Aderlin Mayan Lopez Martinez

Expediente 344/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
344/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Aderlin Mayan Lopez Martinez
  • Victor Manuel Fernandez Salgado

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ...NOTIFICACION PERSONAL...

  3. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de garantías que promueve VICTOR MANUEL FERNANDEZ SALGADO y ADERLIN MAYAN LOPEZ MARTINEZ, por su propio derecho, contra actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 344/2021-IV que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades antes mencionadas en el ámbito de sus respectivas atribuciones reclamo: 1.- De la autoridad descrita en el inciso A) del capítulo que antecede, reclamo la ilegal orden dadas a las autoridades marcadas con los incisos B), C) para LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA EN CONSTRUCCION, TRANSGREDIENDO NUESTRAS GARANTÍA FUNDAMENTALES. 2.- De las autoridades en su doble carácter de ordenadoras y ejecutorias que se señalan y describen en los incisos B), C) del capítulo que precede, reclamo la ejecución física y material de las órdenes de SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS SOBRE EL PREDIO DE MI PROPIEDAD. De igual forma el DIRECTOR DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (LICENCIAS Y REGLAMENTOS) DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS. Reclamo la ilegal notificación del acta de inspección de fecha 13 de abril de los corrientes, ya que desde luego no se me notificó de forma correcta, transgrediendo nuestros derechos de garantía de audiencia y debido procedimiento legal". ? Atento a lo anterior, se analizará en primer término el acto consistente en la SUSPENSIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN SOBRE EL PREDIO QUE LOS QUEJOSOS REFIEREN ES DE SU PROPIEDAD. Al respecto, por cuanto al acto reclamado en cita, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción I y 6º de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Al respecto, los peticionarios de amparo sostienen que la responsable ha iniciado un procedimiento por el que se le otorgó un plazo de cinco días a efecto de que presente documentos, con el apercibimiento que de no hacerlo suspendería la obra de construcción en el predio ubicado en Calle Tlaxcala sin número, colonia Tres de Mayo, Municipio de Emiliano Zapata Morelos, el cual, sostienen, es de su propiedad. Ahora bien, exhiben el acta de inspección con folio 1298 de fecha trece de abril de dos mil veintiuno, se aprecia que un inspector de la responsable Secretaria de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Dirección de Planeación y Administración Urbana del Departamento de Construcción del citado municipio, se constituyó a realizar una inspección realizada en el domicilio indicado, a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 53, 54, 55, 58, 59, 60 y 61 del Reglamento de Construcción del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. A través de dicho documento se lee que se notificó al propietario del inmueble que debe exhibir ante la Secretaria de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la documentación de funcionamiento, autorización de licencia de construcción del lugar referido o permiso provisional vigente, otorgándole un plazo de cinco días para ello, con el apercibimiento que en caso de omisión se suspenderá la obra en construcción. Es claro que la orden de suspensión de la construcción que combate constituye un acto futuro e incierto, en virtud de que su realización dependerá de la conducta que la parte quejosa asuma con relación a ese mandato, pues se encuentra en aptitud de exhibir la documentación en el plazo indicado, mismo que incluso a la fecha de presentación de la demanda se encuentra trancurriendo. De ahí que es claro que aún no se ha ordenado la suspensión de la obra de construcción, y que no es inminente su realización, atento precisamente a que, como se señala, ello depende del actuar del quejoso frente al requerimiento que se le formuló. En tales condiciones, no se está ante un acto que depare un perjuicio real ni actual, tampoco inmediato y directo, pues la suspensión no se ha ordenado y si bien existe un apercibimiento, como se señaló, no es inminente que se materialice, ante la posibilidad que el quejoso tiene de ejercer ese derecho ante la Secretaria de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio indicado. En tal virtud, el acto que se analiza no ocasiona un agravio personal y directo en términos de lo que dispone el artículo 6º de la Ley de Amparo, en la esfera jurídica del solicitante del amparo, que haga procedente ahora el juicio constitucional, dado que la suspensión de la construcción del quejoso es un acto futuro e incierto, que por sí mismo no irroga ningún perjuicio en los derechos sustantivos del gobernado. Ello es así, porque el agravio a que se refiere el artículo 6º de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo, debe reunir las características de ser actual, inmediato y directo. De lo anterior, es válido dilucidar que tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización, no procede el juicio de amparo indirecto, puesto que éstos no producen ningún efecto de derecho, al ser precisamente de realización incierta. En efecto, los actos futuros de inminente realización son los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, así como todos aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente o que se trate de actos derivados de éste en forma tal que la realización de aquéllos se halle condicionada a la existencia legal de éste. Mientras que por actos futuros e inciertos deben entenderse aquellos actos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa de los quejosos o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. Motivo por el cual, es inconcuso que la orden de suspensión de obra de construcción que hoy combate, no reviste las características indispensables para que en la forma planteada pueda ser sometida a control constitucional al no producir a la fecha de presentación de la demanda una afectación real y efectiva en la esfera jurídica de la parte quejosa. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a los quejosos en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Es aplicable la jurisprudencia registro digital: 2010813, Instancia: Plenos de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: PC.I.L. J/14 L (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página 2321, Tipo: con el rubro: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.". Igualmente, cobra aplicación a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1032, tomo XV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS O PROBABLES." Así, como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 839, tomo XX del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS". En consecuencia, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción I y 6º de la Ley de Amparo, respecto del acto que se ha precisado. ? Por otra parte, los quejosos combaten el acto que hacen consistir en el acta de inspección 1298, de trece de abril de dos mil veintiuno, respecto del bien inmueble ubicado en Calle Tlaxcala sin número, colonia Tres de Mayo, Municipio de Emiliano Zapata Morelos y su notificación, aduciendo que ello se realizó de manera ilegal. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En esa tesitura, adviértase que respecto el citado acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;(.)" De lo anterior se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con dicha Ley. Conforme a lo trascrito, el juicio de garantías es improcedente cuando: a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la provisional; y e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En la inteligencia, que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa, cuando: ?El acto reclamado carezca de fundamentación, ?Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o, ?Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el particular se actualiza la hipótesis normativa invocada, habida cuenta que en contra del acto combatido la quejosa no hizo valer de manera previa a acudir al Juicio de Amparo, el medio de impugnación ordinario precedente, soslayando el principio de definitividad que lo rige y al cual debe atenderse en casos como el que se analiza. En efecto, el primer requisito antes descrito para que se actualice la causal de improcedencia apuntada, se encuentra satisfecho ya que el acto que se impugna en esta instancia constitucional procede de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emana de autoridades eminentemente administrativas como son el Presidente Municipal, Director de Obras Públicas y Director de Licencias de Funcionamiento, todas pertenecientes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, a quienes se atribuye el acta de inspección folio 1298 de trece de abril de dos mil veintiuno, respecto del bien inmueble ubicado en Calle Tlaxcala sin número, colonia Tres de Mayo, Municipio de Emiliano Zapata Morelos y la notificación de esta, de trece de abril de dos mil veintiuno razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito. La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado existe un medio ordinario de defensa previsto en una ley formal y materialmente existente por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en el caso en la fracción XX del invocado artículo 61; texto legal del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, ya que, de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente. Cierto, se advierte que la parte quejosa tiene que agotar la instancia del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de la promoción de esta vía, dado que existe la posibilidad de que los actos que reclama en esta contienda puedan ser modificados o revocados mediante el juicio de nulidad, en términos de los numerales 1, 3, 4 y 18 de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, cuyo contenido textual es el siguiente: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones. "Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades. En ese sentido, el acto reclamado si tiene la naturaleza de administrativo por provenir de autoridades de esa característica, como son el Presidente Municipal, Director de Obras Públicas y Director de Licencias de Funcionamiento, todas pertenecientes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. De las anteriores disposiciones, resulta evidente que la parte quejosa tiene la posibilidad de impugnar el acto que reclama, a fin de que pueda ser controvertido en términos del citado artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues a través del juicio de nulidad se puede controvertir el acto reclamado al Presidente Municipal, Director de Obras Públicas y Director de Licencias de Funcionamiento, todas pertenecientes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. De estos preceptos se advierte que la parte quejosa está en la posibilidad de controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal que emitan las dependencias de los Ayuntamientos -como el Presidente Municipal, Director de Obras Públicas y Director de Licencias de Funcionamiento, todas pertenecientes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, autoridades indicadas por el quejoso-, o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos o intereses legítimos, mediante el juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por lo que, ante la existencia de un medio ordinario de defensa adecuado y eficaz con el que se pueden modificar, revocar o nulificar los actos reclamados previsto en una ley formal y material, resulta obligatorio que, previo a promover demanda de amparo, la parte quejosa, agote el medio ordinario de defensa a su alcance, pues de actuar de modo diverso como lo hizo, torna improcedente el juicio de garantías intentado. Sirven de sustento las jurisprudencias P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 190367, consultable en la página 08, del Tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA.", y la diversa 2a./J. 116/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193141, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 447, de la Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia número 2ª- /J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193142, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 448, Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." En tales condiciones, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar los actos que reclama a través del juicio de amparo indirecto. Al respecto es importante destacar que en el caso no se actualizan los supuestos de excepción al llamado principio de definitividad. Ello es así, en primer lugar, porque la normatividad que regula el medio ordinario de defensa (juicio de nulidad), prevé la suspensión de los actos impugnados en los mismos términos en que la Ley de Amparo regula la suspensión del acto reclamado. De conformidad con los artículos 43, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de Justicia Administrativa, los actos impugnados pueden ser suspendibles con base en los mismos requisitos y dentro de los plazos que señala la Ley de Amparo. Además de que dicho recurso no exige mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo. En efecto, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, dispone un capítulo exclusivo en materia de suspensión al tenor de los siguientes numerales: "Artículo 43. El promovente deberá adjuntar a su demanda: I. Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes; II. El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva en nombre de otro o en representación de una persona moral; III. El documento en el que conste el acto o resolución impugnada; IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa o positiva fictas, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad; V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada, y VI. Las pruebas documentales que obren en su poder y que pretenda ofrecer en el juicio. Una vez que le fue turnada la demanda por el Secretario General, el Magistrado Instructor, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar el auto que la admita, aclare o deseche. Si la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por esta Ley y está acompañada de los documentos que le son exigidos, se admitirá a trámite. Si la demanda es irregular, obscura o ambigua o no está acompañada de los documentos exigidos por esta ley, o de las copias necesarias para el emplazamiento y traslado, se le prevendrá al promovente para que en el término de cinco días, la aclare, corrija o complete. Si el promovente no subsana la prevención en el plazo conferido para tal efecto, se tendrá por no interpuesta la demanda. La demanda y la ampliación de la demanda deberán estar firmadas siempre, con firma autógrafa, por el actor interesado. El autorizado o el delegado sólo podrán subsanar la demanda cuando se trata de la incorporación de documentos o de otros datos que no sean esenciales. Cuando la demanda sea promovida por una autoridad administrativa, en el auto de admisión se le hará saber al particular demandado que podrá recibir asesoría jurídica gratuita por medio del Asesor Jurídico de este Tribunal. Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. (REFORMADO, P.O. 31 DE AGOSTO DE 2018) Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue (sic) las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento. La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento. Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas. Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias. Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada. Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley. Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia. Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes.". En cuanto a los requisitos para que se conceda la suspensión en el juicio de amparo, los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía." De acuerdo con las anteriores trascripciones, debe decirse que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé la suspensión del acto y no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, ya que sólo requiere los siguientes: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público;III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. Toda vez que el plazo para otorgar la suspensión conforme al artículo 43 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es equivalente al previsto en la Ley de Amparo. De la confrontación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previstas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, es claro advertir que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes. De acuerdo con lo anterior, resulta válido concluir que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ello con independencia de que el acto en sí mismo no sea suspendible. Máxime que el plazo para otorgar la suspensión prevista en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es equivalente al previsto en la Ley de Amparo, pues de su artículo 43 se advierte que una vez turnada la demanda, el Magistrado Instructor dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar auto que la admita, aclare o deseche, y en sus artículos 109 se lee que la Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados en el mismo auto de admisión, cuando así se hubiere solicitado, es decir, dentro de las veinticuatro horas siguientes a las que se reciba la demanda. En conclusión, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar los actos que reclama a través del juicio de amparo indirecto a dependencias Municipales que son eminentemente administrativas (Presidente Municipal, Director de Obras Públicas y Director de Licencias de Funcionamiento, todas pertenecientes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos); habida cuenta que, como se mencionó, la legislación local prevé, al igual que la Ley de Amparo, la suspensión del acto administrativo, puesto que el numeral 138 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que al conceder la suspensión el objeto será fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. En las relatadas circunstancias, es inconcuso que la existencia de un medio de defensa legal, como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, que es idóneo para combatir el acto reclamado que se impugna a las autoridades administrativas Presidente Municipal, Director de Obras Públicas y Director de Licencias de Funcionamiento, todas pertenecientes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, hace obligatorio su agotamiento de manera previa al juicio de garantías. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.27/2016 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes dieciocho de marzo de dos mil dieciséis a las diez horas con cuarenta minutos en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011289, que a la letra dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR ALJUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". Por lo que hace a la excepción a que alude el párrafo segundo de la fracción en comento, consistente en que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, tampoco se actualiza, tomando en consideración que del acta de inspección folio 1298 de trece de abril de dos mil veintiuno, se aprecia la cita de fundamentos, es decir, los artículos 212 a 215 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, es por ello que no se actualiza dicha hipótesis de excepción al principio de definitividad. Por lo que hace a la segunda excepción que establece el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61, en estudio, la cual precisa que no es necesario observar el principio de definitividad cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, tampoco se actualiza, en virtud que del estudio integral de la demanda de amparo se colige que la parte quejosa alega la trasgresión a las formalidades que deben observarse al practicar las notificaciones, lo que equivale a que en este asunto se plantea un tema de legalidad. Aunado a lo anterior, aun cuando en la demanda de amparo se hiciera referencia a violaciones de preceptos constitucionales, lo cual no releva a la afectada de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Apoya esta consideración la Jurisprudencia con registro 237480, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 175-180, Tercera Parte, Materia: Común, Página 119, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.". Asimismo, en cuanto a la excepción consistente en eximir al promovente de agotar el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, tampoco se actualiza, toda vez que está debidamente contemplado en los numerales 1, 3 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, que prevé la competencia del citado Tribunal, por virtud de la cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que el medio ordinario de defensa está previsto en una ley y no en un reglamento; en esa tesitura este supuesto de excepción tampoco resulta aplicable. Cabe precisar que la excepción al principio definitividad que se estudia, atiende a que debe otorgarse certeza jurídica a los gobernados respecto a que tengan conocimiento real del fundamento de los actos de autoridad, y como consecuencia, del medio de impugnación procedente para su defensa, lo que en el presente caso se encuentra colmado, por lo que en caso de inconformidad con la emisión de la orden de inspección y la notificación que la quejosa refiere, es dable agotar los medios de defensa ordinarios, como en el caso acontece con el juicio de nulidad, en el cual se debe de cumplir con los mandatos constitucionales en materia de impartición de justicia y protección de derechos humanos. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, tomo X, octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a su rubro dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Tampoco se actualiza el supuesto que se trate de un amparo contra leyes, en virtud de que no se combate alguna norma general, sino combaten el acta de inspección folio 1298 de trece de abril de dos mil veintiuno respecto del bien inmueble ubicado en Calle Tlaxcala sin número, colonia Tres de Mayo, Municipio de Emiliano Zapata Morelos y la notificación de ésta, atribuida a las autoridades responsables Presidente Municipal, Director de Obras Públicas y Director de Licencias de Funcionamiento, todas pertenecientes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. En el entendido de que si bien el juicio de amparo materializa el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, contra las violaciones a los derechos humanos, no implica que se desatiendan los requisitos formales y presupuestos necesarios previstos en el orden jurídico interno, como son dejar de analizar las causales de improcedencia. Tiene sustento lo antedicho en las tesis 1a./J. 22/2014(10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, libro 4, tomo I, Marzo de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Por tanto, en este estadio procesal resulta evidente que en particular resultaba necesario, previo a la promoción de juicio de amparo, que la quejosa agotara el juicio de nulidad descrito en acato al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, habida cuenta que resulta incuestionable que en el caso se impugnaron actos de autoridad distinta a los tribunales, que puede ser recurrida ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa por disposición del artículo 4°, no existiendo precepto alguno que restrinja su acceso a la instancia ordinaria indicada; la cual incluso permite otorgar la suspensión de sus efectos y con su agotamiento se puede acceder a la nulidad de los actos combatidos; pues aun en el caso de estimar que los actos combatidos causan de afectaciones irreparables, ello no hace procedente la actualización de alguna causa de excepción pues los efectos que éstos pueden producir constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observar para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, respecto a la orden de inspección y la notificación que la quejosa refiere queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por prevista en la fracción XXIII del artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa; asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a los profesionistas y persona propuestas. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. Asimismo, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano