Adolfo Ayala González
Expediente 1932/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1932/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/12/2022
Partes del expediente
- Adolfo Ayala González
- María Teresa García García
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. No obran documentos originales. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Devolución de anexo. Por otra parte, en atención a que obra por separado los tomos de pruebas I y II; consecuentemente, y en virtud que no hay más actuaciones que realizar en el expediente en que se actúa, se ordena devolver a la autoridad respectiva dicho tomo, por ser de su competencia. En el entendido de que el sello de recepción servirá como acuse. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Oficio La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por conducto de quien legalmente lo representa, devuelve el oficio 36049/2022 dirigido al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por los motivos que indica. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo En atención a su contenido se ordena el reenvió del oficio 36049/2022 dirigido al Jefe del Servicio de Administración Tributaria en el domicilio ubicado en ******************** Asimismo, se ordena el reenvió del oficio 36591/2022 de veinticuatro de octubre del año en curso, en virtud de que se advierte que fue enviado a un domicilio diverso al antes mencionado, lo anterior para la debida integración del recurso de revisión interpuesto en autos. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos se evidencia que no obra en autos el acuse de recibo de los oficios: SENTENCIA DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 36046/2022 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 36048/2022 Secretario de Hacienda y Crédito Público. AUTO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 36586/2022 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 36588/2022 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 36590/2022 Secretario de Hacienda y Crédito Público. Fundamentación. Artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano en San Andrés Cholula, Puebla, para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las piezas postales de los oficios antes referidos, que fue depositada en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, el veintiuno y veintisiete de octubre del año en curso, respectivamente, según copia de la factura que al efecto se adjunta. Apercibimiento. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los autos y tomando en consideración la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no se inconformaron contra el proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, dentro del plazo legal de quince días, establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción y digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: En virtud de que en este asunto se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional llevará a cabo su depuración y se transferirá al depósito documental de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. Toda vez que en autos obran documentos aportados por la parte quejosa, que se ubican dentro de los referidos en el artículo 3, fracción XVIII del Acuerdo General de que se habla, y en cumplimiento a lo dispuesto en el diverso 18 de la misma legislación; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se dejen en autos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido de que al presentarse a las instalaciones de este Juzgado de Distrito deberá exhibir identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma), para ser certificada por el secretario (previo cotejo) y agregarse a los autos para debida constancia legal. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente.
- Principal
ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 24 DE OCTUBRE DE 2022 Oficio Ximena Ramos Valdez perito oficial aceptó y protestó el cargo conferido. Fundamentación. Artículos 119, 120 122, 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Artículos 89, 140, fracción V, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Se tiene a la mencionada perito oficial aceptando y protestando el cargo conferido. Fecha y hora para los ejercicios caligráficos. En consecuencia, se requiere al quejoso Oswaldo Martínez Galicia para que a las DOCE HORAS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, acuda a las instalaciones de este juzgado federal en compañía de Mario Ramos Santos, Fausto Alberto Perez Mitre Salas y Maribel Carreto González, a fin de que la perito oficial, recaben las muestras caligráficas necesarias para estar en aptitud de rendir su correspondiente dictamen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "FIRMAS INDUBITABLES EN EL AMPARO INDIRECTO. TIENEN ESTE CARÁCTER PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL CALIGRÁFICA O GRAFOSCÓPICA, LAS PLASMADAS EN PRESENCIA DEL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA EN QUE SE IMPRIMAN. El artículo 140, fracción V, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2o., al establecer como indubitables para el cotejo, las firmas o huellas digitales puestas en actuaciones judiciales, en presencia del secretario del tribunal, o de quien haga sus veces, por aquel cuya firma, letra o huella digital se trate de comprobar y las puestas ante cualquier otro funcionario investido de fe pública, permite concluir que en la tramitación del juicio de amparo indirecto las firmas plasmadas en presencia del secretario del tribunal devienen indubitables, precisamente en atención a la fe pública de que se halla revestido ese funcionario, lo que determina la certeza de que el indicado signo gráfico se estampó ante él y que la autoría de quien lo realizó no está a discusión, con independencia de la fecha en que se ejecute el correspondiente ejercicio caligráfico; sin que para ello resulte óbice que el autor de tales firmas, enterado del objeto de esa diligencia, pretendiera disimular el grafismo habitual con el que firma, con el ánimo de obtener, en su oportunidad, un dictamen favorable; pues esa es precisamente la misión que tienen encomendada los peritos en grafología o grafoscopía, cuyos conocimientos permitirán establecer si hay o no coincidencia entre dos firmas, a pesar de que intencionalmente pretendiera su autor ocultar o alterar algunos de sus rasgos, dado que los esenciales se conservan incólumes y con métodos científicos puede detectarse tal alteración." De igual forma, se requiere a la quejosa Oswaldo Martínez Galicia y a Mario Ramos Santos, Fausto Alberto Perez Mitre Salas y Maribel Carreto González, para que, el día de la toma de muestra de escritura y firma, presenten documentos oficiales donde obren sus firmas autógrafas, es decir, credencial para votar con fotografía, pasaporte, cédula profesional anterior al año dos mil uno en virtud de que posterior a ese año ya se encuentran digitalizadas las firmas, etcétera. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa, cuya firma se cuestiona, que de no hacerlo, se tendrán por ciertas las afirmaciones de la parte tercera interesada, salvo prueba en contrario, lo anterior con fundamento en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Fundamenta lo anterior la tesis aislada: "PRUEBAS EN PODER DE UNA DE LAS PARTES. EL ARTÍCULO 89 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El precepto citado que dispone que si una de las partes no exhibe, a la inspección del tribunal, la cosa o documento que tiene en su poder o de que puede disponer, deben tenerse por ciertas las afirmaciones de su contraparte, salvo prueba en contrario, lejos de vulnerar el derecho de acceso a la justicia, coadyuva a su cumplimentación, al establecer un mecanismo que provee al juzgador con las herramientas necesarias para allegarse de las pruebas pertinentes para acceder al conocimiento de la verdad. Cuando la prueba necesaria para acreditar las afirmaciones de una de las partes está en poder de su contraria, se actualiza uno de los supuestos de la "obligación procesal". En esos casos la parte ya no está actuando exclusivamente en interés propio, sino que tiene un deber de colaborar con la justicia, y esa colaboración es un límite necesario a la libertad individual, impuesto por razones de interés público. Por ello, el apercibimiento contenido en el artículo 89, del Código Federal de Procedimientos Civiles, resulta eficaz para conminar a quien tiene en su poder la prueba de las afirmaciones de su contraria a su exhibición. Ahora, si bien es cierto que ese precepto restringe la libertad de la parte que tiene la prueba en su poder de decidir si la exhibe o no, también lo es que dicha limitación persigue una finalidad constitucionalmente válida, encaminada a cumplir el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, al tener por objeto asegurarse de que el juez obtenga los elementos necesarios para resolver el asunto sometido a su jurisdicción. Asimismo, la medida es necesaria ya que, en caso contrario, al saber que la exhibición de la prueba coadyuvaría a tener por acreditadas las afirmaciones de su contraria, la parte que la tiene en su poder podría optar por no exhibirla, al resultar en su perjuicio. Finalmente, la medida es también proporcional, porque la consecuencia de "tener por ciertas las afirmaciones de la contraria" no hace por sí sola prueba plena, pues del propio precepto deriva que sólo produce una presunción susceptible de ser desvirtuada por prueba en contrario. Por tanto, aun cuando una de las partes afirme algo y ofrezca como prueba cierta documentación que no obra en su poder, y el juez haga el requerimiento respectivo, si la contraparte no exhibe dicha documentación, ésta tiene intocado su derecho para probar que las afirmaciones de su contraria no son ciertas y revertir la presunción de certeza de las afirmaciones referidas. Lo anterior, en el entendido de que el requerimiento que el juzgador realice con base en dicho artículo tendrá que estar fundado y motivado, y dada la consecuencia que se impone a la parte requerida, deberá atender al principio de pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba, ya que sólo en aquellos casos en que la prueba en poder de la parte requerida sea necesaria para dilucidar la litis del juicio, se justifica su requerimiento; asimismo, el juez debe tomar en cuenta que la información que se estime confidencial de la parte requerida esté protegida frente a intromisiones ilegítimas." Requerimiento a perito. Se requiere a la perito oficial, para que acuda a la diligencia de muestra de caligrafía programada. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notificación a perito oficial. En tales circunstancias, gírese oficio a la Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a fin de que notifique a la perito el presente acuerdo. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la perito oficial Ximena Ramos Valdez, del quejoso Oswaldo Martínez Galicia y a Mario Ramos Santos, Fausto Alberto Perez Mitre Salas y Maribel Carreto González, que deberán comparecer a la localidad de este juzgado el día y hora señalados, en el entendido que tendrán que exhibir una identificación oficial vigente y copia simple de ésta para debida constancia legal. Requerimiento de dictamen. Desahogada la diligencia de ejercicios caligráficos, se otorgará nuevo plazo a los peritos para dictaminar. Estado procesal Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con diez minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, en esta fecha se está citando a las partes para efectuar los ejercicios caligráficos; por lo tanto, a fin de desahogar el citado requerimiento lo procedente es el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional, pues tal acto procesal no constituye una violación en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento es para que este juzgado esté en posibilidad de dar vista con dichas constancias a las partes, es de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la audiencia, si el suscrito juzgador ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder se impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio a las partes a fin de que se impongan de las constancias del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES." Fecha y hora. De esta manera, se fijan para la celebración de la audiencia constitucional las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada.
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