Adelio Mendes do Nacimiento

Expediente 735/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
735/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Adelio Mendes do Nacimiento

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el nueve de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto y se determinó que el plazo para su destrucción era de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo; sin embargo, tomando en consideración que se trata de un cuaderno de antecedentes, lo correcto es que una vez que transcurran seis meses de archivado el presente expediente es susceptible de destrucción, lo anterior de conformidad en los artículos 20 y 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.1 inciso a), del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. .... Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio procedente del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual comunica que aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, registrándola con el juicio de amparo indirecto 37/2021; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, remítase vía interconexión, las constancias inherentes al presente expediente. En este contexto, atento a lo ordenado en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, únicamente agréguese a los autos el oficio mediante el cual el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, en representación del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, rinde su informe respecto a la suspensión de plano decretada; lo anterior, toda vez que este juzgado el quince de octubre de la presente anualidad, se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Una vez que se tenga conocimiento del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que por razón de turno le corresponda conocer de la competencia planteada por este juzgado, en proveído de quince de octubre de la presente anualidad, remítase copia certificada del oficio que se recibe, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de octubre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ****, a nombre de ****, contra actos del Instituto Nacional de Migración (INM), regístrese bajo el número 735/2020-VI. Ahora bien, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo y anexos, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en el acuerdo o determinación de la expulsión del territorio nacional e incomunicación. Suspensión de plano. De conformidad con los artículos 15, 20, 33, fracción IV, 35, 112, segundo párrafo y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen todos los actos tendentes a ejecutar la orden de deportación, de la que está siendo objeto Adelio Mendes Do Nascimento, así como su incomunicación. Sirve de apoyo, la anterior determinación la Tesis jurisprudencial P./J. 80/2007, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, de diciembre de 2007, Materia administrativa, con registro electrónico 170578, visible en la página quince, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." Sin embargo, dicha medida cautelar dejara de surtir sus efectos, en el supuesto de que la orden de deportación, se advirtiera la existencia de la comisión de alguna conducta que constituya un delito o una falta administrativa, caso en el que el directo quejoso deberá ser inmediatamente puesto a disposición de la autoridad correspondiente para la continuación del procedimiento respectivo. Aunado a lo anterior, con la finalidad de maximizar la protección de los derechos humanos del quejoso, atendiendo a las medidas de aseguramiento que señala la legislación internacional y nacional, y obedeciendo la naturaleza del acto reclamado y la calidad del ahora quejoso, como migrante, y toda vez que se encuentra en un grupo en situación de vulnerabilidad, la autoridad responsable deberán tener en cuenta el contenido del artículo 102, de la Ley de Migración, que señala: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad; y, d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización mexicana." En consecuencia, se deberá notificar por oficio a la autoridad responsable el contenido del presente asunto, lo anterior para que dé cumplimiento a la suspensión de plano aquí decretada. Asimismo, requiérase a la autoridad señalada como responsable, para que dentro del término de veinticuatro horas, informe sobre el cumplimiento que dé a esta resolución, apercibida que de no hacerlo así, será responsable en los términos que señala en Código Penal Federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en que pudieran incurrir, como lo establece el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se responsabiliza a la autoridad señalada como responsable, por cualquier violación que pudiera cometer a esta determinación, en la inteligencia de que deberá proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento. De igual forma, se requiere a la responsable para que en su informe señale de manera precisa, si por el quejoso existe o ha existido algún procedimiento con fines de deportación que esté en trámite o haya sido resuelto y en su caso, remita las constancias con la que acrediten su dicho. Determinación de incompetencia. Precisado lo anterior, este juzgado federal carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo, por las razones siguientes. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgador federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber. a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. Ahora bien, los artículos 107, fracción VII, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto redamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos legales reproducidos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en principio debe calificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos o carentes de ejecución; esto con la finalidad de analizar posteriormente las características de la ejecución. El análisis de la ejecución de los actos reclamados se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas, no así las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar en que deba ejecutarse el acto. Por tanto, si el acto reclamado posee ejecución será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; pero si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. En caso de que el acto reclamado carezca de ejecución, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo expuesto en párrafos que anteceden se obtiene que la intención del legislador fue facilitar al agraviado que aduce la violación de un derecho ocurrir ante un Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado. Precisado lo anterior, el acto reclamado consiste en la incomunicación con fines de deportación, los cuales, según lo expuesto en la demanda de amparo, se están ejecutando en la Ciudad de México, puesto que la persona que presentó la demanda en nombre del quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que se están ejecutando en el Aeropuerto de la Ciudad de México, en específico, en las Oficinas del Instituto Nacional de Migración, ubicadas dentro de las instalaciones de la citada terminal aérea. Por otro lado, el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece lo siguiente: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (.)" De lo anterior se aprecia que los jueces de distrito en materia penal conocerán de los actos que se promuevan contra resoluciones que afecten la libertad personal, y contra los actos que importen deportación. De ahí que, se advierte que si los actos reclamados se están ejecutando, y en su caso, se seguirán ejecutado fuera del lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal, concretamente en la Ciudad de México, y los mismos guardan relación con la privación de libertad del quejoso, así como con una deportación, corresponde a la jurisdicción de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en Turno. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 153, de rubro y texto siguiente: "LIBERTAD PERSONAL. ACTOS QUE AFECTAN LA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES QUE LOS EMITAN, CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EL CONOCIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA ELLOS. El artículo 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su parte conducente señala que compete a los jueces de Distrito en materia penal el conocimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen: "... actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal..."; lo anterior significa que independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan un acto, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso (salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal), el juicio de garantías que se promueva en esos casos deberá ser tramitado y resuelto por un juez de Distrito en materia penal. Así pues, tratándose de la orden de traslado dictada por una autoridad administrativa en contra de un procesado o sentenciado para el efecto de cambiarlo de lugar de reclusión, es claro que se está afectando la libertad personal del reo pues aunque ya se encuentra privado de la misma, debe decidirse en qué lugar y en qué condiciones habrá de seguir sufriendo tal privación, consecuentemente, corresponde a un juez en materia penal el conocimiento del amparo respectivo." Por tanto, al actualizarse los supuestos que prevén el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 48 del mismo ordenamiento legal, así como lo dispuesto en el numeral 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgador se declara legalmente incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que se analiza, declinando su competencia a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para lo cual remítase la demanda de amparo, a fin que dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no la competencia que se plantea. Por tanto, con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar, pues con independencia de establecer la procedencia del amparo es necesario verificar primero la competencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse al respecto; solicítese el acuse de recibo correspondiente y en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, realícensele las anotaciones correspondientes. En virtud de lo anterior, toda vez que Adelio Mendes Do Nascimento, se encuentra privado de su libertad en las Oficinas del Instituto Nacional de Migración, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; por tanto, de conformidad con los artículos 298 a 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicación supletoria a la Ley de Amparo y el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con los diversos artículos 28 y 31 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de esta anualidad, así como con los numerales 79 a 82 y 96 del diverso Acuerdo General 12/2020, del propio Pleno, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, gírese atento exhorto, vía electrónica, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione a quién corresponda, a fin de que se constituya en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración, cuyas oficinas se localizan en la citada termina aeroportuaria, lugar donde se encuentra detenido el quejoso citado y le notifique el presente auto; asimismo para que notifique esta determinación a la autoridad responsable, haciendo entrega del oficio respectivo. De igual forma, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo del presente exhorto, ya que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo arroja automáticamente al ser enviada la presente comunicación. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Cándido Carbajal Velázquez y Luis Daniel Carbajal Vieyra, y en términos restringidos a Noé Sánchez González, Pedro Allem Mondragón Carbajal, Martín Mondragón Carbajal y Saúl Mejía Flores; es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones. Exhortación a tramitar asuntos "EN LINEA". Con fundamento en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa.

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