Adilene Gómez Aldaco
Expediente 1341/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1341/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 26/03/2018
Partes del expediente
- Adilene Gómez Aldaco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este juzgado federal (foja 103), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de uno de marzo del año en curso (foja 104), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el siete de marzo del presente año (fojas 105 a 107); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada trascurrió del nueve al trece del mismo mes y año, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el once de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 51 a 64), se determinó conceder a ********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de ******************** respecto de la cantidad de ********************por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" e "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público de previa cita, conforme se advierte del comprobante de pago respectivo (fojas ********************); en la inteligencia de que la quejosa deberá cubrir la cantidad de ******************** por cada uno de los actos jurídicos que inscribió. (.) Por otro lado, no será objeto de devolución la cantidad de ciento cuarenta y cuatro pesos, que aparece en el recibo de pago, por el conceptos de "********************", toda vez que tal concepto no fue objeto de reclamo dentro de la presente instancia constitucional. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete (fojas 71 y 72), causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de enero del dos mil dieciocho (fojas 83 y 84), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de ******************** a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria. En ese tenor, si tenemos que al monto total de ********************monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cuota mínima a pagar de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, así como la cantidad de $144.00 pesos por concepto de ********************, toda vez que no fue objeto de reclamo en el presente juicio, da como resultado la suma de $13,817.83 (trece mil ochocientos diecisiete pesos 83/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el tres de julio de dos mil diecisiete, y el ocho de noviembre del mismo año se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de junio a septiembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida, en razón de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el diez de noviembre; es decir, con posterioridad a la fecha en que la autoridad responsable realizó la transferencia de mérito. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecisiete fue 126.408; y para el mes de septiembre 127.912. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01189. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de ********************(trece mil novecientos ochenta y dos pesos 12/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de ******************** (ciento sesenta y cuatro pesos 29/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de ********************(trece mil novecientos ochenta y dos 12/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de ********************, es decir, reintegró un excedente a favor de la parte quejosa por la cantidad de ********************, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, respecto a las manifestaciones vertidas por el Directo General Jurídico de la secretaría responsable, mediante libelo presentado el nueve de marzo del año en curso, téngase por hechas las mismas; sin embargo, deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este juzgado federal (foja 103), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de uno de marzo del año en curso (foja 104), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el siete de marzo del presente año (fojas 105 a 107); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada trascurrió del nueve al trece del mismo mes y año, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el once de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 51 a 64), se determinó conceder a ********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de ******************** respecto de la cantidad de ********************por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" e "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público de previa cita, conforme se advierte del comprobante de pago respectivo (fojas ********************); en la inteligencia de que la quejosa deberá cubrir la cantidad de ******************** por cada uno de los actos jurídicos que inscribió. (.) Por otro lado, no será objeto de devolución la cantidad de ciento cuarenta y cuatro pesos, que aparece en el recibo de pago, por el conceptos de "********************", toda vez que tal concepto no fue objeto de reclamo dentro de la presente instancia constitucional. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete (fojas 71 y 72), causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de enero del dos mil dieciocho (fojas 83 y 84), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de ******************** a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria. En ese tenor, si tenemos que al monto total de ********************monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cuota mínima a pagar de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, así como la cantidad de $144.00 pesos por concepto de ********************, toda vez que no fue objeto de reclamo en el presente juicio, da como resultado la suma de $13,817.83 (trece mil ochocientos diecisiete pesos 83/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el tres de julio de dos mil diecisiete, y el ocho de noviembre del mismo año se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de junio a septiembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida, en razón de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el diez de noviembre; es decir, con posterioridad a la fecha en que la autoridad responsable realizó la transferencia de mérito. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecisiete fue 126.408; y para el mes de septiembre 127.912. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01189. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de ********************(trece mil novecientos ochenta y dos pesos 12/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de ******************** (ciento sesenta y cuatro pesos 29/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de ********************(trece mil novecientos ochenta y dos 12/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de ********************, es decir, reintegró un excedente a favor de la parte quejosa por la cantidad de ********************, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, respecto a las manifestaciones vertidas por el Directo General Jurídico de la secretaría responsable, mediante libelo presentado el nueve de marzo del año en curso, téngase por hechas las mismas; sin embargo, deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa que por error involuntario se pagó más de la cantidad actualizada a devolver a la parte quejosa; por tanto, solicita se requiera a ésta para que reintegre el excedente y se tenga por cumplido el fallo protector concedido dentro del presente sumario constitucional; sin embargo en proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho (foja 104) se dio vista al quejoso y se le dieron tres días para que manifieste lo que a su interés legal corresponda, el cual se notificó el siete de marzo de este año (foja 107); en consecuencia, agréguese el oficio de mérito para que obre como corresponda y dígasele a la autoridad que una vez transcurrido dicho termino este órgano jurisdiccional se pronunciara respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por medio del cual con el fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, informa que realizó una transferencia bancaria a favor de la quejosa por la cantidad de $*** (*** moneda nacional), por concepto de devolución de lo erogado con motivo del acto de aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio más su actualización fiscal correspondiente; asimismo, aduce, que reintegró a la promovente del amparo un excedente de $*** (*** moneda nacional), por lo que solicita se requiera a ésta, a efecto de que devuelva dicho excedente. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes y, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS manifieste lo que a su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obran en el expediente y las constancias aportadas por la autoridad responsable; oportunidad en la cual se analizaran los argumentos que hace valer en el oficio de cuenta. No es obstáculo a lo anterior, que en el ocurso de cuenta se indicó como nombre del quejoso ****, ya que se dirigió al juicio de amparo en que se actúa.
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