Administradora de Fondos Grupo ARHE, Sociedad Civil

Expediente 764/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
764/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Administradora de Fondos Grupo ARHE, Sociedad Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos los oficios con folio 3961 y 4838 remitidos por la Comisionada para ejercer las funciones de la Titular de la Unidad Jurídica y en representación del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional Poniente en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual en atención al requerimiento efectuado en autos, remite copia certificada de diversas constancias con las que dice dar cumplimiento parcial a la ejecutoria de amparo, en el juicio de amparo en que se actúa. Por lo que, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con copia de los oficios de cuenta y anexos, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga respecto de lo exhibido por la autoridad oficiante, para que este juzgado de distrito pueda pronunciarse, una vez que se cuente con la totalidad de las constancias respecto del cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos. Asimismo, informa que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no fue posible lograr la notificación de la quejosa en su domicilio, ello en virtud de que el personal adscrito a dicha Subdelegación al constituirse en su domicilio, no hubo respuesta alguna, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio remitido por el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente de la República, por el que solicita le sea remitida copia de la aclaración de la resolución emitida por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del amparo en revisión 401/2019, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítase a la autoridad oficiante la copia que solicita. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que para tal efecto señala. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y personalmente a la quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y, que en atención a la diversa Circular SECNO/10/2021, emitida en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, y de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021 relativos a la Reanudación de Plazos y el Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se permite reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada el cinco de diciembre de dos mil veinte al dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. Agréguese el oficio proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento la resolución emitida en el recurso de revisión 67/2020 de su índice y remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo y estese a lo resuelto por el tribunal que determinó: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO del juicio de amparo indirecto 701/2019 del Juzgado Segundo de Distrito del centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por las razones, fundamentos, motivos y para los efectos precisados en el penúltimo considerando de esta ejecutoria. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la autoridad señalada en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese;" Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia. En las relatadas circunstancias, lo procedente es REVOCAR la sentencia recurrida y ordenar la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el juicio constitucional, a efecto de que se realice lo siguiente: "a) Deje insubsistente la audiencia constitucional celebrada el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, así como la sentencia terminada de engrosar el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. b) Emita acuerdo en el que requiera a la parte quejosa para el efecto de manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la promulgación del Decreto reclamado atribuible al Presidente de la República, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del lapso correspondiente, se actualizará la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5, fracción II y 108, fracciones III y IV, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, al no encontrarse debidamente integrada la litis. c) Así mismo, deberá, ordenar dar vista personal a la peticionaria del amparo con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Subdirector de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, (CINVESTAV), indicándole la existencia del acto de aplicación de la Ley reclamada surgido con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Además, deberá concederle el plazo que legalmente corresponda para que manifieste si desea ampliarla o no, a efecto de incorporar eficazmente a la problemática del juicio la ley aplicada, así como su acto concreto de aplicación; igualmente deberá prevenirlo para que indique si es su deseo formular nuevos conceptos de violación en cuanto al acto concreto de aplicación, y respecto de los que atañen a la inconstitucionalidad de la ley; apercibiéndole de las consecuencias que en su caso se derivan de la falta de cumplimiento de los requerimientos de que se trata, consistentes en que se resolverá la problemática del juicio de amparo conforme a los actos, autoridades y argumentos planteados en la demanda de amparo. Hecho lo anterior, transcurrido el plazo señalado, con ampliación o sin ella deberá reanudar el trámite del procedimiento hasta su conclusión, emitiendo la sentencia que en derecho proceda." Por lo anterior, se fijan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111, 108, fracciones III, IV y V, en relación con lo dispuesto en los diversos 114 y 110 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente: a) Asimismo, deberá precisar si es su deseo atribuir como acto destacado al Presidente de la República la promulgación del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; publicado en el Diario oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, puesto que tal circunstancia, incide en la integración de este juicio de amparo. Resulta necesario hacer del conocimiento de la parte quejosa, que la omisión de atribuir al Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, la promulgación del ordenamiento que reclama, ello daría lugar a la actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXlll, en relación con los artículos 5, fracción ll y 108 fracciones lll y IV de la Ley de Amparo, los últimos aplicados en sentido contrario. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 54, del tomo III segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO."1 El requerimiento señalado en el inciso a), se efectúa de dicha manera, ya que si bien de la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no se desprende que tanto su aprobación como su promulgación fuera realizada, de manera expresa, por el Presidente de la República, tal circunstancia es insuficiente para estimar que dicha autoridad no participó en el proceso legislativo del que el citado ordenamiento emanó. Para explicar la decisión que se asume, es útil tener presente que el artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indican: "Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. (...)" De la transcripción que antecede se desprende que, durante el proceso de creación de leyes, una vez aprobado un proyecto en la cámara de origen, pasará para su discusión a la revisora, la que, de aprobarlo, lo remitirá al Ejecutivo Federal, quien, si no tuviera observaciones qué hacer, lo publicará inmediatamente. En estrecha vinculación con lo anterior, el apartado B del citado precepto constitucional dispone que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto con observaciones a la cámara de origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, al término del cual, aquella autoridad dispondrá de un diverso plazo de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Finalmente, en el propio apartado B del artículo 72 constitucional reproducido se señala que, transcurrido el segundo plazo, es decir, el previsto para la promulgación y publicación de la ley o decreto, de que se trate se considerará promulgado, y el presidente de la cámara de origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Expuestos tales aspectos, es menester hacer mención del caso concreto, en que, del proceso legislativo respectivo, se obtiene que por oficio con folio DGPL-1P3A.-2074, de ocho de noviembre de dos mil once, el Vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remitió a su colegisladora, para los efectos constitucionales, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Seguido el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados, en su calidad de revisora, se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto en cita, tal como se observa del diario de los debates de ese órgano, de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Como consecuencia del acuerdo alcanzado en ese último cuerpo colegiado se ordenó remitir el proyecto al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, el que, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, no realizó alguna observación y tampoco lo promulgó ni ordenó su publicación al cabo de los diez días naturales posteriores al término del primer plazo indicado. De ahí que, acorde con lo previsto en el artículo 72, apartado B, de la Constitución, se debe entender que el Presidente de la República aprobó en sus términos, si bien mediante una ficción, el proyecto que le fue remitido, el que, a su vez, por disposición del propio precepto en cita, se consideró promulgado, prueba de lo cual es la determinación adoptada por el Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de ordenar la publicación de la ley cuestionada en el Diario Oficial de la Federación, una vez finalizados los plazos de los que el Ejecutivo Federal disponía para ejercer las facultades que la Constitución le otorga dentro del proceso de creación de leyes. En concordancia con ese razonamiento, se concluye que el Presidente de la República sí tuvo una participación tácita en el proceso legislativo del cual emana el ordenamiento reclamado, en concreto en su promulgación; de ahí que resulte necesario, previo a realizar un pronunciamiento de admisión o no en torno a la demanda interpuesta, prevenir a la parte quejosa para que informe si a su interés legal conviene atribuirle al Presidente de la República el citado acto, tal y como se expuso en párrafos que anteceden. y b) Ahora bien, del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Subdirector de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, se advierte la existencia de un acto de aplicación de la ley reclamada surgido con posterioridad a la presentación de la demanda: " (.) (.)" De la digitalización anterior se advierte que el Subdirector de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, al rendir su informe justificado, precisó existe un acto de aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la parte quejosa sufrió una afectación en sus ingresos por cuanto hace al ejercicio fiscal dos mil diecinueve. En ese contexto y en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo se ordena dar vista a la parte quejosa, para que en el plazo de quince días realice por escrito lo siguiente: Manifieste si a su interés legal conviene ampliar su demanda de amparo e incorporar eficazmente a la litis constitucional, con base a lo manifestado en el informe justificado del Subdirector de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, la afectación que sufrió en sus remuneraciones por cuanto hace al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, con motivo de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue realizada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, así como el acto concreto de aplicación de ésta. Asimismo, deberá manifestar si es su deseo formular nuevo conceptos de violación en cuanto al acto en concreto de aplicación y respecto de los que atañen a la inconstitucionalidad de la ley, o bien, reiterar, ampliar o modificar los planteados en su ocurso de demanda de amparo. En el entendido de que el plazo para presentar la ampliación a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo iniciará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, debiendo presentar su escrito de ampliación de demanda, de conformidad con los requisitos que al efecto prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo. Se apercibe al promovente que de no desahogar el requerimiento formulado dentro del plazo señalado, acompañando en su caso copias del escrito de ampliación necesarias para correr traslado, se resolverá la litis conforme a los actos, autoridades y argumentos planteados en la demanda de amparo. Asimismo, hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." De igual forma, es necesario aclarar que en caso de que la parte quejosa desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de cinco días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar la prevención y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Asimismo, hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar asistir físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www,firel.pjf.gob.mx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y de manera electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, once de marzo de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y, que en atención a la diversa Circular SECNO/10/2021, emitida en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, y de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021 relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se permite reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. Visto el oficio de cuenta que remite el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el que anexa el diverso del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al que se acompaña el testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión 2494/2019 de su índice, así como el original del incidente de suspensión en que se actúa. Acúsese recibo y tómese conocimiento que el tribunal en comento resolvió lo siguiente: "UNICO. Se DESECHAN los recursos de revisión interpuestos". Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, glósense al principal las actuaciones originales que obran en el duplicado del incidente de suspensión, previa copia que de las mismas quede y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www,firel.pjf.gob.mx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Ciudad de México, tres de marzo de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y, que en atención a la diversa Circular SECNO/10/2021, emitida en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, y de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021 relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se permite reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. En consecuencia, se provee: Agréguese a los autos el oficio remitido vía interconexión por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, por medio del cual comunica el auto de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado por el que admite el Conflicto competencial 17/2020 suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán y este órgano jurisdiccional, respecto del juicio de amparo 764/2020. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado oficiante, se expone lo siguiente: Que este Juzgado Federal, en proveído de siete de octubre de dos mil veinte, no aceptar la competencia que le fue planteada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en razón de que derivado de las competencias especiales que le son asignadas a este Juzgado Auxiliar y como en el presente asunto se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: El artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contenida en el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, con motivo de la publicación del Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en proveído de veintiocho de febrero de dos mil veinte, ordenó la remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en la Ciudad de México, al considerar que: [.] "Bajo esa perspectiva, en acatamiento a lo establecido en el citado Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes invocado, se ordena remitir la demanda de garantías promovida por Jesús Alberto Uribe Sotelo, en su carácter de apoderado legal de Administradora de Fondos Grupo Arhe, Sociedad Civil, anexos, y escritos aclcratorios a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. [.]" En ese orden, resulta conveniente destacar que el referido Acuerdo General 2/2020, estableció que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal; así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, debe indicarse que, ante las interrogantes que surgieron con motivo de la aplicación del Acuerdo General en comento, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, ha interpretado y fijado los alcances del mismo; de ahí que, en sesiones celebradas el diecisiete de marzo y diez de agosto del año en curso, aprobó los puntos de acuerdo 28/2020 y 61/2020, respectivamente, en los cuáles determinó esencialmente que los órganos jurisdiccionales auxiliares antes indicados, sólo pueden conocer de la temática siguiente: Los artículos 17-H Bis, fracción III; 26, fracción X, inciso g); 32-D, fracción VII; 69, fracción IX, 69-B Ter, segundo párrafo; 83, fracción XVIII; y 89, fracción IV; o alguna otra disposición normativa relacionada con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado el veintitrés de abril de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, así como cualquier disposición relacionada con el esquema de austeridad republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana. Es así, puesto que se consideró que la finalidad del Acuerdo General 2/2020, es prevenir un posible presentación masiva de demandas de amparo indirecto que provocara un aumento considerable en las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales, en detrimento del derecho a recibir una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional. Por lo que se ordenó la concentración de los asuntos en los que se controvirtiera la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados, así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de austeridad republicana. Posteriormente, a través del oficio SECNO/1203/2020, de veintiséis de agosto último -emitido en atención a diversa consulta formulada por este órgano jurisdiccional y del que se agrega impresión a los autos para constancia-, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, reiteró los temas de los que pueden conocer los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México y puntualizó que, si bien el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, abarca los artículos 17-H y 17-H Bis, así como el 82-A, 82-B y subsecuentes, todos del Código Fiscal de la Federación, que establecen sanciones para el caso de incumplimiento a las obligaciones fiscales vinculadas a los "esquemas reportables", lo cierto es que éstos no forman parte de la temática regulada. De igual forma, indicó que no se pasó por alto que dentro de las fracciones del artículo 17-H Bis existen supuestos relacionados con la emisión de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, puesto que el reclamo debe encaminarse a los temas definidos, debiendo impugnar la fracción del referido numeral o algún otro precepto relacionado con la emisión de comprobantes fiscales referentes a operaciones inexistentes, falsas o actos simulados; por lo que se concluyó que el Acuerdo General 2/2020 no contempla las demandas o ampliaciones en las que se reclamen los artículos referidos al mecanismo "esquemas reportables". Ahora bien, considerando lo expuesto en los párrafos que preceden, resulta evidente que la demanda origen del juicio de amparo 111/2020 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, no se ubica en los supuestos contenidos en el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debido a que los artículos que se pretenden impugnar, no son de aquellos relacionados con la temática descrita, como se observa a continuación: Artículos relacionados con el Acuerdo General 2/2020 Artículos reclamados en el escrito inicial de demanda y su desahogo 17-H Bis, fracción III; 26, fracción X, inciso g); 32-D, fracción VII; 69, fracción IX, 69-B Ter, segundo párrafo; 83, fracción XVIII; y 89, fracción IV, todos del Código Fiscal de la Federación. (Relativos a la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados) (El artículo 28, fracción XXXII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. (Relativo a la limitación para deducir intereses netos del ejercicio que excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal por el 30% y los contribuyentes a quienes les es aplicable dicha fracción) En efecto, el juzgado de origen únicamente consideró que, por reclamarse el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en específico, el artículo 28, fracción XXXII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se actualizaban las condiciones previstas en el Acuerdo General 2/2020, por lo que ordenó remitir el juicio de amparo que nos ocupa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región la Ciudad de México; sin embargo, no se consideró que la porción normativa reclamada, no forma parte de la temática especificada. Finalmente, a través del oficio SECNO/1764/2020, de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, atendió emitido en atención a diversa consulta formulada por este Juzgado y dicho comunicado el del tenor siguiente: Del referido oficio SEXNO/1764/2020, se desprende que la referida Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, indicó que a través del acuerdo 2/2020 se dotó de competencia a los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región para conocer y resolver las demandas de amparo en las que se reclame, cualquier precepto normativo relacionado con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de austeridad republicana, bastando para ello, el señalamiento de algún precepto que regule o haga referencia a dichos temas, con independencia de que también se hagan valer algunas normas ajenas a esos tópicos, los que por excepción también serán competencia de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en aras de evitar que se divida la continencia de la causa. Y, como consecuencia de ello, este órgano jurisdiccional considera que no le corresponde conocer del juicio de amparo motivo del conflicto competencial de referencia, por lo que se realizan las anteriores manifestaciones para los efectos legales conducentes. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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