Administración Empresarial Ejecutivas S.C.P
Expediente 154/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Administración Empresarial Ejecutivas S.C.P
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales, por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el siete de noviembre de dos mil catorce, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en su resolutivo primero se sobreseyó en el presente juicio de amparo en relación a la ejecución de los artículos 27 fracción XI y 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reclamada al Secretario de Hacienda y Crédito Público y a la Administración Local de Recaudación de Mérida del Servicio de Administración Tributaria; y en el resolutivo segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que no se aplicara a la empresa quejosa lo previsto en los artículos 27, fracción XI y 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se le permitiera la deducción en su totalidad de los conceptos que en los mismos se contenían, no obstante que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores, o previsión social. En contra de dicha determinación el Presidente de la República y las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, interpusieron recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito. En sesión de tres de octubre de dos mil diecisiete, modificó la sentencia recurrida y por una parte negó el amparo y la protección a la quejosa, contra el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, y por la otra concedió el amparo y protección a la quejosa, únicamente contra el artículo 27, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, para los efectos precisados en el último considerando de esa ejecutoria. En fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, cumpliera con la ejecutoria de mérito. En el entendido que las diversas autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, todos con sede en la Ciudad de México, no tenían que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la aprobación, expedición, promulgación y publicación de la ley reclamada, la cual no puede quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público de carácter general e impersonal. Seguidamente, por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio 600-04-04-07-00-2017-46408, del Administrador Central de Amparo de Instancias Judiciales, con sede en la Ciudad de México, que firma en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributara; Comunicando que dicha autoridad no aplicará a la quejosa lo previsto en los párrafos cuarto y octavo (último) de la fracción XI del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de dos mil catorce, hasta en tanto no sea reformado, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social, atendiendo a la forma en que se organicen los trabajadores como sindicalizados o no sindicalizados. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que éstos consistían en que no se aplicara a la quejosa lo previsto en los párrafos cuarto y octavo (último) de la fracción XI del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que hacía al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social; lo que así quedó debidamente acreditado en autos. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese, haciéndolo personalmente y cúmplase.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE siete de diciembre de dos mil diecisiete, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales, por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el siete de noviembre de dos mil catorce, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en su resolutivo primero se sobreseyó en el presente juicio de amparo en relación a la ejecución de los artículos 27 fracción XI y 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reclamada al Secretario de Hacienda y Crédito Público y a la Administración Local de Recaudación de Mérida del Servicio de Administración Tributaria; y en el resolutivo segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que no se aplicara a la empresa quejosa lo previsto en los artículos 27, fracción XI y 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se le permitiera la deducción en su totalidad de los conceptos que en los mismos se contenían, no obstante que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores, o previsión social. En contra de dicha determinación el Presidente de la República y las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, interpusieron recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito. En sesión de tres de octubre de dos mil diecisiete, modificó la sentencia recurrida y por una parte negó el amparo y la protección a la quejosa, contra el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, y por la otra concedió el amparo y protección a la quejosa, únicamente contra el artículo 27, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, para los efectos precisados en el último considerando de esa ejecutoria. En fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, cumpliera con la ejecutoria de mérito. En el entendido que las diversas autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, todos con sede en la Ciudad de México, no tenían que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la aprobación, expedición, promulgación y publicación de la ley reclamada, la cual no puede quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público de carácter general e impersonal. Seguidamente, por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio 600-04-04-07-00-2017-46408, del Administrador Central de Amparo de Instancias Judiciales, con sede en la Ciudad de México, que firma en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributara; Comunicando que dicha autoridad no aplicará a la quejosa lo previsto en los párrafos cuarto y octavo (último) de la fracción XI del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de dos mil catorce, hasta en tanto no sea reformado, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social, atendiendo a la forma en que se organicen los trabajadores como sindicalizados o no sindicalizados. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que éstos consistían en que no se aplicara a la quejosa lo previsto en los párrafos cuarto y octavo (último) de la fracción XI del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que hacía al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social; lo que así quedó debidamente acreditado en autos. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese, haciéndolo personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio 600-04-04-07-00-2017-46408 del Administrador Central de Amparo de Instancias Judiciales, con sede en la Ciudad de México, que firma en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributara, que remiten en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: se tienen por recibidos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, estos autos que devuelve mediante testimonio de la ejecutoria de tres de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el amparo en revisión 147/2015, relativo al recurso interpuesto en contra de la sentencia firmada el siete de noviembre de dos mil catorce, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, ejecutoria cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- En la materia de la revisión, SE MODIFICA la sentencia impugnada. - - - SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *********, SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR, en contra de los actos que reclamó de las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y publicación del artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece. - - - TERCERO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***********, SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR, en contra de los actos que reclamó de las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y publicación del artículo 27, fracción XI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, en los términos y para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria". Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de segunda instancia, debiendo enviar a la autoridad responsable ordenadora uno de los testimonios que remite el citado tribunal colegiado para tal fin, y a las restantes autoridades deberá remitirse copia certificada de dicho testimonio. Ahora bien, no obstante que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, residente en la Ciudad de México, no fue señalado como autoridad responsable en el presente asunto, es dable vincularlo al cumplimiento de la sentencia concesora del amparo, en virtud de que resulta un hecho notorio para el suscrito que es la autoridad encargada de dar cumplimiento a la misma. Por tanto, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a dicha autoridad para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informa a este Juzgado dentro del plazo de tres días, debiendo remitirle copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el toca A.R. 147/2015, para tal fin. Se apercibe al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, residente en la Ciudad de México, que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917,712 del IUS Intranet, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." En el entendido que las diversas autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, todas con sede en la Ciudad de México, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley reclamada, la cual no puede quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Finalmente, una vez que sea notificado este proveído, glósense a estos autos las constancias originales que obren en el expedientillo de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión y deséchense las copias certificadas que lo originaron para evitar la voluminosidad del presente expediente. Notifíquese y cúmplase.
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