. Conforme a la teoría general del derecho hay diversas relaciones jurídicas entre las personas, de las que destacan las de supra a subordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre el Estado por conducto de sus órganos y los particulares en las que los primeros actúan en un plano superior a los segundos, a favor del orden público y del interés social y colectivo. Se caracterizan por la unilateralidad, motivo por el que la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones frente a la actuación de los órganos del Estado, ya que éstos pueden imponer su voluntad sin necesidad de acudir a alguna instancia, para hacerlas valer. En cambio, las relaciones de coordinación son las que entablan entre particulares y entre éstos y el Estado, dentro de un mismo plano de igualdad, de tal suerte que los actos que surjan de esa relación son de naturaleza "particular". La nota distintiva de las relaciones de coordinación es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios, a través de los procedimientos o juicios que al efecto prevé la norma, para que diriman sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, y así se impongan las consecuencias jurídicas previstas por la ley. Sobre el tema, resulta ilustrativa la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, marzo de 1999, página 307, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. ...." Por otro lado, conviene exponer que las relaciones de supra a subordinación y de coordinación, se regulan en ámbitos jurídicos distintos. Las relaciones de supra a subordinación se regulan por el derecho público que prevé los procedimientos para resolver los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, el procedimiento contencioso-administrativo (ámbito ordinario) y el juicio de amparo (ámbito constitucional). Por el contrario, el derecho civil, mercantil, agrario y laboral regulan las relaciones de coordinación sostenidas entre los particulares así como entre éstos y el Estado. Puntualizado todo lo anterior, ahora se verifica si el acto reclamado en este juicio deriva de una relación de supra a subordinación entre la autoridad responsable y el promovente y si reúnen las notas distintivas de un acto de autoridad susceptible de impugnarse mediante el amparo. Ahora, en el caso se obtiene que el promovente reclama del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano "Correos de México", la negativa de recibir y, por ende, la omisión de contestar su escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, a través del cual solicitó que se le informara la cantidad que actualmente tiene a su disposición dicho sindicato, derivado de las cuotas que le fueron descontadas de su salario durante el periodo que estuvo como miembro activo, esto es, del once de febrero de dos mil cinco al treinta de enero de dos mil veinte. Al respecto, conviene precisar que para salvaguardar el derecho de petición previsto en el artículo 8° constitucional y para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que la petición se eleve a un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir, en una relación de supra a subordinación, entre el gobernante y el gobernado y no en una relación de coordinación, regulada por el derecho privado en el que el ente público actúe como un particular. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, abril del 2001, página 126, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. ...." Ahora, de conformidad con el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, los sindicatos son asociaciones de trabajadores o patrones, constituidos con la finalidad de estudiar, mejorar y defender sus respectivos intereses; por tanto, es inconcuso que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano es una asociación particular, encaminada a proteger los derechos laborales de sus agremiados. En ese sentido, si el quejoso solicitó al Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano "Correos de México", que se le informara la cantidad que actualmente tiene a su disposición dicho sindicato, derivado de las cuotas que le fueron descontadas de su salario durante el periodo que estuvo como miembro activo, esto es, del once de febrero de dos mil cinco al treinta de enero de dos mil veinte; es evidente que dicha petición fue realizada dentro de una relación de coordinación y no de supra a subordinación (entre gobernante y gobernado). Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente en virtud de que el promovente y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano "Correos de México", se encuentran en un plano de coordinación al tratarse de particulares y, por ende, el acto reclamado no reúne las características necesarias para ser susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo. Resulta aplicable al caso por analogía, la tesis número III.1o.T.Aux.3 L, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, marzo de 2011, que dice: "INFONAVIT. COMO ENTE ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, SUS RELACIONES CON EL BENEFICIARIO SON DE COORDINACIÓN, POR TANTO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO RESPECTO DE UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN COMETIDA POR AQUÉL. ...." Por consiguiente, que la demanda de amparo indirecto que se analiza es notoria, manifiesta e indudablemente improcedente, se actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5, fracción II, párrafo primero, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por actualizarse de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia invocada. NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA Ahora, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones del presente asunto de manera electrónica. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. AUTORIZADOS Únicamente se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que hace a las restantes personas, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten tener registradas sus cédulas profesionales, en el referido Registro. De igual forma, con fundamento en el artículo 24 se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas, por haberlas expresamente autorizado para tales fines. En términos del artículo 3° de la ley de la materia, se autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa al usuario *** HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al fedatario de la adscripción para que, de ser necesario, realice las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
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