Adiane Suárez Rojas
Expediente 700/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Adiane Suárez Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, once de octubre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 700/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, once de octubre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se declaró sin materia, como se advierte de la resolución emitida en data de diecinueve de agosto de dos mil veintidós (fojas 45 al 48 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de octubre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se declaró sin materia, como se advierte de la resolución emitida en data de diecinueve de agosto de dos mil veintidós (fojas 45 al 48 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
veintidós de septiembre de dos mil veintidósEn Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con veinte minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintidós (foja 23 vuelta) para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 700/2022, promovido por ADIANE SUAREZ ROJAS Y ANTHONY SUAREZ VALDES; el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Macario Reyna Martínez, con quien actúa y da fe, la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. ACTO CONTINUO, el secretario da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del informe justificado rendido por la responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias y, en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con esta audiencia. ABIERTO EL PERÍODO PROBATORIO, el secretario da cuenta con la documental que en copia exhibe la parte quejosa (fojas 17 a 22), así como la copia certificada que remitió la 3. Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos "A" por sí y en representación de las autoridades responsables 1. Titular de la Oficina de Representación, 2. Subrepresentante Federal, todas adscritas al Instituto Nacional de Migración, en Veracruz, Veracruz como justificación de sus actos (fojas 34 a 44). Se acuerda: Se admiten y desahogan dichas probanzas, dada su propia y especial naturaleza, acorde con los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de valorarlas al resolver el asunto; al no existir prueba pendiente que relacionar, se cierra el período probatorio. PERÍODO DE ALEGATOS: el secretario certifica que las partes no hicieron uso de ese derecho. Se acuerda: Como las partes no formularon manifestaciones en esta vía, se concluye este periodo de la audiencia. En seguida, se dicta SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 700/2022, promovido por ADIANE SUAREZ ROJAS Y ANTHONY SUAREZ VALDES, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad y turnado el mismo día a éste órgano jurisdiccional, los quejosos ADIANE SUAREZ ROJAS Y ANTHONY SUAREZ VALDES, promovieron juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 3 - 16). SEGUNDO. Por auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo; requirió de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 23 - 24). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables (fojas 34 - 44); y tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, ya que se trata de actos, que se dice son susceptibles de afectar de manera directa e irreparable derechos fundamentales del gobernado, tal como la libertad personal, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado produce efectos en la jurisdicción donde ejerce competencia por territorio este Juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso los siguientes: La fianza excesiva, que bajo la denominación de garantía impuso la autoridad responsable a los quejosos por la cantidad de $19,244.00 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/10 M.N.) por cada uno, lo que en su total resulta ser por ambos quejosos la cantidad de $38,488.00 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) equivalente a 400 UMAS, que no se desprende de un mínimo y un máximo parámetro o criterios tomado en cuenta por la autoridad responsable. La falta de motivación y fundamentación para determinar el monto de la fianza que bajo la denominación de garantía impuso la autoridad responsable a los quejosos por la cantidad de $19,244.00 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/10 M.N.) por cada uno, misma que viola lo establecido en el artículo 22 Constitucional, resultando ser una fianza excesiva. Establecida la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método se analizará conforme a las pruebas que obran en autos, sí su existencia se encuentra o no probada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La 3. Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos "A" por sí y en representación de las autoridades responsables 1. Titular de la Oficina de Representación, 2. Subrepresentante Federal, todas adscritas al Instituto Nacional de Migración, en Veracruz, Veracruz, negaron los actos reclamados, sin embargo, de la lectura del oficio INM/ORV/2516/2022 de cinco de agosto de dos mil veintidós, presentado por la parte quejosa, se advierte que en dicho oficio se determinó que los quejosos exhibieran como garantía billete de depósito por la cantidad de 200 UMAS por cada uno de ellos, esto, como requisito de procedibilidad para el otorgamiento de la custodia de personas extranjeras, motivo por el cual los citados actos deben tenerse como cierto. Lo que se corrobora con las constancias exhibidas por los quejosos, dentro del cual se aprecia que efectivamente se fijó una garantía equivalente a 400 UMAS. Tales constancias merecen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados debe estudiarse lo relativo a la procedencia del presente juicio constitucional, por ser ésta una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto no se estudiará el fondo del asunto, pues el suscrito juzgador advierte que ha sobrevenido la causa prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que al respecto señala: Tal dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, de las constancias remitidas por la 3. Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos "A" por sí y en representación de las autoridades responsables 1. Titular de la Oficina de Representación, 2. Subrepresentante Federal, todas adscritas al Instituto Nacional de Migración, en Veracruz, Veracruz, se advierte que se emitieron los acuerdos de salida E.A/1S.9/VER/SCV/DCM/CUBANA/0546/ 08-07-2022 y E.A/1S.9/VER/SCV/DCM/CUBANA/0547/08-07-2022, en conjunto con los oficios de salida con fines de regularización 0024 y 0023, todos con fecha de ocho de agosto del presente año, en los que se concede a los quejosos ANTHONY SUAREZ VALDES y ADIANE SUAREZ ROJAS, la salida de la estancia provisional B, para que continúen con su estancia legal por visitante por razones humanitarias De esta forma, en la citada fecha se indicó que a efecto de no violentar los derechos humanos de los aquí quejosos lo procedente era ordenar su salida de la Estancia Provisional B y así puedan continuar con su estancia legal en el Estado Mexicano, lo que pone de manifiesto que cesaron los efectos de la imposición de la fianza equivalente a 400 UMAS por cada uno de los quejosos, debido a que los mismo fueron puesto en libertad. Apoya a lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de los numerales 61, fracción XXI, de la ley de la materia, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ADIANE SUAREZ ROJAS y ANTHONY SUAREZ VALDES, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo.
- Incidental
En Boca del Río, Veracruz, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 700/2022, promovido por Adiane Suárez Rojas y Anthony Suarez Valdes, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. Abierto el período de pruebas, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que exhibió junto con su escrito de demanda, así como las que remitieron las autoridades responsables junto a su informe previo, y la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que ni las partes, los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez, procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 700/2022; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Adiane Suárez Rojas y Anthony Suarez Valdes, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Titular de la Oficina de Representación, del Instituto Nacional de Migración 32 Presume cierto. 2. Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración 32 Presume cierto. 3. Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos "A" del Instituto Nacional de Migración 32 Presume cierto. Veracruz, Veracruz De las que reclama: "la fianza excesiva, que bajo la denominación de garantía impuso la autoridad responsable a los quejosos por la cantidad de $ 19,244.00 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/10 M.N.) por cada uno, lo que en su total resulta ser por ambos quejosos la cantidad de $ 34,488.00 (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) equivalente a 400 UMAS, que no se desprende de un mínimo y un máximo parámetro o criterios tomado en cuenta por la autoridad responsable. La falta de motivación y fundamentación para determinar el monto de la fianza que bajo que bajo la denominación de garantía impuso la autoridad responsable a los quejosos por la cantidad de $ 19,244.00 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/10 M.N.) por cada uno, misma que viola lo establecido en el artículo 22 Constitucional, resultando ser una fianza excesiva." (sic) En auto de nueve de agosto actual (foja 21) este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en los artículos 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, se les otorga valor probatorio de indicio a la documental privada exhibida por el quejoso, en tanto no fue objetada por las demás partes. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 140 y 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas por las autoridades responsables, en virtud de haber sido expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, lo cual les confiere el carácter de documento público, por lo que tiene valor de prueba plena. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Se presume cierto el acto reclamado a las autoridades responsables 1., 2. y 3., dado que del informe previo se desprende que ante ellas, se lleva el procedimiento administrativo migratorio al que se encuentran sujetos los quejosos; lo anterior, en observancia además a la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y de la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Sin embargo, del informe previo rendido por la jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos "A" del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Veracruz, en representación de las autoridades responsables, y de los anexos exhibidos, se advierte que mediante resoluciones de acuerdo de salida, ambas de fecha ocho de agosto del año en curso, por las cuales resuelve la situación migratoria de las personas extranjeras, aquí quejosos, al tomar en consideración la carpeta de investigación FED/VER/CORD/2225/2022, en la cual se les consideró a la parte quejosa, como probables víctimas de delito grave, calificativa otorgada por autoridad federal, concediendo a los quejosos de nacionalidad cubana, la salida de la Estancia Provisional B, en la cual se encuentra alojados, ubicada en la Oficina de Representación de Veracruz del Instituto nacional de Migración, para que continúen con su estancia legal bajo la figura de visitante por razones humanitarias, dejando sin efectos el acuerdo de presentación mediante el cual estuvieron sujetos dentro del alojamiento de dicha estancia, y procedió a librar los oficios de salida con fines de regularización números 23 y 24, de fecha ocho de agosto del actual (fojas 33 a 42). Ahora, en relación a la suspensión solicitada por los quejosos consistente en: la fianza que impuso la autoridad responsable a los quejosos por la cantidad de $ 19,244.00 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/10 M.N.) por cada uno, equivalente a 200 UMAS, y que ello, sea impedimento para que sigan privados de su libertad en la estación migratoria, solicitando que se establezcan las medidas para alcanzar su libertad personal. Asimismo, de las documentales ofrecidas por los quejosos y de la lectura de la demanda, manifestaron bajo protesta de decir verdad, que con fecha diecinueve de julio de este año, solicitaron a la autoridad migratoria, medidas de aseguramiento, esto es, una alternativa de alojamiento, al encontrarse bajo la figura denominada "custodia", y poder continuar el procedimiento al que están sujetos fuera de la estación migratoria; estableciendo la responsable como requisito de procedibilidad para el otorgamiento de la custodia a una persona moral diversa, fuera de las instalaciones, la exhibición como garantía en billete de depósito por la cantidad de 200 UMAS por cada uno, sujeta a devolución una vez cumplimentada la acreditación de la situación migratoria regular de las personas extranjeras; como se advierte de las constancias exhibidas por los quejosos y que obran a fojas quince a veinte. Derivado de lo anterior, es de señalarse que del contenido de los artículos 128, 139 y 150 de la Ley de Amparo, se desprende que la suspensión del acto reclamado tiene como fin preservar la materia del juicio constitucional, es decir, impedir la consumación irreparable de aquél y, de esa forma, se haga imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en caso de obtener el amparo solicitado, así como evitar que se causen daños y perjuicios de difícil reparación con la ejecución del acto que se protesta de las autoridades responsables. Así, la existencia de la medida suspensional se justifica sólo mientras dure el juicio constitucional, pues ante su culminación se resuelve expresamente la suerte que deben seguir los actos reclamados: subsisten o se ordena se dejen insubsistentes. De lo anterior se sigue que dado que en el caso particular, las autoridades responsables manifiestan que dejaron sin efectos el acuerdo de presentación con la cual se mantenían a los quejosos en el alojamiento de la estancia provisional aludida, pues al resultarles el carácter de víctimas del delito calificado como grave, y en términos del artículo 52 de la Ley de Migración, cambiaron su condición de estancia que tenían (custodia) al de visitantes por razones humanitarias, categoría que les permite permanecer libres en el territorio mexicano; lo que trae como consecuencia que el acuerdo de cinco de agosto de este año, emitida por la autoridad migratoria, en la cual se les fijó una garantía, para continuar su procedimiento fuera de la estación migratoria, ha dejado de existir (foja 15). Por tanto, pone de manifiesto que no existe materia que preservar a través de la presente medida cautelar, ya que la fianza excesiva fijada por la responsable y que impedía que los quejosos continuaran en la categoría de custodia fuera de las instalaciones de la responsable, fue sustituida con la resolución de acuerdo de salida de fecha ocho del mes y año en curso, dictada por las responsables, permitiendo el egreso de los quejosos del alojamiento en el que estaban, para continuar libres en el territorio nacional en calidad de visitantes por razones humanitarias. Por consiguiente, se DECLARA SIN MATERIA el presente incidente de suspensión, al no existir materia que preservar. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el presente incidente de suspensión del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el mismo. Notifíquese en términos de ley.
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