Adillene Monserrat Botello Barroso

Expediente 234/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
234/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Adillene Monserrat Botello Barroso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, y la certificación que antecede, se aprecia que la resolución de cinco de agosto de dos mil veintiuno, en el que sobreseyó el juicio de amparo, no fue recurrida dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que la resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia cuyos datos de localización rubro y texto se citan a continuación: Época: Décima Época Registro: 2017375 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de julio de 2018 10:13 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 74/2018 (10a.) "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó documentos al presente sumario, pero no son de los catalogados como originales. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 20, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otra parte, como se precisó en la certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Tomando en consideración que resulta innecesario conservar las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Cuarto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, consistente en copia certificadas del expediente ***, en un tomo; por lo que, devuélvanse mediante oficio con transcripción del presente auto. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    ... TERCERO. Existencia de los actos. No obstante, el Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, negó los actos reclamados, tal negativa quedó desvirtuada con las constancias del juicio de origen 409/2020, de las que se advierte que el inmueble que defiende la quejosa forma parte de la controversia de origen, de ahí que se tenga por cierto. Documentales a las que se les concede plena eficacia probatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 202 del enjuiciamiento civil federal aplicado supletoriamente a la ley de la materia. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, sea que las partes la propongan o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5o, fracción I de la ley en cita. De la literalidad de tales preceptos, se tiene que el interés jurídico es uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si las leyes o los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del quejoso, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. Debido a que el acto reclamado deriva de una autoridad jurisdiccional, se exige la acreditación de un interés jurídico ?no legítimo?, aunado a que la afectación a sus derechos debe verificarse en forma fehaciente y no inferirse por presunciones, pues de no comprobarse tales extremos, el juicio de amparo resulta improcedente. Por lo cual, el interesado debe acreditar plenamente, que el acto reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica y que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Debido a lo anterior, es necesario determinar si la parte quejosa *** tiene interés jurídico en el presente juicio de amparo, atento a que se ostenta como persona extraña al juicio 409/2020, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato; pues alega ser arrendataria del inmueble que asegura tiene en posesión y que fue afectado en el procedimiento de origen, cuando no es parte material, ni fue oída ni vencida en el mismo. Expuesto lo anterior, se observa que para acreditar su interés jurídico, la parte quejosa exhibió el contrato de arrendamiento de uno de octubre de dos mil diecinueve, suscrito entre ***, en su carácter de arrendadora y la quejosa ***, en su calidad de arrendataria, respecto del inmueble ubicado en ***. Prueba documental privada, que se valora conforme a los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo. Sin embargo, dicho contrato es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico, toda vez que carece de fecha cierta. Al respecto, los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, entendiéndose por ésta, aquella que se tiene a partir de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; desde que se presenta ante un funcionario público por razón de su oficio; o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Resulta aplicable la jurisprudencia 44/2005, intitulada: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL." El motivo toral de ello radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales, de ahí que si no se surte alguno de esos supuestos, no puede determinarse la fecha cierta de un documento de los señalados con relación a terceros. Ahora, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, por sí solos, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, ya que ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. La exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, porque de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En el caso, el contrato de arrendamiento exhibido carece de fecha cierta, toda vez que no se demostró su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, ni la certificación de funcionario público por razón de su oficio, o bien, que haya muerto cualquiera de los firmantes. Por tanto, es insuficiente por sí mismo para acreditar de manera fehaciente el interés jurídico en éste juicio de amparo, al resultar imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al acto reclamado. Sustenta lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 169963 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Abril de 2008 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 24/2008 Página: 11 ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito. Contradicción de tesis 24/2007-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito (antes Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito) y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 6 de febrero de 2008. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez. Tesis de jurisprudencia 24/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de febrero de dos mil ocho. Bajo esos parámetros, se concluye la falta de acreditación fehaciente de la afectación al interés jurídico del peticionario de amparo, esto es, no evidenció agravio alguno en su esfera jurídica de derechos con el trámite del juicio de origen. Máxime que aún en el supuesto de que la quejosa hubiera justificado tener la posesión del inmueble controvertido en el juicio civil (lo cual no sucedió), tampoco sería suficiente para acreditar la afectación a su esfera jurídica, si se tiene en consideración que debe también demostrarse fehacientemente la causa que generó la posesión del inmueble; por lo que al no haber ofrecido medio de convicción alguno con el que justifique tener título justo del inmueble que asegura tiene en arrendamiento, se llega al convencimiento de que la posesión simple que ostenta no resulta protegible a través del juicio constitucional. Sirve de apoyo, la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 187733 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Página: 5 POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Contradicción de tesis 17/91. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito. 29 de noviembre de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos. Por tanto, se sobresee el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ante la improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral el 5°, fracción I, penúltimo párrafo, ambos de la ley de la materia (falta de interés jurídico). Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    ... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que, en acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, se reservó proveer respecto de la designación de los terceros interesados hasta en tanto la autoridad responsable remitiera las constancias como complemento a su informa justificado, lo cual ya aconteció. En consecuencia, se levanta la reserva en mención y al respecto se provee: De las constancias allegadas por la responsable y con apoyo en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo le asiste al carácter de tercero interesado a: *** (parte actora en el juicio de origen), quien tiene su domicilio ubicado en calle ***; y, *** (parte demandada) con domicilio calle ***. Por lo tanto, se comisiona de manera indistinta al actuario de la adscripción, para que, con copia autorizada de la demanda de amparo, con anexos, auto admisorio y el presente proveído, emplacen a juicio a los terceros interesados de referencia en el domicilio indicado. En la inteligencia que por economía procesal y para una mayor agilidad en la integración de este negocio, se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, para la práctica de la presente diligencia; de igual forma se faculta al actuario respectivo, para que de no encontrar a la persona buscada, y si se entera de un domicilio diverso donde pueda ser emplazada, podrá constituirse en el lugar que se le informe y llevar a cabo la diligencia de que se trata, ello, sin necesidad de previo acuerdo. En la inteligencia de que al tratarse del domicilio procesal del tercero interesado nombrado en primer término, en su caso (de no encontrar a nadie en el domicilio), podrá emplazarlo mediante aviso que deje fijo en la puerta del domicilio; y, en el supuesto de que sea atendido por persona alguna, y ésta se negare a recibir la notificación respectiva, deberá actuar acorde a lo previsto en el artículo 27, fracción I, inciso a), parte final, de la Ley de Amparo; esto es, asentará la negativa en autos y el emplazamiento se tendrá por hecho. En lo relativo a la tercera interesada nombrada en segundo orden, la respectiva diligencia deberá realizarse acorde a lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, esto es, de manera personal o previo citatorio, en virtud de que no se trata del domicilio procesal del tercero en cita. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que estaba programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las CATORCE HORAS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo, la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo del Juzgado. Notifíquese, y emplácese a los terceros interesados.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE EMPLAZA A LOS TERCEROS INTERESADOS ***** Y *****, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DICTADO EL DIEZ DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que, en acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, se reservó proveer respecto de la designación de los terceros interesados hasta en tanto la autoridad responsable remitiera las constancias como complemento a su informa justificado, lo cual ya aconteció. En consecuencia, se levanta la reserva en mención y al respecto se provee: De las constancias allegadas por la responsable y con apoyo en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo le asiste al carácter de tercero interesado a: *** (parte actora en el juicio de origen), quien tiene su domicilio ubicado en calle ***; y, *** (parte demandada) con domicilio calle ***. Por lo tanto, se comisiona de manera indistinta al actuario de la adscripción, para que, con copia autorizada de la demanda de amparo, con anexos, auto admisorio y el presente proveído, emplacen a juicio a los terceros interesados de referencia en el domicilio indicado. En la inteligencia que por economía procesal y para una mayor agilidad en la integración de este negocio, se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, para la práctica de la presente diligencia; de igual forma se faculta al actuario respectivo, para que de no encontrar a la persona buscada, y si se entera de un domicilio diverso donde pueda ser emplazada, podrá constituirse en el lugar que se le informe y llevar a cabo la diligencia de que se trata, ello, sin necesidad de previo acuerdo. En la inteligencia de que al tratarse del domicilio procesal del tercero interesado nombrado en primer término, en su caso (de no encontrar a nadie en el domicilio), podrá emplazarlo mediante aviso que deje fijo en la puerta del domicilio; y, en el supuesto de que sea atendido por persona alguna, y ésta se negare a recibir la notificación respectiva, deberá actuar acorde a lo previsto en el artículo 27, fracción I, inciso a), parte final, de la Ley de Amparo; esto es, asentará la negativa en autos y el emplazamiento se tendrá por hecho. En lo relativo a la tercera interesada nombrada en segundo orden, la respectiva diligencia deberá realizarse acorde a lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, esto es, de manera personal o previo citatorio, en virtud de que no se trata del domicilio procesal del tercero en cita. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que estaba programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las CATORCE HORAS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo, la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo del Juzgado.

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