Adilene Lizeth Medina Lopez
Expediente 820/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Adilene Lizeth Medina Lopez
- ANGELICA MARIA MARCHAN INIESTRA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo con fecha seis de julio de dos mil diecisiete, en la que se determinó sobreseer el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de seis de julio de dos mil diecisiete, la cual dice: Cuernavaca, Morelos, seis de julio de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las doce horas con veintinueve minutos del día seis de julio de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública, el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; asistido del secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 820/2017, promovido por Adilene Lizeth Medina López y otras, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que obran en autos, entre las que se destacan por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio, así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Asimismo, no ha lugar a diferir la audiencia constitucional tal como lo establece el artículo 117 de la Ley de la materia en vigor, pese a que se encuentra transcurriendo la vista que se dio con informe justificado a la impetrante de garantías, puesto que no le causa ningún agravio, ni se le priva de su derecho de defensa, en virtud de que, de las constancias que obran en autos se advierte una notoria y manifiesta causal de improcedencia, de suerte que a nada práctico conduciría diferir la presente audiencia, en razón de que no podría ser desvirtuada con ningún medio de prueba, pues si bien es cierto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia definida sostuvo que la "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO"; también lo es, que la quejosa en este juicio aún cuando ofrezca pruebas o alegue lo que a su derecho convenga, se insiste, no desvirtuaría la causal que se concurre. A continuación se declara abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, las documentales allegadas por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, probanzas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en cuenta al momento de dictar la sentencia, en caso de que resulte necesario. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Enseguida, se declara abierto el período de alegatos, en el que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogados los formulados por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita en su intervención ministerial número MPF/223/2017, con lo que se procede a cerrar este periodo. Consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo número 820/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo.- Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido a este Juzgado Primero de Distrito, en la misma fecha, Adilene Lizeth Medina López, Angélica María Marchán Iniestra, Karla Karina Jiménez Torres y Norma Leticia Reyes Moñoz, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra el acto que reclama del Órgano Administrativo Desconcentrado de Previsión y Readaptación Social; Directora General del Centro Federal de Readaptación Social "CPS 16 MORELOS"; Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social "CPS 16 MORELOS"; Titular del Área Técnica del Centro Federal de Readaptación Social "CPS 16 MORELOS", mismo que hizo consistir en: "IV.- Acto Reclamado: A las autoridades señaladas como responsables Ordenadoras y Ejecutoras reclamamos: a) Atención Médica General, Suministro de medicamento, revaloración y seguimiento médico, tratamiento por mes y permanente en la estancia. b) Atención Médica Especializada en Ginecología, Odontología y Traumatología. c) Donación del medicamento y tratamiento que derive de nuestros padecimientos ya que no cuento con trabajo en este Centro." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo.- Mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, registrándose con el número 820/2017, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso ofrecer documentales, así como precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Asimismo, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se decretó separación de juicios, por lo que se ordenó conocer del presente juicio de amparo 820/2017 respecto del acto reclamado consistente en "atención médica" única y exclusivamente por cuanto hace a la aquí quejosa Adilene Lizeth Medina López; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por los Acuerdos Generales 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia administrativa en el que se reclaman actos de autoridades que residen dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado.- En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar de las autoridades responsables: "a) Atención Médica General, Suministro de medicamento, revaloración y seguimiento médico, tratamiento por mes y permanente en la estancia. b) Atención Médica Especializada en Ginecología, Odontología y Traumatología. c) Donación del medicamento y tratamiento que derive de nuestros padecimientos ya que no cuento con trabajo en este Centro". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. Certeza de actos.- Las autoridades responsables Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS"; Encargada del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS" y Directora Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", al rendir su informe con justificación negaron el acto que se les atribuye, sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada con las manifestaciones que realizan en los citados informes; en ese sentido se tiene por cierto el acto que se les reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causa de improcedencia fundada.- Se procede al análisis de las causales de improcedencia en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgador federal advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la que se dispone: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: I. [.] [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;". De dicha causa de improcedencia se advierte que el juicio de amparo será improcedente si cuando la materia sobre la cual recayó el acto reclamado deja de existir, por no poder restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada. Ahora, cabe destacar que de la razón actuarial de fecha veintiocho de junio del año en curso, asentada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, se desprende que la quejosa Adilene Lizeth Medina López fue puesta en libertad en fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, en virtud de que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante oficio número 1315 así lo ordenó. Precisado lo anterior, se sostiene que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que aun subsistiendo el acto reclamado consistente en la omisión de las autoridades responsables de proporcionar a la quejosa atención médica para sus problemas de salud, el mismo no puede surtir efecto legal por haber dejado de existir su objeto, al haber egresado la quejosa de dicho centro penitenciario. En efecto, si la aquí quejosa fue puesta en libertad, es válido concluir que jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria del amparo. Sustenta lo antes considerado, la Jurisprudencia 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, respecto del acto señalado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo que dicho sobreseimiento impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el acto reclamado, sin que ello genere agravio a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". En mérito de lo anterior, procede decretar el sobreseimiento, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en los que se determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena la captura del presente fallo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXII, 63, fracción V, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Adilene Lizeth Medina López, respecto del acto y las autoridades señaladas en el resultando primero, y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Jorge Carenzo Rivas, asistido del Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial, levantada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado Federal, de la cual se desprende que no fue posible llevar a cabo la notificación personal del auto de veintisiete de junio del año en curso, a la quejosa Adilene Lizeth Medina López, en razón de que fue informado por el Abogado Penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán, del Río, Morelos, que la citada quejosa ya no se encuentra recluida en dicho centro, toda vez que fue puesta en libertad el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, ordenado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Mor.olos, en cumplimiento al oficio 1315. Por tanto, hágase la notificación del auto de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, por lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; así como las subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. Por otra parte, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio número 4618, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual acusa recibo de la demanda de amparo promovida por ********************, mismo que quedó registrado con el número de amparo 992/2017, de su índice. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe. Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa Adilene Lizeth Medina López, por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, en el cual Cuernavaca, Morelos, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio número 1843-VI, signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual acusa recibo de la demanda de amparo promovida por Norma Leticia Reyes Muñoz, mismo que quedó registrado con el número de amparo 986/2017-VI, de su índice. Por otra parte, como lo solicita remítase copia certificada de la notificación personal del acuerdo de dieciséis de junio del presente año, realizada a la quejosa Norma Leticia Reyes Muñoz, no así del acuerdo de quince del actual, toda vez que no se ordenó notificar personalmente a la citada quejosa; lo que se hace de su conocimiento para el efecto de que tenga a bien proveer lo que conforme a derecho corresponda. Por otro lado, visto el estado de los autos y advirtiéndose de los mismos, que mediante auto de quince de junio del presente año, se dio vista a las partes, con el informe justificado que rindió el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la ciudad de México, y toda vez que la quejosa Adilene Lizeth Medina López, se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 "CPS Morelos" en Coatlán del Río, Morelos, y para no dejarla en estado de indefensión, remítase copia del citado informe justificado. Notifíquese, personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio número 1843-VI, signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual acusa recibo de la demanda de amparo promovida por Norma Leticia Reyes Muñoz, mismo que quedó registrado con el número de amparo 986/2017-VI, de su índice. Por otra parte, como lo solicita remítase copia certificada de la notificación personal del acuerdo de dieciséis de junio del presente año, realizada a la quejosa Norma Leticia Reyes Muñoz, no así del acuerdo de quince del actual, toda vez que no se ordenó notificar personalmente a la citada quejosa; lo que se hace de su conocimiento para el efecto de que tenga a bien proveer lo que conforme a derecho corresponda. Por otro lado, visto el estado de los autos y advirtiéndose de los mismos, que mediante auto de quince de junio del presente año, se dio vista a las partes, con el informe justificado que rindió el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la ciudad de México, y toda vez que la quejosa Adilene Lizeth Medina López, se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 "CPS Morelos" en Coatlán del Río, Morelos, y para no dejarla en estado de indefensión, remítase copia del citado informe justificado. Notifíquese, personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes
- Adelfo Bahena Guzmán1892/2014
- Adelina Lavalle Hurtado267/2015
- Adelina Torres Guerrero676/2023
- Adelita Payan Rosas899/2015
- Ademir Giovanni Lozano López187/2016
- Adhara Elena Quijano Fernadez447/2023
- Administración de Personal T.P., S.C.1983/2014
- Adolfo Aguilar Figueroa1770/2016
- Adolfo Aguilar Figueroa Figueroa1826/2016
- Adolfo Anguiano Vazquez426/2020
- Adolfo Bahena Barbon334/2020
- Adolfo Bahena Barbon1213/2019