Adelita Gutiérrez Salinas
Expediente 249/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Adelita Gutiérrez Salinas
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la misiva signada por la Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, con sede en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, mediante la cual da cumplimiento al requerimiento formulado por auto de diez de noviembre del año en curso, para lo cual remite un DVD certificado que contiene registro de audio y video de la audiencia de tres de diciembre del año dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal 263/2017 de su índice, así como su orden cronológico. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, a efecto de que manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibida que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable, se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA; DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa ADELITA GUTIÉRREZ SALINAS, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento hecho mediante proveído de siete de junio del año en curso (foja 5-10), para lo cual exhibe el original del acta de nacimiento a nombre de su menor hijo de iniciales A.C.G, expedida por el Oficial del Registro Civil de esta ciudad, con la cual se tiene por acreditada la representación legal que ostenta de dicho menor. Notifíquese.
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA; SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ADELITA GUTIÉRREZ SALINAS, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales A.C.G. contra actos del 1.- Juez de Control; 2.- Fiscal en Jefe de la Agencia del Ministerio Público; 3.- Fiscal Especializada en atención del Delito en contra de la Mujer por razón de Género; 4.- Comandante Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones; 5.- Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigación; 6.- Comisario o Encargado de Seguridad Pública de la Policía Municipal; Todos con residencia en Santa Domingo Tehuantepec, Oaxaca; por violación a los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "ACTOS RECLAMADOS: La orden de aprehensión o detención, dictada en contra de ADELITA GUTIÉRREZ SALINAS, y en contra de mi menor hijo de nombre ANDERSON CABRERA GUTIÉRREZ, fuera de todo procedimiento judicial y sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, violentando el interés superior de la menor toda vez que no hemos sido oídos ni vencidos en juicio y de las ejecutoras reclamo el inminente cumplimiento de dicha orden." (sic) REQUERIMIENTO ESPECIAL Previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo, es importante destacar que si bien ésta fue promovida por ADELITA GUTIÉRREZ SALINAS, por propio derecho, también lo realizó en representación de su menor hijo de iniciales A.C.G., sin que ésta anexara documental idónea por la cual se acredite fehacientemente la representación legal que dice tener; sin embargo conforme al interés superior del menor por la naturaleza del acto reclamado (orden de aprehensión o detención), se dará trámite a la demanda de amparo a efecto de salvaguardar los derechos de dicho menor. En ese orden, requiérase a la citada quejosa para que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación exhiba original o copia certificada por funcionario público o autoridad competente del documento con el cual acredite la representación que ostenta sobre dicho menor de edad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.8o.A.10 K (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2011985, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Página: 2969 de rubro y texto siguientes: "REPRESENTACIÓN DE UN MENOR EN EL AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE VERIFICAR LA DEBIDA LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De conformidad con la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, el órgano revisor deberá revocar la resolución recurrida cuando por acción u omisión se hayan violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento, siempre que las violaciones hayan trascendido al resultado del fallo. Entre esas reglas se encuentra la relativa a verificar la debida legitimación de quien promueve el juicio de amparo en representación de un menor de edad, a fin de garantizar una representación adecuada del infante y concretar la igualdad en el acceso a la justicia en todo proceso judicial, en observancia al principio de interés superior del niño. En ese sentido, constituye una violación procesal en los términos descritos, que el Juez de Distrito deseche una demanda de amparo indirecto respecto de un menor, con motivo de que quien se ostentó como su representante incumplió con la carga procesal de acreditar su personalidad, la cual afirmó tener reconocida ante la autoridad responsable, sin que lo hubiera requerido para hacerlo y, en su caso, recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, pues ello implica que soslayó la normativa legal, constitucional e internacional, así como los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, que asegure el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, si se advierte que durante la secuela del amparo no se verificó la debida legitimación de la persona que promovió el juicio en representación del menor quejoso, debe reponerse el procedimiento." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 175053 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Página: 167. "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." ADMISIÓN DE LA DEMANDA Toda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA DE AMPARO. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con copia fotostática simple del escrito de demanda, con fundamento en el artículo 128 de la ley de la materia, por duplicado y separado tramítese el incidente de suspensión. REQUERIMIENTO DEL INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado que deberán rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS legalmente computado; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o de hacerlo fuera del plazo que se concede o sin remitir las copias certificadas en forma completa, legibles y ordenadas de las constancias necesarias u originales en caso de asuntos concluidos, para apoyar su informe, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la ley de la materia y se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los numerales 260, fracción II y 238 de la legislación invocada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse del conocimiento de las responsables, mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, con número de registro 2002576, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, de enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, cuyo rubro y texto se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dése vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia. TERCERO INTERESADO Tomando en cuenta que en el presente caso se reclama una orden de aprehensión o detención, se reserva acordar lo procedente respecto de la existencia del tercero interesado y, en su caso, respecto de su emplazamiento a este juicio de garantías, una vez que obren los informes de las autoridades responsables. REPRESENTANTE ESPECIAL Por otra parte, con fundamento en el artículo 8, primer párrafo de la Ley de Amparo, requiérase vía correo electrónico al Instituto de la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la ciudad de México, a fin de que dentro del término de tres días nombre a favor del menor de iniciales A.C.G., un asesor jurídico que lo asista en este juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la quejosa señalando como domicilio el que indica en su demanda inicial; asimismo, téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a JAIME MÉNDEZ ZÁRATE y JAIME CRISTOPHER MÉNDEZ PÉREZ, que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en derecho. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Se apercibe a la parte quejosa que el presente asunto se admite por cuanto hace a las autoridades que enunció en su demanda de amparo, las cuales serán emplazadas a juicio con la denominación que indicó, salvo aquéllas que por ser un hecho notorio se conozca su nombre correcto y se hubiera realizado la aclaración correspondiente. Ahora, en el supuesto de existir en el sumario constancia de la que se advierta la imposibilidad de realizar el emplazamiento correspondiente, por cualquiera de los medios que prevé la ley, esto es, si el Servicio Postal Mexicano devuelve el sobre con el oficio por inexistencia de la autoridad destinataria o el actuario de la adscripción asienta la razón en ese sentido, al no poder entregar el oficio relativo, se tendrá por inexistente tal autoridad responsable y se ordenará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, sin necesidad de otorgarle vista a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, pues es obligación de la parte quejosa precisar la denominación correcta de las autoridades a quienes les imputa la emisión del acto reclamado; lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV y 108, fracción III de la Ley de Amparo. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese en términos de ley. IV-B
- Incidental
SALINA CRUZ, OAXACA; SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Con copia de la demanda de amparo promovida por ADELITA GUTIÉRREZ SALINAS, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales A.C.G., contra actos del 1.- Juez de Control; 2.- Fiscal en Jefe de la Agencia del Ministerio Público; 3.- Fiscal Especializada en Atención del delito en contra de la Mujer por razón de Género; 4.- Comandante Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones; 5.- Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigación; 6.- Comisario o Encargado de Seguridad Pública de la Policía Municipal; Todos con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; por violación a los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "ACTOS RECLAMADOS: La orden de aprehensión o detención, dictada en contra de ADELITA GUTIÉRREZ SALINAS, y en contra de mi menor hijo de nombre ANDERSON CABRERA GUTIÉRREZ, fuera de todo procedimiento judicial y sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, violentando el interés superior de la menor toda vez que no hemos sido oídos ni vencidos en juicio y de las ejecutoras reclamo el inminente cumplimiento de dicha orden." (sic) Como está ordenado en el expediente principal, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 138, 139, 140, 142, 147 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada este expediente de incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 249/2019. SOLICITUD DE INFORME PREVIOS Con apoyo en los artículos 138, fracción III, 140 y 142 de la Ley de Amparo, por oficio, con copia simple de la demanda, pídanse a las autoridades responsables su informe previo, el que deberán rendir por duplicado dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, con apercibimiento que de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto por los diversos numerales 260, fracción I y 238 de la propia legislación invocada, se presumirá cierto el acto reclamado y se les impondrá una multa por el equivalente de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), CONFORME AL CÁLCULO QUE REALICE EL Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). AUDIENCIA INCIDENTAL En consecuencia, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que de diferirse la celebración de la audiencia incidental, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse del conocimiento de las responsables, mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, con número de registro 2002576, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, de enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, cuyo rubro y texto se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Asimismo precisa a la parte quejosa que el presente asunto se admite por cuanto hace a las autoridades que enunció en su demanda de amparo, las cuales serán emplazadas a juicio con la denominación que indicó, salvo aquéllas que por ser un hecho notorio se conozca su nombre correcto y se hubiera realizado la aclaración correspondiente. Ahora, en el supuesto de existir en el sumario constancia de la que se advierta la imposibilidad de realizar el emplazamiento correspondiente, por cualquiera de los medios que prevé la ley, esto es, si el Servicio Postal Mexicano devuelve el sobre con el oficio por inexistencia de la autoridad destinataria o el actuario de la adscripción asienta la razón en ese sentido, al no poder entregar el oficio relativo, se tendrá por inexistente tal autoridad responsable y se ordenará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, sin necesidad de otorgarle vista a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, pues es obligación de la parte quejosa precisar la denominación correcta de las autoridades a quienes les imputa la emisión del acto reclamado; lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV y 108, fracción III de la Ley de Amparo. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora, para efectos de resolver respecto de la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, únicamente se atenderá a sus manifestaciones respecto de la certidumbre de los actos reclamados, y a los términos en que solicita la medida, como lo dispone el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión se decretará cuando lo solicite el agraviado. Se invoca en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 206395, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, visible a foja doce, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Texto: Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia con número de registro 182529, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Novena Época, visible a página 98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. Texto: De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." Ahora bien, de la demanda de amparo, del capítulo de suspensión del acto reclamado se advierte que la parte quejosa solicita la medida cautelar para los efectos siguientes: "Con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 136 y 139 de la Ley de Amparo, por lo que solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados y en su oportunidad la definitiva, hasta en tanto se resuelva el asunto, por no contravenir a las leyes y a la moral." MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE ADELITA GUTIÉRREZ SALINAS EN RELACIÓN CON LA ORDEN DE APREHENSIÓN ATRIBUIDA AL JUEZ DE CONTROL, CON RESIDENCIA EN SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA. Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece que la suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que la solicite el agraviado; II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido se cumple con los requisitos previstos en dicho numeral, toda vez que lo pide la promovente y no se sigue perjuicio al interés social ni se contraviene el orden público, además se realiza un análisis de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la ley en cita; y que de no otorgarse, se causarían daños o perjuicios de difícil reparación. Por tanto, con fundamento en los artículos 138, fracción I, y 166 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional para que no se ejecute la orden de aprehensión que la responsable Juez de Control, con sede en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, hubiere librado, sólo si esa orden fuere librada por el delito o delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 167 de Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya calificación queda bajo la responsabilidad de la autoridad judicial, sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal de donde emana. Medida precautoria que surte sus efectos desde luego, para lo cual se establecen los siguientes requisitos de eficacia: I. Que la quejosa exhiba a favor de este juzgado, dentro del término de cinco días, garantía económica por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos cero centavos moneda nacional), en billete de depósito de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, o en cualquiera de las diversas formas establecidas por la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, párrafo segundo de la Ley de Amparo. El monto fijado se estima así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la orden restrictiva de la libertad personal, además de que no se cuenta con elementos que permitan conocer las modalidades y características del delito que se imputen a la parte quejosa, dado que reclama ésta de manera genérica, y tampoco manifestó en la demanda datos referentes a su situación económica. II. Obligadamente la parte quejosa deberá comparecer ante el Juez de la causa, dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación de este acuerdo, a fin de que se lleve a cabo la audiencia inicial y dentro del plazo previsto en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicano; y, 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se resuelva su situación jurídica correspondiente. Así también, en su caso comparezca a las audiencias a las que sea requerida por parte del Juez responsable dentro de la causa penal que se le instruya; actuaciones que resultan necesarias para la continuación del procedimiento respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo; y dentro de los tres días subsecuentes, deberá acreditar ante este Juzgado que compareció ante el Juez del conocimiento; y, III. Asimismo queda obligada a presentarse ante la autoridad que debe juzgarla y ante este órgano jurisdiccional cuantas veces le sea exigido. En el entendido de que estas dos últimas medidas de aseguramiento (comparecencia ante el juez responsable), sólo será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y la autoridad que lo emitió. Se invoca en apoyo, la Jurisprudencia 149/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 371, del Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 170432, con el siguiente rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ." Con apercibimiento que de no realizar esas presentaciones, o no acreditarlas aquí, se hará efectiva la garantía pecuniaria a favor del erario federal; medidas de aseguramiento que se implementan a efecto de que pueda ser devuelta la parte quejosa a la autoridad responsable ordenadora, en caso de no concedérseles la protección de la Justicia Federal. Para el caso de que la parte quejosa incumpla con esas medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión dejará de surtir sus efectos con la sola comunicación de la autoridad responsable, acorde a lo señalado en el último párrafo del numeral 166, en relación con el diverso 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. b) En el supuesto de que el delito o delitos por el que se hubiere librado la orden de aprehensión reclamada por parte del Juez de Control, se trate de aquellos que impliquen prisión preventiva oficiosa de conformidad con los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión provisional sólo se concede para el efecto de que una vez ejecutada tal orden, quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar en que sea internado en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que instruye el procedimiento penal para los efectos de su continuación, caso éste en que no se exigirá garantía en términos del artículo 168, último párrafo, de la Ley de Amparo. MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE ADELITA GUTIÉRREZ SALINAS, EN RELACIÓN CON DE LA ORDEN DE DETENCIÓN ATRIBUIDA AL FISCAL EN JEFE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y FISCAL ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DEL DELITO EN CONTRA DE LA MUJER POR RAZÓN DE GÉNERO. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 125, 128, y 162 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y no se ejecute la orden de detención reclamada; la que surte sus efectos desde luego siempre y cuando la orden de detención no emane de autoridad judicial, o del Ministerio Público exclusivamente en los casos de urgencia a que se refiere el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Federal, o bien se trate de delito flagrante; sin que esta suspensión constituya obstáculo para que las autoridades continúen con la investigación. La medida suspensiva que se decreta dejará de surtir sus efectos si la parte quejosa no cumple con los siguientes requisitos: a). Que otorgue ante este Juzgado, dentro del plazo de cinco días, una garantía por la suma de $1,000.00 (mil pesos cero centavos moneda nacional), esto es $500.00 (quinientos pesos cero centavos moneda nacional) por cada autoridad, en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, o en cualquiera otra de las formas permitidas por la ley; b). Que la quejosa se presente ante la responsable ordenadora que reconozca la existencia del acto reclamado dentro del plazo de tres días para la continuación del procedimiento del que emana el acto reclamado, conforme a lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley de Amparo; debiendo la amparista, dentro de las setenta y dos horas siguientes, acreditar ante este tribunal el cumplimiento de la obligación fijada en este inciso, apercibida que de no realizar su presentación ante la autoridad responsable ordenadora, o no acreditarla aquí, en su caso, se hará efectiva la garantía pecuniaria a favor del erario federal. Medidas de aseguramiento que se establecen a efecto de que la parte quejosa pueda ser devuelta a la autoridad responsable, en caso de no concedérsele la protección constitucional solicitada. Se invoca en apoyo la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a./J.66/2001, publicada en la página 434 del tomo XIV, septiembre del 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS número 188175, cuyo título dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ORDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AUN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUELLA." MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DEL MENOR DE EDAD DE INICIALES A.C.G. Por otra parte, en suplencia de la queja, y atendiendo este juzgador al interés superior del menor relacionado en el asunto, por lo que hace a los actos reclamados (orden de aprehensión o detención) de los que se duele; con fundamento en los artículos 128 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos -protector del derecho a la libertad personal- se concede la suspensión provisional, para el efecto de que el citado menor de iniciales A.C.G. no sea privado de su libertad por las autoridades señaladas como responsables, hasta en tanto se cuenten con mayores datos que permitan identificar la naturaleza de la posible infracción que se le atribuya. En el entendido, que corresponde a las autoridades responsables competentes, demostrar en un momento dado la imputabilidad del menor quejoso, de acuerdo a lo que dispone el artículo 14, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, dado que conforme al artículo 18, párrafo cuarto, última parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social. Expídase a la parte quejosa copia certificada de esta determinación, teniéndose por autorizados para recibirla a las personas que refiere, previa razón que de ello obre en autos. Notifíquese en términos de ley. IV-B
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