Adolfo Acosta Gamboa
Expediente 78/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Adolfo Acosta Gamboa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la sentencia de dieciocho de enero de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que no ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el primer punto resolutivo de la sentencia que resolvió el presente asunto la justicia de la Unión no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la artículo 18, fracción I, inciso b), por lo que es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el antepenúltimo párrafo del citado artículo. Asimismo, y como lo dispone el artículo 18 penúltimo párrafo del capítulo séptimo y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional mismas que deberán digitalizarse en términos del capítulo noveno del citado acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el citado artículo 18. En virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, una vez transcurrido el término de tres años señalados en el artículo 9 del Acuerdo General sin número, ya citado, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio se concedió la suspensión definitiva, de los actos reclamados a las responsables, por tanto conservarse el original por el término de tres años y, una vez transcurrido éste, deberá transferirse tal como lo establece la fracción I, inciso a), del artículo 18, Capítulo Séptimo del aludido Acuerdo General. Finalmente, devuélvanse al juzgado responsable las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, al no existir necesidad de que obren en autos. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 78/2022-II, promovido por ***, contra actos de la Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El treinta de noviembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por *** contra el acto reclamado de la Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mérida, consistente en la resolución dictada en la audiencia celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós en el toca ***. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. El dos de diciembre de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 2767/2022, se admitió la demanda de amparo. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, así como a la tercero interesada María del Rosario ********************. Se recibió el informe con justificación de la autoridad responsable. Luego, por auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, en atención al oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 (...)Por tanto, el expediente se registró ante este Juzgado Sexto de Distrito, con el número 78/2022-III. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, (.) TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado (foja 19), la autoridad responsable ya precisada, aceptó la existencia de los actos reclamados. Además, la certeza se corrobora con las constancias remitidas como justificativas de su respectivo informe referente al toca ********************, así como dos discos compactos que contiene los archivos de audio y video de las audiencias de veinticinco de noviembre y diez de agosto de dos mil veintidós, con los que se formó un anexo y dos legajos; medios que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de documentos públicos autentificados por una autoridad judicial. CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo legal. Es así, pues se hizo dentro del plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, (.)En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se precisa que las partes no invocaron causas de improcedencia, ni opera alguna que deba estudiarse de oficio. Luego, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que el suscrito no tiene obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, al no oponerse al texto de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia con registro 205800, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO». SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Audiencia de vinculación a proceso. La audiencia inicial se celebró el cuatro de agosto de dos mil veintidós, en la que previa formulación de imputación y exposición de la solicitud de vinculación a proceso, el imputado solicitó se resolviera su situación jurídica dentro de la ampliación del plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se determinó que dicho plazo fenecería el diez de agosto pasado. Por lo que llegado el diez de agosto citado, el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, dictó contra la parte quejosa auto de vinculación a proceso por la probabilidad de su autoría en el hecho que la ley señala como el delito denominado crueldad en contra de animales domésticos, previsto y sancionado, por los numerales 407, fracción I, en relación con el 406 y 409, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Yucatán, denunciado por Silvia **** Presidenta de la Asociación ****AC y ******************** e imputado por la representación Social. Sentencia de apelación (acto reclamado). Inconformes con lo anterior, el imputado interpuso recurso de apelación, el cual se radicó como toca penal ********************, del índice de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la cual, mediante sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, resolvió confirmar el auto de vinculación a proceso apelado. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Previo a iniciar el estudio, se precisa que la parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito de demanda, que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos. En ese sentido, resultan infundados los conceptos de violación realizados por la parte quejosa, sin que se advierta motivos por los cuales haya que suplir su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo siguiente. Como se ha precisado, se reclama en esta instancia constitucional la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca ********************, de su índice, mediante la que se confirmó el auto de vinculación emitido por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la carpeta administrativa 213/2022. Ahora, la parte quejosa sustancialmente expone en su concepto de violación, que es indebida la resolución reclamada que confirmó el auto de vinculación a proceso, porque no se aportaron datos de prueba suficientes para emitir la vinculación que impugnó, que tampoco se actualizó el delito de crueldad en contra de animales domésticos, ni existió dato de prueba que acredite la probable responsabilidad del imputado. Pues bien, los resumidos argumentos son infundados. En principio, para analizar la constitucionalidad del acto reclamado es conveniente precisar que la Sala responsable resolvió en una parte que el auto de vinculación a proceso se dictó apegado a derecho y, por otra parte, determinó confirmar el auto apelado, a fin de verificar la constitucionalidad de su conclusión es necesario analizar el auto de vinculación impugnado en el recurso de apelación. En ese orden, de la interpretación armónica del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que para el dictado del auto de vinculación a proceso, se deben cumplir con los requisitos siguientes: i Que se haya formulado la imputación; ii Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar; iii Que la resolución se emita dentro de las setenta y dos horas siguientes, a partir que el imputado sea puesto a disposición del juez de control (o en el término ampliado, en caso que el imputado así lo deseara); iv Que de los antecedentes de la investigación, expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, v Que no se encuentre demostrada una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación Además, al resolverse la situación jurídica deben respetarse los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 constitucional, que imponen la obligación que tienen las autoridades de fundamentar y motivar debidamente sus actos. Del estudio detallado de las constancias que remitió la autoridad responsable, así como el registro audiovisual de la audiencia en la que se dictó el auto de vinculación a proceso, y en atención a que la presente resolución se dicta al tenor del artículo 19 constitucional, se estiman colmados los requisitos de forma; por ende, la resolución de vinculación a proceso que se impugnó y que fue confirmada mediante el recurso de apelación, a criterio del suscrito, si respetó las formalidades esenciales, por las siguientes consideraciones. En efecto, el primer elemento constitucional se cumplió, en virtud, que se formuló una imputación contra el investigado, en la que provisionalmente se precisaron los delitos que se le atribuyeron, como se desprende de la videograbación de la audiencia de cuatro de agosto de dos mil veintidós; asimismo, se hizo de su conocimiento los hechos delictu********************s por los cuales se le investiga; además, en la audiencia se evidenció que comprendió tales aspectos. De igual manera, se satisfacen el segundo y tercer requisitos, dado que se considera que el quej******************** conoció sus derechos, pues al estar asesorado por su defensa particular y al cuestionársele sobre si era su deseo declarar, expresó que no era su voluntad hacerlo; de igual forma, una vez expuesta la solicitud de vinculación a proceso y los datos de prueba con que contó la fiscalía para hacerla, se le informó sobre el plazo constitucional, y eligió se resolviera en ciento cuarenta y cuatro horas conforme a la ampliación del plazo constitucional. Luego, el cuarto de los requisitos establecidos, de las exposiciones que se efectuaron ante el juez en la audiencia para sustentar la petición de vinculación a proceso y en el debate respectivo, permiten concluir de manera razonable que existen datos de prueba que establecen que probablemente se cometieron los hechos delictivos por los que se vinculó en un primer momento. De igual modo, en cuanto al deber del juez de control de fundar y motivar suficientemente su ejercicio de ponderación los datos de prueba narrados por el Ministerio Público, se considera se realizó de acuerdo con lo establecido por el artículo 16 constitucional. Lo anterior, porque los hechos que se le imputaron, esencialmente consistieron en que: El aquí quej******************** el veinticinco de junio de dos mil veintidós, a las doce horas aproximadamente probablemente cometió un acto de crueldad en contra del animal de la especie perro doméstico (.) Por tal hecho, la Fiscalía le atribuyó el hecho señalado como: I. Delito denominado crueldad en contra de animales domésticos, previsto y sancionado, por los numerales 407, fracción I, en relación con el 406 y 409, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Yucatán. Asimismo, cabe destacar que los datos de prueba expuestos para sustentar la solicitud de vinculación consistieron, esencialmente, en: (.) Seguidamente, la Fiscalía pidió que se le vinculara a proceso al imputado por el delito de delito denominado crueldad en contra de animales domésticos, previsto y sancionado, por los numerales 407, fracción I, en relación con el 406 y 409, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Yucatán. Así, previo debate, del cúmulo de datos de prueba anterior, el Juez de control al resolver, dentro de la carpeta administrativa 213/2022, vinculó a proceso exclusivamente por el hecho señalado como delito denominado crueldad contra animales domésticos, previsto y sancionado, por los numerales 407, fracción I, en relación con el 406 y 409, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Yucatán. Resolvió de ese modo, pues precisó que con los datos de prueba expuestos logró demostrarse los hechos atribuidos, en virtud que el imputado a las doce horas del veinticinco de junio de dos mil veintidós, golpeó la cabeza del citado can, propiedad de la nombrada María del Rosario, con un objeto conducente, que le causó una lesión traumática que ocasionó la muerte del animal por traumatismo craneoencefálico no accidental. Ahora, en lo que concierta al quinto requisito para el dictado del auto de vinculación a proceso, al igual que los anteriores, se encuentra satisfecho, toda vez que no se desprende que exista excluyente de responsabilidad alguna con la claridad necesaria para ello. Inconforme con lo anterior, el imputado recurrió la resolución; sin embargo, la Sala responsable declaró infundados los agravios del aquí quej******************** y confirmó la vinculación dictada. Resolvió de esa manera, sustancialmente porque: A razón de la Sala responsable, el juez de control acertadamente ponderó la información obtenida de los datos de prueba consistentes en la denuncia y comparecencias ministeriales de ****************************************y********************; inspección del lugar de los hechos realizada por *****; valoración, mecánica de lesiones y necropsia realizada al cadáver del nombrado canino llamado "********************" realizadas por el perito médico veterinario Daniel Valdivia Reyes; Informe Policial Homologado del Agente Luis Ramiro Uc Suaste y las documentales digitales consistente en la secuencia fotográfica extraída del CDR VERBATIN. Asimismo, del análisis de citados datos de prueba sobre los principios de valoración libre y lógica y con sujeción a la crítica racional y máximas de la experiencia, se desprendían indicios razonables que daban lugar a establecer, que como acertadamente consideró el Juez natural se cometió un hecho que la ley señala como delito de crueldad contra animales domésticos, previsto y sancionado por los numerales 407, fracción I, en relación con el 406 y 409, párrafo primero del Código Penal del Estado. Tal hecho fue cometido por el hoy quej******************** ya que de los mencionados datos de prueba se advertía que probablemente lo cometió en su calidad de autor material y directo, pues la Sala infirió que el veinticinco de junio de dos mil veintidós, aproximadamente a las doce horas, el imputado comedió un acto de crueldad contra el animal de la especie can o perro domestico de nombre ********************, propiedad de la nombrada tercero interesada ****, ya que al encontrarse en el predio marcado con el número *****, de la calle **** por **** y ****** de la colonia ****, de esta ciudad, realizó un acto de brutalidad golpeando la cabeza del nombrado perro con un objeto contundente, lo que le causó al animal una lesión traumática que le provocó la muerte por traumatismo craneoencefálico no accidental. Ahora, la parte quejosa esencialmente alega en sus conceptos de violación, lo siguiente. I. Que no están acreditados los elementos del delito denominado crueldad contra animales domésticos. II. Que no está demostrado que el quej******************** sea el probable responsable en la comisión de tal hecho delictu********************. III. Que no existe prueba fehaciente que demuestra la culpabilidad de la parte quejosa en el hecho que se le atribuye, pues únicamente existe un estudio superficial de las pruebas por parte del Juez de primera instancia. Pues bien, como se adelantó, los resumidos conceptos de violación, son infundados, por las siguientes razones. Es infundado, el argumento relativo a que no se demostró la existencia del delito denominado crueldad contra de animales domésticos, previsto y sancionado, por los numerales 407, fracción I, en relación con el 406 y 409, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Yucatán. Al respecto, importa precisar que los artículos 406, 407, fracción I, 409, párrafo primero del Código Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos establece: Artículo 406. Para efectos de este Capítulo, se entenderá por animal doméstico a todo aquel que ha sido criado y condicionado para acompañar al ser humano en su convivencia diaria. Artículo 407. Comete el delito de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos quien intencionalmente: I.- Cause la muerte a un animal doméstico, sin previo dictamen por escrito de un médico veterinario que justifique la necesidad del sacrificio para evitar el sufrimiento del animal de que se trate o emplee métodos distintos a los establecidos en las normas oficiales mexicanas y en las normas ambientales aplicables; (.) Artículo 409. A quien cometa actos de maltrato o crueldad en contra de un animal doméstico, que le provoquen la muerte, se le impondrá la pena de 6 meses a 2 años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días-multa. En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal doméstico previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía de éste. De dicho precepto se extrae que, en lo que interesa, para la comisión del descrito delito se requiere la actualización de los siguientes elementos: a) que el sujeto activo intencionalmente cause la muerte por medio de un acto de crueldad de algún animal; b) que dicho animal sea domestico; y, c) que tal sacrificio no esté justificado para evitar el sufrimiento del animal. Ahora, en cuanto al primer elemento este juzgador considera que como bien consideró la Sala responsable sí se actualiza, ya que de los datos de prueba previamente destacados, en especial de la denuncia y comparecencias ministeriales de ******************** ********************se infiere que probablemente la parte quejosa intencionalmente causó la muerte, por medio de un acto cruel, del perro llamado "********************". Así resulta, porque de los datos de prueba se dvierte que ******************** ********************presenciaron el hecho delictivo, pues señalaron que el veintiocho de junio de dos mil veintidós, vieron al imputado pasar frente al domicilio de la denunciante ******************** en compañía de una persona del sexo femenino, a quienes los perros ladraron y esta última persona dejó caer su celular, ante lo cual se retiraron molestos, regresado el imputado al mismo lugar con un palo o tubo, con el que alcanzó a golpear al perro llamado ********************, expresando el imputado que iba a matar a todos los perros y a quien se metiera, retirándose del lugar y dejando al animal sangrando por la boca y nariz, convulsionando. Lo que concatenado con el peritaje medico veterinario de veinticinco de junio de dos mil veintidós, la necropsia del día veintisiete siguiente y la mecánica de lesiones de cinco de julio último, realizados por el nombrando ********************se concluye que el perro de nombre ********************, sufrió un golpe con un objeto contundente que le ocasionó fracturas en huesos frontal, temporal izquierdo, occipital y ambos parientales, así como causa de muerte traumatismo craneoencefálico de tipo de muerte "traumática no accidental. Así, se colige que efectivamente el can murió con motivo de una acto de crueldad perpetuado por una persona que tenía la intención de matarlo, de ahí que se actualice el primer elemento del delito que se estudia. En cuanto al segundo elemento, que dicho animal sea doméstico, se actualiza ya que el can de nombre ********************, era propiedad de la denunciante, por lo que se presume que no es un perro callejero, y al tener dueño, se infiere ha sido criado y acondicionado para acompañar al ser humano, además que se encontraba en el predio de la denunciante, lo que robustece el hecho que era de su propiedad, y por tanto es un animal doméstico. Finalmente, en cuanto al tercer elemento, tal sacrificio no esté justificado para evitar el sufrimiento del animal, se actualiza, ya que de las narrativas expresadas por ****************************************de los peritajes médicos, no se advierte que el perro previo a recibir el golpe contundente que le provocó la muerte, se encontraba en un estado de sufrimiento animal, además que de la denuncia y las comparecencias ministeriales anteriormente descritas, y del informe policial homologado, se corrobora que el imputado tenía la intención de matarlo, con motivo de un acto de molestia que provocaron los perros de la denunciante al haberle ladrado a su acompañante del sexo femenino y a él, de ahí que la muerte del animal no se encuentra justificado para evitar algún sufrimiento animal. En esas condiciones, es incuestionable que contrario a lo manifestado por la parte quejosa se actualizaron los tres elementos del tipo penal denominado crueldad contra animales domésticos, previsto y sancionado, por los numerales 407, fracción I, en relación con el 406 y 409, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Yucatán, y que sí existen datos de prueba suficientes para determinar la existencia del hecho que la ley señala como delito. Ahora en cuanto al argumento formulado en el sentido de que no existe prueba que demuestre que el quej******************** sea el responsable en la comisión de tal hecho delictu********************, es infundado, por lo siguiente. Se tiene esta convicción, porque el quej******************** parte de una premisa falsa, ya que ni el Juez de Control, ni la Sala Colegiada responsable, analizan pruebas, sino datos de prueba, además que no se acredita la responsabilidad del imputado, sino en el auto de vinculación a proceso únicamente se establece la probable responsabilidad del imputado en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. En efecto, en el caso en estudio como bien estableció la Sala responsable se acreditó la probable intervención del quej******************** en el hecho delictivo que se analiza en esta litis constitucional, pues de los datos de prueba reseñados, se advierte que el imputado probablemente intervino a título de autor material y directo en la comisión del delito de crueldad contra de animales domésticos, ya que el veinticinco de junio de dos mil veintidós a las doce horas aproximadamente, en un acto de crueldad golpeo al can llamado ******************** propiedad de la denunciante, lo que provocó una lesión traumática que le provocó la muerte por traumatismo craneoencefálico no accidental, acto de crueldad que probablemente realizó con la intención de matar al animal, ya que este le ladró. Por tanto, contrario a lo argüido por la parte quejosa, la Sala responsable a partir de una revisión de los datos de prueba aportados en la audiencia de vinculación a proceso y del examen de razonabilidad efectuado sobre los mismos, permitió establecer, como correctamente sostuvo el Juez de la causa, en grado de suposición, que el imputado, fue quien realizó el acto de crueldad que provocó la muerte de un perro llamado ******************** propiedad de la víctima, sin que se justificara la muerte con motivo de algún sufrimiento animal, sino simplemente ante la molestia del imputado de que el can le ladró. De ahí lo infundado del argumento de la parte quejosa, en el sentido de que en el juicio de origen no se acredita su responsabilidad en la comisión del hecho delictivo que se trata. Finalmente, en cuanto al argumento relativo a que no existe prueba fehaciente que demuestra la culpabilidad de la parte quejosa en el hecho que se le atribuye, pues únicamente existe un estudio superficial de las pruebas por parte del Juez de primera instancia, es infundado. Es así, ya que porque para vincular a proceso no se deben exigir los mejores datos de prueba, sino sólo datos suficientes, lo que en el caso sí se realizó, por lo ya argumentado. De tal suerte, que si bien esos datos expuestos se pueden robustecer con mayores actos de investigación, pero, lo cierto es que de momento, en la etapa en la que se encuentra, se estima suficientes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado por lo que hace al delito de crueldad contra animales domésticos que se le atribuyen. Se explica, si bien es posible que con mayor investigación se pudiera cambiar el panorama probatorio que se tuvo al resolver en primera instancia, lo cierto es que para combatir la suficiencia de los datos de prueba aportados por la Fiscalía al menos se debe evidenciar que por sí son insuficientes y no meramente señalar lo que a juicio de cada quien faltó o puede servir para el esclarecimiento de los hechos. Además, el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento; por tanto, en todo caso, esa versión defensiva consistente en que faltan más actos de investigación, podrá ser objeto de investigación en la etapa complementaria. Cabe destacar que, es cierto no le corresponde a la parte quejosa demostrar que no cometió el delito, porque la carga de la prueba es de la Fiscalía; sin embargo, contrario a lo que afirma en cuanto a que no hay datos suficientes para vincular a proceso, lo cierto es que la investigación complementaria es precisamente para eso, para agotar la investigación en beneficio de todas las partes y esclarecer los hechos. Es así, pues basta atender a la denominación de la etapa que se denomina "investigación complementaria", para concluir que se trata precisamente de una investigación y que debe ser de tal manera, que el propio código regula que una vez agotada la investigación de conformidad con la fracción I del artículo 324, la Fiscalía puede solicitar inclusive el sobreseimiento. En otras palabras, atendiendo al estándar probatorio que rige la emisión de un auto de vinculación, siempre que se concluya que hay indicios razonables para iniciar una investigación bajo la tutela del juez de control, es viable vincular a proceso, para que sea en la investigación complementaria en donde se esclarezca si en realidad se tiene un caso para llevar a juicio o no. Por tanto, se concuerda con la Sala responsable que los datos reseñados por la fiscalía y tomados en cuenta por la jueza de control, son suficientes para tener por demostrado, hasta este momento procesal, la existencia del delito de crueldad contra animales domésticos, sin que el juez tenga que determinar la existencia de una prueba fehaciente que demuestre que el quej******************** sea responsable en la comisión de tal hecho delictivo, pues no es el momento procesal oportuno para determinar tal supuesto jurídico. En esas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección constitucional a la parte quejosa, por lo motivos expuestos. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara y ni protege a ********************, contra el acto reclamado a la Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución dictada en la audiencia celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós en el toca ********************, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de enero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios signados por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al proveído de treinta de diciembre del año en curso remite un disco compacto en formato DVD en copia certificada del audio y video de las audiencias de fecha cuatro y diez de agosto de dos mil veintidós, de los cuales ya fueron recibidos por autoridad diversa Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad en auto de nueve de enero de los presentes. Resguardo de DVD. Ahora bien, toda vez que la autoridad de mérito remitió un disco en formato DVD, manténgase el mismo bajo resguardo en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Sin que dicho DVD se digitalice y forme parte del expediente electrónico en atención a la carga laboral del juzgado, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De igual manera, respecto al citado disco en formato DVD, es aplicable la tesis Jurisprudencial número 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Finalmente, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Actuario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, del cual anexa el alegato ministerial 4/2023 rendido por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a dicho Juzgado, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional relativa, teniéndose por hechas sus manifestaciones en el sentido de que se niegue o sobresea el presente juicio. Por otra parte, respecto a la solicitud del oficiante respecto a que se le expidan copias certificadas de la resolución que se pronuncie en el presente asunto; con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según establece el numeral 2, expídasele las copias certificadas en el momento oportuno, sin contribución alguna para este Juzgado, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
III. Mérida, Yucatán, nueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio suscrito por el Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado en auto de tres de enero de los corrientes y remite copia certificada en formato DVD del registro de audio y video correspondiente a las audiencias de fechas ***** y ****. Resguardo de DVD. Ahora bien, toda vez que la autoridad de mérito remitió un disco en formato DVD, manténgase el mismo Bajo Resguardo en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Sin que dicho DVD se digitalice y forme parte del expediente electrónico en atención a la carga laboral del juzgado, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. [...]. NOTIFÍQUESE. [...].
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