Adolfo Alcantara Chavez
Expediente 104/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 104/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/02/2019
Partes del expediente
- Adolfo Alcantara Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de once de febrero del año en curso (fojas 15 a 19), a través del cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
un acuerdo notificación personal al quejoso
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO HECHO AL QUEJOSO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIOD E LISTA EL ACUERDO DE ONCE DE FEBRERO D EDOS MIL DIECINUEVE QUE DICE: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2º de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el escrito de cuenta mediante el cual el quejoso Adolfo Alcántara Chávez, desahoga en tiempo y forma la prevención hecha en auto de seis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 10 a 12), esto es, aclara el acto que reclama en este juicio. En consecuencia, ténganse por cumplida la prevención de mérito, y sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora bien, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente destacar de la demanda de amparo y escrito aclaratorio de mérito, se aprecia que el acto reclamado en el presente asunto, consiste esencialmente en: La integración de la carpeta de investigación NUC:TOL/TOL/TOL/107/128921/16/12; NIC: TOL/TOL/00/MPI/14/00/193/16/12, tramitada ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Toluca, Estado de México. Hecha tal precisión, el suscrito estima que respecto del citado acto reclamado, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual se encuentra previsto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 6°, ambos de la Ley de Amparo, como se expondrá de forma siguiente: En efecto, los artículos 6° y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.." Asimismo el artículo 21 Constitucional, dispone: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines." El precepto constitucional transcrito con antelación, hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la investigación del delito; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Dicho precepto, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada investigación del delito no judicializada (noticia criminal), los elementos del delito y la probable intervención o participación del imputado. Así pues, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de la investigación del delito, el Representante Social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del hecho delictuoso que se imputa al indiciado que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y su probable intervención o participación. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditar la actualización de algún delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar los datos de pruebas que acrediten la probable participación o intervención en el hecho delictuoso del imputado". Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional; de ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, le impone la obligación de aportar los datos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el Representante Social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que la revisibilidad, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la carpeta de investigación del delito debe ser determinada, en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, en el caso a estudio, el perjuicio que la parte quejosa estima le causa el hecho de que las responsables realicen las diligencias de preparación e integración de la indagatoria de origen, es susceptible de ser contrarrestado mediante la determinación del juez de librar o no la orden de captura que eventualmente le fuere solicitada. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no infringen perjuicio alguno a la parte quejosa, ya que éste en todo caso dicho perjuicio se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confiere al Ministerio Público. Al efecto conviene citar el referido artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño;" Aunado a lo anterior, en el caso el acto reclamado consistente en la integración de la carpeta de investigación NUC:TOL/TOL/TOL/107/128921/16/12; NIC: TOL/TOL/00/MPI/14/00/193/16/12, tramitada ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Toluca, Estado de México, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en la fracción VII, del artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece los actos que son procedentes reclamar en amparo indirecto y que sean atribuidos al Ministerio Público. Por consecuencia, es improcedente la demanda de amparo, en relación con tales actuaciones atribuidas al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Toluca, Estado de México, al actualizarse, la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 107, fracción VII, ambos de la Ley de Amparo y, además, con apoyo en el artículo 21 de la Constitución Federal. En suma, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Adolfo Alcántara Chávez, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Toluca, Estado de México, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracciones III, inciso b), interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo y, además, con apoyo en el artículo 21 de la Constitución Federal.
- Principal
Toluca, México; seis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual solicita se informe el estado procesal del presente juicio de amparo y se le remita el juicio de amparo directo 521/2010, de su índice estadístico, o bien, en caso de requerirlo mayor tiempo a préstamo hacerlo de su conocimiento...
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