Adolfina Zavala Zepeda
Expediente 240/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Adolfina Zavala Zepeda
Actuaciones
- Principal
*AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA LA PROMOVENTE CECILIA ORNELAS ZAVALA, APODERADA LEGAL DE ADOLFINA ZAVALA ZEPEDA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE 10/11/2020.
- Principal
."Audiencia Constitucional y sentencia definitiva ..." ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA En el caso, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la promovente presentó la demanda de amparo fuera del plazo de quince días que prevé el ordenamiento legal invocado En principio, es necesario traer a cuenta el contenido de la fracción XIV, del artículo 61 invocado, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". De conformidad con el citado precepto, el juicio de amparo es improcedente en contra de actos consentidos tácitamente, es decir, contra aquellos en los que no se promueva esta instancia constitucional dentro de los plazos previstos en la propia ley. En relación con lo anterior, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Así, en términos del artículo 17 precitado, por regla general, el plazo para la presentación de la demanda de amparo será de quince días, salvo que se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; una sentencia condenatoria penal que imponga pena de prisión, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; o un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República. Por su parte, el numeral 18 del ordenamiento legal invocado dispone cómo ha de computarse el plazo para la presentación de la demanda constitucional, lo cual dependerá de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados. Así, la demanda de amparo deberá presentarse a partir del día siguiente a aquel en que: Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; Al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, o Al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso, se reclama la falta de llamamiento al juicio ordinario civil 789/2019, y cualquier acto de molestia respecto del inmueble ubicado en calle Catorce, manzana 41, lote 27, colonia José López Portillo, alcaldía Iztapalapa, código postal 09920, Ciudad de México. Por tanto, es evidente que los actos destacados no se encuadran en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, para la presentación de la demanda del presente juicio constitucional, rige la regla general de quince días para su promoción. Asimismo, la quejosa se aduce tercera extraña al juicio natural, de modo que, en el caso, es aplicable la hipótesis marcada en el inciso b) conforme a la cual la demanda de amparo deberá presentarse a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución Partiendo de esa premisa, si en su escrito de demanda la quejosa manifiesta que tuvo conocimiento de los actos reclamados el catorce de febrero de dos mil veinte, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del diecisiete de febrero al seis de marzo de esta anualidad, debiéndose descontar de dicho cómputo los días veintidós, veintitrés y veintinueve de febrero, así como uno de marzo de esta anualidad, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda se presentó hasta el nueve de marzo de esa anualidad, esto es, después de casi dos meses, es inconcuso que resulta extemporánea, tal como se evidencia con el cuadro que a continuación se inserta. FEBRERO 2020 MARZO 2020 Aunado a lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa carece de interés jurídico en el presente juicio constitucional. Para evidenciar lo anterior, es preciso traer a cuenta la porción normativa referida, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]". Del citado precepto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando los actos reclamados no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Al respecto, los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República; 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente. "Artículo 107. [.] I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]". De los preceptos legales transcritos, se advierte que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, como ocurre en el caso, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, por lo que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así, la causal de improcedencia en estudio se traduce en la falta de interés jurídico que pesa sobre la parte solicitante de la protección constitucional, en relación con el acto que reclama; interés que se hace consistir en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar en vía de amparo cualquier acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio. Esto es, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, al ocasionar un perjuicio a su titular. De esa manera, se requiere de una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses jurídicamente tutelados del peticionario, para que válidamente pueda acudir al juicio de amparo. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia XXVII.1o, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". Por tanto, para que la autoridad federal esté en aptitud de advertir que un acto reclamado en amparo causa perjuicio a una persona (quejoso), ésta debe acreditar la titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y la afectación, agravio o perjuicio que le causa el acto de autoridad, la cual debe estar plenamente acreditada y no inferirse con base en presunciones. En este sentido, cuando una persona se ostenta extraña al juicio de donde provienen los actos reclamados y aduce tener un derecho de posesión, habitación o propiedad, puede ser materia de protección constitucional siempre que derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho, a fin de que tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que se tiene esa prerrogativa. Bajo este contexto, se estima que en el caso, la impetrante debe ofrecer los medios de convicción que acrediten: Su condición de tercera extraña al juicio del que derivan los actos reclamados. La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de propiedad que defiende. La afectación a ese derecho, a través de la ejecución de los actos reclamados. En la especie, se colma el elemento número 1, dado que de las constancias que obran en el juicio ordinario civil 789/2019, no existe dato objetivo del que se infiera que la quejosa participó en la relación jurídico-procesal de manera activa, es decir, como parte formal en la contienda de origen, sea actor, demandado o tercero llamado. Por tanto, a Adolfina Zavala Zepeda le asiste la calidad de tercera extraña en estricto sentido. Sin embargo, este juzgador considera que no se justifica el requisito marcado con el numeral 2, en razón de que la quejosa no exhibió algún título que sustente la causa legal generadora del derecho que por esta vía defiende, toda vez en su escrito de demanda únicamente acompañó lo siguiente: Copia simple del escrito de seis de febrero de dos mil veinte, signado por José Juan Rabanal Alcántara, en su calidad de apoderado de Yair Ornelas Villagómez. Copia simple del pasaporte a nombre de Yair Ornelas Villagómez. Acuse del escrito signado por Cecilia Ornelas Zavala, en su carácter de apoderada de Adolfina Zavala Zepeda, dirigido a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Comparecencia de catorce de febrero de este año, que obra en la carpeta de investigación FIZP/IZP-8/UI-2 C/D/30581/12-2019. Al respecto, las pruebas anteriormente relacionadas, fueron admitidas y desahogadas en la audiencia constitucional; sin embargo, se estima que las mismas, valoradas en términos de los artículos 133, 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son insuficientes para acreditar el interés jurídico de la quejosa. En efecto, los elementos de convicción marcados con los incisos a) y b) fueron presentadas en copia simple, por lo que por sí mismas carecen de valor probatorio pleno. Por su parte, las documentales precisadas en los incisos c) y d) sólo genera un indicio de que Adolfina Zavala Zepeda, por conducto de su apoderada legal, presentó declaración ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Fiscalía Desconcentrada en la Alcaldía Iztapalapa, Coordinación Territorial de Seguridad Pública, y que se formó la carpeta de investigación FIZP/IZP-8/UI-2 C/D/30581/12-2019. Ahora, si bien de las constancias que obran en autos se aprecia que en el juicio natural, el tercero interesado exhibió el contrato de compraventa de veintisiete de abril de dos mil trece, celebrado con Adolfina Zavala Zepeda, en su calidad de vendedora; lo cierto es que ello en modo alguno es suficiente para acreditar su interés jurídico, puesto que al margen de que de la citada documental se advierte que la quejosa vendió el inmueble que defiende a Yair Ornelas Villagómez, lo cierto es que en la demanda de amparo, la propia quejosa manifestó desconocer la citada enajenación. Amén de todo lo anterior, de las constancias que obran en el juicio ordinario civil 789/2019, se aprecia que aún no se ha dictado sentencia en el juicio de donde emanan los actos destacados, por lo que en modo alguno le irrogan perjuicio de ninguna especie. IX. DECISIÓN En mérito de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículos 61, fracciones XII, 63, fracción V, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adolfina Zavala Zepeda, por conducto de su apoderada legal, contra actos de la Juez Vigésimo Tercero Civil de la Ciudad de México y actuaria adscrita a ese juzgado, por las razones expresadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
."Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que aún no transcurre el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por el Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, por lo que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. En tales condiciones, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere, y en su lugar se fijan diez horas con treinta y cinco minutos del veinte de octubre del presente año. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Sin que haya lugar a notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables, Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
.."agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, mediante el cual, en cuplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de septiembre del año que transcurre, remite copia certificada de lo actuado en el juicio ordinario civil 789/2019 y los documentos base de la acción. En tal virtud, con el oficio de cuenta y constancias remitidas dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y hágase relación de éstos en la audiencia constitucional. Guárdese en la secretaría de este juzgado las constancias que acompaña la juez responsable como anexo (III), quedando a la vista de las partes para que se impongan de ellas. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
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