Adher Michael Hernández Miranda y Otros.

Expediente 307/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
307/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Adher Michael Hernández Miranda y Otros.
  • Ana Yaritza Gutiérrez Arriaga
  • Adher Michael Hernández Miranda
  • Ana Yaritza Gutiérrez Arriaga y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de ocho de marzo pasado, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. SE DA CUENTA CON RAZÓN ACTUARIAL. Vista la razón actuarial levantada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa Adher Michel Hernández Miranda y Ana Yaritza Gutiérrez Arriaga, por sí o a través de sus apoderados, el engrose con fecha ocho de marzo del presente año; por los motivos que esgrime en la misma. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese la notificación de la citada resolución con fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, así como las subsecuentes a la parte quejosa en cita, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto proporcione nuevo domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista a la parte quejosa el engrose de fecha ocho de marzo del presente año. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo IV-307/2021, promovido por Adher Michael Hernández Miranda y Ana Yaritza Gutiérrez Arriaga, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales I.D.H.G., contra actos del: Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, con sede en esta ciudad. Desarrollo Habitacional "Santa Julia", Sociedad Anónima de Capital Variable; y, Promotora Sierra del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante oficio recibido por este órgano jurisdiccional el nueve de abril de dos mil veintiuno, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, informó que no aceptó la competencia para conocer del escrito de ampliación de demanda presentado en el diverso juicio de amparo I-74/2021 de este índice, por Adher Michael Hernández Miranda y Ana Yaritza Gutiérrez Arriaga, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales I.D.H.G., contra actos del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por estimar que los actos reclamados vía ampliación sí guardaban estrecha vinculación con aquéllos que se combatieron en el juicio de garantías a que se alude. SEGUNDO.- Admisión y trámite del juicio de amparo. En tal virtud, mediante proveído de trece de abril siguiente, este juzgado se avocó al conocimiento del asunto, por lo que se ordenó formar y registrar un nuevo juicio, mismo que quedó registrado con el número IV-307/2021. Así, en proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno, previo cumplimiento de prevención, se admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende; se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 1/2022 del propio Pleno. Lo anterior porque se reclaman omisiones administrativas cuyas consecuencias tienen materialización en un inmueble ubicado en esta ciudad. Materia y lugar sobre la que este juzgado ejerce jurisdicción, respectivamente. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que los actos reclamados a las autoridades responsables, son los siguientes: De Desarrollo Habitacional Santa Julia, Sociedad Anónima de Capital Variable y Promotora Sierra del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable: La negativa de operar y dar mantenimiento a todo el equipo necesario para abastecer de agua potable en el Edificio A, marcado con el número 162, de Villas de la Esperanza, ahora Parques de Quinceo, Morelia, Michoacán de Ocampo; y, La negativa de entregar en buen estado y perfecto funcionamiento los cajones de estacionamiento, pasillos, escaleras, elevadores, así como todo el equipo dentro del edificio aludido. Del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. La omisión de supervisar que Desarrollo Habitacional Santa Julia, Sociedad Anónima de Capital Variable y Promotora Sierra del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable operen y den mantenimiento a todo el equipo necesario para abastecer de agua potable el inmueble referido; y, La omisión de buscar que Desarrollo Habitacional Santa Julia, Sociedad Anónima de Capital Variable, entregue en buen estado y perfecto funcionamiento los cajones de estacionamiento, pasillos, escaleras, elevadores, así como todo el equipo dentro del bien en cita. C). Del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, con sede en esta ciudad. La omisión de prestar servicios suficientes, aceptables, asequibles y continuos de agua potable en el bien materia del juicio. TERCERO. Inexistencia de los actos. Al rendir su informe justificado, el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo y el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, ambos con residencia en esta urbe, negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, y tal negativa se corrobora atento a las siguientes consideraciones: Al ser los actos reclamados de naturaleza omisiva, debe establecerse en primer lugar si la normatividad que rige la existencia de las responsables les confiere la obligación cuya omisión se reclama, ya que, atento al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes, ya que si careciera de competencia es evidente que no tendrá la facultad de pronunciarse sobre lo pedido. Resulta aplicable la tesis 1a. XXIV/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se inserta: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En ese sentido, para que se actualice la existencia de un acto de carácter omisivo atribuido a determinada autoridad, deben concurrir dos elementos: I. Dicha autoridad debe tener la obligación de hacer lo solicitado -conforme lo dispuesto en las disposiciones legales que prevén su competencia-; y, II. Es necesario que exista una conducta pasiva ante dicha obligación. De tal modo que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados -omisivos-, se advierte que no existe abstención por parte de las responsables referidas de supervisar que las morales responsables operen y den mantenimiento a todo el equipo necesario para abastecer de agua potable el inmueble que habitan los quejosos; ni de supervisar que se entregue en buen estado y perfecto funcionamiento las áreas de uso común que aluden; menos que exista la omisión de prestar servicios suficientes, aceptables, asequibles y continuos de agua potable en el bien raíz a que se alude en el presente juicio de garantías. Ello ya que el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo y el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, ambos con residencia en esta urbe, no se encuentran legalmente compelidas a realizarlo. Para evidenciarlo, deben traerse a colación los numerales 379, 382, 392, fracciones II y VI, 394, 407 y 408 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, que disponen lo siguiente: "Artículo 379.- El fraccionador estará obligado a costear por su cuenta todas las obras de urbanización, que le señale la autorización definitiva, incluyendo, en su caso, la construcción de camellones, jardinería; forestación de las áreas verdes y superficies de área de donación que para el efecto se hayan transmitido en favor del Ayuntamiento. (.)" "Artículo 382.- Obtenida la autorización del Desarrollo o desarrollo en condominio, el fraccionador queda obligado a iniciar las obras de urbanización en un plazo que no podrá exceder de sesenta días, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se le notifique dicha autorización. (.)" "Artículo 392.- El infractor tendrá las obligaciones siguientes: (.) II. Ejecutar por su cuenta, en tiempo y especificaciones, las obras de urbanización que le correspondan de acuerdo al proyecto definitivo del Desarrollo o desarrollo en condominio que le haya autorizado el Ayuntamiento; (.) VI. Cubrir los gastos de conservación, mantenimiento y operación de las obras de urbanización y de los servicios que le correspondan, por el periodo comprendido entre la ejecución de dichas obras y la municipalización del Desarrollo o desarrollo en condominio; (.)." "Artículo 394.- El fraccionador mientras no municipalice el Desarrollo, o en su caso, un desarrollo en condominio, estará obligado a: I. Prestar los servicios de vigilancia; II. Suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y alumbrado público; III. Mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de alcantarillado sanitario; IV. Prestar con eficiencia el servicio de limpia; y, V. Cuidar y conservar las áreas verdes." "Artículo 407.- La municipalización es el acto formal mediante el cual se realiza la entrega por parte del fraccionador al Ayuntamiento de los bienes inmuebles, áreas de donación, equipo e instalaciones destinados a los servicios públicos y de las obras de urbanización de un Desarrollo, y en su caso, desarrollo en condominio, que cumpliendo con lo dispuesto en la autorización definitiva, se encuentren en posibilidad de operar suficiente y adecuadamente, permitiendo al Ayuntamiento en la esfera de su competencia, prestar los servidos públicos necesarios. En el caso de los servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, las instalaciones se entregarán directamente a las dependencias correspondientes. "Artículo 408.- Sólo el Ayuntamiento será competente para municipalizar un Desarrollo, y en su caso, desarrollo en condominio, por lo que cualquier acto, contrato o convenio que se celebre por parte del fraccionador con la asociación de colonos u otra persona física o moral, que contravenga esta disposición, no relevará al fraccionador del cumplimiento de sus obligaciones." De las disposiciones previamente citadas se obtiene lo siguiente: El fraccionador está obligado a costear por su cuenta todas las obras de urbanización para la autorización definitiva, ejecutando por su cuenta, en tiempo y especificaciones de las mismas y de los servicios que le correspondan por el periodo comprendido entre la ejecución de dichas obras y la municipalización del Desarrollo o desarrollo en condominio. Así, mientras no se municipalice el desarrollo o el desarrollo en condominio, el fraccionador estará obligado a suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y alumbrado público, entre otros. También se advierte que la municipalización es el acto formal mediante el cual el fraccionador realiza la entrega al Ayuntamiento, de los bienes inmuebles, áreas de donación, equipo e instalaciones destinados a los servicios públicos y de las obras de urbanización de un desarrollo; y, en su caso, desarrollo en condominio, que cumpliendo con lo dispuesto en la autorización definitiva, se encuentren en posibilidad de operar suficiente y adecuadamente, permitiendo al Ayuntamiento en la esfera de su competencia prestar los servicios públicos necesarios. Así, advertimos que por lo que corresponde a la autoridad responsable Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, mientras no se municipalice la entrega de los bienes inmuebles e instalaciones destinados a los servicios públicos, incluido el de agua potable, es el fraccionador el que está obligado a suministrarlos y no el Organismo citado. De esta manera se advierte que la normatividad no le establece una obligación a la autoridad responsable citada para actuar de la manera en que afirman los quejosos, esto es, de prestar servicios suficientes, aceptables, asequibles y continuos de agua potable en un desarrollo en condominio que no se ha municipalizado, porque esa obligación, mientras no se realice la entrega formal, recae directamente en el fraccionador. La anterior conclusión se obtiene sin que se soslaye la manifestación vertida por los apoderados jurídicos de la persona moral Desarrollo Habitacional Santa Julia, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el sentido que la red de agua que corresponde al conjunto habitacional donde se ubica el inmueble multialudido, se encuentra conectada a la red municipal del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, por lo que su suministro es responsabilidad de ésta. Sin embargo, lo cierto es que de autos consta el oficio SUOP/DOU/FPACC/0865/2020, emitido el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, por la Directora de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, por el que informó al representante legal del desarrollo habitacional aludido que de acuerdo a lo establecido en el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, el desarrollador en tanto no municipalice y/o obtenga el Dictamen técnico jurídico aprobatorio de las obras de Urbanización del Desarrollo, conforme a lo establecido en el numeral 394 del aludido ordenamiento, tendrá los derechos y obligaciones establecidos en los dispositivos 391, 392, 393, 394 y 395. De ahí que si de autos no se advierte la existencia de tales constancias de entrega, es evidente que no le es exigible la actuación que pretende la parte quejosa. Máxime que de la diversa documental consistente en copia cotejada del acta de entrega recepción, con número 016.2021, si bien se desprende que el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el administrador único del conjunto habitacional de que se habla entregó al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, la infraestructura hidráulica sanitaria y pluvial del conjunto habitacional objeto del presente juicio de garantías. Empero, no se inadvierte que dicha entrega no se realizó al municipio, como lo previene el artículo 407 del Código de Desarrollo Urbano de Michoacán. A más de que en el capítulo cinco, denominado como "GENERALES", se estableció: "El LC. (sic) Miguel Ángel Fernández Fernández, Administrador Único de la moral Desarrollo Habitacional Santa Julia, S.A. de C.V., se compromete a dar aviso a los compradores de que la infraestructura hidráulica ha sido entregada al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario de Morelia, para que los propietarios contraten los servicios dentro de los treinta días posteriores a la firma de la presente acta, en caso contrario será responsabilidad del fraccionador. Asimismo, las partes acuerdan y aceptan que como lo establece el oficio D.E.P.081.2017, "la operación y mantenimiento tanto del equipo de bombeo para el suministro de agua potable a cada uno de los departamentos será por cuenta y costo del desarrollador y posteriormente de cada uno de los condominios." Tampoco obra en el sumario el contrato de suministro de agua, como lo exige el artículo 45, fracciones II y XXIV de la Ley de Aguas y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán; luego, es indudable que no existe obligación y, en todo caso, de existir, su incumplimiento por las personas morales sería materia de otro tipo de juicio donde podrían hacer efectiva la fianza referida, de ser el caso, mas no así de un medio de control de la regularidad constitucional como lo es el juicio de amparo. Incluso, ello se hace ma´s patente si se toma en cuenta que la moral "Desarrollo Habitacional Santa Julia", en la cláusula Novena del contrato de compraventa celebrado con Adher Michael Hernández Miranda se comprometió a responder por los vicios ocultos del bien raíz. Documentales las anteriores que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo que ve al acto reclamado al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, consistente en la omisión de supervisar que se garanticen los servicios de agua potable referidos, así como que se entreguen en buen estado y perfecto funcionamiento las áreas de uso común que aluden los quejosos (pasillos, elevadores y cajones de estacionamiento), la legislación tampoco le impone esas obligaciones. Para ello se precisa que el artículo 155 del citado Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, establece lo siguiente: "Artículo 155.- Los ayuntamientos, supervisarán la ejecución de los proyectos y vigilarán en todo tiempo que las obras públicas, privadas y demás actividades dentro de su jurisdicción, estén de acuerdo con programas de desarrollo urbano y la normatividad. Para el otorgamiento de licencias o permisos diversos al desarrollo urbano, los ayuntamientos previamente verificarán en su caso, que los inmuebles cumplan la normatividad de desarrollo urbano y no se encuentren en los supuestos del artículo anterior." Como se advierte, tal numeral prevé la obligación al Ayuntamiento del Municipio de Morelia de supervisar los proyectos y vigilar que las obras públicas, privadas y demás actividades dentro de su jurisdicción estén de acuerdo con los programas de desarrollo urbano y la normatividad. Sin embargo, dicha disposición no le finca la obligación expresa de supervisar que el fraccionador esté surtiendo el servicio de agua potable con normalidad y suficiencia; menos la forma en que se entreguen a futuros compradores las áreas de uso común, en tanto el proyecto correspondiente cumpla con los lineamientos que para tal autorización requiere tal institución. Por lo anterior, en atención al principio de legalidad que rige la materia administrativa, la interpretación que se realice a la norma no puede llegar al extremo de imponerle obligaciones inexistentes a una autoridad, cuando el legislador no lo precisó de esta manera. De otra forma se generaría incertidumbre contraria a la seguridad jurídica que debe prevalecer. Pues es claro que la finalidad de la norma es la vigilancia de los programas de desarrollo urbano, relacionados con las obras públicas, privadas y las actividades que se encuentran afines con éstas, pero no de la vigilancia o supervisión de surtir los servicios de agua potable así como el estado en que se encuentren las áreas comunes entregadas; ello, al menos, mientras no se entregue formalmente esa obra acorde al artículo 407 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo antes transcrito; es decir, se municipalice. De esta manera no es posible revisar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria de las autoridades referidas, si no existe la obligación que de las responsables citadas se acusa, ello debido a que, como ya quedó establecido, no cuentan con atribuciones para ello, hasta en tanto no se realice la municipalización o entrega formal de los servicios e instalación para brindarlos por parte del fraccionador en los términos que dispone la legislación aplicable. Incluso, respecto de la falta de municipalización de las obras comunes y de la obligación a cargo de las empresas de operar y dar mantenimiento al sistema del agua, previa municipalización, fue confesada por los quejosos en el hecho cuatro y los conceptos de violación primero y segundo de la demanda de amparo. Ello en términos del artículo 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Atento a lo anterior, y dado que no existen las omisiones objeto de análisis, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la Materia, respecto de los actos reclamados al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo y al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, ambos con residencia en esta ciudad. Lo mismo acontece con la moral Promotora Sierra del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable, puesto que del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, no se colige la existencia de obligación alguna para ésta, pues no tiene el carácter de desarrollador del inmueble del cual los quejosos solicitan el suministro del servicio de agua potable, así como la entrega de las áreas de uso común que aluden, ni se advierte que tenga relación alguna con los quejosos. En tanto la parte quejosa fue omisa en cumplir con la carga procesal de demostrar tales manifestaciones. De ahí que sea evidente la inexistencia del acto reclamado a la citada moral. Finalmente, no pasa inadvertido que la parte quejosa alude la violación a diversos derechos fundamentales, cuyo respeto, indica corresponde a particulares y al Estado (por ejemplo, la vivienda digna); sin embargo, ello no implica que se desconozcan las reglas competenciales de las autoridades y el sistema jurídico establecido. Por identidad jurídica se cita la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en el presente juicio, por inexistencia de los actos reclamados a las autoridades precisadas en este considerando.. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otra parte, al rendir su informe justificado la autoridad denominada como Desarrollo Habitacional Santa Julia, Sociedad Anónima de Capital Variable, no negó ni afirmó la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2°, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional la existencia del diverso juicio de amparo I-74/2021 de este índice, que es precisamente del que deriva la ampliación de demanda que dio génesis al juicio en que se actúa. Luego, en dicho controvertido obra la escritura pública número 9103, pasada ante la fe del Notario Público número 158 en Morelia, Michoacán, de la que se colige que uno de los quejosos Adher Michael Hernández Miranda, celebró contrato de compraventa con Desarrollo Habitacional Santa Julia, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del departamento marcado con el número exterior 162, interior 706, Edificio A, Condominio 1, nivel siete, ubicado en avenida Capitán Varela, del Conjunto Habitacional Tipo Popular, con vivienda bajo el régimen de propiedad en condominio, Villas de la Esperanza, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Esto es, la citada moral, al ser la que le vendió el bien inmueble al quejoso referido y ser ésta la fraccionadora del mismo, conforme al artículo 394, fracción II, del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, se establece su obligación de suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable. Por ende, es claro que al menos sí existe tal obligación de la moral referida y se debe tener por cierto el acto reclamado. QUINTO. Existencia de causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" De dichos numerales se observa que el juicio constitucional, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose ésta como aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Las autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en ley y por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, excepción hecha de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad, con los que se afecten los derechos de las personas y esas funciones estén determinadas en la ley. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto se pronunció en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De la anterior transcripción se advierte que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. A partir de lo anterior, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo se concibe en razón de la naturaleza jurídica de las relaciones de "supra a subordinación" surgidas entre las autoridades y los particulares, o solo entre estos cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Las relaciones de "supra a subordinación" son las que se entablan entre gobernantes y los individuos, donde la voluntad de los primeros se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poder exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales que protegen derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por el contrario, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, o entre el Gobierno y los particulares, en las cuales actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, entre otras. Luego, el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por una autoridad que no crea, modifica o extingue -unilateralmente- situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; y por ello, para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. En la especie, de las constancias que integran los autos se advierte que el condominio en el cual el quejoso citado adquirió el bien inmueble, aún no se ha municipalizado. Esto es, no se ha realizado la entrega formal por parte del fraccionador al Ayuntamiento de los bienes inmuebles, áreas de donación, equipo e instalaciones destinados a los servicios públicos, entre ellos, el de agua potable y de las obras de urbanización del desarrollo. En ese sentido, tomando en consideración que los peticionarios de amparo reclaman de Desarrollo Habitacional Santa Julia, Sociedad Anónima de Capital Variable la negativa de operar y dar mantenimiento a todo el equipo necesario para abastecer de agua potable el Edificio A, marcada con el número 162, Villas de la Esperanza, ahora Parques Quinceo, Morelia, Michoacán de Ocampo, así como la negativa de entregar en buen estado las áreas de uso común que aluden en su escrito de ampliación de demanda. En virtud de lo anterior, es indudable que los actos que reclaman los hacen depender de una relación de coordinación entre particulares derivada del cumplimiento de las condiciones pactadas en un contrato de compraventa, en el que los quejosos exigen al fraccionador cumpla con las especificaciones, regularice y provea del servicio de agua potable en el inmueble objeto del contrato para destinarlo a su fin (habitación), hasta en tanto municipalice dichos servicios. Es decir, la litis aquí planteada se trata de un conflicto entre particulares en el cual los quejosos exigen a su vendedor preste los servicios de agua potable en lo que realiza la municipalización del condominio, y entregue en perfecto estado las áreas de uso común aludidas (pasillos, elevadores y cajones de estacionamiento), lo que es propio de una relación contractual, y no existe una relación de supra a subordinación. Sin que pase inadvertido para este Juzgado que si bien el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 394, fracción II, precisa que mientras no se municipalice el desarrollo en condominio, el fraccionador deberá suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable, no por esa razón debe estimarse que ello esté ordenado en una legislación administrativa y, por tanto, se le deba de considerar que realiza actos de autoridad. Ello porque, como se dijo, se debe de analizar la naturaleza de la relación jurídica entre las partes, que en el particular emana de un vínculo contractual de naturaleza civil (compra-venta), entre ellos. Por tanto, en el presente asunto es claro que la moral referida no le surte el carácter de autoridad y por esa razón, es que se tenga por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Así, en términos del artículo 63 de la citada legislación, se debe sobreseer en el juicio de amparo por lo que respecta a la moral referida. Lo anterior sin que se inadviertan que las autoridades responsables Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo y Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, ambos con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación refirieron que se actualizaban las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV, en vinculación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, así como la prevista en la fracción XII, del artículo 61 del mismo ordenamiento. Sin embargo, al declararse la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades referidas y decretado previamente el sobreseimiento de las morales que señaló como autoridades responsables, resulta innecesario el análisis de las causales de improcedencia invocadas, pues a ningún efecto práctico conduciría. Lo anterior porque, con dicho estudio no cambiaría el sentido de la resolución; a más de que no existe obligación de verificar dicho estudio respecto de cada uno de los supuestos de improcedencia legal. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Adher Michael Hernández Miranda y Ana Yaritza Gutiérrez Arriaga, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales I.D.H.G., contra actos del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad y otras autoridades, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy ocho de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2022, MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN DE FECHA 8 DE MARZO DEL 2022, QUE EN SU PARTE RELATIVA REFIERE: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo IV-307/2021, promovido por Adher Michael Hernández Miranda y Ana Yaritza Gutiérrez Arriaga, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales I.D.H.G., contra actos del: Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, con sede en esta ciudad. Desarrollo Habitacional "Santa Julia", Sociedad Anónima de Capital Variable; y, Promotora Sierra del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante oficio recibido por este órgano jurisdiccional el nueve de abril de dos mil veintiuno, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, informó que no aceptó la competencia para conocer del escrito de ampliación de demanda presentado en el diverso juicio de amparo I-74/2021 de este índice, por Adher Michael Hernández Miranda y Ana Yaritza Gutiérrez Arriaga, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales I.D.H.G., contra actos del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por estimar que los actos reclamados vía ampliación sí guardaban estrecha vinculación con aquéllos que se combatieron en el juicio de garantías a que se alude. SEGUNDO.- Admisión y trámite del juicio de amparo. En tal virtud, mediante proveído de trece de abril siguiente, este juzgado se avocó al conocimiento del asunto, por lo que se ordenó formar y registrar un nuevo juicio, mismo que quedó registrado con el número IV-307/2021. Así, en proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno, previo cumplimiento de prevención, se admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende; se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 1/2022 del propio Pleno. Lo anterior porque se reclaman omisiones administrativas cuyas consecuencias tienen materialización en un inmueble ubicado en esta ciudad. Materia y lugar sobre la que este juzgado ejerce jurisdicción, respectivamente. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que los actos reclamados a las autoridades responsables, son los siguientes: De Desarrollo Habitacional Santa Julia, Sociedad Anónima de Capital Variable y Promotora Sierra del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable: La negativa de operar y dar mantenimiento a todo el equipo necesario para abastecer de agua potable en el Edificio A, marcado con el número 162, de Villas de la Esperanza, ahora Parques de Quinceo, Morelia, Michoacán de Ocampo; y, La negativa de entregar en buen estado y perfecto funcionamiento los cajones de estacionamiento, pasillos, escaleras, elevadores, así como todo el equipo dentro del edificio aludido. Del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. La omisión de supervisar que Desarrollo Habitacional Santa Julia, Sociedad Anónima de Capital Variable y Promotora Sierra del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable operen y den mantenimiento a todo el equipo necesario para abastecer de agua potable el inmueble referido; y, La omisión de buscar que Desarrollo Habitacional Santa Julia, Sociedad Anónima de Capital Variable, entregue en buen estado y perfecto funcionamiento los cajones de estacionamiento, pasillos, escaleras, elevadores, así como todo el equipo dentro del bien en cita. C). Del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, con sede en esta ciudad. La omisión de prestar servicios suficientes, aceptables, asequibles y continuos de agua potable en el bien materia del juicio. TERCERO. Inexistencia de los actos. Al rendir su informe justificado, el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo y el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, ambos con residencia en esta urbe, negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, y tal negativa se corrobora atento a las siguientes consideraciones: Al ser los actos reclamados de naturaleza omisiva, debe establecerse en primer lugar si la normatividad que rige la existencia de las responsables les confiere la obligación cuya omisión se reclama, ya que, atento al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes, ya que si careciera de competencia es evidente que no tendrá la facultad de pronunciarse sobre lo pedido. Resulta aplicable la tesis 1a. XXIV/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se inserta: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En ese sentido, para que se actualice la existencia de un acto de carácter omisivo atribuido a determinada autoridad, deben concurrir dos elementos: I. Dicha autoridad debe tener la obligación de hacer lo solicitado -conforme lo dispuesto en las disposiciones legales que prevén su competencia-; y, II. Es necesario que exista una conducta pasiva ante dicha obligación. De tal modo que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados -omisivos-, se advierte que no existe abstención por parte de las responsables referidas de supervisar que las morales responsables operen y den mantenimiento a todo el equipo necesario para abastecer de agua potable el inmueble que habitan los quejosos; ni de supervisar que se entregue en buen estado y perfecto funcionamiento las áreas de uso común que aluden; menos que exista la omisión de prestar servicios suficientes, aceptables, asequibles y continuos de agua potable en el bien raíz a que se alude en el presente juicio de garantías. Ello ya que el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo y el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, ambos con residencia en esta urbe, no se encuentran legalmente compelidas a realizarlo. Para evidenciarlo, deben traerse a colación los numerales 379, 382, 392, fracciones II y VI, 394, 407 y 408 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, que disponen lo siguiente: "Artículo 379.- El fraccionador estará obligado a costear por su cuenta todas las obras de urbanización, que le señale la autorización definitiva, incluyendo, en su caso, la construcción de camellones, jardinería; forestación de las áreas verdes y superficies de área de donación que para el efecto se hayan transmitido en favor del Ayuntamiento. (.)" "Artículo 382.- Obtenida la autorización del Desarrollo o desarrollo en condominio, el fraccionador queda obligado a iniciar las obras de urbanización en un plazo que no podrá exceder de sesenta días, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se le notifique dicha autorización. (.)" "Artículo 392.- El infractor tendrá las obligaciones siguientes: (.) II. Ejecutar por su cuenta, en tiempo y especificaciones, las obras de urbanización que le correspondan de acuerdo al proyecto definitivo del Desarrollo o desarrollo en condominio que le haya autorizado el Ayuntamiento; (.) VI. Cubrir los gastos de conservación, mantenimiento y operación de las obras de urbanización y de los servicios que le correspondan, por el periodo comprendido entre la ejecución de dichas obras y la municipalización del Desarrollo o desarrollo en condominio; (.)." "Artículo 394.- El fraccionador mientras no municipalice el Desarrollo, o en su caso, un desarrollo en condominio, estará obligado a: I. Prestar los servicios de vigilancia; II. Suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y alumbrado público; III. Mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de alcantarillado sanitario; IV. Prestar con eficiencia el servicio de limpia; y, V. Cuidar y conservar las áreas verdes." "Artículo 407.- La municipalización es el acto formal mediante el cual se realiza la entrega por parte del fraccionador al Ayuntamiento de los bienes inmuebles, áreas de donación, equipo e instalaciones destinados a los servicios públicos y de las obras de urbanización de un Desarrollo, y en su caso, desarrollo en condominio, que cumpliendo con lo dispuesto en la autorización definitiva, se encuentren en posibilidad de operar suficiente y adecuadamente, permitiendo al Ayuntamiento en la esfera de su competencia, prestar los servidos públicos necesarios. En el caso de los servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, las instalaciones se entregarán directamente a las dependencias correspondientes. "Artículo 408.- Sólo el Ayuntamiento será competente para municipalizar un Desarrollo, y en su caso, desarrollo en condominio, por lo que cualquier acto, contrato o convenio que se celebre por parte del fraccionador con la asociación de colonos u otra persona física o moral, que contravenga esta disposición, no relevará al fraccionador del cumplimiento de sus obligaciones." De las disposiciones previamente citadas se obtiene lo siguiente: El fraccionador está obligado a costear por su cuenta todas las obras de urbanización para la autorización definitiva, ejecutando por su cuenta, en tiempo y especificaciones de las mismas y de los servicios que le correspondan por el periodo comprendido entre la ejecución de dichas obras y la municipalización del Desarrollo o desarrollo en condominio. Así, mientras no se municipalice el desarrollo o el desarrollo en condominio, el fraccionador estará obligado a suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y alumbrado público, entre otros. También se advierte que la municipalización es el acto formal mediante el cual el fraccionador realiza la entrega al Ayuntamiento, de los bienes inmuebles, áreas de donación, equipo e instalaciones destinados a los servicios públicos y de las obras de urbanización de un desarrollo; y, en su caso, desarrollo en condominio, que cumpliendo con lo dispuesto en la autorización definitiva, se encuentren en posibilidad de operar suficiente y adecuadamente, permitiendo al Ayuntamiento en la esfera de su competencia prestar los servicios públicos necesarios. Así, advertimos que por lo que corresponde a la autoridad responsable Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, mientras no se municipalice la entrega de los bienes inmuebles e instalaciones destinados a los servicios públicos, incluido el de agua potable, es el fraccionador el que está obligado a suministrarlos y no el Organismo citado. De esta manera se advierte que la normatividad no le establece una obligación a la autoridad responsable citada para actuar de la manera en que afirman los quejosos, esto es, de prestar servicios suficientes, aceptables, asequibles y continuos de agua potable en un desarrollo en condominio que no se ha municipalizado, porque esa obligación, mientras no se realice la entrega formal, recae directamente en el fraccionador. La anterior conclusión se obtiene sin que se soslaye la manifestación vertida por los apoderados jurídicos de la persona moral Desarrollo Habitacional Santa Julia, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el sentido que la red de agua que corresponde al conjunto habitacional donde se ubica el inmueble multialudido, se encuentra conectada a la red municipal del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, por lo que su suministro es responsabilidad de ésta. Sin embargo, lo cierto es que de autos consta el oficio SUOP/DOU/FPACC/0865/2020, emitido el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, por la Directora de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, por el que informó al representante legal del desarrollo habitacional aludido que de acuerdo a lo establecido en el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, el desarrollador en tanto no municipalice y/o obtenga el Dictamen técnico jurídico aprobatorio de las obras de Urbanización del Desarrollo, conforme a lo establecido en el numeral 394 del aludido ordenamiento, tendrá los derechos y obligaciones establecidos en los dispositivos 391, 392, 393, 394 y 395. De ahí que si de autos no se advierte la existencia de tales constancias de entrega, es evidente que no le es exigible la actuación que pretende la parte quejosa. Máxime que de la diversa documental consistente en copia cotejada del acta de entrega recepción, con número 016.2021, si bien se desprende que el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el administrador único del conjunto habitacional de que se habla entregó al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, la infraestructura hidráulica sanitaria y pluvial del conjunto habitacional objeto del presente juicio de garantías. Empero, no se inadvierte que dicha entrega no se realizó al municipio, como lo previene el artículo 407 del Código de Desarrollo Urbano de Michoacán. A más de que en el capítulo cinco, denominado como "GENERALES", se estableció: "El LC. (sic) Miguel Ángel Fernández Fernández, Administrador Único de la moral Desarrollo Habitacional Santa Julia, S.A. de C.V., se compromete a dar aviso a los compradores de que la infraestructura hidráulica ha sido entregada al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario de Morelia, para que los propietarios contraten los servicios dentro de los treinta días posteriores a la firma de la presente acta, en caso contrario será responsabilidad del fraccionador. Asimismo, las partes acuerdan y aceptan que como lo establece el oficio D.E.P.081.2017, "la operación y mantenimiento tanto del equipo de bombeo para el suministro de agua potable a cada uno de los departamentos será por cuenta y costo del desarrollador y posteriormente de cada uno de los condominios." Tampoco obra en el sumario el contrato de suministro de agua, como lo exige el artículo 45, fracciones II y XXIV de la Ley de Aguas y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán; luego, es indudable que no existe obligación y, en todo caso, de existir, su incumplimiento por las personas morales sería materia de otro tipo de juicio donde podrían hacer efectiva la fianza referida, de ser el caso, mas no así de un medio de control de la regularidad constitucional como lo es el juicio de amparo. Incluso, ello se hace ma´s patente si se toma en cuenta que la moral "Desarrollo Habitacional Santa Julia", en la cláusula Novena del contrato de compraventa celebrado con Adher Michael Hernández Miranda se comprometió a responder por los vicios ocultos del bien raíz. Documentales las anteriores que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo que ve al acto reclamado al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, consistente en la omisión de supervisar que se garanticen los servicios de agua potable referidos, así como que se entreguen en buen estado y perfecto funcionamiento las áreas de uso común que aluden los quejosos (pasillos, elevadores y cajones de estacionamiento), la legislación tampoco le impone esas obligaciones. Para ello se precisa que el artículo 155 del citado Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, establece lo siguiente: "Artículo 155.- Los ayuntamientos, supervisarán la ejecución de los proyectos y vigilarán en todo tiempo que las obras públicas, privadas y demás actividades dentro de su jurisdicción, estén de acuerdo con programas de desarrollo urbano y la normatividad. Para el otorgamiento de licencias o permisos diversos al desarrollo urbano, los ayuntamientos previamente verificarán en su caso, que los inmuebles cumplan la normatividad de desarrollo urbano y no se encuentren en los supuestos del artículo anterior." Como se advierte, tal numeral prevé la obligación al Ayuntamiento del Municipio de Morelia de supervisar los proyectos y vigilar que las obras públicas, privadas y demás actividades dentro de su jurisdicción estén de acuerdo con los programas de desarrollo urbano y la normatividad. Sin embargo, dicha disposición no le finca la obligación expresa de supervisar que el fraccionador esté surtiendo el servicio de agua potable con normalidad y suficiencia; menos la forma en que se entreguen a futuros compradores las áreas de uso común, en tanto el proyecto correspondiente cumpla con los lineamientos que para tal autorización requiere tal institución. Por lo anterior, en atención al principio de legalidad que rige la materia administrativa, la interpretación que se realice a la norma no puede llegar al extremo de imponerle obligaciones inexistentes a una autoridad, cuando el legislador no lo precisó de esta manera. De otra forma se generaría incertidumbre contraria a la seguridad jurídica que debe prevalecer. Pues es claro que la finalidad de la norma es la vigilancia de los programas de desarrollo urbano, relacionados con las obras públicas, privadas y las actividades que se encuentran afines con éstas, pero no de la vigilancia o supervisión de surtir los servicios de agua potable así como el estado en que se encuentren las áreas comunes entregadas; ello, al menos, mientras no se entregue formalmente esa obra acorde al artículo 407 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo antes transcrito; es decir, se municipalice. De esta manera no es posible revisar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria de las autoridades referidas, si no existe la obligación que de las responsables citadas se acusa, ello debido a que, como ya quedó establecido, no cuentan con atribuciones para ello, hasta en tanto no se realice la municipalización o entrega formal de los servicios e instalación para brindarlos por parte del fraccionador en los términos que dispone la legislación aplicable. Incluso, respecto de la falta de municipalización de las obras comunes y de la obligación a cargo de las empresas de operar y dar mantenimiento al sistema del agua, previa municipalización, fue confesada por los quejosos en el hecho cuatro y los conceptos de violación primero y segundo de la demanda de amparo. Ello en términos del artículo 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Atento a lo anterior, y dado que no existen las omisiones objeto de análisis, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la Materia, respecto de los actos reclamados al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo y al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, ambos con residencia en esta ciudad. Lo mismo acontece con la moral Promotora Sierra del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable, puesto que del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, no se colige la existencia de obligación alguna para ésta, pues no tiene el carácter de desarrollador del inmueble del cual los quejosos solicitan el suministro del servicio de agua potable, así como la entrega de las áreas de uso común que aluden, ni se advierte que tenga relación alguna con los quejosos. En tanto la parte quejosa fue omisa en cumplir con la carga procesal de demostrar tales manifestaciones. De ahí que sea evidente la inexistencia del acto reclamado a la citada moral. Finalmente, no pasa inadvertido que la parte quejosa alude la violación a diversos derechos fundamentales, cuyo respeto, indica corresponde a particulares y al Estado (por ejemplo, la vivienda digna); sin embargo, ello no implica que se desconozcan las reglas competenciales de las autoridades y el sistema jurídico establecido. Por identidad jurídica se cita la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en el presente juicio, por inexistencia de los actos reclamados a las autoridades precisadas en este considerando.. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otra parte, al rendir su informe justificado la autoridad denominada como Desarrollo Habitacional Santa Julia, Sociedad Anónima de Capital Variable, no negó ni afirmó la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2°, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional la existencia del diverso juicio de amparo I-74/2021 de este índice, que es precisamente del que deriva la ampliación de demanda que dio génesis al juicio en que se actúa. Luego, en dicho controvertido obra la escritura pública número 9103, pasada ante la fe del Notario Público número 158 en Morelia, Michoacán, de la que se colige que uno de los quejosos Adher Michael Hernández Miranda, celebró contrato de compraventa con Desarrollo Habitacional Santa Julia, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del departamento marcado con el número exterior 162, interior 706, Edificio A, Condominio 1, nivel siete, ubicado en avenida Capitán Varela, del Conjunto Habitacional Tipo Popular, con vivienda bajo el régimen de propiedad en condominio, Villas de la Esperanza, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Esto es, la citada moral, al ser la que le vendió el bien inmueble al quejoso referido y ser ésta la fraccionadora del mismo, conforme al artículo 394, fracción II, del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, se establece su obligación de suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable. Por ende, es claro que al menos sí existe tal obligación de la moral referida y se debe tener por cierto el acto reclamado. QUINTO. Existencia de causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" De dichos numerales se observa que el juicio constitucional, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose ésta como aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Las autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en ley y por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, excepción hecha de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad, con los que se afecten los derechos de las personas y esas funciones estén determinadas en la ley. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto se pronunció en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De la anterior transcripción se advierte que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. A partir de lo anterior, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo se concibe en razón de la naturaleza jurídica de las relaciones de "supra a subordinación" surgidas entre las autoridades y los particulares, o solo entre estos cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Las relaciones de "supra a subordinación" son las que se entablan entre gobernantes y los individuos, donde la voluntad de los primeros se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poder exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales que protegen derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por el contrario, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, o entre el Gobierno y los particulares, en las cuales actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, entre otras. Luego, el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por una autoridad que no crea, modifica o extingue -unilateralmente- situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; y por ello, para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. En la especie, de las constancias que integran los autos se advierte que el condominio en el cual el quejoso citado adquirió el bien inmueble, aún no se ha municipalizado. Esto es, no se ha realizado la entrega formal por parte del fraccionador al Ayuntamiento de los bienes inmuebles, áreas de donación, equipo e instalaciones destinados a los servicios públicos, entre ellos, el de agua potable y de las obras de urbanización del desarrollo. En ese sentido, tomando en consideración que los peticionarios de amparo reclaman de Desarrollo Habitacional Santa Julia, Sociedad Anónima de Capital Variable la negativa de operar y dar mantenimiento a todo el equipo necesario para abastecer de agua potable el Edificio A, marcada con el número 162, Villas de la Esperanza, ahora Parques Quinceo, Morelia, Michoacán de Ocampo, así como la negativa de entregar en buen estado las áreas de uso común que aluden en su escrito de ampliación de demanda. En virtud de lo anterior, es indudable que los actos que reclaman los hacen depender de una relación de coordinación entre particulares derivada del cumplimiento de las condiciones pactadas en un contrato de compraventa, en el que los quejosos exigen al fraccionador cumpla con las especificaciones, regularice y provea del servicio de agua potable en el inmueble objeto del contrato para destinarlo a su fin (habitación), hasta en tanto municipalice dichos servicios. Es decir, la litis aquí planteada se trata de un conflicto entre particulares en el cual los quejosos exigen a su vendedor preste los servicios de agua potable en lo que realiza la municipalización del condominio, y entregue en perfecto estado las áreas de uso común aludidas (pasillos, elevadores y cajones de estacionamiento), lo que es propio de una relación contractual, y no existe una relación de supra a subordinación. Sin que pase inadvertido para este Juzgado que si bien el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 394, fracción II, precisa que mientras no se municipalice el desarrollo en condominio, el fraccionador deberá suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable, no por esa razón debe estimarse que ello esté ordenado en una legislación administrativa y, por tanto, se le deba de considerar que realiza actos de autoridad. Ello porque, como se dijo, se debe de analizar la naturaleza de la relación jurídica entre las partes, que en el particular emana de un vínculo contractual de naturaleza civil (compra-venta), entre ellos. Por tanto, en el presente asunto es claro que la moral referida no le surte el carácter de autoridad y por esa razón, es que se tenga por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Así, en términos del artículo 63 de la citada legislación, se debe sobreseer en el juicio de amparo por lo que respecta a la moral referida. Lo anterior sin que se inadviertan que las autoridades responsables Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo y Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, ambos con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación refirieron que se actualizaban las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV, en vinculación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, así como la prevista en la fracción XII, del artículo 61 del mismo ordenamiento. Sin embargo, al declararse la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades referidas y decretado previamente el sobreseimiento de las morales que señaló como autoridades responsables, resulta innecesario el análisis de las causales de improcedencia invocadas, pues a ningún efecto práctico conduciría. Lo anterior porque, con dicho estudio no cambiaría el sentido de la resolución; a más de que no existe obligación de verificar dicho estudio respecto de cada uno de los supuestos de improcedencia legal. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Adher Michael Hernández Miranda y Ana Yaritza Gutiérrez Arriaga, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales I.D.H.G., contra actos del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad y otras autoridades, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy ocho de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano