Adilson Orlando Cabrera Garay
Expediente 2404/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2404/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Henry Jonathan Cabrera Colorado
- Adilson Orlando Cabrera Garay
- Adilson Orlando Cabrera Garay y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que el quejoso Diego Antonio Peraza Aguilar, ratificó el desistimiento de la demanda promovida en su favor; en consecuencia, se tiene al peticionario de amparo desistiéndose de la presente instancia constitucional, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo En relación con lo anterior, conviene precisar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que dicha parte pueda, válidamente, desistirse en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria, pues conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia, previa ratificación del escrito correspondiente, lo que en la especie acontece, habida cuenta que en este juicio no se ha emitido sentencia ejecutoria, sino que se encuentra en trámite. Por ello, si la parte quejosa manifiesto la renuncia para que este órgano de control constitucional continúe ejerciendo su actividad jurisdiccional en el caso concreto, se reitera, lo procedente es sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos del precepto y ordenamiento legal invocados en párrafos que anteceden. En lo conducente resulta aplicable, la tesis número 39, visible en la página 681, del tomo I Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, del rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO. Si durante la tramitación del juicio de amparo el quejoso se desiste expresamente de la demanda que interpuso, procede sobreseer el juicio constitucional con apoyo en la fracción I del artículo 74, de la Ley de Amparo.". Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. En otro orden de ideas, tomando en consideración que en este juzgado se reciben un gran número de asuntos con las características del juicio de amparo en que se actúa; por tanto ante la práctica y experiencia en este tipo de juicios, lleva a sostener que los autos en los cuales se desecha la demanda, se tiene por no interpuesta o sobresee fuera de audiencia, no son recurridos por los directos agraviados; por ende, de manera excepcional y temporal y como una medida de política judicial para disminuir la carga laboral, se declara la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívese el juicio de amparo en que se actúa como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando las constancias y actuaciones más relevantes. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario quien autoriza y da fe.
- Principal
...OCURRE A DESITIRSE... SE COMSIONA AL ACTUARIO PARA QUE SE CONSTITUYA EN MIGRACION Y REQUIERA A QUEJOSO PARA SABER SI ES SU DESEO RATIFICAR ESCRITO DE DESISTIMIENTO...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase al representante local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, dando cumplimiento a lo ordenado en proveído que antecede, e informa que la alerta migratoria fue establecida al quejoso Diego Antonio Peraza Aguilar, el once de agosto de dos mil veintidós, solicitada por el Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante, en la Ciudad de México, la cual se mantiene vigente hasta el tres de agosto de dos mil veinticuatro; así también comunica, que por tal motivo no podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática de su país, ya que contravendría con la restricción establecida por la autoridad migratoria. Por otra parte, el promovente Alberto Meza Hernández en favor del directo quejoso Diego Antonio Peraza Aguilar, hace diversas manifestaciones respecto a que el quejoso permanece en las instalaciones de la autoridad responsable migratoria, lo cual lo hace violatorio de sus derechos humanos, sin que exista o haya cometido algún delito grave que justifique su privación de la libertad, aunado a que de retornar a su país de origen, podría ser privado de la vida, por lo que pide se ordene a la autoridad responsable, ponga en inmediata libertad al quejoso de referencia, solicitando se modifique la medida suspensional en términos de los artículos 101 y 102 de la ley de Migración. Ahora, en el presente asunto, fue solicitado el amparo, entre otros, contra la orden de deportación del quejoso, de la República Mexicana, y este órgano judicial ordenó las medidas decretadas de manera oficiosa, en proveído de tres de octubre de dos mil veintidós. Luego, los efectos de dicha medida suspensional de oficio consisten en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. La suspensión de oficio prevista para situaciones excepcionales tiene como razón de ser la protección de una situación de hecho que atenta contra garantías que pueden derivar en perturbaciones que pongan en peligro el orden social. La suspensión de oficio responde a un criterio que vincula la procedencia de la suspensión con la manifiesta irreparabilidad y la urgencia de que se decrete la medida (periculum in mora), Como se advierte, los fundamentos de la suspensión de oficio se vinculan con el interés de la sociedad en dicha medida; los Jueces deben concederla aunque el interesado no la solicite, en aras del riesgo de un daño extremo e irreparable. Ahora, el quejoso introduce aspectos relativos a que en su país de origen se le pretende privar de la vida, por ello su temor de ser deportado. Por su parte la autoridad migratoria, ha suspendido cualquier acto de autoridad quedando en espera de lo que resuelva este órgano jurisdiccional; sin embargo, debido a la orden de restricción, no ha puesto en libertad al quejoso de referencia ya que de hacerlo contravendría la restricción establecida por la autoridad migratoria. De lo anteriormente expuesto, lo que se tiene es que el directo quejoso adecuó su conducta en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 144 de la Ley de Migración, detención que invariablemente es de naturaleza administrativa, distinta al ministerio público, la cual no deriva de la comisión de un delito; por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional. Por otro lado, la Suprema Corte de la Nación ha establecido en diversas ejecutorias que forman jurisprudencia, que no procede la suspensión definitiva en los casos de aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Migración, en virtud de que se trata de ordenamientos legales de orden público, refiriéndonos a la determinación restrictiva de dos años, al actualizar su conducta en la disposición 144, fracción I, de la Ley de Migración. Sobre ese contexto, el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afectan a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional es una herramienta práctica en la que se plasman los ordenamientos jurídicos que regulan el tema de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en México, así como ejemplos de sentencias de otros países que han resultado emblemáticas por su contenido en favor de los derechos humanos. El artículo 1° Constitucional reconoce que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. El mismo ordinal establece el principio pro persona al enunciar que se favorecerá en todo tiempo la protección más amplia a las personas, primando la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y el deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos. Ahora, el promovente del quejoso de referencia, hace énfasis de que existe el temor fundado de que el aquí agraviado se le pretende privar de la vida en su país de origen. De los principios generales de dicho Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas Migrantes y sujetas de Protección Internacional, se encuentra el Principio de No devolución es una norma de derecho consuetudinario internacional. Sin embargo, en el caso de México está plenamente incorporada en el derecho positivo por medio de los artículos 5 y 6 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, y a partir de la firma y ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 que establece, en su artículo 33, la prohibición de llevar a cabo cualquier medida que tenga como efecto devolver a una persona solicitante de asilo o refugiada a las fronteras del territorio donde su vida o libertad puedan verse amenazadas, o donde corra peligro de persecución incluyendo su intercepción, rechazo en frontera o devolución indirecta. Este principio ha sido considerado como la piedra angular de la protección internacional a personas solicitantes de asilo y refugiadas. Asimismo, México ha extendido este principio para las personas beneficiarias de protección complementaria, que son las que no reúnen los requisitos para ser reconocidas como refugiadas pero que su vida, libertad o seguridad corren peligro en su país de origen. La formulación del derecho de no devolución en la Convención Americana sobre Derechos Humanos es más amplia, pues el artículo 22.8 prohíbe la expulsión o devolución de una persona extranjera (refugiada o no) a otro país, sea o no el de origen, cuando su derecho a la vida o a la libertad personal estén en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. El principio de no devolución implica: No devolver a las personas solicitantes de asilo, refugiadas o beneficiarias de protección complementaria a un lugar donde su vida o libertad corran peligro. Permitir que las personas busquen protección en un país mediante la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, ante la posibilidad de que sean devueltas a un país donde su vida o libertad corran peligro. No negar el acceso al territorio a personas que huyen de la persecución y permitir el acceso a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Sobre ese panorama, resulta necesario requerir a la parte quejosa en el domicilio donde se encuentra albergado, a efecto de que manifieste: Si es su deseo ampliar la demanda de amparo en contra de la autoridad denominada Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante, del Centro Nacional de Alertas, del Instituto Nacional de Migración, con sede en la ciudad de México, y por el diverso acto derivado de la alerta migratoria de restricción emitida por esa autoridad de once de agosto de dos mil veintidós. Manifieste si es su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, dadas las manifestaciones referentes a que corre peligro su vida en caso de ser retornado a su país de origen, para estar en condiciones de que el Instituto Nacional de Migración, o esta autoridad judicial, notifique a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de manera inmediata. Hecho lo anterior, provéase lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes recurrieran la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, tomando en consideración que quedó firme el fallo emitido en el presente juicio y que concedió el amparo a la parte quejosa, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director del Hospital General Cadereyta de Petróleos Mexicanos, con sede en Cadereyta, Nuevo León, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificado del presente acuerdo, informe a este órgano de control constitucional la forma y términos en que haya dado cumplimiento a la sentencia de mérito, acompañando las constancias con las cuales lo acredite. Con el apercibimiento, que de ser omiso a lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, párrafo segundo, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que continúe el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y consignación de la responsable, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese...
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