Adolfo Almager Ibarra

Expediente 238/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 46 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
238/2017
Año
2017
Actuaciones
46
Última actuación
08/03/2019

Partes del expediente

  • Adolfo Almager Ibarra
  • Alfredo Vasquez Rendón
  • Adolfo Almager Ibarra y Otros.
  • Marcos Gómes Rosales
  • Ricardo de la Rosa Haros
  • Alfredo Vasquez Rendón y Otros.
  • Jesus Soberanis Niebla y Otros.
  • Encargado del Área de Psicología y Psiquiatría del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-OAXACA, con sede en Miahuatlán, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a ocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, y al advertirse que se concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, y al estimarse que el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria: En su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico el original de este incidente y procédase a la digitalización de la resolución relativa a su otorgamiento. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la parte quejosa quedó debidamente notificada del proveído en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que al efecto hubiera interpuesto el recurso de inconformidad dentro del plazo de quince días a que se contrae el artículo 202 de la Ley de Amparo, es de estimarse que consintió tácitamente del contenido del citado proveído. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectiva, y proceder a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales ofrecidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número once "CPS-SONORA", con residencia en Hermosillo Sonora, mediante el cual manifiesta que se encuentra imposibilitado para cumplir con el requerimiento formulado en auto de ocho de enero del año en curso, respecto al quejoso Walter Rendon Nolasco o Alfredo Vásquez Rendón, remitiendo al efecto, copia certificada del acta administrativa de egreso por sentencia absolutoria 105/2018, de trece de enero de dos mil dieciocho, toda vez que el quejoso obtuvo su libertad; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo con su contenido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, siguientes al que le surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo legal establecido, se procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO POR CONDUCTO DE SUS AUTORIZADOS.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta de la encargada del despacho del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiuno de noviembre del año pasado; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, ya que el quejoso Walter Rendón Nolasco o Alfredo Vázquez Rendón, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS-SONORA", en términos de lo dispuesto por el artículo 197, de la Ley de Amparo, se estima que será el titular de dicho centro de reclusión, quien se encuentra obligado a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, y estará sujeto a las responsabilidades a que se refiere el título tercero, denominado cumplimiento y ejecución, de la Ley de la materia. No obsta a lo anterior, el hecho de que el director del Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS-SONORA", no tenga el carácter de autoridad responsable en el presente juicio de garantías, pues el cumplimiento de la ejecutoria debe realizarse por conducto de las autoridades que de acuerdo a sus facultades les corresponda, conforme a lo previsto en el referido numeral 197, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia XIII.P.A. J/4 (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Décima Época, publicada el viernes 25 de mayo de 2018 10:30 h, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD CONTRA LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA. EL HECHO DE QUE ÉSTE HAYA SIDO TRASLADADO A DIVERSO CENTRO DE RECLUSIÓN, NO IMPLICA QUE EXISTA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA ACATAR DICHO FALLO PROTECTOR. Conforme al artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo, existen dos supuestos de imposibilidad para cumplir una resolución judicial, a saber: jurídica y/o material. En este sentido, si el quejoso privado de su libertad es trasladado a diverso centro de reclusión para seguir compurgando la pena de prisión impuesta, lo cierto es que ya no se encuentra bajo el resguardo de las autoridades penitenciarias señaladas como responsables, por lo que resulta materialmente imposible que éstas adopten las medidas indicadas en la sentencia para proporcionarle atención médica y, en su caso, suministrarle los medicamentos atinentes; sin embargo, la circunstancia anterior no conduce a concluir que existe imposibilidad jurídica para acatar el fallo protector, pues el deber impuesto a las autoridades responsables de restituir en el pleno goce de sus derechos fundamentales al quejoso privado de su libertad no se extingue por el hecho de que éste haya sido trasladado a un centro de reclusión diverso, pues la observancia de tal prerrogativa no depende de que el impetrante se encuentre en uno u otro centro de reclusión, por lo que mientras no se modifique su estado jurídico como interno en un centro de reclusión (por ejemplo, que quede en libertad), cualquier autoridad penitenciaria debe proceder en consecuencia, para realizar los actos necesarios encaminados a que se dé cabal cumplimiento a la sentencia amparadora, incluso, aunque no haya sido señalada como responsable, como lo prevé el artículo 197 de la propia ley, que faculta al Juez Federal para requerir a todas las autoridades que tengan o deban tener intervención, por encontrarse vinculadas al cumplimiento de la sentencia." Así como, la jurisprudencia 57/2007, aportada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXV, Mayo de 2007, que aparece publicada en la página 144 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el mencionado artículo 197, de la Ley de Amparo, se ordena requerir al director del Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS-SONORA", por tratarse de una autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente auto, dé cumplimiento al fallo dictado en el presente juicio. Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, el Director Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS-SONORA", deberá realizar las gestiones necesarias a efecto de que el quejoso Walter Rendón Nolasco o Alfredo Vázquez Rendón, se le proporcione la atención por parte de un especialista en psiquiatría para el tratamiento de los padecimientos que refiere, el seguimiento al tratamiento médico, y en su caso, los medicamentos que le sean prescritos. A fin de que la citada autoridad se encuentre en aptitud de cumplir con lo anterior, se ordena remitirle copia de la sentencia pronunciada en el presente juicio. Se apercibe al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS-SONORA", que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado líneas atrás, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, conforme a lo dispuesto por el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), equivalente a ocho mil sesenta pesos, cero centavos ($8,060.00/100, M.N.), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($80.60) por cien (100), acorde con lo previsto en los numerales 192, 193 y 258 de la ley de la materia, y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física, que ocupa el cargo de la autoridad a que se requiere, por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representan; lo cual no se prejuzga. NOTIFÍQUESE.

Quedan 42 actuaciones en este expediente

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