Administrado Local de Auditoria Fiscal

Expediente 616/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
616/2014
Año
2014
Actuaciones
1
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • Administrado Local de Auditoria Fiscal

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, a seis de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa a fin de que se manifestara respecto del contenido de los oficios presentados por el Secretaria de Hacienda y Crédito público y el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, sin que lo haya hecho, en tal virtud, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Para estos efectos, en primer lugar es necesario tener presente cuáles fueron los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional: se declaró la inconstitucionalidad del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a la facultad de la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Respecto de esta norma, cabe aclarar que se declaró la inconstitucionalidad de su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el 9 de diciembre de 2013, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto al artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de que: En caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. De la anterior transcripción, cabe destacar la porción subrayada, pues a partir de ahí se advierte la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, con número de registro 2012935, de rubro: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que no ha emitido actos tendientes a conseguir el cobro de una preliquidación, en términos del artículo declarado inconstitucional. Así pues, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no le instauró a la quejosa un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Tomando en cuenta las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que la norma no ha sido aplicada a la quejosa, aunado al hecho de que ésta última manifiesta su conformidad con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se declara que la sentencia concesoria está cumplida, en relación con el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. Archivo del expediente. Finalmente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. Para tales efectos, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. En consecuencia, para dar cumplimiento al punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo en mención. NOTIFÍQUESE Y POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.

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