Adid Geovanny Tuz Santos

Expediente 806/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
806/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Adid Geovanny Tuz Santos

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Susana Marlene Barajas Grijalva apoderada legal de Juan Espinosa Isidoro y Adid Geovanny Tuz Santos y en atención a lo que solicita en el mismo, en términos del numeral 3 de la ley de la materia, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica a Susana Marlene Barajas Grijalva, con clave de usuario "SUSABG" en consecuencia, se ordena al Analista Jurídico SISE de este juzgado, para que habilite la consulta de dicho expediente, con el privilegio del trabajo a distancia y haciendo uso de los medios tecnológicos, ello en atención al acuerdo 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Mariana Mariely Durán López, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con treinta minutos del dos de diciembre de dos mil veinte, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 806/2020-VIII, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la secretaria licenciada Mariana Mariely Durán López que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación, la secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de ocho de septiembre de dos mil veinte, constancias de notificación practicadas a la autoridad responsable, tercero interesados y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informe justificado rendido por la autoridad responsable. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con la prueba documental que la parte quejosa anexo a su escrito de demanda y la presuncional en su doble aspecto legal y humana ofrecida por la misma y las constancias que la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, acompañó a su informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las referidas probanzas que se tienen por desahogadas en virtud de su propia naturaleza, para ser consideradas al dictar sentencia, con lo que concluye esta etapa. Posteriormente, se abre el período de alegatos la Secretaria certifica que las partes no los formularon, por lo que se cierra dicho periodo. Al no haber diligencias pendientes por desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente sentencia. Doy fe. Vistos, para resolver el juicio de amparo 806/2020-VIII, promovido por Susana Marlene Barajas Grijalva y Karen Elizabeth Ceballos Medina, apoderadas legales de Juan Espinosa Isidoro y Adid Geovanny Tuz Santos, contra actos que reclama a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por violación al artículo 17 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Susana Marlene Barajas Grijalva y Karen Elizabeth Ceballos Medina, apoderadas legales de Juan Espinosa Isidoro y Adid Geovanny Tuz Santos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra actos que reclama a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se emplazó al tercero interesado, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el caso se reclama un acto que es atribuible a una autoridad que reside dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se precisa que la parte quejosa reclama: La omisión de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje de dictar la resolución correspondiente al incidente de liquidación en autos del juicio laboral 1254/2016, para la ejecución del laudo. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado; por tanto, debe tenerse por existente el mismo. Cuarto. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, hizo alusión a la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, refiriéndose a la establecida en la jurisprudencia con registro 2011580, que es en relación con el acto que no son de imposible reparación, como interpreta la tesis de número 48/2016 (10a.), que fue aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, visible en la página 1086, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación materia a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Al respecto, cabe señalar que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 325/2015, de la que derivó la tesis señalada por la autoridad responsable, el Alto Tribunal sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total. Entonces, al ser precisamente el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio, la denegación de justicia al omitir dictar la resolución correspondiente en el incidente de liquidación, en autos del juicio laboral 1254/2016, pese a que desde el diez de diciembre de dos mil diecinueve se turnaron los autos, tiempo que rebasa por mucho los cuarenta y cinco días naturales a que se refiere el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, es la razón por la que no resulta aplicable en el caso la jurisprudencia citada por la autoridad, pues se encuentra en el caso de excepción al advertirse que se reclama una dilación excesiva; y por tanto, se advierte que no se actualiza la causa de improcedencia invocada con base en aquel criterio. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1643, Tomo II, Marzo de 2019, Materia(s): Común, Laboral, Laboral, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Quinto. Estudio de fondo. El concepto de violación aducido por la parte quejosa es fundado ya que en el caso a estudio se contraviene el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, prevista en el artículo 17 constitucional. El mencionado precepto establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales." El derecho humano contenido en el artículo transcrito dispone que los tribunales jurisdiccionales impartirán justicia en forma expedita y gratuita; de tal forma que entre los diversos derechos fundamentales que se tutelan en ese numeral, está el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia; empero, para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que tal acceso debe hacerse efectivo en la medida en que pueda obtenerse una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley, se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Por tal motivo, la impartición de justicia y por ende, su efectivo acceso por el quejoso, se debe sujetar a los plazos y términos que fije la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo a lo expuesto y apreciando el artículo 17 de la Constitución Federal, en función del procedimiento laboral, puede decirse que los Tribunales Laborales faltan a la garantía de administración de justicia pronta cuando no tramitan ni resuelven los juicios laborales en los plazos y términos precisados en la Legislación Laboral. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo; en ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. En este contexto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685, 763 y 771 de la Ley Federal del Trabajo vigente al momento en que inició el juicio laboral 1254/2016, que establecen lo siguiente: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley. Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes. Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos." De los citados numerales destaca especialmente que los incidentes promovidos en los juicios de naturaleza laboral que no tengan señalada una tramitación especial en la Ley, se resolverán de plano oyendo a las partes. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable relativas al juicio de origen, se advierte esencialmente que el once de diciembre de dos mil diecisiete, se emitió el laudo correspondiente en el juicio de origen; el diez de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia incidental de liquidación, en la que se turnaron los autos del juicio 1254/2016 para la formulación del proyecto de resolución incidental de liquidación, siendo que desde esa fecha han transcurrido más de once meses sin que obre constancia de que se haya dictado la resolución respectiva. Lapso que por sí solo irroga un perjuicio a los peticionarios del amparo y contraviene lo dispuesto por los citados artículos transcritos con antelación; lo que torna violatorio el actuar de la responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia con registro 171257 del rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Sin que sea obstáculo a lo anterior que la autoridad responsable, a través de su Presidente, hubiese manifestado tener una excesiva carga de trabajo, pues en el caso se advierte una violación al derecho humano a la administración de Justicia, el cual se encuentra protegido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable en lo conducente a esta determinación la jurisprudencia que es del rubro siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES." En las relatas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Juan Espinosa Isidoro y Adid Geovanny Tuz Santos, a fin de restituirlos en el goce de sus derechos fundamentales. Sexto. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77 de la ley de la materia, establece que cuando el acto reclamado implique una omisión, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el caso, considerando que en el juicio laboral de origen ya se turnaron los autos del expediente laboral 1254/2016 a fin de que se resuelva el incidente de liquidación, por lo que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje deberá realizar lo siguiente: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dicte de inmediato la resolución en el incidente de liquidación respectivo. Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo aplicable, es de resolverse y se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Espinosa Isidoro y Adid Geovanny Tuz Santos contra el acto que reclaman de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta resolución y para los efectos precisados en el sexto considerando. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Mariana Mariely Durán López, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, de la que se desprende que el día tres de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión de labores ordinarias de este órgano jurisdiccional y se reanudan los términos y plazos legales en la tramitación de los juicios de la competencia de este Juzgado. En mérito de lo anterior, comuníquese a las partes que en el presente asunto se reanudan los plazos y términos legales, lo que implica que éstos continúan su curso, tomando en consideración los días y horas transcurridas antes de la suspensión de los mismos, lo cual se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido que según lo establecido en dichos acuerdos generales, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; lo cual reafirma la fracción I del referido artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, al señalar que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En ese sentido, atento a lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido que por auto de catorce de febrero de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Por otra parte, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a las partes, con excepción de la autoridad responsable y el tercero interesado que se notifican por oficio, dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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