Adolfo Calles Sánchez
Expediente 1078/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1078/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Adolfo Calles Sánchez
Actuaciones
- Principal
MESA 6.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual transcribe un proveído de veintitrés de los actuales, en el que el referido órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo 1078/2019-6 del índice de este juzgado, promovido por Adolfo Calles Sánchez; correspondiéndole el diverso 1159/2019-VI-1; en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que el veinticinco de julio actual, se reservó acordar lo conducente respecto al informe justificado rendido por el Presidente Constitucional y Síndico de Hacienda, ambos del Ayuntamiento del Municipio de Huimanguillo, Tabasco. Por lo anterior, y en virtud de la aceptación de la competencia, envíense el informe justificado que obra agregado en autos; para los efectos legales conducentes, por lo que desglósese el informe de cuenta y déjese en autos copia certificada de éste para constancia.
- Principal
MESA 6.- VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguense a los autos para que obren como correspondan los informes justificados de cuenta, rendidos por el CONTRALMIRANTE RET. MARINO REYES DELGADO DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL y por el PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, autoridades señaladas como responsables; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la revisión a los informes justificados y anexos que adjuntaron las citadas autoridades al rendir sus informes, consistentes en copias simples tanto de la demanda de amparo como de la suspensión definitiva relativo al juicio de amparo número 1002/2019-VI-2, promovido por Adolfo Calles Sánchez, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco y otras autoridades, se advierte que el ocho de julio del año dos mil diecinueve, recibieron los oficios 630-VI-D, 583-VI-D y 577-VI-D, 631,VI-D, 584-VI-D y 578-VI-D, signados por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, de los cuales se desprende que el aquí quejoso promovió demanda de garantías contra actos que derivan del procedimiento disciplinario número CHJSPT-A-0007/2019, instruido por la autoridad denominada Comisión de Honor y Justicia de Policía y Tránsito del municipio de Huimanguillo, Tabasco, expediente del cual derivan los actos reclamados en la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. En ese sentido, los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince y catorce de marzo de dos mil dieciséis, respectivamente que reforman y adicionan, el primero además deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que tiene como propósito fundamental establecer reglas para el turno de asuntos bajo el sistema aleatorio (cuando no tengan antecedentes) o con el sistema de relación, por la intervención de las mismas partes y/o por provenir de un mismo procedimiento, con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo del asunto y evitar resoluciones contradictorias. Dichos acuerdos establecen textualmente lo siguiente: [.] Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II.- El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; (.) V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; [.] XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de un antecedente registrado." El segundo acuerdo general que reformó el citado artículo, específicamente la fracción III, así como los párrafos sexto y séptimo, establece: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) III. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer, recibido dicho asunto por el órgano requerido decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. (.)" En efecto, dicha disposición revela que un juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, cuando se advierte un mismo expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad, de las que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, es decir, cuando se presente un asunto en la Oficina de Correspondencia Común, que esté relacionado con otro, del cual haya tenido conocimiento un determinado órgano jurisdiccional, dicho asunto se turnará al órgano que conoció previamente, pues con ello se aprovecha precisamente ese conocimiento previo del asunto, con el propósito fundamental de evitar sentencias contradictorias. En el mismo tenor, cabe aclarar que para efectos de la competencia por turno mediante la asignación de asuntos por el sistema de relación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que entre el antecedente más reciente en temporalidad a considerar para el turno de los asuntos no existe límite de tiempo. Lo anterior quedó plasmado en la Jurisprudencia que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, mayo de 2009, página 104, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO b) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO A SU TEMPORALIDAD. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verificarán si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad, que otro ya asignado; b) se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado, en cualquier vía; y, c) las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa, o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, a excepción de los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Por tanto, conforme a dicho sistema, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin hacer salvedad respecto a su inaplicación, para efectos de vinculación, a asuntos resueltos dentro de un determinado periodo, pues el inciso b) del artículo 9 citado no contiene excepción en cuanto a la temporalidad referida. Además, la finalidad de que dicho asunto se resuelva por el mismo órgano jurisdiccional es que se aproveche el conocimiento previo de las constancias del expediente respectivo. Así como en la jurisprudencia observable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 189, que es del tenor siguiente: COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS. El Acuerdo General 48/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros supuestos, en el del inciso b) del citado artículo, acerca de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Por tanto, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin salvedad, excepción o límite a su inaplicación, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos; antes bien, se hace énfasis en que cualquier recurso que haya sido del conocimiento en cualquier vía deberá enviarse al Tribunal que conoció anteriormente, de donde se sigue que el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero cuando no lo haya puede configurarse, inclusive, si lo hubiere desechado, declarado su incompetencia, o remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acatamiento a la facultad de atracción que esta última haya ejercido. Además, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo". En ese tenor, se tiene que de la breve reseña de antecedentes realizada en líneas anteriores, se advierte la existencia del juicio de amparo 1002/2019-VI-2, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, promovido por el aquí quejoso Adolfo Calles Sánchez, en el que reclamó: a) LA OMISIÓN CONTINUA Y PERMANENTE DE ENVIAR AL SUSCRITO PROCESO INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA, que realiza el Centro de Evaluación de Control de Control y Confianza del Sistema Estatal de Seguridad Pública. b) Todo acto tendente a la suspensión temporal de mis funciones como policía al Servicio del Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco, así como la posible separación o destitución definitiva del suscrito en mis funciones como Policía. c) El ilegal inicio del procedimiento disciplinario número CHJSPT-A-0007/2019, sin que me haya enviado AL PROCESO INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA, que realiza el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por otra parte, el aquí quejoso Adolfo Calles Sánchez, promovió demanda de garantías, la cual fue turnada a este órgano constitucional, registrándose con el número 1078/2019-6, en la que reclama: a) LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL INFORME DE RESULTADO DEL PROCESO INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA, que realiza el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cual se materializó con el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, fecha en el cual Bajo Protesta de Decir Verdad, se me corrió traslado con el resultado obtenido en dicho examen. b) Todo acto tendente a la suspensión temporal de mis funciones como policía al Servicio del Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco, así como la posible separación o destitución definitiva del suscrito en mis funciones como policía. c) El ilegal inicio del procedimiento disciplinario número CHJSPT-A-0007/2019, sin que se me haya enviado AL PROCESO INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA, que realiza el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. De lo anterior, se evidencia que los actos reclamados en el juicio de amparo 1002/2019-VI-2 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, como en el que ahora se actúa 1078/2019-6, se reclaman los mismos actos y que los mismos derivan del procedimiento disciplinario número CHJSPT-A-0007/2019, y que del primer juicio de amparo conoció previamente, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. En tales consideraciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y Acuerdos citados, este juzgador se declara incompetente por razón de turno para seguir conociendo de este juicio de amparo y declina competencia a favor del JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, en virtud de que conoció previamente de los actos derivados del precitado procedimiento disciplinario, del que derivan los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Es así, en virtud que al ser la competencia uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento y que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente esté autorizadas a pronunciar conforme a la división competencial establecida. La competencia, como concepto específico (frente a la idea global de jurisdicción), obedece a razones de distribución de esa tarea de juzgamiento entre los diversos organismos judiciales que no sólo atiende a cuestiones de materia, grado y territorio, sino que dado el aumento cuantitativo de órganos jurisdiccionales que ha propiciado el incremento ordenado de tribunales investidos de la misma competencia (por grado, materia y territorio) ha permitido que el aspecto del turno se erija en un supuesto competencial adicional, que ha venido a regularse por las legislaciones orgánicas de los Poderes Judiciales, tanto de la Federación como de las entidades federativas, mediante disposiciones administrativas contenidas en acuerdos generales, en razón precisamente de que el turno de los asuntos, como cuestión legal atañe necesariamente a la competencia. Se invoca en apoyo la Jurisprudencia consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 274, que es del tenor siguiente: CONTROVERSIAS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR RAZÓN DE TURNO. COMO CUESTIÓN LEGAL, ATAÑEN A LA COMPETENCIA Y SON SUSCEPTIBLES DE RESOLVERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 BIS DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2002, de rubro: CONTROVERSIAS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL TURNO DE ASUNTOS RELACIONADOS SEGÚN EL ACUERDO GENERAL 23/2002 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO GENERAN POR SÍ MISMAS UN CONFLICTO DE COMPETENCIA LEGAL.", sostuvo que un conflicto competencial se actualiza en la medida en que los órganos contendientes fijen su postura en razón de su atribución legal para conocer del asunto por razón de materia, grado, vía o territorio, pero no puede generarse por cuestiones de turno. No obstante, dicha jurisprudencia debe modificarse en virtud de que el Poder Judicial de la Federación ha presentado un crecimiento ordenado de los órganos jurisdiccionales, que ha permitido la existencia de varios Tribunales Colegiados de Circuito investidos de la misma competencia por grado, materia y territorio, por lo que el turno ha debido regularse conforme al artículo 81, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante disposiciones administrativas contenidas en los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, como forma de distribución de la labor jurisdiccional entre los distintos tribunales que tienen igual circunscripción territorial y materia de competencia, cuya aplicación puede, en el ámbito jurisdiccional, originar conflictos competenciales. En consecuencia, el turno de los asuntos, como cuestión legal, atañe necesariamente a la competencia, de ahí que los conflictos que se susciten por esa razón son susceptibles de resolverse en términos del artículo 48 Bis de la Ley de Amparo. Ese aspecto del turno, como supuesto competencial aplicable en la labor jurisdiccional que desarrollan los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito, permite traer a colación que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de la facultad conferida en el normativo 81, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los Acuerdos Generales referidos con antelación, que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en cuanto al funcionamiento, supervisión, control de oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente en su precepto 46, el turno de asuntos mediante los sistemas aleatorio y de relación, estableciendo en cuanto a este último (que es el relevante para este caso) la obligación de que previamente a la asignación aleatoria los Jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, como se advierte de la redacción de dicho acuerdo que fue reproducido en lo que interesa en líneas anteriores. Lo anterior revela que, administrativamente, el Consejo de la Judicatura Federal, en su carácter de órgano rector de la administración, disciplina y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (excepto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral) instauró la competencia por razón de turno entre los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito al tenor de los aspectos que puntualizó en el Acuerdo General descrito, advirtiéndose desde la perspectiva del "Criterios generales de relación", que en dicho apartado sentó bases que determinan que la competencia a virtud de dicho supuesto se actualiza en favor de aquel órgano jurisdiccional que tenga asignado previamente otro asunto que provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa identificado con el mismo número de índice y autoridad que el que se le está presentando, de demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; esto es, aquél que ya tenga en su índice un asunto previo con el que se encuentre relacionado el nuevo que se le presenta y que esa relación derive precisamente de la identidad del expediente del que ambos asuntos provienen y de la autoridad que emitió el acto, o bien que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria. Bajo esa directriz, en observancia al supuesto competencial, el suscrito considera que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, carece de competencia legal, por CUESTIÓN DE TURNO, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 46, fracciones II y V, y párrafos último y penúltimo, de los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referidos, pues como ha quedado puntualizado en el inicio del presente proveído, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y de la copia de la demanda anexa a los mismos, se advierte que el presente juicio de garantías se encuentra relacionada con otro del que correspondió su conocimiento al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, promovido por el mismo quejoso Adolfo Calles Sánchez, por lo que el conocimiento del asunto encuadra dentro de los supuestos previstos en los párrafos último y penúltimo del numeral 46 del referido Acuerdo General, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia y a fin de no dilatar innecesariamente la tramitación del presente juicio de amparo con requerimientos que a nada práctico conducirían. En tales condiciones, sentada la incompetencia legal de este Juzgado, por cuestión de turno, para resolver y seguir conociendo del presente juicio, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el presente juicio de amparo, A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, para que por su conducto lo turne al Órgano de Jurisdiccional correspondiente, (Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco), con sede en esta ciudad, para que provea lo conducente y solicítese comunique a este órgano de control constitucional lo que tenga a bien determinar. Con copia certificada de la boleta de turno, de la demanda de amparo, y demás constancias que se estimen pertinentes, fórmese cuaderno de antecedentes. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las diez horas con veinte minutos del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, así como las diligencias pendientes por desahogar en el presente sumario, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
MESA 6.-VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual ADOLFO CALLES SÁNCHEZ, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1,° 5° y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1078/2019-6. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídanse informes justificados a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguiente al en que reciban el oficio en el que se solicita, el que también podrán remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables de las penas en que incurren con la omisión de rendir los informes justificados en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitan el que les consten en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir sus informes justificados, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tales informes en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rindan se encuentren acordes con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dichos informes por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de las autoridades que señale la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizados a Manases de la Cruz Méndez, Rafael Peñaloza Bahena y Atilano Alejo González, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y al resto de las personas que menciona, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo antes invocado, en virtud, de que éstos no cuentan con sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.
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