Adiel Nucamendi Cruz
Expediente 743/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 35 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Adiel Nucamendi Cruz
- Adriana de Lourdes Martínez Jiménez Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro Con Sede En Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S/N/2022/JC remitido -vía correo electrónico institucional- por 14. Juan Jesús Gutiérrez Estrada, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, de asuntos de San Martín Texmelucan, a través del cual, acusa recibo de la misiva 735/2022 de quince de junio de dos mil veintidós, por el que este órgano jurisdiccional le notificó la determinación dictada en esa fecha y le remitió lo siguiente: ( Un juego certificado de diversos registros escritos que obran dentro de la causa penal 203/2021/SANMARTÍN, con el que se formó el tomo I de pruebas de este controvertido constitucional. De lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a los que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó al fiscal tercero interesado por oficio el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, la cual, surtió efectos el mismo día y, por ende, el aludido plazo transcurrió del veinticinco de mayo al catorce de junio de la presente anualidad, previo descuento de los días veintiocho y veintinueve de mayo, así como cuatro, cinco, once y doce de junio, todos del actual, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por último, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable 14. Fernando Martínez Espinosa, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, de asuntos de San Martín Texmelucan -en lugar del juez de control Salvador Hernández Martínez-, en complemento a su informe justificado, se ordena devolverle lo siguiente: ( Un juego certificado de diversos registros escritos que obran dentro de la causa penal 203/2021/SANMARTÍN, con el que se formó el tomo I de pruebas de este controvertido constitucional. Ahora bien, toda vez que la referida autoridad se encuentra fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, requiérasele para que dentro del plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, acuse recibo del oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo junto con la documental que se anexa. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista al quejoso Adiel Nucamendi Cruz y al tercero interesado Juan Pablo Domínguez Sánchez -víctima del delito-; y, por oficio a las autoridades responsables (a las foráneas, identificadas con los números 15, 16 y 18, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción), al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de once de mayo pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veinte de septiembre de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte, sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo al quejoso Adiel Nucamendi Cruz, respecto de la orden de aprehensión decretada en su contra el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 203/2021/SANMARTÍN, así como por cuanto a su ejecución; por las razones expuestas en el considerando noveno de la sentencia. Inconforme con dicha determinación, el referido quejoso, por conducto de su autorizado en términos amplios Andrés López Castañeda, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-237/2021, en donde mediante ejecutoria dictada el siete de abril de dos mil veintidós modificó, por unanimidad de votos, la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado. En ese tenor, por acuerdo emitido el veintisiete de abril del año en curso, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Seguida la secuela del procedimiento de ejecución de sentencia, por auto de once de mayo del año en curso se tuvo al juez responsable remitiendo copia certificada de diversas documentales por las cuales informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con el contenido de los oficios 795/2022/JC y S/N/2022/JC -números de registro 8030 y 8306, ambos de 2022- y sus respectivos anexos, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró constitucional que el juez de control, mediante resolución dictada el veintiuno de junio de esa anualidad, haya ordenado la aprehensión del quejoso Adiel Nucamendi Cruz, dentro de la causa penal 203/2021/SANMARTÍN, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de i) abuso de autoridad, ii) delitos cometidos en la procuración y administración de justicia, iii) delitos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y iv) robo agravado; y, por ende, se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal por cuanto a dicho acto. Negativa que se hizo extensiva a los actos de ejecución, porque no se combatieron por vicios propios, sino con motivo de la orden de aprehensión emitida por la autoridad ordenadora. Sin embargo, mediante ejecutoria dictada el siete de abril de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión R-237/2021, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito modificó, por unanimidad de votos, la sentencia de este órgano jurisdiccional y declaró inconstitucional la referida orden de captura; ello, con base en las siguientes consideraciones: ( Que, en síntesis, los requisitos para librar una orden de aprehensión conforme lo disponen el artículo 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se refieren a que se emita por autoridad judicial competente, que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho; que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, así como se justifique la necesidad de cautela. ( Que, en la especie la orden de captura reclamada cumplió con los requisitos enunciados, salvo con el último: que se encuentre justificada la necesidad de cautela. ( Que, en efecto, la orden de aprehensión, como un modo de conducción al proceso, se emitió por autoridad competente, en tanto que los hechos denunciados ocurrieron en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. ( Que, como se puntualizó en la sentencia revisada, la autoridad señalada como responsable, para emitir la orden de aprehensión solicitada, se ocupó de los datos de prueba que la representación social aportó en su petición, mismos que acertadamente el juez responsable consideró suficientes para verificar la materialidad de los hechos con apariencia de los indicados delitos y que existía la probabilidad de que el quejoso intervino, a título de coautor. Ello, conforme a la reseña que al efecto realizó este Juez de Distrito, de la que se obtuvo que los datos aportados por la representación social permitieron acreditar los aludidos extremos, habiéndose establecido la forma en que el quejoso intervino en los hechos, tal como se había destacado en el fallo revisado. ( Que este juzgador estuvo en lo correcto al considerar que el juez de control responsable, sin violar derechos fundamentales, estimó demostrados -con el estándar probatorio que se requiere- la existencia de hechos que la ley tipifica como delitos y la probabilidad de que el quejoso intervino en su comisión; sin que para ello resultara necesario efectuar un análisis como el pretendido por el recurrente, que le llevara a variar la clasificación provisional que les otorgó, puesto que el estándar probatorio reducido para la emisión de una de las formas de conducción del imputado al proceso, a saber; la orden de aprehensión, derivó de la necesidad de desterrar excesivos formalismos, que impidieran lograr su cometido antes indicado -presentar al imputado al proceso-, estableciendo requisitos mínimos indispensables, a saber que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, y que se dicte por autoridad judicial competente, lo que redundaba en una valoración racional de los datos de prueba, pero sin la profundidad o exhaustividad exigida en etapas posteriores, en las que con la intervención activa del imputado, se podían contrarrestar o anular los datos de prueba aportados por la representación social. ( Que, en esa virtud, se estimaba correcta la determinación de este juzgador, quien al analizar la constitucionalidad del acto reclamado, analizó los referidos aspectos, pues como se anticipó, la valoración de los datos de prueba no debía realizarse como se pretendía en los agravios del recurrente, debido a que para el libramiento de la orden de aprehensión se tenía que partir de la razonabilidad de los datos que tuvo en cuenta el juez de control responsable al emitir una orden de captura, tomando en consideración que hasta esa etapa procesal -investigación-, tales medios de investigación no constituían siquiera pruebas formalizadas, sino meramente datos que permiten afirmar la existencia de un hecho previsto por la ley como delito y la probable intervención del imputado en su comisión, pues por disposición constitucional y legal, adquirirían ese carácter cuando fueran desahogados en la audiencia del juicio oral. ( Que -insistió el Tribunal de Alzada- considerando que en la etapa del sistema penal acusatorio en que se emitió el acto reclamado no se llevaba a cabo desahogo ni valoración de pruebas, esto, porque para el dictado de una orden de aprehensión, en el marco del nuevo sistema de justicia penal, sólo se requerían datos -no pruebas- que establecieran razonablemente que se han cometido hechos que la ley describe como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, como en el caso había ocurrido -afirmó-. ( Que la labor del juez de control, en ese momento, se constreñía al estudio de los datos en que se sustentara la imputación, así como la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social, siendo tales elementos los que resultaban suficientes para justificar racionalmente que el imputado fuera presentado ante el juez de control, a fin de conocer formalmente la imputación, de no considerarse así y efectuarse una valoración en los términos que propone el recurrente, se convertiría al dictado de una orden de aprehensión en un juicio oral más simplificado, otorgándole la misma carga al juzgador de valorar datos de prueba como si estuviera en una fase diversa del procedimiento penal. ( Que, lo anterior era así, en tanto conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal (sic), a partir de las reformas de 18 de junio de 2008, era dable considerar que el Constituyente Reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. ( Que, en esas condiciones, si en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requería que el Ministerio Público aportara datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimaran idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, datos que no constituían prueba fehaciente, entonces era evidente que un juez de amparo solamente podía verificar la legalidad del grado de razonabilidad que de esos datos efectuó el juez de control, ya que incluso para los efectos de la sentencia sólo se considerarían como prueba aquellas que hubieren sido desahogadas en la audiencia de juicio oral, tal como se advertía del artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ( Que el objetivo de la solicitud del dictado de una orden de aprehensión era simplemente traer al imputado ante el Juez de garantías para poder iniciar los actos posteriores de investigación, de manera que no era posible que, a través del juicio de amparo o de su revisión, se analizaran argumentos relacionados con valoración de pruebas, como lo pretendía el recurrente, cuando era un ejercicio que para ese momento no se efectúa por parte del juzgador que recibe la solicitud, precisamente porque para el dictado de una orden de aprehensión, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de control debía analizar y resolver, según sea el caso, únicamente con base en los datos de investigación de la solicitud de una orden de aprehensión. ( Que no se violaron derechos fundamentales del quejoso, con la clasificación provisional efectuada por el juez responsable, partiendo de los hechos relatados por la representación social con base en los datos de prueba en los que se sustentó, pues -se reiteró- no correspondía a esa etapa procesal pronunciarse de forma exhaustiva sobre dicha clasificación, dada la finalidad de la orden de captura, que se limitaba a conducir al impetrante ante el juez de control para la audiencia inicial. ( Que, no obstante lo anterior, se consideró que el juez responsable omitió motivar adecuadamente lo relativo a la necesidad de cautela, porque, inicialmente, el juez responsable hizo mención a la posibilidad de que se decretara prisión preventiva en contra del impetrante, aspecto que en sí mismo no justificaba la necesidad de cautela como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en la contradicción de tesis 300/2019. ( Que si bien la representación social aludió a otros aspectos a considerar para justificar dicha necesidad de cautela, lo cierto es que se trataban de afirmaciones dogmáticas que no ponían de relieve las razones por las que la información proporcionada sobre el particular a la responsable le condujeran a estimar que se daban tales hipótesis, relativas al riesgo a la integridad de los testigos y/o la comunidad, peligro en el desarrollo de la investigación y el riesgo procesal de que el imputado se sustrajera de la acción de la justicia. ( Que no era dable inferir tales razones, como se hizo en la sentencia de amparo, partiendo directamente de los razonamientos expresados en la petición ministerial que no fue debidamente atendida por el juez responsable. En mérito de lo anterior, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para que el juez responsable realizara lo siguiente: "(.) De esta suerte se impone la concesión del amparo impetrado para el efecto de que se deje sin efectos el mandamiento de captura reclamado y con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, el juez responsable, en su caso, se pronuncie sobre la necesidad de cautela, atendiendo exclusivamente a la solicitud del Ministerio Público sobre ese aspecto. (.)" 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 14. Juan Jesús Gutiérrez Estrada, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, de asuntos de San Martín Texmelucan, mediante resolución dictada el dos de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 203/2021/SANMARTÍN de su estadística, realizó, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso Adiel Nucamendi Cruz el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de i) abuso de autoridad, ii) delitos cometidos en la procuración y administración de justicia, iii) delitos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y iv) robo agravado, en agravio de Juan Pablo Domínguez Sánchez-acto reclamado-; y, 2. Con libertad de jurisdicción y de manera fundada y motivada, de nueva cuenta -como en la resolución reclamada- tuvo acreditado el hecho con apariencia de los delitos indicados y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, con base en los datos de prueba narrados por la fiscalía en su petición; sin embargo, negó la orden de aprehensión solicitada por el fiscal, al haber considerado que no acreditó ni motivó debidamente la necesidad de cautela, que exige la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, la responsable mediante oficio S/N/2022/JC remitió copia certificada de las constancias de notificación al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable y al 19. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- sobre la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión dictada el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 203/2021/SAN MARTIN de su índice -acto reclamado-. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el citado juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal de origen; ii) con libertad de jurisdicción y de manera fundada y motivada, negó la orden de aprehensión solicitada por el fiscal, al haber considerado que no acreditó ni motivó debidamente la necesidad de cautela, que exige la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, iii) justificó que notificó al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable y al 19. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese por lista al quejoso Adiel Nucamendi Cruz y al tercero interesado Juan Pablo Domínguez Sánchez -víctima del delito-, en cumplimiento a lo acordado, respectivamente, en autos de tres de agosto de dos mil veintiuno y en audiencia constitucional celebrada el veinte de septiembre del mismo año; y, por oficio a las autoridades responsables (a las foráneas, identificadas con los números 14, 15, 16 y 18, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción), al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales, el oficio S/N/2022/JC remitido -vía correo electrónico institucional- por 14. Juan Jesús Gutiérrez Estrada, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, de asuntos de San Martín Texmelucan; y, en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues para tal efecto, remite copia certificada de las constancias de notificación al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable y al 19. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- sobre la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión dictada el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 203/2021/SAN MARTIN de su índice. Por tanto, con el contenido del oficio de cuenta y del diverso 795/2022/JC acordado en auto de cuatro de mayo de pasado -número de registro 8030 de 2022- y sus respectivos anexos; dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese personalmente al quejoso Adiel Nucamendi Cruz; por lista al tercero interesado Juan Pablo Domínguez Sánchez -víctima del delito-, en cumplimiento a lo acordado en audiencia constitucional celebrada el veinte de septiembre de dos mil veintiuno; y, por oficio al fiscal tercero interesado. Se ordena correrles traslado con copia autorizada de los oficios 795/2022/JC y S/N2022/JC con sus respectivos anexos -registros 8030 y 8306 ambos de 2022-...
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