Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate (Admicarga)
Expediente 516/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/06/2023
Partes del expediente
- Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate (Admicarga)
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a ocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al que transcribe el proveído de seis de junio del año en curso, dictado en el recurso de queja civil ********************, de ese índice, del que se advierte, en lo conducente, que se admitió el medio de impugnación interpuesto por la quejosa ********************por conducto del Director General del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Baja California, en contra del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por en su carácter de Director General del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Baja California denominado Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate (ADMICARGA), por medio del cual desahoga de manera completa la prevención realizada en proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez examinada la demanda de amparo, así como el escrito aclaratorio de cuenta, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano, toda vez se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5° de la Ley de Amparo, lo anterior en razón de que el Organismo Público Descentralizado carece de interés jurídico para promover el presente juicio por el acto que señala como reclamado, de ahí que deba desecharse la presente demanda amparo. De la lectura de los preceptos invocados, se desprende que para la procedencia del juicio de amparo, es requisito indispensable que la parte quejosa tenga un interés que se vea afectado por el acto de autoridad reclamado en la demanda de amparo. Así, de acuerdo con el numeral 5, fracción I, de la ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado sólo a quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de dicho ordenamiento legal y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica de manera personal y directa. En esos términos, el interés representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces se considera que éste no tiene legitimación para instaurar el juicio constitucional. Por otra parte, el interés para acudir al amparo requiere un vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En esa línea, la ley establece que la parte quejosa debe acreditar en forma fehaciente, cuando promueve demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica o que produce una afectación real y actual a su esfera jurídica; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Dicho de otro modo, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar fehacientemente el interés que le asiste en el juicio de amparo, el cual no puede inferirse con base en presunciones. Consecuentemente, el juzgador debe inevitablemente constatar que ésta demuestre fehacientemente que los actos reclamados resulten susceptibles de perjudicarla de alguna manera, sin que las simples manifestaciones formuladas en la demanda de amparo resulten suficientes para satisfacer dicho requisito. Tampoco es suficiente la existencia de los actos reclamados; ya que suele acontecer que éstos no produzcan afectación alguna a los derechos de los gobernados, por lo que a pesar de haberse constatado el acto, de cualquier manera no habría ningún agravio o violación a derechos fundamentales que reparar mediante el juicio de amparo. Así, es indispensable demostrar la existencia del interés jurídico tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios, o del trabajo. En cambio, en supuestos diversos, quien acude al juicio de amparo debe ubicarse en alguno de las hipótesis siguientes: a) Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o, b) Acudir al juicio aduciendo un interés legítimo. En ese sentido, es indispensable precisar que el interés jurídico en el juicio de amparo se concibe cuando el acto o ley que se reclama causa un perjuicio a la esfera del gobernado que permiten a su titular acceder a esta instancia constitucional; entendiendo por esfera jurídica el cúmulo de derechos y obligaciones que por razones de una, varias normas, o circunstancias de hecho en situaciones específicas, lo vinculen debido a una relación jurídica, o conexión de bienes afectados en razón de una necesidad o existencia de elementos de identificación. En esa línea pero sobre el interés legítimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, lo definió como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. En conclusión, para que el juicio de amparo sea procedente se requiere que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo, lo que ocupa probarse fehacientemente y no con base en presunciones, y que el mismo se vea agraviado; en la inteligencia de que la naturaleza intrínseca de la ley, acto u omisión reclamadas es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no lo afecten real y efectivamente. De ahí que, se estima que en el caso, la parte quejosa no acreditó el perjuicio que de manera directa o indirecta le pudiera causar el acto de autoridad sobre su esfera jurídica, para con ello poder estimar lesionado su interés legítimo y poder combatir dichos actos. Se explica: En el presente asunto, la parte quejosa acude a esta vía constitucional y señala como actos reclamados la falta de emplazamiento al juicio sumario civil de terminación de contrato de arrendamiento 1142/2022 del índice del Juzgado Sexto de lo Civil y como consecuencia de ello, todo lo actuado incluso la orden en entregar materialmente a la parte actora el bien inmueble con una superficie aproximada de 4,900.00 metros cuadrados, respecto del cual dicha concesionaria señala ha tenido la posesión y administración desde el año dos mil; y para tal efecto fundamentó su interés en el título de asignación (concesión) otorgado por el Gobierno Federal respecto de bienes de dominio público, sobre la vía general de comunicación ferroviaria para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de uno de abril de dos mil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre del dos mil; sin embargo dicho medio de convicción no es bastante para acreditar su interés legítimo a fin de controvertir el acto reclamado. Lo anterior, ya que con la materialización de los actos reclamados se afecta al uso, goce o disfrute de la vía general de comunicación que le fue otorgada a título de asignación (vía ferroviaria) o en su caso al servicio de transporte público que presta; sin embargo, dichas afectaciones no son suficientes para acudir a la instancia constitucional a fin de recurrir los actos de autoridades, en el sentido de que la quejosa, contrario a la teoría del interés legítimo, cuenta con un derecho subjetivo que es salvaguardado por el derecho ordinario. Es decir, con base en el título de concesión, la parte quejosa está en aptitud de acudir ante los tribunales ordinarios, conforme a la legislación que regule la citada concesión, a exigir el cumplimiento de la misma, su rescisión, indemnización y demás prestaciones a que tuvieren derecho con motivo de esta; sin que dicha concesión, la legitime para exigir a las autoridades responsables el cumplimiento al orden jurídico con la falta de emplazamiento al juicio sumario civil de terminación de contrato de arrendamiento, que tiene como finalidad la desposesión del bien inmueble, ya que el título de concesión exhibido no le confiere a la parte quejosa, la propiedad o titularidad sobre los terrenos en los que se encuentra constituido el derecho de vía, sino que solamente le confiere la posesión de la misma para su aprovechamiento. Lo anterior, pues, del objeto y límites de la concesión exhibida, no se advierte facultad alguna otorgada a la aquí quejosa a fin de concurrir a las diversas instancias jurisdiccionales a fin de salvaguardar la afectación a la propiedad, como se desprende del Capítulo I denominado "Definiciones y objeto" en su artículo 1.2 de rubro "objeto", pues la concesión otorgada recae sobre bienes de dominio público, propiedad de la Federación, por tanto son de naturaleza inalienable e imprescriptible, por lo que únicamente mediante concesión puede transmitirse su uso, aprovechamiento y explotación, conforme dispone el artículo 16 de la Ley General de Bienes Nacionales, por tanto es claro que el título de concesión de la promovente no le hace poseedora a título de dueño de los bienes de dominio público afectos, sino únicamente derivado, dado que ellos son imprescriptibles. Por tanto, a quien corresponde la defensa de la posesión de los bienes por actos de terceros no es a la concesionaria, sino a la poseedora original de los bienes que no es otra que la Federación, por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, tal y como se establece en los artículos 31 del Reglamento del Servicio Ferroviario y específicamente el 60 de la Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario, en relación con el numeral 70 de la Ley General de Bienes Nacionales, establece que las personas que sin contar con la concesión o el permiso respectivo por cualquier medio invadan u obstruyan una vía general de comunicación ferroviaria, perderán en beneficio de la Nación, las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas y en ese sentido establece que la Secretaría podrá solicitar a las autoridades competentes el desalojo de los infractores y, en su caso, que se realice la demolición de las obras en la parte de la vía invadida y del derecho de vía, y que se reparen los daños causados. Apoya a lo anterior por identidad de razón, la Tesis: III.2o.P.281 P (9a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, de registro digital 160427, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, página 4327, de rubro y texto: Conforme a lo anterior, por disposición expresa compete a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el ejercicio de las acciones nacidas de la posesión originaria de la cosa para salir en su defensa, con las modalidades impresas en el numeral en referencia, sin perjuicio que pueda recuperar la tenencia material de los bienes a través de la vía administrativa, conforme al artículo 107, fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales. Entonces, lo que verdaderamente incide en la esfera jurídica de la quejosa no es la actuación de las autoridades responsables, sino la actitud del titular de los bienes concesionados de no acudir en su defensa; por lo que, dicha omisión tiene como consecuencia una eventual interrupción del uso, goce o disfrute de los bienes concesionados, circunstancia que es imputable a aquél. Ello, con independencia de que los actos que las autoridades correspondientes emitan se encuentren debidamente fundados y motivados; toda vez que, será el titular de los bienes concesionados quien estará legitimado para acudir a las instancias correspondientes a defender sus derechos; y, como consecuencia de ello impedir el incumplimiento del título de concesión que se suscribió. A mayor abundamiento, también se destaca el contenido de los artículos 791, 792, 803 y 809 del Código Civil Federal, de los que se advierte, que el dominador de la cosa es su poseedor originario, mientras que quien la tenga en su poder en virtud de un acto jurídico celebrado con él, tendrá únicamente posesión derivada; asimismo, se precisa que la acción que nazca por despojo del bien compete al poseedor originario, quien incluso puede pedir que le sea restituido a él mismo en caso de oposición de su contratante, a quien le competerá únicamente acción (personal) contra aquél por su pérdida o menoscabo, ello en virtud del clausulado del negocio jurídico. Así, es claro que el ejercicio de las acciones derivadas de la defensa de la cosa, como es la publiciana establecida en los artículos 792 y 803 del Código Civil Federal, o bien la de amparo, compete al poseedor originario, ya sea porque es su propietario, o bien, al que lo haga a título de dueño pero aún no haya transcurrido el término para usucapir (prescripción adquisitiva), tal y como se desprende del numeral 806 del ordenamiento general en cita. Por tanto, será el propietario de la cosa o el poseedor a título de dueño en vías de prescribir quien puede ejercitar acción posesoria, aun la constitucional, esto es, en aquélla segunda hipótesis, quien perdió una cosa que poseía con buena fe, sin haberla usucapido o prescrito todavía, contra cualquiera que la detentase a no ser que se trate de su verdadero dueño a fin que, en términos del artículo 805 del Código Civil Federal, se estime que nunca se interrumpió el término para prescribir. Sustenta lo anterior, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la página 9, Volumen LXXII, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, con registro digital 803409, cuyo rubro y texto disponen: En el caso, la parte quejosa esgrime como título a confrontar a los actos imputados a las responsables, la concesión respecto de bienes de dominio público, para la operación del servicio de transporte ferroviario; sin embargo, como se anticipó dichos bienes son de naturaleza inalienable e imprescriptible, por lo que únicamente medinate concesión puede transmitirse su uso, aprovechamiento y explotación conforme dispone el invocado precepto 16 de la Ley General de Bienes Nacionales Así, es claro que el título de concesión de la promovente, no le hace poseedora a título de dueño de los bienes de dominio público afectos, sino únicamente derivado, dado que ellos son imprescriptibles y, en consecuencia nunca podría adquirirlos por usucapión, a más que conforme al numeral en cita, únicamente se le confiere el uso, aprovechamiento y explotación de los mismos, actualizando así el contenido del artículo 791 del Código Civil Federal (posesión derivada). De ahí que no se evidencia cómo los actos reclamados o sus consecuencias afectan directa o indirectamente a la quejosa en su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, tampoco es dable concluir que la quejosa cuente con un interés jurídico que le permita acudir a esta instancia constitucional; en razón de que si bien es cierto que cuentan con un derecho subjetivo tutelado por el título de concesión ya señalado, lo cierto es que ese derecho no es reprochable a las autoridades responsables, sino que únicamente, como se señaló, los legitima para solicitar su cumplimiento frente al diverso suscriptor de dicho acuerdo de voluntad, ante las instancias correspondientes. En efecto, acorde a la fotocopia exhibida por la quejosa de la Concesión que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en favor del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Baja California denominado Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate (ADMICARGA); se advierte que su objeto dada la concesión otorgada a la quejosa, recae sobre bienes de dominio público, propiedad de la Federación, tal y como se desprende de los artículos 2, fracción VII, 6, fracciones II y VI, y 7, fracción XI, de la Ley General de Bienes Nacionales, en relación a los numerales 3 y 7 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Por lo tanto, son de naturaleza inalienable e imprescriptible, por lo que únicamente mediante concesión puede transmitirse su uso, aprovechamiento y explotación, conforme dispone el diverso 16 del primero de los ordenamientos invocados. Así, es claro que el título de concesión de la promovente no le hace poseedora a título de dueño de los bienes de dominio público afectos, sino únicamente derivado, dado que ellos son imprescriptibles y, en consecuencia, nunca podría adquirirlos por usucapión, a más que, conforme al numeral en cita, únicamente se le confiere el uso, aprovechamiento y explotación de los mismos, actualizando así el contenido del artículo 791 del Código Civil Federal (posesión derivada), ya explicado en líneas anteriores. Por tanto, a quien corresponde la defensa de la posesión de los bienes por actos de terceros no es a la concesionaria, sino a la poseedora original de los bienes que no es otra que la Federación, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tal y como se establece en los artículos 31 y 60 de la Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario. Como puede verse, por disposición expresa, compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el ejercicio de las acciones nacidas de la posesión originaria de la cosa para salir en su defensa, con las modalidades impresas en el numeral en referencia, sin perjuicio que pueda recuperar la tenencia material de los bienes a través de la vía administrativa, conforme al artículo 107, fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales. En conclusión, el derecho en el que se sustenta la demanda de amparo que aquí se analiza, se traduce en un interés simple, que la ley reconoce a todo ciudadano para solicitar la responsabilidad, pero no constituye ni puede asimilarse al interés jurídico o legítimo que la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Federal, en relación con la fracción I, del artículo 5, de la Ley de Amparo, establecen como requisito de procedencia del juicio de amparo. Por tanto, como la parte quejosa solo tiene un interés simple, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por por en su carácter de Director General del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Baja California denominado Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate (ADMICARGA). Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 2014433, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, de rubro y texto: Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, a doce de mayo de dos mil veintitrés.********************Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por la********************), por conducto de ********************quien se ostenta como Director General de dicho Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Baja California, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Municipio de Tijuana, y de otras autoridades, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 516/2023-G.********************Análisis de la personalidad. A la demanda de amparo, se adjuntó copia certificada de las constancias que integran la partida registral ********************, relativo a la inscripción de la Escritura Pública ******************** (********************), volumen ******************** (********************) del protocolo de la Notaría Pública ******************** de esta ciudad, de la cual se aprecia que mediante acta 007 correspondiente a la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado********************), se otorgó a ********************, poder general para pleitos y cobranzas, documento al que se le otorga pleno valor demostrativo en términos del 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo que con fundamento en el precepto 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a ********************, el carácter con el que comparece a juicio.********************Prevención. En principio, es menester señalar que los artículos 108, fracciones IV; y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente:********************"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:********************IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;******************** [.]."******************** "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:********************I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;********************II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley;********************.********************IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y********************.."********************Así pues, de la interpretación armónica de los citados ordinales, se colige que es obligación de este Juzgado examinar ante todo el escrito de demanda y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, se mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. ********************Por tanto, a fin de proveer lo conducente sobre la admisión o rechazo de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por el 112 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales artículo 108, fracción V y 114, del citado cuerpo de leyes, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, bajo formal protesta de decir verdad, dé cumplimiento con lo siguiente:********************Primero. Precise de forma clara, precisa y concreta cual es la materia del juicio sumario civil ******************** del cual derivan los actos reclamados; lo anterior, es necesario para que este órgano jurisdiccional pueda conocer la materia del acto que atribuye a la citada autoridad y determinar lo relativo a la demanda que se provee.********************Es así, en virtud que de los antecedentes del acto reclamado, bajo formal protesta de decir verdad manifestó:********************".Acto seguido el suscrito me apersoné al lugar de los hechos, pudiendo corroborar que junto con el personal ya actuante en el lugar por parte de mi representada que, al mando de los actos delictivos pretendidos estaba el que ahora se es de nombre LIC. ********************, quien se identificó ante el suscrito con una supuesta credencial como SECRETARIO ACTUARIO (C), ADSCRITO AL JUZGADO SEXTO CIVIL, indicándome que se encontraba ahí presente pretendiendo ejecutar un fallo judicial derivado de un juicio sumario civil radicado con expediente ******************** del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera instancia de Tijuana, Baja California, en el que aparecía como parte actora el de nombre ********************, y como demandado el ********************. y que su intención era hacer la entrega de la posesión de una fracción de terreno a favor de una de las partes, sin indicarme a quien, pretendiendo DESPOSEER A MI REPRESENTADA, SIN QUE HUBIERA SIDO LLAMADA A JUICIO O EMPLAZADA Y MENOS VENCIDA EN DICHO PROCEDIMIENTO.********************Una vez que el Actuario tomó conocimiento de los documentos y planos exhibidos por el suscrito al momento de los hechos, y vista la franca oposición de mi representada por conducto del suscrito y demás personal actuante para ser despojados de la posesión y ocupación de la fracción de terreno materia de la diligencia, el Actuario procedió a hacer una llamada telefónica según dijo con la Ciudadana Juez Sexto de Primera Instancia Civil de esta Ciudad, a efecto de ponerla en conocimiento de los hechos, procediendo después de esa llamada a decidir y comunicarnos que suspendían la diligencia y que se retiraban del lugar, de tal manera que se abstuvo de despojar a mi representada de la posesión y ocupación que ejerce sobre la fracción de terreno que conforma el derecho de vía de las Vía Corta TijuanaTecate. ********************Lo anterior, es necesario para que este órgano jurisdiccional pueda conocer el origen del acto que atribuye a cada una de las autoridades responsables, y así fijar la litis constitucional y determinar lo relativo a la demanda que se provee.********************En la inteligencia, que conforme lo establece el numeral 108, de la Ley de Amparo. la prevención deberá ser desahogada únicamente por la parte quejosa, puesto que el propósito del escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto es subsanar los vicios de alguna irregularidad del escrito inicial, de ahí que su escrito aclaratorio deba contar con firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados en su escrito inicial de demanda, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional; aunado a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que debe de formular el promovente.********************Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Agosto de 2014, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro señala:********************"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA".********************Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XXIV, correspondiente a la Novena Época, mes de julio de dos mil seis, visible a página trescientos cuarenta y ocho, misma que a la letra versa: ********************"DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes."********************Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo, del artículo 114 de la Ley de la Materia.********************Domicilio y autorizados. Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************ya que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales********************Por otra parte, de conformidad con el artículo 12 última parte de la ley de la materia, se autoriza únicamente para oír y recibir todo tipo de notificaciones a ********************, en virtud en el sistema mencionado en el párrafo que antecede, no se encontró registro de cédula profesional que la faculte para ejercer la licenciatura en derecho; por tanto, a efecto de dar certeza a la parte quejosa, una vez que proporcione los datos de identificación necesarios; se acordará lo conducente.********************En términos del precepto 26 de la citada Ley; se tiene como domicilio procesal el que indica.********************Solicitud acceso al expediente electrónico. De conformidad con lo dispuesto en el artículos 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento a la promovente que para autorizar el acceso al expediente electrónico deberá proporcionar su nombre de usuario, en la inteligencia de que con independencia de si la demanda se presentó por la vía física o electrónica, la parte legitimada para tal fin, podrá hacer dicha solicitud de acceso en cualquier momento, de conformidad con el numeral 40 del citado Acuerdo General Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.********************Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009.********************Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos.********************Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el último párrafo del artículo 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y numeral 258 del Acuerdo Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" para consultar expedientes .********************Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.********************Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. ********************Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013.********************Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra.********************Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda.********************Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto.********************Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea.********************De igual forma, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem).********************Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral ********************2 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo.********************Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan.******************** Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
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