Adolfo Balbuena Maya

Expediente 629/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
629/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
31/05/2016

Partes del expediente

  • Adolfo Balbuena Maya

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, y dado que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto emitido el doce de mayo del año en curso; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación que desechó la demanda de garantías que promovió Adolfo Balbuena Maya, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respetivas en el libro de gobierno, cuando esté debidamente digitalizado, archívese como asunto concluido. Por tanto, con apoyo en la certificación de cuenta y con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y auto definitivo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y del auto definitivo, las cuales, además deberán ser digitalizadas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede de la cual se advierte que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, por auto de veintiocho de enero de dos mil quince, se concedió la suspensión provisional a la quejosa, haciendo de su conocimiento que para que dicha medida cautelar surtiera efectos debía otorgar garantía en cualquiera de las formas establecidas por la ley por la cantidad de $305.72 (trescientos cinco pesos 72/100 moneda nacional); que mediante escrito recibido el once de febrero de dos mil quince, en la oficialía de partes de este órgano de control constitucional, el quejoso, exhibió el billete de depósito número N 711954, que ampara la cantidad antes mencionada, que por sentencia de veintinueve de mayo de dos mil quince, se sobreseyó el presente juicio, ordenándose el archivo del presente expediente el dieciocho de septiembre de dos mil quince. Ahora, considerando que el billete de depósito N 711954, exhibido por la parte quejosa, a fin que surtiera efectos la suspensión provisional concedida en autos, se encuentra en el seguro de este juzgado; hágase del conocimiento de la impetrante de amparo, que el billete de depósito en cita, expedido a su favor por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, el cual ampara la cantidad de $305.72 (trescientos cinco pesos 72/100 moneda nacional), queda a su disposición, si es su voluntad, se constituya en el local que ocupa este órgano jurisdiccional, con identificación oficial y vigente, a recibir el billete referido. Asimismo, dígasele que cuenta con un plazo de dos años para recibirlo, apercibido que de no hacerlo prescribirá a favor del erario federal, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos, del juicio de amparo indirecto 1753/2016, promovido por Jonathan Cazares Estrada, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México; por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, remitida en esa misma data, por razón de turno, a este Juzgado, Jonathan Cazares Estrada solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se indican (foja 2): "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: LOS C.C. MIEMBROS QUE INTEGRAN LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA". "4.- ACTO RECLAMADO: De la Autoridad Responsable el proveído de fecha 28 DE OCTUBRE DE 2015 (donde establece fecha para la celebración de una audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones el 9 de Abril de 2016 a las 9:00 horas), conducta que transgrede lo previsto por los artículos 685, 686 y 873 de la Ley Federal del Trabajo.". SEGUNDO. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos humanos protegidos por los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil quince, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no presentó pedimento ministerial alguno; ordenó se notificara al tercero interesado; y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia de este órgano jurisdiccional. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII de la Constitución General de la República; 1° fracción I, 37 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado se le atribuye a un tribunal laboral que reside dentro de la circunscripción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil, página treinta y dos, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de garantías, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el quejoso reclama: El proveído de veintiocho de octubre de dos mil quince en el cual se establece el nueve de abril de dos mil dieciséis como fecha para la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones en el expediente laboral 440/2015, y la abstención de realizar las notificaciones relativas a la quejosa. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que, al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. En ese sentido el Presidenta de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Valle de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado; lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente laboral 440/2015, que la responsable remitió en compañía a su informe con justificación; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º. CUARTO. Cuestiones de procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, por ser una cuestión de orden público. De esta forma, se considera que en el caso de actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Así, del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, de la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce sus derechos fundamentales, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues respecto al acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia constitucional consistente en señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, excediendo el término legal para ello y la abstención de realizar las notificaciones relativas a la quejosa, en el expediente 1753/2015; sobrevino una cesación en virtud de que en el expediente en mención el veinte de abril del año en curso, la responsable llevó a cabo dicha audiencia. Por tanto, la determinación reclamada por esta vía, consistente en señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, excediendo el término legal para ello y la abstención de realizar las notificaciones relativas a la quejosa, en el expediente 1753/2015, quedó sin efectos al llevarse a cabo tal audiencia y notificaciones relativas, como se advierte de las constancias que obran en autos y que fueron exhibidas por la responsable mediante oficios 2099/2016 y 2137/2016, de veinte y veintidós de abril de este año. Consecuentemente, es evidente que las cosas quedaron en el estado que guardaban con anterioridad a la emisión del acto reclamado. Luego, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Son aplicables al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales son del rubro siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (S.J.F. y su Gaceta, novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. (S.J.F y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 210). No obsta a lo anterior, que la autoridad responsable, mediante oficio 2099/2016, de veinte de abril de dos mil dieciséis haya informado a este Juzgado que se establecieron las once horas del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, para que tenga lugar la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, puesto que de las constancias que adjuntó a dicho oficio se aprecia, que dicho acto lo acordó dentro de la apertura de la audiencia de mérito, efectuada el veinte de abril de dos mil dieciséis, en la que la fijación de la nueva fecha obedeció a la solicitud de la parte demandada de que se suspendiera la misma, en virtud del desahogo del requerimiento formulado a la parte actora por parte de la Junta durante el desarrollo de la diligencia de mérito, en el cual la actora aclaró diversos puntos de su demanda. Por tanto, lo cierto es que la diligencia de la que se dolía el quejoso, se inició el veinte de abril de la anualidad, máxime que para la continuación de la misma, tal como se adujo en el párrafo que antecede, se señalaron las once horas del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por lo que este órgano de control constitucional, considera que a nada práctico conllevaría entrar al estudio del asunto para eventualmente conceder la protección constitucional para que la Junta fije de nueva cuenta la multialudida Audiencia dentro de los plazos establecidos por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, si entre la presente determinación y la fecha de la misma únicamente median ocho días hábiles. A mayor abundamiento, es conveniente dejar definido que para concluir lo aquí resuelto, se toma como directriz el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir el amparo directo en revisión 3103/2012, el veintiocho de noviembre de dos mil doce, en tanto que en la ejecutoria de que se trata, se sostuvo, en líneas generales, que incluso con la existencia de la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal, de junio de dos mil once, no es dable asumir que a través del juicio de amparo sea posible dolerse de cualquier acto o ley, sin que se verifiquen ciertos supuestos que permitan el inicio de un medio de defensa, como lo es el hecho de que la demanda de amparo se formule atendiendo a las formalidades procesales, las cuales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución; así, concluyó la Primera Sala, que estimar lo contrario significaría modificar el régimen establecido por la Constitución, respecto de los aspectos de procedencia del juicio de amparo, declarando procedente lo improcedente. De la ejecutoria en cuestión derivó la tesis 1ª LXXXIV/2013 (10ª), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 890, que es del tenor siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En consecuencia, el presente juicio resulta improcedente de conformidad con la causa prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por consiguiente, lo que procede es sobreseer en el mismo con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la normatividad de mérito. Por último, no se soslaya que en el presente juicio no se logró notificar al tercero interesado Bimbo, Sociedad Anónima de Capital Variable; sin embargo, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que dicha persona moral, no tiene la calidad de tercero interesada para los efectos del juicio de amparo, puesto que si bien, en el juicio natural tiene el carácter de demandada, lo cierto es que no se aprecia que, por lo que respecta al acto reclamado -dilación procesal-, tenga intereses contrarios a la aquí quejosa, en el juicio de origen. Ello es así, pues atendiendo al principio de buena fe que impera en cualquier procedimiento seguido en forma de juicio, se colige que es interés común de las partes la controversia que ventilan sea resuelta dentro de los plazos que la legislación de la materia contempla. Por tanto, sin en la especie en el presente sumario se reclama una dilación procesal, pues la quejosa se duele de la fijación de la fecha señalada para efectuar la diligencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente de origen, es inconcuso que su demandada no tiene un interés procesal contrario. En el entendido de que este Juzgado de Distrito no soslaya el contenido de la Jurisprudencia 1ª/J 90/2010, emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De rubro: "TERCERO PERJUDICADO, CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Sin embargo, se considera que esa interpretación dejó de ser aplicable en la actualidad, pues la Ley de Amparo vigente, en su artículo 5, fracción III, inciso B) precisa la necesidad de un interés adverso, para sostener la existencia de un tercero interesado antagonista del quejoso lo cual, se reitera, no sucede en la especie, toda vez que tanto el actor como demandado esperan la pronta resolución de la controversia a la que son sometidos. Es aplicable a lo aquí decidido el criterio establecido en la tesis número 216242, del primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo circuito, consultable en la página 320, tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "TERCEROS PERJUDICADOS. CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE RESOLUCION CULMINATORIA DE UN PROCEDIMIENTO AGRARIO, NO EXISTEN LOS. En los casos en que se reclaman actos violatorios de la garantía que consagra el artículo 17 constitucional y por equiparación de la contenida en el artículo 8o. del mismo cuerpo de leyes, por la falta de resolución culminatoria de un procedimiento agrario, de ninguna manera resulta jurídico estimar que debe intervenir con el carácter de tercero perjudicado persona alguna, pues con tal carácter sólo se legitima aquel sujeto que tiene interés en que subsista el acto reclamado, lo cual en esos casos como el señalado resulta inadmisible, toda vez que no existe razón alguna para que personas distintas a los quejosos estuvieran interesadas en la subsistencia de una situación de incertidumbre generada por el hecho de no dictarse la resolución que ponga fin a un procedimiento declarando el derecho de las partes. Sin que sea obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que a determinada persona se le atribuya por los quejosos en su demanda de garantías el carácter de tercero perjudicado, así como tampoco el hecho de que tal carácter sea reconocido implícitamente por el juez de Distrito al ordenar su emplazamiento, ya que lo cierto es que tal persona no tiene el carácter de tercero perjudicado por las razones expuestas anteriormente, y por ende no es parte en el juicio de amparo en términos del artículo 5o. fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo". En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 117, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1753/2015, promovido por Jonathan Cazares Estrada, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable aludida en el resultando primero, por los motivos expresados en el considerando último de esta resolución.

  4. Principal

    Visto el auto que se dictó en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, en el que causó ejecutoria, en consecuencia procede declarar sin materia este incidente de suspensión y dejar sin efecto las medidas decretadas en el mismo.

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