Adolfo Benítez Zúñiga

Expediente 1687/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1687/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Adolfo Benítez Zúñiga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante karina vanessa corona alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el diecisiete del mismo mes y año, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Adolfo Benítez Zúñiga solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Acto reclamado: "acuerdo de feha 12 de noviembre de 2021 en el expediente natural 1226/17-24-01-5 emitido por la autoridad responsable en el que declara que archívese el presente asunto como totalmente concluido.". SEGUNDO. El veinte de diciembre de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1687/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama el auto de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente natural 1226/17-24-01-5, índice de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Por lo tanto, en relación al acto reclamado, el cual consiste en el auto de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente natural 1226/17-24-01-5, índice de la autoridad señalada como responsable, a través del cual la autoridad señalada como responsable estableció que agotó el procedimiento previsto por el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, que literalmente establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Encuentra apoyo en la jurisprudencia 17 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, Tomo VI, parte SCJN, de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, constituye la base para configurar una causa de improcedencia diversa a las que expresamente se contemplan en las primeras veintidós fracciones del precepto legal invocado, porque se trata de un supuesto genérico que remite a aquellas posibles causas que deriven del propio sistema de normas que regulan el juicio de amparo en su integridad, o de la interpretación de éstas; en esas condiciones y toda vez que de acuerdo con las reglas establecidas en el artículos 217 de la ley de la materia, como la jurisprudencia emitida por los órganos del Poder Judicial de la Federación ahí mencionados es obligatoria para este Juzgado de Distrito, entonces es posible establecer una causa de improcedencia del juicio de garantías, con base en la jurisprudencia previamente transcrita. Además, resulta ilustrativo a lo anterior, la tesis sin número, visible a página 52, del Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que señala: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". Establecido el fundamento legal para esta causal, es conveniente destacar que el término "Actos derivados de otros consentidos", surgió de la interpretación de juicios de amparo tramitados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cuales determinó como improcedentes las acciones de garantías ejercidas en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley considera como consentidos; es decir, son acciones u omisiones de la autoridad, que por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros que el propio quejoso consintió, pues a pesar del evidente perjuicio que le ocasionaron, no los controvirtió por alguna vía. En efecto, la interpretación conjunta de las anteriores disposiciones legales, así como la jurisprudencia reproducida, lleva a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que son la secuencia de otros que la ley reputa como consentidos, siempre y cuando entre el acto reclamado y el anterior que se considera consentido exista una relación de causa y efecto, es decir, debe existir una interdependencia tal entre ambos actos de autoridad que haga patente que el segundo acto reclamado en el amparo no surge autónomamente y deslindado del primero para afectar la esfera jurídica del gobernado, sino que su existencia deriva fáctica e ineludiblemente de la existencia misma del primer acto. A propósito de tal premisa, en primer orden se deja en claro que para considerar que un acto es derivado de otro consentido, deben concurrir dos elementos, los cuales son: a) Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ilustra a lo anterior la tesis emitida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 922 del Tomo LXXXI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro 323235, de título y contenido siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta.". De igual forma, en la parte conducente resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 97/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XX, Diciembre de 2004, página 167, Materia Civil, Novena Época, de título y contenido siguientes: "INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. LA ORDEN DE PONERLO EN POSESIÓN DE SU ENCARGO ES UN ACTO DERIVADO DE LA APROBACIÓN JUDICIAL DE SU DESIGNACIÓN, POR LO QUE SI ÉSTA SE CONSINTIÓ, CONTRA AQUEL ACTO NO PROCEDE EL AMPARO, SALVO QUE SE COMBATA POR VICIOS PROPIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Las fracciones XI y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo prevén, respectivamente, la improcedencia de juicio de amparo contra actos consentidos expresa y tácitamente. Ahora bien, es evidente que el análisis relativo a dicho consentimiento no debe hacerse en forma aislada, sino que ha de vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, anteriores al reclamado, y que tengan relación con él, para determinar si dicho acto deriva de otro consentido, es decir, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido y el derivado. En ese tenor, si se tiene en cuenta que la orden de poner en posesión de su encargo a un interventor con cargo a la caja de una negociación, conforme a los artículos 527 y 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, es una consecuencia necesaria de su designación como tal y de la respectiva aprobación judicial, es indudable que existe una clara relación de causa y efecto entre la referida aprobación y el acto de poner al interventor en posesión de su encargo, por lo que si se consiente aquélla, este último es un acto derivado de uno ya consentido, respecto del cual opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley citada; salvo que la posesión del cargo se combata por vicios propios.". En el caso que nos ocupa, el promovente reclama de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la emisión del auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente natural 1226/17-24-01-5, por el que concluyó que había agotado el procedimiento establecido en el ordinal 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en consecuencia ordenó el archivo del expediente como totalmente concluido. Sin embargo, debe decirse que ese acto reclamado no es más que una consecuencia directa del diverso auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitido dentro de los autos del expediente 1226/17-24-01-5, pues en esa determinación se decretó por parte de la autoridad señalada como responsable lo relativo a que se había agotado el procedimiento oficioso establecido en el ordinal 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de manera literal refirió que ante la renuencia de la autoridad demandada en el natural de cumplir cabalmente con el fallo de ese Tribunal Administrativo, ordenó se hiciera del conocimiento del hoy quejoso y parte actora en dicho juicio de origen en el sentido de quedar expedito su derecho para la interposición del juicio de amparo indirecto relativo. Atendiendo a lo anterior, en proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno, estableció que conforme el procedimiento de ejecución previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se debía requerir hasta por tres ocasiones a la autoridad demandada en el natural, además se estableció en dicho acuerdo que una vez agotado el procedimiento oficioso por parte del Tribunal Administrativo señalado como autoridad responsable, si continuaba la renuencia de la autoridad demandada a cumplir cabalmente el fallo dictado por la aquí señalada como responsable, se hizo del conocimiento del justiciable que quedaba expedito su derecho para hacer valer el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, contra la omisión de la autoridad demandada a dar debido cumplimiento a la multicitada sentencia. Lo que se considera así, pues a través del presente juicio de amparo, el accionante constitucional pretende que se deje insubsistente el proveído reclamado, derivado de que la autoridad responsable resolvió que conforme el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se había agotado el procedimiento de ejecución previsto en el citado ordenamiento, por lo que dejó expedito el derecho de la parte actora en el natural para la interposición del juicio de amparo indirecto, de conformidad con el numeral 107, fracción II, de la Ley de Amparo, tal y como se había decretado en el diverso proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno; es decir, combate el proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual únicamente se ordenó el archivo del expediente derivado de la conclusión del procedimiento de ejecución descrito en líneas anteriores. En ese sentido, es claro que el proveído reclamado deriva de la determinación que se hizo del conocimiento del hoy quejoso respecto del procedimiento de ejecución que debía agotarse y una vez concluido como se estableció en auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, quedaría expedito su derecho para proceder conforme al artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación a la promoción del juicio de amparo indirecto correspondiente contra la omisión de dar cumplimiento a lo resuelto en la sentencia respectiva. Por ello se considera que el proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno, es un acto derivado de otro que fue consentido ante la falta de impugnación, a saber, la determinación de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, ya que en la citada determinación se establecieron las razones y motivos por los cuales se consideró que se había agotado el procedimiento de ejecución previsto en el ordinal 58 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, sin que hubiese sido posible dar cumplimiento a la sentencia dictada, sin que se aprecie que el quejoso haya combatido en su momento esa actuación. Así, de lo precisado líneas arriba, se establece que la responsable Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ordenó el archivo del expediente, en razón de haber declarado agotado el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en el ordinal 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, como consecuencia de lo ordenado por la propia autoridad señalada como responsable mediante diversa determinación de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; por lo que, si no impugnó oportunamente la resolución de referencia, el acto reclamado, viene a ser de manera necesaria un acto derivado de otro que fue consentido ante su falta de impugnación, ya que, como se dijo, en la citada determinación se establecieron las razones y motivos por los que se desahogó el procedimiento de ejecución en los términos en los que se agotó. También cabe destacar que el quejoso no ataca por vicios propios al acto que reclama, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad la hace derivar del acto consentido, pues pretende sustentar su ilegalidad bajo el argumento de que la responsable ordenó el archivo del expediente de origen, sin haber culminado el procedimiento de ejecución de sentencia emitida en su favor en dicho juicio natural. Con lo expuesto, se pone de manifiesto que la inconstitucionalidad del acto reclamado deriva de lo adoptado en la determinación de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; entonces se concluye que no se trata el acto reclamado de uno autónomo susceptible de analizarse en el fondo, sino que es consecuencia jurídica directa de aquél, pues se insiste, fue en aquél donde se establecieron los motivos y fundamentos para establecer el procedimiento de ejecución y sus consecuencias, sin que pase desapercibido que como ya se asentó en líneas precedentes, e incluso en el propio acto del que deriva que en caso de incumplimiento una vez agotado el descrito procedimiento de ejecución, quedaban expeditos sus derechos para hacerlos valer a través del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo. En esa virtud, se colige que en la especie el acto reclamado versa sobre uno ya consentido, y en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. Por lo tanto, respecto de la promoción y procedencia del amparo indirecto, debe establecerse que de conformidad con el numeral 107, fracción IV, en su segundo párrafo se contempla el vocablo "o", entre las resoluciones que establecen la imposibilidad de cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, es decir, lo que suceda primero, máxime que como se precisó en la sentencia no se impugna por vicios propios el multicitado auto reclamado. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve, Tomo 217-228 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél.". Además, se cita al caso la Jurisprudencia V.2o. J/38 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 54, del Número 54, Junio de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 219041, de rubro y contenido siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan.". Por tanto, al surtirse la causa de improcedencia en estudio, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 217, de la misma ley, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, promovido por Adolfo Benítez Zúñiga, por las razones que han quedado expuestas. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, del acuse del oficio 32985/2021 mediante el cual se emplazó al tercero interesado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se advierte que no ha transcurrido el plazo de ocho días, establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la Magistrada Presidente de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Con las documentales exhibidas se ordena formar un anexo para su resguardo por separado y tener un mejor manejo del expediente en que se actúa. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que a la letra dice: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Finalmente, lo anterior no causa un perjuicio de naturaleza trascendental y grave a la parte quejosa, pues las citadas constancias podrán ser consultadas en las Instalaciones que ocupa este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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