Adolfo Aguirre Muñoz

Expediente 579/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 135 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
579/2018
Año
2018
Actuaciones
135
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Adolfo Aguirre Muñoz
  • Juez Primero de Primera Instancia, Con Sede En San Andrés Tuxtla, Ver.
  • Fiscal General del Estado de Veracruz, En Xalapa, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 135.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese en autos el oficio signado por el Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro, con sede en Cosamaloapan, Veracruz, mediante el cual aduce dar cumplimiento a lo requerido en auto de doce de septiembre de los cursantes, informando que solicitó al Fiscal Regional Zona Centro, con sede en dicha ciudad, que informara si ya había recibido respuesta por parte de las entidades federativas respecto de la localización de Edgar Pérez Caberta, a efecto de cumplimentar la orden de aprehensión girada en su contra, sin que dicho fiscal haya dado contestación a su solicitud, para lo cual anexa los acuses de recibo de los oficios respectivos. De lo anterior, se toma nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el telegrama remitido por el Delegado Regional Policía Ministerial Zona Centro, con sede en Cosamaloapan, mediante el cual aduce dar cumplimiento a lo requerido en auto de veinticinco de agosto de los cursantes, informando que no ha recibido respuesta por parte de las entidades federativas respecto la localización de Edgar Pérez Caberta. No obstante, tal información es la misma que fue recibida en el auto de veinticinco del mes anterior, por lo que para estimar cumplido el requerimiento en cita, debe remitir las constancias que acrediten las diligencias que ha realizado con el fin de dar cumplimiento a la sentencia amparadora pronunciada en el presente juicio. Sin que se óbice lo que se señala en el sentido de que no ha recibido copia alguna de las constancias solicitadas al Fiscal Regional Zona Centro de Cosamaloapan; pues con independencia de las actuaciones que realice la citada fiscalía, las constancias que se le han requerido tienen el fin de acreditar lo que por su parte ha hecho con el fin de dar cumplimiento a la sentencia amparadora, es decir, se relaciona con el actuar que en lo individual ha desplegado al respecto. En ese sentido, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se indica a dicha autoridad que con lo manifestado en el telegrama de cuenta no es factible tener por cumplido el requerimiento efectuado en auto de veinticinco de agosto pasado y que subsiste el apercibimiento decretado en el proveído en el que por primera vez se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora, así como en autos de siete y catorce de agosto del año en curso. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense en autos los oficios signados por el Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro Cosamaloapan, con sede en esa ciudad; mediante el cual, en acatamiento a lo requerido por este juzgado, informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de las cuales se advierte que a la fecha no ha sido posible la localización de Edgar Pérez Caberta, y remite copia del oficio INE/JD19-VER/01197/2023, suscrito por la vocal del Registro Federal de Electores, en torno a la búsqueda de información sobre el referido Pérez Caberta, del que se advierte que no se encontró información al respecto en su base de datos. Por otra parte, en cuanto al registro 16233, remitido por el Delegado Regional de la Policía Ministerial zona Centro-Xalapa, con residencia en Xalapa, Veracruz; mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido por este juzgado, con el fin de que se cumpla la sentencia amparadora, informa lo que a su vez le han comunicado la diferentes Jefaturas de Detectives como lo son de Altotonga, Jalacingo, Martínez de la Torre, Naolinco, Perote, Tlapacoyan y Vega de la Torre, sobre las diligencias realizadas para localizar a Edgar Pérez Caberta, sin que al momento hayan obtenido respuesta favorable sobre su localización. De lo anterior se toma nota en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y se da vista con a las partes con dicha información, para los efectos legales que correspondan; sin que ello implique proceder en términos de lo previsto en el numeral 196 de la ley de la materia, sino que únicamente se hace del conocimiento para efectos de que conozcan las últimas actuaciones relacionadas con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los telegramas, remitidos por el Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Cosamaloapan, Veracruz y el Fiscal Regional de Justicia zona Centro-Cosamaloapan, Veracruz. Atento al contenido del telegrama remitido por el Fiscal Regional de Justicia zona Centro-Cosamaloapan, Veracruz, no se emite mayor pronunciamiento toda vez que la autoridad informa que dio contestación al oficio 836 de veintiocho de julio de la presente anualidad a través del oficio FGE/FRJZCC/3064/2023, mismo que se acordó lo conducente el pasado siete de agosto de la presente anualidad (fojas 320 a 323 del quinto tomo). Por otra parte, respecto al telegrama remitido por el Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Cosamaloapan, Veracruz, téngasele informando que hasta esa data no ha recibido más contestaciones por parte de las Entidades Federativas pendientes de rendir sus informes; de lo anterior este resolutor federal toma conocimiento para los efectos legales procedentes. En tal sentido, hágase del conocimiento del Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona, Centro-Cosamaloapan, Veracruz, que el cumplimiento de las sentencias de amparo es un aspecto de orden público y de atención prioritaria y no basta para ello que se giren instrucciones genéricas, sin dar el seguimiento adecuado a sus mandatos. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), del Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 11, con registro digital 2007914, que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. Por tal motivo, dado que el cumplimiento de la sentencia es de atención prioritaria, se le requiere al Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Cosamaloapan, Veracruz, para que en el término de veinticuatro horas, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio que al efecto se gira, se sirva enviar a este juzgado, los informes que se encuentran pendientes de remitir solicitados a las treinta y dos entidades federativas, por lo que, una vez que cuente con los referidos informes o en su caso, informe las gestiones que haya realizado para cumplimentar lo solicitado por este órgano jurisdiccional, remita copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias con las que lo acredite. Reiterándole a la autoridad en cita que de no dar cumplimiento al requerimiento que le fue formulado, en la fecha que se señala, o bien, manifieste su imposibilidad legal para ello, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, la cual hoy equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); misma que se actualizará al momento de realizar la conducta sancionada, pues la unidad de medida equivale a $103.74 (ciento tres pesos setenta y cuatro centavos), y se seguirá el procedimiento previsto en el párrafo segundo del artículo 192 de la misma ley, que consiste en remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación de conformidad en los artículos 258, 262, fracción V, 267, fracción I, 269 y 271 de la Ley de Amparo, los cuales disponen las sanciones penales para el caso de no acatar la ejecutoria de amparo. Preceptos que prevén consecuencias y sanciones para el servidor público que incumpla o eluda el cumplimiento de una ejecutoria emitida en un juicio de amparo, o no la haga cumplir; lo que se justifica en función de que, el desacato a la sentencia de amparo, implicaría burlar el sistema riguroso, ágil y concentrado que la Constitución Federal y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo. Lo anterior es así, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues todos los órganos jurisdiccionales están obligados a impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial; circunstancia que únicamente se logra acatando los términos otorgados para llevar a cabo las actuaciones judiciales. Sirve de sustento, por el criterio que informa, la tesis número XIX.1º.2.K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de rubro siguiente: "JUEZ DE DISTRITO OBLIGACIÓN DEL, PARA QUE NO QUEDEN PARALIZADOS LOS JUICIOS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 157 Y 209 DE LA LEY DE AMPARO." En esa tesitura, signifíquesele a la autoridad Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Cosamaloapan, Veracruz, que en términos de lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, como lo es en este caso, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades que la propia ley en cuestión señala. Notifíquese...

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