ADOLFO BLANCO CORONA y Otros.
Expediente 957/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 45 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 957/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 21/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ADOLFO BLANCO CORONA y Otros.
- Adolfo Blanco Corona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que trascurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes promoviera recurso de revisión en contra del auto de diecinueve de agosto del año en curso que se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Con fundamento en el citado artículo y el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado el mencionado proveído. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años contados a partir del dictado de este acuerdo- pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia y carecer de relevancia documental para su conservación.
- Incidental
De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración toda vez que se encuentra en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), pues se concedió la suspensión y la definitiva, por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de dicha suspensión, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no ha sido posible emplazar al presente juicio de amparo a los terceros interesados ***, en representación de la moral ***, no obstante de las múltiples gestiones que se han realizado en el presente asunto para tal efecto. Lo anterior es así, puesto que del análisis realizado a las constancias que integran el presente asunto, se advierte que por auto de once de mayo de do mil veintiuno, se ordenó girar oficios a diversas dependencias para que informaran a este órgano jurisdiccional si en sus archivos tenían registrado el domicilio del tercero interesado de referencia, sin que se localizara domicilio cierto y actual de los mismos. De la interpretación de tales preceptos, se desprende que una vez agotada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b), y ordenado el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada por medio de edictos a costa de la parte quejosa, y esta última no los recoge, paga su publicación y los exhibe ante este juzgado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, toda vez que incumple con un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Consecuentemente, en virtud de que la parte quejosa ha incumplido con el referido presupuesto procesal como es el emplazamiento a juicio de las partes interesadas en el mismo, que a su vez constituye una formalidad esencial del procedimiento, y que ante su omisión, este órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que se entorpece la administración de justicia pronta, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible a este Juzgado Federal, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al efecto señale la ley y no quede su resolución al albedrío de una de las partes, en este caso de la parte quejosa. Ahora, como se adelantó, de las constancias que integran el presente juicio se aprecia que después de agotar los medios correspondientes para obtener el domicilio para emplazar a los terceros interesados Carlos Eduardo Ávila Fraginals, en representación de la moral ***, en el juicio en que se actúa, cuya investigación resultó infructuosa, se ordenó el emplazamiento a juicio de las mismas mediante publicación de los edictos correspondientes, mismos que se dejaron a disposición de la parte quejosa en la secretaría de este juzgado, para que dentro del plazo de veinte días contados a partir de la notificación de dicho acuerdo compareciera a recogerlos, cuyo plazo otorgado a la parte quejosa para recoger los edictos y emplazar al tercero interesado transcurrió, sin que así lo hubiera hecho, incluso, sin haber realizado manifestación alguna respecto de la imposibilidad que tuvo para ello, lo que denota su falta de interés para la integración de la litis constitucional; lo que indiscutiblemente conduce al sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Con base en estas premisas, se sostuvo que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza -publicación de edictos-, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes de que no tiene la capacidad económica para sufragar dicha publicación, el juzgador podrá determinar que la publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual como ha quedado relatado en párrafos precedentes no aconteció en el caso concreto, pues se insiste el impetrante de garantías no realizó manifestación alguna. En las relatadas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, en términos del 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 26, fracción I, inciso b); 27, fracción III, inciso b), y 5°, fracción III, del referido ordenamiento legal; y en atención a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la misma legislación. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no ha sido posible emplazar al presente juicio de amparo a los terceros interesados ***, en representación de la moral ***, no obstante de las múltiples gestiones que se han realizado en el presente asunto para tal efecto. Lo anterior es así, puesto que del análisis realizado a las constancias que integran el presente asunto, se advierte que por auto de once de mayo de do mil veintiuno, se ordenó girar oficios a diversas dependencias para que informaran a este órgano jurisdiccional si en sus archivos tenían registrado el domicilio del tercero interesado de referencia, sin que se localizara domicilio cierto y actual de los mismos. De la interpretación de tales preceptos, se desprende que una vez agotada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b), y ordenado el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada por medio de edictos a costa de la parte quejosa, y esta última no los recoge, paga su publicación y los exhibe ante este juzgado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, toda vez que incumple con un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Consecuentemente, en virtud de que la parte quejosa ha incumplido con el referido presupuesto procesal como es el emplazamiento a juicio de las partes interesadas en el mismo, que a su vez constituye una formalidad esencial del procedimiento, y que ante su omisión, este órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que se entorpece la administración de justicia pronta, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible a este Juzgado Federal, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al efecto señale la ley y no quede su resolución al albedrío de una de las partes, en este caso de la parte quejosa. Ahora, como se adelantó, de las constancias que integran el presente juicio se aprecia que después de agotar los medios correspondientes para obtener el domicilio para emplazar a los terceros interesados Carlos Eduardo Ávila Fraginals, en representación de la moral ***, en el juicio en que se actúa, cuya investigación resultó infructuosa, se ordenó el emplazamiento a juicio de las mismas mediante publicación de los edictos correspondientes, mismos que se dejaron a disposición de la parte quejosa en la secretaría de este juzgado, para que dentro del plazo de veinte días contados a partir de la notificación de dicho acuerdo compareciera a recogerlos, cuyo plazo otorgado a la parte quejosa para recoger los edictos y emplazar al tercero interesado transcurrió, sin que así lo hubiera hecho, incluso, sin haber realizado manifestación alguna respecto de la imposibilidad que tuvo para ello, lo que denota su falta de interés para la integración de la litis constitucional; lo que indiscutiblemente conduce al sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Con base en estas premisas, se sostuvo que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza -publicación de edictos-, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes de que no tiene la capacidad económica para sufragar dicha publicación, el juzgador podrá determinar que la publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual como ha quedado relatado en párrafos precedentes no aconteció en el caso concreto, pues se insiste el impetrante de garantías no realizó manifestación alguna. En las relatadas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, en términos del 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 26, fracción I, inciso b); 27, fracción III, inciso b), y 5°, fracción III, del referido ordenamiento legal; y en atención a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la misma legislación. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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