Adolfina Alcala Farias
Expediente 23/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 23/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/02/2016
Partes del expediente
- Adolfina Alcala Farias
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, a nueve de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se recurriera el proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de juicio constitucional interpuesta por Adolfina Alcalá Farías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha determinación, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, dado que en la resolución de mérito se desechó la demanda de amparo, además que se observa de la certificación de cuenta que no existen documentos originales, que no se abrió el incidente de suspensión, se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ SU ARCHIVO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA... como lo solicita la parte quejosa... Ensenada, Baja California, a veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda signado por ADOLFINA ALCALÁ FARÍAS, por derecho propio contra actos del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, y otras autoridades; fórmese expediente de amparo, quedando registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 23/2016. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la justicia contra actos del Ayuntamiento de Ensenada, Presidente Municipal, Recaudador de Rentas Municipal, Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, así como el Notificador-ejecutor designado por el Recaudador de Rentas Municipal, actos que hizo consistir en: "1) De la autoridad señalada como responsable ordenadora denominada H. XXI Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, reclamo: 1.1).- La primera notificación (emplazamiento) hecha a la suscrita, es decir la notificación de requerimiento, por carecer de las formalidades esenciales del procedimiento, dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución PAE/RR/INF/1/2013/153. 1.2).- Todas las actuaciones deducidas y tramitadas dentro del expediente PAE/RR/INF/1/2013/153 que agravian a la suscrita. 2).-De la autoridad señalada como Responsable Ejecutora denominada C. Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, reclamó: 2.1).- La futura, inminente pero cierta INSCRIPCIÓN DE LA INDEBIDA ADJUDICACIÓN QUE PUEDE SER DECRETADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, así como la futura, inminente pero cierta CANCELACIÓN DE LA PARTIDA 5114621, SECCIÓN CIVIL, DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2003, A NOMBRE DE LA SUSCRITA ADOLFINA ALCALÁ FARÍAS." La peticionaria de amparo expresa que es propietaria del bien inmueble identificado como Unidad 8-1D del Condominio Ferrara 4 ubicado en el lote 4 manzana 8 del Fraccionamiento Villa Residencial del Real III etapa con superficie de 334.800 metros cuadrados, con una superficie de construcción de 36.553 metros cuadrados, predio materia del procedimiento administrativo de ejecución número PAE/RR/INF/1/2013/153, en el que es parte demandada, respecto del cual, asevera, tuvo conocimiento el día quince del presente mes y año. No obstante lo anterior, se aprecia que la quejosa, por principio, no es tercera extraña al expediente administrativo PAE/RR/INF/1/2013/153 de donde emana el acto reclamado, lo que se colige de lo expresado en los antecedentes de la demanda de amparo, por ende, no se satisface el principio de procedencia del juicio de amparo ante el Juez de Distrito, inserto en la fracción VII del artículo 107 Constitucional que expresa: "El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Por lo que, el presente asunto no encuadra en el caso de excepción para la procedencia del juicio bi-instancial; advirtiéndose que tales actuaciones no originan desde luego un ataque directo a la Constitución, y sus efectos pueden ser combatidos por medio del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, de conformidad a lo que dispone el artículo 22 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California; ello en virtud de que la norma no exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, y al efecto dispone: "Artículo 22.- Las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas siguientes: I.- Los de carácter administrativo emanados de las Autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares; [.]" Por tanto, la parte quejosa debió promover, para atacar los actos y determinaciones que tilda de ilegal, el mencionado juicio de nulidad, dado que no es extraña al procedimiento administrativo, encontrándose en plena libertad de defender sus intereses ante aquel tribunal, puesto que es mediante dicho medio impugnatorio por el que podrá determinarse la validez o la nulidad de los actos que reclama de las autoridades municipales que señala como responsables y que, refiere la quejosa, afectan de forma cierta y actual su esfera jurídica. Para demostrar este aserto, resulta pertinente reproducir lo que disponen los artículos 107, fracción IV de la Constitución General de la República y 61 fracción XX de la Ley de Amparo: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ... IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión. ...". Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. La exigencia de iguales o menores requisitos, en comparación con los dispuestos en la Ley de Amparo, para suspender el acto, significa que la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa debe exigir condiciones semejantes o menos gravosas para obtener una suspensión definitiva; si efectivamente se verifica esto, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la quejosa deberán agotar esos medios ordinarios de impugnación. Por todo lo anterior, se reitera que, en la especie, no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que en contra de los actos reclamados, el particular afectado, aquí quejosa, en acatamiento al citado principio de definitividad que rige el juicio de garantías, tiene la carga de agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal que proceda, por virtud del cual aquél pueda ser modificado, revocado o nulificado. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la quejosa comparece en esta vía, reclamando violaciones directas a la constitución como lo es la falta de motivación y fundamentación en las actuaciones del procedimiento administrativo referido, lo cual no la excluye de agotar el recurso ordinario que tiene a su alcance, puesto que en el caso también arguye cuestiones de legalidad (indebida notificación), es decir, violaciones directas e indirectas a la Carta Magna, las que pueden ser recurridas a través de los respectivos recursos ordinarios, pues al interponer alguno de ellos, la agraviada puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el proveído recurrido, porque de todas maneras al fallarse el recurso, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Sirve de apoyo la jurisprudencia XX. J/1 de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, página 94, que establece. "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." En esas condiciones, es inconcuso que no puede ser analizado a través de la vía constitucional, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que deviene de la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que, conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del ídem, se DESECHA DE PLANO la demanda. Se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de la materia al licenciado Rubén Alfonso Girón Aldama, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE.
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