Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo S.A.

Expediente 347/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
347/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo S.A.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que transcurrió a la parte quejosa el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que tuvo por no presentada la demanda, ha causado estado. Se concede a la parte quejosa el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para recoger los documentos exhibidos en el juicio. Se le apercibe que, de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente; lo anterior, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, conforme al artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a la prevención realizada en auto de tres de abril de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de *****, apoderado legal de la moral quejosa, por medio del cual cumple con la prevención formulada en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Consideraciones previas. Ahora bien, de su contenido se aprecian nuevos datos que requieren ser aclarados por el promovente, pues al efecto, como se destacó en el auto de radicación, del contenido del oficio reclamado se aprecia que se le ordenó suspender todo trámite en el que intervengan o hayan intervenido las empresas******, cuya finalidad sea la modificación de la estructura accionaria de la diversa Compañía *****, con relación a la cesión parcial de derechos y obligaciones celebrada con ésta última. Por su parte, el promovente refiere que la autoridad responsable afecta su esfera jurídica al prohibirle hacer valer los derechos de su poderdante derivados del cumplimiento del contrato de cesión celebrado con la tercera interesada Compañía T*****; en concreto, por lo que ve a las obligaciones de pago por parte de esa empresa. De ese modo, resulta necesario que aclare si dicha prohibición deriva del mismo acto reclamado relativo al oficio **** de trece de febrero de dos mil veintitrés, o bien, si emana de un acto o procedimiento distinto, pues, se insiste, en aquel oficio en modo alguno se le impidió ejercer las acciones correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el referido contrato de cesión celebrado con Compañía ****. De lo contrario, de tratarse de un acto distinto, deberá manifestarlo así, con la finalidad de fijar debidamente la litis constitucional y que la autoridad responsable se encuentre en aptitud de rendir su informe justificado. Prevención. Por tanto, previamente a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión o rechazo de la demanda constitucional, con fundamento en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir de su notificación, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Aclare si la prohibición de ejercer los derechos derivados del contrato celebrado por su poderdante y la moral tercera interesada ****, deriva del oficio***** de trece de febrero de dos mil veintitrés, o bien, si emana de un acto o procedimiento distinto. Derivado de lo anterior, especifique si ejercitó alguna acción ante autoridad judicial, tendiente a hacer efectivo el cumplimiento forzoso del contrato de cesión, en términos de su cláusula sexagésima quinta y, en su caso, si en dicho proceso se le impuso o tuvo conocimiento de alguna prohibición de ejercer acciones para el cumplimiento de aquél acuerdo de voluntades. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis XXVII.3 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizable en la página 1121, tomo XVII, abril de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguientes: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión. En el entendido que deberá exhibir siete copias del escritorio aclaratorio, a fin de correr traslado a las partes, y una más para agregarlo al incidente de suspensión, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis publicada en la página 102, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo XXII, Quinta Época, página 102, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión. En ese tenor, dígasele al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa al promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser el nombre y domicilio del tercero interesado, así como el acto reclamado parte de la demanda, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos u actos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, página 210, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. De igual manera, se hace el apercibimiento a la parte promovente, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, página 5, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. El presente requerimiento se formula sin perjuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, firmado por ********************, perito designado por este órgano jurisdiccional para la prueba pericial ofrecida en autos, mediante el cual solicita una prórroga para la emisión del dictamen correspondiente, por los motivos que expone. En consecuencia, de conformidad con los artículos 120 de la Ley de Amparo y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a la profesionista de referencia la prórroga de diez días, para el efecto indicado, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, a fin de que presente ante este órgano jurisdiccional su opinión técnica respecto de la prueba pericial mencionada, o en su defecto, manifieste la imposibilidad que tiene para realizarla. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que corresponden a cincuenta unidades de medida y actualización, que corresponden a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista y personalmente al perito oficial ********************.

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