Ademer Josué Canul Ay
Expediente 1398/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1398/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 09/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Ademer Josué Canul Ay
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el dieciocho de febrero de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original de los cuadernos incidentales, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Por lo que respecta al original de los cuadernos incidentales es depurable, toda vez que por una parte se concedió la suspensión definitiva, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En observancia a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido numeral. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control actuando dentro de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, las documentales que exhibió en este asunto (tomo de pruebas y tres discos compactos certificados), toda vez que no es necesaria su conservación en este expediente.
- Principal
Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual la autoridad responsable Juez de Control actuado dentro de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por medio del secretario de estudio y cuenta en funciones de juez de despacho, ofrece la prueba documental de cuenta. Sin que proceda emitir mayor proveído, toda vez que el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, en la cual se dictó sentencia. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdense en la secretaría de este juzgado el disco óptico de referencia.
- Principal
En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con veinte minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para verificar la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 1398/2021-II, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias de autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por las autoridades responsables, así como el emplazamiento de la parte tercera interesada; a lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que las autoridades responsables i) Juez de Control actuando dentro de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo (tomo de prueba y dos discos versátiles digitales) y ii) Director del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo, ofrecieron pruebas documentales, sin que las demás partes ofrecieran algún medio de convicción; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; luego, téngase por terminada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que no los hicieron valer las partes, a lo que el Juez acuerda: se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. Visto para resolver el juicio de amparo 1398/2021-II, promovido por Admer Josué Canul Ay, por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Quintana Roo, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido el dieciséis siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Admer Josué Canul Ay, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del 1) Fiscal General del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, 2) Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y del 3) Director del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: - - - PRIMERO.- Reclamo de las AUTORIDADES RESPONSABLES, la privación de la libertad personal del quejoso con motivo de una desproporcionada y falta de idoneidad en lo que presuntamente es una medida cautelar solicitada por el MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN e impuesta por el JUEZ DE CONTROL Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO, con motivo al procedimiento judicial referente a la CARPETA DE INVESTIGACIÓN 7217/2017 y CARPETA ADMINISTRATIVA 229/2018, a razón que por las circunstancias por la cual el quejoso se encuentra privado de su libertad por un delito que no corresponde a una pena tan excesiva. - - - SEGUNDO.- Reclamo la omisión, falta de seguimiento e incumplimiento de acordar, respecto del escrito presentado por el hoy quejoso el 3 de noviembre del año 2021, solicitando la autorización por la Autoridad a los LICS. LUIS AUTURO UICAB RIOS, CARLOS MANUEL CALDERÓN CONDADO y MARIO CÉSAR LÓPEZ MAROTO en calidad de Defensores Particulares, con la finalidad de que tengan acceso tanto a la Carpeta de Investigación como Carpeta Administrativa, así como para comparecer y asistir jurídicamente al hoy quejoso, por lo que existen denegación de justicia y con ello vulnera las garantías del hoy quejoso". SEGUNDO. Radicación, admisión de demanda de amparo y reconocimiento de terceros interesados. Recibida que fue la demanda de amparo el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, ante este juzgado de distrito, por auto de diecisiete siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 1398/2021-II; se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se reconoció el carácter de terceros interesados al i) Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, quien actúa en la carpeta administrativa 229/2018 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y a ii) Javier Contreras Torreblanca, quienes en su oportunidad fueron emplazados a juicio, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en la especie se reclama una orden privativa de libertad con ejecución en el ámbito de competencia territorial de este juzgado. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de Distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, y demás constancias de autos, se hacen consistir en: Del 1) Fiscal General del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, 2) Juez de Control actuando dentro de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y del 3) Director del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo. a) La privación de la libertad del quejoso Admer Josué Canul Ay, derivada de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, decretada en audiencia de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, verificada en la carpeta administrativa 229/2018 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Del 2) Juez de Control Actuando dentro de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. b) La omisión de acordar el escrito presentado por el aquí quejoso Admer Josué Canul Ay, con fecha de recepción de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en autos de la carpeta administrativa 229/2018 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por el que nombra defensores particulares, solicita que tengan acceso a las constancias que integran dicha carpeta administrativa y que asistan al referido quejoso en ese proceso. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable 1) Fiscal General del Estado de Quintana Roo, por conducto de la Coordinadora Jurídica de la Zona Dos, con residencia en Chetumal, al rendir informe justificado, negó categóricamente la existencia del acto que se le atribuye, precisado el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia. Por su parte, la 2) Juez de Control Actuando dentro de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al rendir informe justificado, negó la existencia del acto reclamado precisado en el inciso b), del considerando tercero de esta resolución. Al respecto, precisó que por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en autos de la carpeta administrativa de origen, esto es, previo a la promoción del juicio de amparo (doce de noviembre de dos mil veintiuno), se acordó favorable la petición del hoy quejoso, contenida en el escrito presentado el tres de noviembre anterior, por el que nombra defensores particulares, solicita que tengan acceso a las constancias que integran dicha carpeta administrativa y que asistan al quejoso en ese proceso. Lo anterior se corrobora con la documental que adjuntó la juez de control responsable a su informe justificado, consistente en fotocopia certificada la carpeta administrativa 229/2018 de su estadística, que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la cual se advierte, en lo conducente, que mediante acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la juez de origen acordó favorable la petición del hoy quejoso, contenida en el escrito presentado el tres de noviembre anterior. Luego, si está plenamente acreditado que desde el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable acordó la promoción presentada por la parte quejosa, el tres de noviembre anterior, es de concluirse que la omisión reclamada mediante demanda presentada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, resulta inexistente. Al respecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia. Luego, en esta instancia constitucional no se probó la i) privación de la libertad del quejoso Admer Josué Canul Ay, derivada de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, decretada en audiencia de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, verificada en la carpeta administrativa 229/2018 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, atribuida al 1) Fiscal General del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, ni la ii) omisión de acordar el escrito presentado por el aquí quejoso Admer Josué Canul Ay, con fecha de recepción de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en autos de la citada carpeta administrativa, reclamada al 2) Juez de Control Actuando dentro de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, previo a la presentación de la demanda de amparo; ergo, no se acreditó la existencia de los referidos actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto, siguientes: "Época: Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtúe la afirmación de las referidas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, ante la inexistencia del acto reclamado al 1) Fiscal General del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, precisado en el inciso a), del considerando tercero de la presente sentencia, y en relación con el acto atribuido al 2) Juez de Control Actuando dentro de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, precisado en el inciso b), del aludido considerando tercero de este fallo. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables 2) Juez de Control actuando dentro de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y 3) Director del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo, al rendir informe justificado, convinieron en la existencia del acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia. Lo anterior, se corrobora con la constancia que remitió la juez responsable, como apoyo a su informe justificado (disco compacto certificado 1), derivada de la carpeta administrativa 229/2018 de su índice, a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la cual se advierte -en lo conducente- que en audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno la juez de origen decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del hoy quejoso, en la carpeta de origen que se instruye en su contra por la probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de daños culposos cometido en agravio de Javier Contreras Torreblanca. En ese contexto, es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables destacadas en este considerando, precisado en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia, este órgano jurisdiccional estima que de oficio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debido a que se ha producido un cambio de situación jurídica, por lo cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en esta instancia constitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, del propio ordenamiento legal, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" Del precepto legal invocado, en lo conducente, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, como se vio, en esta instancia constitucional se reclama la privación de la libertad del quejoso Admer Josué Canul Ay, derivada de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, decretada en audiencia de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, verificada en la carpeta administrativa de origen, 229/2018 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Ahora, la autoridad responsable Juez de Control actuando dentro de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, entre otras cosas, remitió fotocopia certificada del i) acta mínima de la audiencia inicial de sobreseimiento de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, verificada en la referida carpeta administrativa, así como un ii) disco compacto certificado que contiene el archivo de audio de dicha audiencia, a las que se confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de lo cual se obtiene que en audiencia de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, la mencionada juzgadora responsable hizo constar que la víctima Javier Contreras Torreblanca, acompañado de su asesor jurídico, acudieron a dicha audiencia y otorgó el perdón en favor del imputado Admer Josué Canul Ay, a lo que la víctima (aquí tercero interesado), el quejoso y su defensor manifestaron estar de acuerdo con el perdón otorgado y por reparados los daños en su totalidad. Por tanto, en dicha audiencia, la juez de origen decretó la extinción de la acción penal a favor de Admer Josué Canul Ay, respecto al hecho que la ley señala como delito de daños culposos cometido en agravio de Javier Contreras Torreblanca, así como el sobreseimiento total de la carpeta administrativa de origen y canceló la medida cautelar que impuso al hoy quejoso. Se destaca que la causal de improcedencia surgida en el trámite de este juicio de amparo, como se vio, se acredita -entre otras constancias- con el archivo de audio de la audiencia inicial de sobreseimiento de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, la cual se adminicula con el acta mínima correspondiente. Lo anterior, toda vez que, previo requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, la juez de control responsable informó que se encontraba imposibilitada para remitir el archivo de video de la referida audiencia, toda vez que el Jefe de Control y Gestión de Salas en funciones de Administrador de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, le comunicó que se concluyeron las reparaciones y respaldo del servidor donde resguardan los archivos de audio y video de las audiencias, pero únicamente pudo rescatarse el audio de la audiencia en comento. No obstante, este órgano jurisdiccional estima que las referidas documentales son suficientes para estudiar la causa de improcedencia invocada al inicio de este considerando. Sentado lo anterior, se determina que ha cambiado la situación jurídica en relación con la libertad personal de la parte quejosa, pues en caso de que hubieran existido las violaciones reclamadas en la privación de la libertad del quejoso, derivada de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, decretada en la carpeta administrativa de origen, éstas han quedado irremediablemente consumadas, pues la privación de la libertad derivada de la medida cautelar decretada en contra del impetrante quedó jurídica y procesalmente sustituida cuando la Juez de Control actuando dentro de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, decretó la extinción de la acción penal en su favor, el sobreseimiento total de la carpeta administrativa de origen y canceló la medida cautelar que fue impuesta al hoy quejoso. Por tanto, no es posible estudiar la constitucionalidad de la privación de la libertad reclamada sin afectar la nueva situación jurídica, lo cual vuelve improcedente este juicio. Sirve de apoyo a la anterior determinación, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 171841 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 95/2007 Página: 50 CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado a la 2) Juez de Control actuando dentro de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y al 3) Director del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia. En tales condiciones, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte inconforme en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, por lo que la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión planteada. Sobre el particular tiene aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Admer Josué Canul Ay, por derecho propio, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando tercero y en términos de lo expuesto en los diversos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos la promoción de cuenta, con la cual la autoridad responsable Juez de Control actuado dentro de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por medio del secretario de estudio y cuenta en funciones de juez de despacho, remite fotocopia de las documentales de cuenta, entre las que destaca la fotocopia certificada del acta mínima de la audiencia inicial-sobreseimiento de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, verificada en autos de la carpeta administrativa 229/2018 de su índice. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las documentales de cuenta, pónganse a la vista de las partes para los efectos que estimen pertinentes y efectúese la relación correspondiente al celebrarse la audiencia constitucional. Sin que proceda emitir mayor proveído en relación con la información relacionada con la imposibilidad de remitir el archivo de video requerido en auto de diecinueve de enero pasado, toda vez que esa actuación se tuvo por informada por proveído de treinta y uno de enero del año en curso.
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