ADELITA SÁNCHEZ SALGADO y Otros.

Expediente 936/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
936/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
08/12/2016

Partes del expediente

  • ADELITA SÁNCHEZ SALGADO y Otros.
  • Adelita Sánchez Salgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto la Juez Segundo de Paz del Municipio de Acapulco, Guerrero, con residencia en esta ciudad, con motivo de su informe justificado remitió copias certificadas de la causa penal 86-2/2016, que constituye el tomo de prueba I, devuélvanse a la referida autoridad, dado que resulta innecesario su permanencia en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el siete de noviembre del presente año, se ordenó formar cuaderno de antecedentes con el oficio signado por la Juez Segundo de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con residencia en esta ciudad; que se recibió con posterioridad a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de que el juicio de amparo en que se actúa se encontraba para proyecto de sentencia; por tanto, como ya se dictó la resolución correspondiente, intégrese el citado cuaderno al expediente principal.

  3. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, MISMA QUE DICE... se VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 936/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido en la misma fecha por razón de turno a este Juzgado Octavo, Adelita y Fabiola ambas de apellidos Sánchez Salgado, por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Noveno de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Décimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Segundo de Paz del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. EJECUTORAS: Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero. Coordinador de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora del Sector Costa Azul (Se tuvo por inexistente en auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis). Coordinador de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora del Sector Coloso. ACTOS RECLAMADOS: "de las autoridades responsables ordenadoras reclamo la orden de aprehensión, presentación, represensión, o comparecencia, girada en mi contra y ante el temor de que dichos actos no estén debidamente fundados y motivados, como lo consagra en el numeral 16 de nuestra carta magna, solicito el amparo y protección de la Justicia de la Unión, ya que tengo el temor fundado que con el proceder de las autoridades responsables, se cometan en mi contra actos estatuidos en el numeral 22 de nuestra carta magna. De la autoridad responsable ejecutora: Reclamo el cumplimiento de dichos actos reclamados, señalados en líneas que preceden". SEGUNDO. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrada bajo el número 936/2016, se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto restrictivo de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, así como el Juez Primero de Paz del Municipio de Acapulco, todos residentes en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos que se les atribuyen, por lo que, tomando en cuenta que la parte quejosa no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia de la misma y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las citadas autoridades, no obstante el conocimiento oportuno que de aquél tuvo; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. TERCERO.- Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, pues al rendir su informe con justificación, así lo reconoció expresamente; manifestación que basta para tener dicha conducta por plenamente evidenciada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Certeza que se corrobora además, con las copias certificadas derivadas de la causa penal número 86/2016, que acompañó a su informe justificado el juez responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del citado código. Determinación que se hace extensiva a los Coordinadores Regional y de Zona de la Policía Ministerial adscritos al Sector Coloso, todos residentes en esta ciudad, quienes al rendir sus informes justificados negaron el acto que se les reclama; sin embargo, dado el carácter de ejecutoras con el que fueron designadas, e independientemente de que conozcan o no tal mandato, eventualmente pueden recibir instrucciones para cumplimentarlo. CUARTO. Mediante oficio 1149 recibido el siete de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el Juez Segundo de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco, informó que el veinticuatro de octubre del año en curso, las inculpadas Adelita y Fabiola, ambas de apellidos Sánchez Salgado, comparecieron voluntariamente ante dicho Juzgador, y con fecha treinta de octubre siguiente, se resolvió la situación jurídica de las inculpadas, dentro de la causa penal 86-2/2016, y adjuntó copia certificada de las comparecencias y auto de plazo constitucional, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. QUINTO. Verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, se estima se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]." En efecto, conforme con la transcripción que antecede, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver en el presente asunto, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en este procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión atribuida al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, contra las promoventes del amparo, dentro de la causa penal número 86-2/2016, y de acuerdo con la copia certificada remitida por el juez responsable, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación, dicha orden de aprehensión, efectivamente, fue librada en su contra el ocho de agosto de dos mil dieciséis, por el delito de lesiones, en agravio de Yeni Sandoval Mariche, Ma. Elva Mariche Cortez y la menor Salli Yaretzi Gijón Sandoval, y el treinta de octubre de dos mil dieciséis, decretó auto de formal prisión por cuanto hace a la quejosa Adelita Sánchez Salgado; y, respecto de Fabiola Sánchez Salgado, decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar, lo que define su situación jurídica. Lo anterior conduce a estimar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no se puede decidir el fondo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de amparo, habida cuenta que la demanda fue recibida por este juzgado de Distrito el veintitrés de septiembre de junio de dos mil dieciséis, mientras el auto de formal dictado respecto de Adelita Sánchez Salgado y el auto de libertad por falta de elementos para procesar emitido respecto de Fabiola Sánchez Salgado, data del treinta de octubre pasado. Ahora, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, en virtud de que la sola emisión del auto de formal prisión implica que la libertad de la quejosa Adelita Sánchez Salgado se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la orden de aprehensión tildada de inconstitucional sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; igual circunstancia opera en relación a Fabiola Sánchez Salgado, al habérsele dictado auto de libertad por falta de elementos para procesar; de modo que las violaciones cometidas en la primera deben considerarse consumadas de modo irreparable, y precisamente por tal motivo, se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento. Orienta lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 25/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.- Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". Bajo ese contexto, lo procedente es sobreseer el presente asunto, con apoyo en el numeral 61, fracción XVII, en relación con el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de la orden de aprehensión y su ejecución reclamados por Adelita Sánchez Salgado y Fabiola Sánchez Salgado, al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, así como a los Coordinadores Regional y de Zona de la Policía Ministerial adscrito a Coloso. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 936/2016 Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    CITATORIOS.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LAS PARTES TERCEROS INTERESADAS SALLI YARETZI GIJON SANDOVAL REPRESENTADA POR YENI SANDOVAL MARICHE Y YENI SANDOVAL MARICHE LA SENTENCIA AUTORIZADA EL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, MISMA QUE DICE... se VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 936/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido en la misma fecha por razón de turno a este Juzgado Octavo, Adelita y Fabiola ambas de apellidos Sánchez Salgado, por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Noveno de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Décimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Segundo de Paz del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. EJECUTORAS: Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero. Coordinador de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora del Sector Costa Azul (Se tuvo por inexistente en auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis). Coordinador de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora del Sector Coloso. ACTOS RECLAMADOS: "de las autoridades responsables ordenadoras reclamo la orden de aprehensión, presentación, represensión, o comparecencia, girada en mi contra y ante el temor de que dichos actos no estén debidamente fundados y motivados, como lo consagra en el numeral 16 de nuestra carta magna, solicito el amparo y protección de la Justicia de la Unión, ya que tengo el temor fundado que con el proceder de las autoridades responsables, se cometan en mi contra actos estatuidos en el numeral 22 de nuestra carta magna. De la autoridad responsable ejecutora: Reclamo el cumplimiento de dichos actos reclamados, señalados en líneas que preceden". SEGUNDO. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrada bajo el número 936/2016, se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto restrictivo de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, así como el Juez Primero de Paz del Municipio de Acapulco, todos residentes en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos que se les atribuyen, por lo que, tomando en cuenta que la parte quejosa no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia de la misma y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las citadas autoridades, no obstante el conocimiento oportuno que de aquél tuvo; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. TERCERO.- Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, pues al rendir su informe con justificación, así lo reconoció expresamente; manifestación que basta para tener dicha conducta por plenamente evidenciada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Certeza que se corrobora además, con las copias certificadas derivadas de la causa penal número 86/2016, que acompañó a su informe justificado el juez responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del citado código. Determinación que se hace extensiva a los Coordinadores Regional y de Zona de la Policía Ministerial adscritos al Sector Coloso, todos residentes en esta ciudad, quienes al rendir sus informes justificados negaron el acto que se les reclama; sin embargo, dado el carácter de ejecutoras con el que fueron designadas, e independientemente de que conozcan o no tal mandato, eventualmente pueden recibir instrucciones para cumplimentarlo. CUARTO. Mediante oficio 1149 recibido el siete de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el Juez Segundo de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco, informó que el veinticuatro de octubre del año en curso, las inculpadas Adelita y Fabiola, ambas de apellidos Sánchez Salgado, comparecieron voluntariamente ante dicho Juzgador, y con fecha treinta de octubre siguiente, se resolvió la situación jurídica de las inculpadas, dentro de la causa penal 86-2/2016, y adjuntó copia certificada de las comparecencias y auto de plazo constitucional, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. QUINTO. Verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, se estima se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]." En efecto, conforme con la transcripción que antecede, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver en el presente asunto, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en este procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión atribuida al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, contra las promoventes del amparo, dentro de la causa penal número 86-2/2016, y de acuerdo con la copia certificada remitida por el juez responsable, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación, dicha orden de aprehensión, efectivamente, fue librada en su contra el ocho de agosto de dos mil dieciséis, por el delito de lesiones, en agravio de Yeni Sandoval Mariche, Ma. Elva Mariche Cortez y la menor Salli Yaretzi Gijón Sandoval, y el treinta de octubre de dos mil dieciséis, decretó auto de formal prisión por cuanto hace a la quejosa Adelita Sánchez Salgado; y, respecto de Fabiola Sánchez Salgado, decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar, lo que define su situación jurídica. Lo anterior conduce a estimar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no se puede decidir el fondo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de amparo, habida cuenta que la demanda fue recibida por este juzgado de Distrito el veintitrés de septiembre de junio de dos mil dieciséis, mientras el auto de formal dictado respecto de Adelita Sánchez Salgado y el auto de libertad por falta de elementos para procesar emitido respecto de Fabiola Sánchez Salgado, data del treinta de octubre pasado. Ahora, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, en virtud de que la sola emisión del auto de formal prisión implica que la libertad de la quejosa Adelita Sánchez Salgado se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la orden de aprehensión tildada de inconstitucional sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; igual circunstancia opera en relación a Fabiola Sánchez Salgado, al habérsele dictado auto de libertad por falta de elementos para procesar; de modo que las violaciones cometidas en la primera deben considerarse consumadas de modo irreparable, y precisamente por tal motivo, se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento. Orienta lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 25/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.- Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". Bajo ese contexto, lo procedente es sobreseer el presente asunto, con apoyo en el numeral 61, fracción XVII, en relación con el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de la orden de aprehensión y su ejecución reclamados por Adelita Sánchez Salgado y Fabiola Sánchez Salgado, al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, así como a los Coordinadores Regional y de Zona de la Policía Ministerial adscrito a Coloso. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 936/2016 Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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